Desde hace años, las empresas que infringen las normas para contratar con el Estado acuden al Poder Judicial para suspender las inhabilitaciones que se les impone y que no les permiten continuar como proveedoras de entidades estatales. A pesar de las irregularidades cometidas, hubo jueces que les otorgaron medidas cautelares con las cuales pudieron participar en adjudicaciones y así lograr obtener contratos con entidades públicas por alrededor de 6 mil millones de soles en total (unos 2 mil millones de dólares) hasta 2017, según un estudio del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) publicado aquel año.

Esta situación pasó casi inadvertida, a pesar de la astronómica cifra con la cual compañías inhabilitadas terminaban beneficiándose gracias a los fallos favorables de determinados magistrados. Pero fue el punto de partida para que un reportero y un analista de datos de Convoca.pe desarrollen la serie investigativa ‘Medidas Cautelares S.A.’, que implicó la construcción de una base de datos con información de OSCE y del Poder Judicial para conocer los alcances de las resoluciones judiciales a favor de las empresas sancionadas y detectar posibles esquemas de corrupción en su otorgamiento a lo largo de 11 años, entre 2008 y 2019.

En el análisis de la información se logró determinar los motivos de las inhabilitaciones que podían llegar desde la suspensión de su registro como proveedor de entes estatales por varios meses hasta la cancelación definitiva, y también la participación de personajes y empresas vinculadas a casos de corrupción emblemáticos en el Perú como 'Lava Jato', la red de pagos ilícitos de las constructoras brasileñas para acceder a obras públicas, y 'Los Cuellos Blancos del Puerto', que puso al descubierto el tráfico de influencias en el sistema de justicia.

Accede a la plataforma web haciendo click en la imagen.

En esta investigación realizada en alianza con la plataforma latinoamericana Connectas y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) se procesaron más de 6 mil folios correspondientes a cientos de documentos del Tribunal de Contrataciones del Estado de OSCE y de fallos de diferentes juzgados o salas especializadas del Poder Judicial, además de información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

A partir de los documentos y diversas hojas de cálculo se construyó una base de datos que permitió identificar hechos ocultos que dese hoy revelaremos en diversos reportajes y publicar una aplicación web para que los ciudadanos conozcan cuáles son estas empresas sancionadas que se beneficiaron con los fondos públicos y los jueces que lo permitieron.

De esta manera se logró identificar a los diez jueces que emitieron más número de medidas cautelares favorables a compañías inhabilitadas, con las cuales estas empresas finalmente consiguieron contratos con el Estado por más de 5 mil 300 millones de soles (1 mil 700 millones de dólares), mientras las decisiones judiciales estaban vigentes durante el periodo del análisis.

En total, fueron más de cien jueces de primera instancia y miembros de salas que dieron ese tipo de fallos. En juzgados y salas judiciales de Lima, la capital peruana, se expidieron un poco más de 200 medidas cautelares; y en regiones, esa cifra superó los 160.

Asimismo, se encontró que las diez empresas sancionadas que lograron más medidas cautelares a su favor contrataron con entidades públicas por 2 mil 150 millones de soles (800 millones de dólares), cuando esas resoluciones judiciales estaban en vigencia.

En los últimos 11 años, al menos 268 firmas inhabilitadas que contrataron con el Estado en forma individual o en consorcio consiguieron medidas cautelares a su favor, y en instancias judiciales se expidieron más de 360 de ese tipo de resoluciones que dieron la razón a empresas infractoras de la Ley de Contrataciones.

Estas compañías que obtuvieron cautelares tienen domicilio legal en varias regiones del país, pero se concentran en la capital peruana, Lima (245); y en Loreto (26) y San Martín (15), ubicadas en la zona de selva.

Con esta herramienta web se espera contribuir a la vigilancia ciudadana y a que las autoridades presten atención a situaciones que han pasado inadvertidas a pesar de que están relacionadas con fondos públicos y la actuación de integrantes del sistema de justicia.

Sede del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Foto: Andina

Precisamente, la relevancia del manejo transparente de las contrataciones públicas fue destacada hace unos días por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, durante su presentación ante el Congreso, en la cual anunció que el gobierno del presidente Martín Vizcarra trabaja en un proyecto de ley al respecto con el fin de evitar la corrupción.

“El gobierno está trabajando en una reforma integral de las contrataciones públicas, para asegurar mayor transparencia. (…) En la historia de nuestro país hay quienes emplean las contrataciones públicas para conseguir un beneficio propio, sin pensar en conseguir los mejores bienes y servicios para su entidad”, apuntó.

Desde ahora, daremos a conocer en Convoca.pe una serie de reportajes que revelan nombres de compañías y personajes en este entramado de contratos millonarios y recursos legales para esquivar la sanción en contra de los intereses del Estado.

* Este trabajo fue realizado por Convoca.pe en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la Iniciativa de Periodismo de Investigación para las Américas.