Cinco candidatos que buscan llegar a tener una curul como diputados o senadores en las próximas elecciones generales son propietarios de empresas han sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado por haber infringido las normativas de relación entre proveedores e instituciones públicas. Las empresas de estos postulantes fueron sancionadas por presentar información calificada como falsa o inexacta para ganar licitaciones en gobiernos locales, municipalidades y otras entidades públicas. 

El monto de estos contratos que las empresas de los cinco candidatos ganaron con información falsa suman 9 millones 928 mil soles (US $2.695.288). 

Convoca.pe identificó estos cinco casos graves tras detectar inicialmente una lista de 14 candidatos que son propietarios de empresas sancionadas por infracciones a las normas que regulan los contratos públicos. Lo hicimos tras construir una base de datos con la información de las empresas reportadas por los candidatos al Parlamento ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y luego cruzar esta información con el registro de los proveedores del Estado que fueron sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Nuestro equipo encontró que estos cinco candidatos son de los partidos Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Ahora Nación, Frente de la Esperanza y Fuerza y Libertad. A través de sus compañías, varios de ellos presentaron documentos con información falsa para justificar la experiencia profesional de los técnicos o socios de sus empresas con el objetivo de ganar contratos públicos.

Uno de los casos más relevantes está relacionado a la empresa W.Z. Contratistas Generales S.A.C., propiedad de la candidata Zulema Barrenechea Reyes quien postula a diputada de la región Áncash por el partido Alianza para el Progreso (APP) que lleva como aspirante a la presidencia a César Acuña.

La empresa de la candidata de APP fue inhabilitada para contratar con el Estado en 2019.
 

La compañía de Barrenechea logró un contrato del Gobierno Regional de Áncash por más de 5 millones 800 mil soles (US $1.706.067) en consorcio con las empresas J.L. Contratistas Generales S.R.L. y Constructores Jorgant S.R.L. para mejorar la Institución Educativa N° 86335 del distrito de Cajay en la provincia de Huari.

Este proyecto fue licitado en diciembre de 2017 y se presentaron dos postores para competir por la adjudicación por la que se admitió la postulación de dos consorcios. El resultado fue apretado: el Consorcio Cajay, integrada por la empresa de la candidata de Alianza para el Progreso, obtuvo 100 puntos y su competidora Consorcio San Pedro obtuvo 99.80. 

Cuando estaban cerca a firmar el contrato, el 3 de enero de 2018, el Consorcio San Pedro, que quedó en segundo lugar en la orden de selección, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado para solicitar que se descalifique al grupo de empresas ganador de la buena pro por presentar información inexacta en el procedimiento de selección.

Un año más tarde, en febrero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado encontró que el Consorcio Cajay presentó en el proceso de licitación 12 certificados y constancias de trabajo a ingenieros calificados como "falsos o adulterados y/o con información inexacta". 

El Gobierno Regional de Áncash y el Tribunal de Contrataciones del Estado encontraron que 19 documentos contenían información falsa o adulterada en el consorcio formado por la empresa de la candidata de APP.
 

El Tribunal detectó 7 certificados con información inexacta, entre ellos 3 certificados de trabajo de ingenieros y otras cuatro cartas de compromiso de participación de ingenieros. Estos certificados sirvieron para que el comité de selección considere inicialmente que el consorcio conformado por la empresa W.Z. Contratistas Generales S.A.C., de la candidata a diputada Zulema Barrenechea, cumplía todos los requisitos solicitados por el Gobierno Regional de Áncash.

En un intento para desligarse de responsabilidades, la empresa de W.Z. Contratistas Generales junto a su socia J.L. Contratistas manifestaron ante el Tribunal que la responsabilidad de la preparación de los documentos para presentarlos al proceso de elección era de Construcciones Jorgant S.R.L. 

En sus descargos, la empresa Construcciones Jorgant justificó la presentación de estos documentos con información inexacta e indicó que posteriormente fueron subsanados por lo que solicitó que pidió que el Tribunal de Contrataciones considere que "actuó con diligencia al haber verificado la información proporcionada por los profesionales del plantel técnico" presentado para la licitación.

La empresa de la candidata, W.Z. Contratistas Generales, intentó responsabilizar de la presentación de los documentos falsos a su socia Construcciones Jorgant S.R.L.
 

Pese a estas respuestas, el 27 de febrero de 2020, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a las tres empresas que conformaron el consorcio con 10 meses de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado por "presentar información inexacta" como parte de su oferta en la licitación pública.

Entre 2021 al 2024 la empresa de la candidata del partido de César Acuña registró 19 contratos por un valor superior a los 77 millones 296 mil 619 soles (US $22.404.817) con municipalidades y con el Gobierno Regional de Áncash.

Convoca.pe preguntó a la candidata de APP sobre la sanción que recayó sobre su empresa por entregar información falsa al Estado. Al respecto, a través de su encargado de comunicaciones de su campaña, Barrenechea respondió que “ha reforzado sus procesos internos de revisión y cumplimiento normativo para evitar cualquier observación administrativa en el futuro que pueda ser cuestionada”.

La candidata Zulema Barrenechea dijo a este medio que que su empresa W.Z. Contratistas Generales S.A.C. ha participado en otros procesos cumpliendo la normativa y los estándares que exige el Estado.

En Renovación Popular uno de sus candidatos más importantes tiene un antecedente similar. Se trata de Jorge Arnaldo León García, quien postula a diputado por la región Cajamarca en la lista del candidato presidencial Rafael López Aliaga. 

En octubre de 2018, su empresa Constructora y Servicios Generales Sierra León E.I.R.L. junto a su consorciada 2b & C Ingenieros S.A.C. ganaron la adjudicación simplificada convocada por la Municipalidad Provincial de San Ignacio para crear el Parque del Caserío Mandinga en el distrito de San Ignacio.
 

La empresa del candidato a diputado por Renovación Popular fue inhabilitada por 5 meses para postular a procesos de selección o contratar con el Estado.
 

La buena pro del proyecto por 996 mil 151 soles (US $288.739) fue entregada al Consorcio Mandinga, integrada por la empresa del candidato de Renovación Popular, el 16 de noviembre de 2018 y solo 30 días después, el Tribunal de Contrataciones del Estado declaró la nulidad del contrato, lo que generó que el proceso de selección retroceda a la etapa de calificación de ofertas.

Esto generó la apertura de un expediente administrativo sancionador contra las dos empresas del Consorcio Mandinga, incluida la empresa del candidato de Renovación Popular, por presentar información inexacta como parte de su oferta. Esta información está referida a certificado adulterado emitido a uno de sus ingenieros y una declaración jurada con información inexacta.

Según el Tribunal de Contrataciones del Estado, el Consorcio Mandinga presentó un certificado de conformidad de 2017 supuestamente emitido por la Municipalidad Distrital de Pimpingos a favor del ingeniero Eduardo Villalobos por haber laborado como Supervisor de Obra de un proyecto. Sin embargo, al corroborar con la información del portal Infobras de la Contraloría, el supervisor era otra persona, el ingeniero José Espinoza Oblitas.

Con ese certificado, el consorcio formado por la empresa del ahora candidato por Renovación Popular buscaba cumplir con el requerimiento de que el personal propuesto como residente de obra tuviera tres años de experiencia acumulados.

El Tribunal de Contrataciones encontró que la empresa Sierra León EIRL, del candidato de Renovación Popular, presentó dos documentos con información falsa y con información inexacta.
 

El Tribunal de Contrataciones del Estado también encontró que la empresa Sierra León E.I.R.L, del candidato León García, presentó una declaración jurada con fecha 16 de noviembre de 2018 en el que declaraba que su compañía era una micro y pequeña empresa (MYPE).

Pero las autoridades comprobaron que Sierra León EIRL recién acreditó que era una MYPE, el 28 de noviembre de 2018, casi dos semanas después de que presentara la declaración jurada a la Municipalidad Distrital de San Ignacio en Cajamarca.

Durante el proceso, la Empresa 2B & C Ingenieros SAC, que se presentó a la licitación con la compañía del candidato, quiso deslindar responsabilidad al afirmar ante el Tribunal de Contrataciones que no había formado parte del consorcio. Esto fue desmentido el 4 de abril de 2024, pues el notario público de Jaén, Elmer Bustamante Daza, señaló que sí certificó las firmas de los gerentes generales de 2B & C Ingenieros SAC y de Sierra León EIRL.

En el proceso sancionador, la empresa del candidato Jorge León García no se apersonó ni presentó descargos en el proceso. A pesar de ello, el Tribunal de Contrataciones del Estado le impuso 5 meses de suspensión temporal para participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado por haber presentado información inexacta ante la Municipalidad Provincial de San Ignacio.
 

La empresa que formó consorcio con la compañía de León García intentó desconocer la existencia de la asociación entre las compañías. 
 

En el partido Ahora Nación también se registra un caso de la empresa de un candidato al Senado que logró un contrato suscrito gracias a la presentación de documentos con información falsa. Se trata del postulante a senador por Áncash, Asterio Guevara Reyes, propietario de la Consultoría El Quenual SAC. que obtuvo un contrato con la empresa pública Activos Mineros SAC. dedicada a la remediación ambiental de pasivos ambientales mineros.

El 15 de abril de 2019, Activos Mineros SAC convocó a la contratación por competencia para el  “Servicio manejo integral, mantenimiento y guardianía en los componentes forestales y áreas verdes de los proyectos ejecutados por remediación de suelos en la zona urbana de La Oroya”. Días después, el 3 de mayo de 2019, se otorgó la buena pro al Consorcio KCM integrado por la empresa Consultoría El Quenual SAC, del candidato al Senado de Ahora Nación, y la empresa LDV EIRL. por el monto de 748 mil 92 soles (US $216.838). El contrato fue firmado el 21 de mayo de 2019. 
 

El postulante al Senado por Ahora Nación fue sancionado con 28 meses de inhabilitación para postular en procedimientos de selección con empresas del Estado.
 

Meses después, en mayo de 2019, Activos Mineros SAC. identificó que el Consorcio conformado por la empresa del ahora candidato al Senado por el partido de López Chau, presentó información falsa en el proceso de selección. Esta información fue enviada al Tribunal de Contrataciones del Estado que inició el proceso sancionador.
 
La documentación identificada como falsa fue emitida por la propia empresa Consultoría El Quenual y con la firma del candidato de Ahora Nación. Se tratan de cinco certificados de trabajo emitidos a favor de los ingenieros Braulio Mantilla Julcamoro y Pierre Omar Valera Mantilla. 

La empresa del candidato Asterio Guevara reconoció ante la empresa Activos Mineros SAC. que la documentación presentada a nombre de su empresa no fueron emitidas por su compañía.
 

Al ser puestos en evidencia, la propia empresa de Guevara Reyes tuvo que admitir ante el Tribunal de Contrataciones del Estado "que los citados certificados de trabajo no fueron emitidos por su representada y que los referidos profesionales nunca laboraron para aquella". 

La reacción de su consorciada Empresa LDV EIRL. al conocer la información falsa fue enviar una carta el 3 de junio de 2019 para solicitar dar fin al contrato al evidenciar las irregularidades incurridas por Consultoría El Quenual.

Como parte del proceso de sanción, se identificaron dos contratos de prestación de servicios y una conformidad de servicio suscrito supuestamente entre la Consultora El Quenual y la Compañía Minera Antamina S.A. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado consultó a la minera Antamina para conocer si estos documentos eran verídicos. ¿Y qué encontró?

La minera Antamina respondió que una de las conformidades de servicio con fecha de diciembre de 2017 era un documento falso. Respecto a un contrato de prestación de servicios de diciembre de 2017 y una conformidad de servicio de noviembre de 2018, Antamina dijo que también eran falsos porque no se condice con los documentos que obran en sus registros.

Pese a conocer la información desde 2020, el Tribunal de Contrataciones del Estado tardó cuatro años para procesar al consorcio, lo que generó que Empresa LDV pueda seguir contratando con el Estado. Según el portal de la OECE la empresa que fue socia de la compañía de Asterio Guevara logró otros dos contratos con Activos Mineros S.A.C. por 2 millones 788 mil soles en 2023. Sin embargo, Consultora El Quenual no registró más contratos o servicios públicos.

Por esta demora, se declaró de oficio la prescripción para la infracción por haber presentado información inexacta contra la Consultoría El Quenual S.A.C. del candidato Asterio Guevara y Empresa LDV EIRL. Mientras se mantuvo el proceso sancionador por información falsa.

Según la resolución, la prescripción de la infracción por presentar información inexacta ocurrió el 29 de abril de 2022. Este vencimiento ocurrió antes de que el Tribunal de Contrataciones enviara la notificación del inicio del proceso sancionador a las empresas consorciadas en enero de 2025. Es decir, la demora del Tribunal de Contrataciones, generó que no se pueda sancionar por una de las infracciones.

No obstante, el 24 de junio de 2025, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó solo a la empresa Consultoría El Quenual S.A.C. del actual candidato de Ahora Nación con inhabilitación temporal por el periodo de 28 meses en su derecho de participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado por haber presentado información falsa. Mientras declaró, no ha lugar, la sanción contra la Empresa LDV EIRL. consorciada de la empresa de Asterio Guevara.

Los certificados falsos presentados por el consorcio formado por Consultoría El Quenual buscaba cumplir con los requisitos de experiencia exigidos en el proceso de selección.
 

El candidato Asterio Guevara, a través de su área de comunicaciones, afirmó a Convoca.pe que fue “víctima de la falsificación de documentos en los que se habría utilizado su firma digital sin autorización”. Según explicó, al advertir la situación se dirigió por escrito a la empresa Activos Mineros para informar que los documentos presentados eran falsos en su totalidad.
 
En su respuesta, el candidato de Ahora Nación agregó que de manera paralela, el ahora candidato presentó una denuncia penal contra quienes resultaran responsables de esa presunta falsificación de firmas en los documentos, ya que —según señaló el candidato de Ahora Nación— generó sospechas sobre la socia Empresa LDV E.I.R.L. con la que su consultora había participado en el proceso.

Según informó Guevara, la investigación fiscal terminó archivada debido a que no fue posible realizar un peritaje grafotécnico sobre las firmas cuestionadas, ya que los documentos disponibles solo eran copias fotostáticas y no los originales, lo que impidió que la investigación avanzara en la verificación del peritaje grafotécnico.

Al repreguntarle sobre si incluyó a la empresa consorciada LDV EIRL en la denuncia que hizo ante la Fiscalía y sobre las evidencias que lo hacían sospechar de su exsocia, la respuesta no llegó de su parte.

Otras tiendas políticas también tienen en sus listas a candidatos sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Es el caso de la candidata a diputada por Lima Metropolitana del Frente de la Esperanza, Begonia Bustamante Siancas, quien es propietaria de la empresa COLPROD SAC. dedicada a la organización de eventos.

Luego de una licitación, en mayo de 2017, la empresa de Bustamante fue contratada por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) para organizar un evento deportivo para sus trabajadores. Este contrato tuvo un valor ascendente a 125 mil soles (US $36.231).

Para este contrato, la empresa de la candidata presentó dos certificados supuestamente emitidos por la empresa Visionaria SAC en octubre de 2014 y en marzo de 2015. En estos documentos se indicaba que uno de los socios de Colprod S.A.C., Luis Alberto Zevallos Revollar, se había desempeñado como Jefe de Producción para eventos de integración. El documento tenía la firma de Orlando de la Flor Arbulú en calidad de gerente general de la empresa Visionaria S.A.C.

Colprod S.A., empresa de Begonia Bustamante, fue sancionada con 38 meses de inhabilitación temporal para contratar con el Estado.
 

En el marco de la fiscalización posterior a cargo de la Gerencia de Logística de Corpac S.A. en noviembre de 2018 envió una carta dirigida a la empresa Visionaria para confirmar la veracidad de esos documentos que eran importantes para la firma del contrato.

La respuesta de Visionaria S.A.C. fue que ambos certificados no fueron emitidos por su empresa. Por ello, el Tribunal de Contrataciones del Estado determinó que COLPROD S.A.C., empresa de la candidata por el Frente de la Esperanza, presentó información falsa para lograr la adjudicación del contrato de organización del evento.

Por este documento, el 3 de mayo de 2019, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa COLPROD SAC con 38 meses de inhabilitación para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Convoca.pe solicitó respuestas por esta resolución a la empresa Colprod SAC, propiedad de la candidata Begonia Bustamante, vía el correo electrónico registrado en el Buscador de Proveedores del Estado. Al cierre de este reportaje, no hemos recibido respuesta. 

La documentación falsa e inexacta está referida a certificados y constancias para Luis Alberto Zevallos Revollar, socio de la empresa de la candidata.
 

En el partido Fuerza y Libertad que postula a Fiorella Molinelli, la empresa Consorcio Chrisver S.A.C. propiedad del candidato a diputado por La Libertad, Luis Alberto Cueva Sifuentes, padre del futbolista Christian Cueva, también fue sancionada con inhabilitaciones por presentar información falsa en su postulación a una importante licitación de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A. (Sedalib S.A.).

En enero de 2019, el Consorcio Nicolás de Piérola, integrado por las empresas Consorcio Chrisver S.A.C. y Corporación Caret S.A.C. obtuvieron la buena pro para el Mejoramiento Interceptor y Redes Secundarias de Alcantarillado Sanitario de las cuadras 16 y 17 de la avenida Nicolas de Piérola en la provincia de Trujillo por un valor de 1 '533,500 soles (US $447.411).

Unos meses después, en septiembre de 2019, Sedalib S.A. comunicó al Tribunal de Contrataciones del Estado que el Consorcio Nicolás de Piérola habría presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta en el procedimiento de selección.

La empresa del padre de Christian Cueva fue sancionada con 36 meses de inhabilitación por presentar información falsa e inexacta como parte de un consorcio en La Libertad.
 

La empresa pública de agua de La Libertad encontró que el consorcio conformado por la empresa del candidato Cueva Sifuentes presentó constancias de conformidad de servicios del 8 de agosto de 2007 y del 17 de abril de 2008 que supuestamente habrían sido emitidos por la Municipalidad Distrital de Marcabal a favor de Paul Yerko Vargas Vigo por haber laborado como supervisor en dos obras.

De la consulta que hizo el Tribunal de Contrataciones del Estado a la Municipalidad Distrital de Marcabal para determinar la veracidad de esos documentos, este gobierno local no encontró ninguna constancia en el archivo central del gobierno local. Además, el alcalde indicó que las constancias no habían sido expedidas por la municipalidad.

Al ser consultada la entidad sancionadora del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), el Consorcio Chrisver S.A.C. de propiedad del ahora candidato de Fuerza y Libertad no presentó descargos por las infracciones imputadas en su contra.

La documentación falsa e inexacta está referida a constancias para demostrar la experiencia profesional de Paul Yerko Vargas Vigo.
 

Por ello, ambas empresas que se consorciaron para ganar el concurso de más de un millón y medio de soles, fueron sancionadas con inhabilitaciones temporales para participar en procesos de selección y concursos con entidades del Estado. La empresa del candidato a diputado de Fuerza y Libertad fue sancionada con 36 meses de inhabilitación temporal y la Corporación Caret con 38 meses.

Este medio de comunicación envió preguntas al correo electrónico de la empresa de Alberto Cueva para conocer la versión del candidato sobre estas sanciones. Hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Perjudican los servicios y proyectos del Estado

Para el abogado experto en contrataciones públicas, Roberto Benavides, las empresas proveedoras del sector público presenten documentos falsos para ganar procesos de selección "quiebra la confianza pública" y porque estos proveedores no son los más idóneos para ofrecer los servicios.

"Al adjudicar contratos a estas empresas, probablemente incumplan el contrato y no den una buena prestación y al final los perjudicados somos todos. Es por ello que es una sanción grave la presentación de documentación inexacta o documentación falsa", respondió el especialista a Convoca.pe.

Benavides considera que en un escenario electoral, que los propietarios de las empresas que han sido sancionadas por irregularidades en su relación con las instituciones públicas postulen a cargos en el Poder Legislativo vulnera la integridad que deberían darle a sus electores. 

Asimismo, el abogado recordó que desde abril de 2025, se eliminó la prohibición para que los familiares directos de los congresistas no puedan contratar como proveedores para el Estado. Esa norma buscaba evitar que los familiares aprovechen su relación con los parlamentarios.

Ahora con la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, los familiares de diputados o senadores solo no podrán contratar con el Congreso. Esta modificación fue aprobada con votos de partidos que ahora postulan a candidatos a las cámaras de Senadores y Diputados como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú y Perú Libre. Solo se opusieron los congresistas de la bancada de Juntos por el Perú.

"Se deben observar a las empresas de los familiares de los diputados y senadores. Muchas veces cuando los congresistas piden presupuesto es para ciertos proyectos relacionados a empresas de familiares de congresistas", advirtió Roberto Benavides.

Aunque los casos expuestos en este reportaje los procesos de sanción ocurrieron años atrás y los involucrados ofrecen distintas explicaciones o guardan silencio, las resoluciones de sanción evidencian las prácticas que afectaron la transparencia en las contrataciones públicas de las empresas de quienes buscan representar a los ciudadanos en el Parlamento.