Congreso posterga debate sobre aumento de penas por corrupción durante la emergencia sanitaria

En las últimas semanas, la ciudadanía ha vuelto la mirada hacia el Congreso de la República, ante las decisiones políticas que tomó la mayoría parlamentaria, que decidió la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y la asunción como jefe de Estado del entonces titular del Congreso, Manuel Merino, y que desencadenaron las protestas a nivel nacional y la crisis política que vive el país. 

Debido a esa coyuntura política, se postergó el debate de importantes iniciativas legislativas que, pese a estar dictaminadas para su discusión en el Pleno del Congreso, no han sido una prioridad para los parlamentarios. Este es el caso del proyecto de ley que busca aumentar las sanciones contra funcionarios que hayan cometido irregularidades en el uso de los recursos que el Estado destinó, hasta fines de setiembre, para enfrentar los efectos económicos y sanitarios de la epidemia del COVID-19. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se desembolsaron más de 20 mil millones de soles

El dictamen, aprobado el 13 de agosto último, fue resultado del debate de diez iniciativas legislativas que los parlamentarios presentaron durante las primeras semanas de la pandemia, cuando el gobierno central empezó a transferir millonarios recursos a los ministerios, gobiernos regionales y locales, para enfrentar los efectos sanitarios y económicos del COVID-19. Las bancadas que presentaron estas iniciativas fueron Acción Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Unión por el Perú y el Frente Amplio, a las que se sumaron dos iniciativas presentadas por Alianza por el Progreso y Fuerza Popular, durante la Legislatura del 2016-2019, antes del cierre del Congreso.

El dictamen que aumenta las penas en casos de corrupción en pandemia tiene tres meses sin debatirse en el Pleno del Congreso. Foto: Proética.

Uno de los proyectos presentados por la bancada de Acción Popular busca establecer en el Código Penal que los delitos cometidos por funcionarios públicos, como colusión, peculado o malversación de recursos, tengan una mayor pena, si se incluye el agravante de que las infracciones fueron cometidas en perjuicio del Estado durante estados de emergencia, como el declarado por el nuevo coronavirus.

Iniciativas similares también fueron presentadas por las bancadas de Fuerza Popular, Somos Perú y el Frente Amplio. El proyecto de esta última bancada busca que también se inhabilite en la función pública, de forma perpetua, a los funcionarios que hayan incurrido en delitos de corrupción durante emergencias sanitarias o ambientales.

Si es aprobado el dictamen -que lleva más de tres meses sin debatirse en el Congreso- los funcionarios que cometan colusión simple y agravada podrían ser inhabilitados por un plazo de cinco a 20 años y la condena sería de entre 15 y 20 años de cárcel. Si han cometido peculado, la inhabilitación sería por hasta 20 años y la pena no sería menor de ocho ni mayor de 15 años.

Respecto al delito de malversación en estado de calamidad, la pena de prisión puede estar entre cuatro y ocho años y la inhabilitación de entre cinco y 20 años. Además, la propuesta señala que la inhabilitación podría ser perpetua si el funcionario actúa como parte de una organización criminal, si el delito perjudica a programas de apoyo o inclusión social en estados de emergencia sanitaria o calamidad pública.

El debate de este dictamen adquiere mayor importancia si se considera que, según las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción (FECOF), entre el 16 de marzo y el 20 de agosto, se registraron 1497 investigaciones fiscales relacionadas con el uso de recursos destinados a combatir la pandemia y sus efectos.

Según estadísticas del Ministerio Público, que fue compartida en el 'Observatorio de Casos de Corrupción en pandemia' de Proética, la mayor parte de estas investigaciones están vinculadas con municipalidades provinciales y distritales (889), ministerios (274) y gobiernos regionales (250).

De estas investigaciones se desprende que las presuntas irregularidades están relacionadas con la compra de canastas básicas familiares (603), seguidas por la compra de equipos de protección personal (127) y de limpieza (53).

Muerte civil de empresas

Otros proyectos que buscan incrementar las sanciones por corrupción han sido presentados por las bancadas de Podemos Perú y Unión por el Perú, que han propuesto la muerte civil no solo de funcionarios sino también de empresas que sean encontradas responsables de los delitos de colusión, corrupción y tráfico de influencias.

El proyecto presentado el 23 de mayo pasado por el congresista Robinson Gupioc, de Podemos Perú, busca agregar al Código Penal que la muerte civil o inhabilitación de la empresa para contratar con el Estado, así como sanciones administrativas para los socios, directores y representantes de las empresas.

Además, Gupioc propone que el Poder Judicial cree una plataforma para transparentar qué personas jurídicas y qué personas naturales han sido sentenciadas por delitos de colusión, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias.

Un mes después, el congresista Javier Mendoza Marquina de Unión por el Perú, presentó un proyecto similar, que busca que también sean inhabilitados para contratar con el Estado los accionistas, socios, administradores y representantes legales, que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones en la compañía y tengan responsabilidad administrativa en los delitos colusión, otorgamiento o recepción de sobornos y tráfico de influencias.

Sin embargo, según la ficha de seguimiento de proyectos de ley, estas iniciativas no han sido dictaminadas por la Comisión de Justicia o la Comisión de Constitución, donde han sido enviadas.

(*) Metodología 

Para realizar este informe, Convoca.pe accedió a la base de datos elaborada por los alumnos del curso de Gestión e Interpretación de Datos, de la Universidad de Lima, con información oficial de las iniciativas parlamentarias publicadas en el portal del Congreso, entre marzo y octubre de 2020, datos que no están ordenados ni estructurados.

La información fue organizada tomando en cuenta el número de proyectos de ley, estado de fecha de presentación, estado de trámite, partido y congresista autor de la propuesta, legisladores que apoyaron la iniciativa, entre otros datos que se desprenden de los referidos documentos.