Desde el 16 de marzo último, cuando empezó el estado de emergencia nacional por la pandemia, el Ministerio Público ha iniciado 26 investigaciones que implican a personal de la Policía Nacional (PNP) en todo el país, por presuntos actos de corrupción en la compra de equipos de protección personal, raciones alimenticias y otros artículos requeridos por los agentes policiales durante la crisis sanitaria por el COVID-19. Las indagaciones preliminares involucran a altos mandos de la institución policial y las fiscalías anticorrupción no descartan vinculaciones del más alto nivel.

Un patrón hallado en las investigaciones fiscales sobre la PNP tiene que ver con los sobrecostos en las adquisiciones, de dos o tres veces más altos, en comparación con el precio del mercado. “Si bien existía un desabastecimiento de los productos, no en todas las investigaciones se halló esta situación. Por lo tanto, el precio no debía ser tan elevado, como se ha considerado”, advirtió Omar Tello Rosales, fiscal coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof), en entrevista con Convoca.pe.

Los fiscales no han descartado que la diferencia entre el precio que paga cualquier persona en un establecimiento comercial y con el que compra el Estado implique un monto que, por lo general, vaya a los bolsillos del proveedor y del funcionario a cargo del proceso de adquisición. “Una sobrevaloración de los productos comprados por el Estado, no en todos los casos, es un indicador para que nosotros podamos poner el ojo en esos procesos de selección y hacer nuestra intervención, para recabar documentación, como los expedientes de contratación, el 'mapeo' de las empresas, y ver si el proveedor tiene cercanía con los funcionarios”, explicó el fiscal Tello.

Inicialmente, las investigaciones han involucrado a los funcionarios que realizan, de manera directa, las contrataciones. Aunque todavía, los magistrados no están en la posibilidad de establecer una vinculación mayor o de más de alto nivel, tampoco la descartan. Por lo pronto, han establecido algunas conexiones y hechos que “van a ameritar algunas medidas limitativas”.

Incautan documentos y equipos

A las 5 y 30 de la mañana del viernes 17 último, agentes del Ministerio Público y de la Policía realizaron un megaoperativo simultáneo en 35 inmuebles de Lima y Callao, como parte de la investigación preliminar sobre presuntas irregularidades en dos contrataciones para la compra de mascarillas, equipos de seguridad, de alimentos y rancho frío para la institución policial. 

Bajo la dirección del fiscal Reynaldo Abia Arrieta, titular del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, 45 fiscales, 19 peritos y más de 200 efectivos policiales intervinieron siete oficinas ubicadas en la Dirección de Abastecimiento de la PNP, en el Rímac, y 28 inmuebles de altos mandos policiales, agentes, así como de civiles en Surco, San Juan de Lurigancho, Callao, y en otros distritos.

Para evitar el contagio del COVID-19, varios de los agentes acudieron con trajes especiales, mascarillas, equipos de protección facial y guantes. Fueron en busca de información relacionada con 19 investigados por los presuntos delitos de colusión y, en algunos casos, negociación incompatible, y de otras personas que están en proceso de investigación o "individualización". La sospecha es que hubo un direccionamiento de las compras y sobrevaloración de los productos, declaró el fiscal Abia, en diálogo con Convoca.pe.

Fiscales incautaron equipos electrónicos y documentos en las viviendas de policías y civiles. Imagen: Difusión

Por una cuestión de orden y para encaminar el megaoperativo, los fiscales enumeraron sus objetivos, indicaron fuentes allegadas a la investigación. El “objetivo 1” fueron los inmuebles de altos mandos de la PNP, como el general Héctor Javier Petit Amésquita, exdirector de Administración de la PNP; el coronel Fredy Aristo del Carpio León y el comandante Godofredo Pérez Díaz, exjefes de la Dirección de Logística; el comandante Luis Francia Manco, exjefe de Asesoría de la Dirección de Administración; el mayor Guillermo Vásquez Cueto, exjefe de la sección de contrataciones del Departamento de Abastecimiento; y la mayor Antonieta Montoya Díaz, ex jefa del almacén de la Policía.

Los siguientes objetivos fueron los domicilios de otros agentes policiales, de los propietarios y directivos de las empresas Emotion Group Perú S.A.C., D'Java Negocios y Nieva Trading, así como de una persona natural. Las diligencias terminaron a las 2 de la tarde. 

En los allanamientos se incautaron equipos electrónicos y se dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la extracción de data de los equipos. Con la información de los celulares, del tráfico de llamadas, fotos y conversaciones en WhatsApp, se busca establecer si hubo comunicación entre los efectivos policiales y los proveedores. Los agentes también encontraron manuscritos y documentos que vinculan a los investigados con los procesos de contratación, los cuales serán revisados por los peritos, para determinar si pueden confirmar las hipótesis fiscal del direccionamiento de la adquisición o la sobrevaloración de los productos.

Aunque las compras sobre las raciones alimenticias para la Policía no se llegaron a realizar por el escándalo que generó la noticia, esto no significa que no se haya cometido algún delito cuando, en marzo pasado, se firmaron dos contratos por casi 10 millones de soles con la empresa Emotion Group Perú S.A.C. El Ministerio Público indaga cuál podría haber sido el perjuicio para el Estado porque no tuvo la oportunidad de contratar y adquirir alimentos, y otros productos, durante el estado de emergencia, pese a que esto era urgente. Para determinar el presunto perjuicio, será necesario recurrir a un examen contable, entre otras diligencias.

Además de la Fiscalía, han participado en dichas investigaciones agentes de la  Dirección contra la Corrupción de la PNP (Dircocor), de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). El trabajo que realizan, desde hace más de tres meses, no solo ha sido reservado sino que la investigación fue declarada “en secreto”, para evitar obstáculos y conseguir resultados, según fuentes vinculadas a las pesquisas. Como este proceso ha sido declarado complejo, la Fiscalía tiene ocho meses de plazo para concluir las investigaciones, "pero nuestra meta es terminar antes", refiró el fiscal Abia.

El fiscal Reynaldo Abia a la salida de uno de los allamientos realizados el viernes 17 de julio. Imagen: Difusión

Estas y las otras 25 pesquisas en el interior de la Policía Nacional son parte de las 925 investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, entre el 16 de marzo y el 30 de junio a diversas instituciones públicas, como municipalidades, gobiernos regionales, direcciones regionales de salud, hospitales, así como a funcionarios públicos que, inicialmente, no tenían que ver con las adquisiciones o redes dentro de la entidad. Entre los patrones identificados en las compras estatales, se ha establecido que muchas de estas han sido dirigidas a determinados proveedores que tienen “cierto contacto o preferencias” con los funcionarios encargados de dichas adquisiciones.