Actualización 14 de enero de 2022

La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República tiene 15 días hábiles para investigar y presentar su informe sobre la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el ex presidente de la República Manuel Merino, por el homicido de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado y lesiones graves y leves a 78 personas durante la represión policial de las protestas de noviembre de 2020.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, presidida por la titular del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), 16 congresistas votaron a favor de que se le otorgue a la subcomisión el plazo de 15 días para realizar las indagaciones, ocho se abstuvieron y cinco se manifestaron en contra.

Los congresistas que votaron en contra fueron: Martínez Talavera, de Acción Popular, y Martha Moyano, Ventura Angel, Alejandro Aguinaga y Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Los parlamentarios que se abstuvieron fueron: Wilson Soto, Elvis Vergara y Jorge Flores, de Acción Popular; Jorge Montoya, María Jáuregui y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Roberto Chiabra, de Alianza Para el Progreso; y José Jerí, de Somos Perú.

En la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también se considera al ex presidente del Congreso de Ministros Antero Flores-Aráoz y al ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez. 

El 6 de enero último la subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentó un informe a la Comisión Permanente que declaró procedente el inicio del trámite de antejuicio político a Merino y sus ex ministros por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado y las lesiones provocadas a 78 manifestantes.

Con el otorgamiento del plazo de 15 días por la Comisión Permanente, la denuncia vuelve a la subsomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá nombrar a un congresista para que se encargue de la investigación.

Actualización 10 de diciembre de 2021

Por mayoría, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República admitió la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el ex presidente de la República Manuel Merino, por el homicido de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado y lesiones graves y leves a 78 personas durante la represión policial de las protestas de noviembre de 2020.

La Comisión Permanente, a cargo de la presidenta del Congreso y parlamentaria de Acción Popular, María del Carmen Alva, deberá aprobar el plazo para que la subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final, que no debe ser mayor a 15 días hábiles y solo puede ser prorrogado por una vez, según lo establece el Reglamento del Congreso.

Los congresistas Martha Moyano y Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular; Wilson Soto, de Acción Popular; y Alejandro Muñante, de Renovación Popular votaron en contra de que se apruebe el informe de calificación que recomienda admitir la denuncia constitucional contra Merino y sus ex ministros. El parlamentario Jorge Ancachi, de Acción Popular, se abstuvo de emitir su voto, y Hernando Guerra-García, de Fuerza Popular, no se pronunció, a pesar de que estuvo presente en la sesión. El único ausente fue el legislador Carlos Anderson, de Podemos Perú.

A favor de la denuncia contra los ex altos funcionarios votaron los congresistas Segundo Quiroz, Alfredo Pariona, Waldemar Cderrón, Paul Gutiérrez y María Taipe, de Perú LIbre; Rosío Torres y María Acuña, de Alianza para el Progreso; Alejandro Cavero, de Avanza País, Edgard Reymundo, de Juntos Por el Perú; y Héctor Valer, de Somos Perú-Partido Morado.

La denuncia constitucional contra Manuel Merino, que también inclkuye al ex presidente del Consejo de Ministros Antero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez permaneció encarpetada en el Congreso más de 50 días, desde que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la presentó el 4 de octubre último. La investigación del Ministerio Público estaba detenida porque los tres altos ex funcionarios tienen derecho a un antejuicio político en el Parlamento.

Esta demora generó numerosos reclamos de los familiares de los jóvenes asesinados y de los manifestantes que resultaron heridos en las protesta contra el gobierno de Manuel Merino, así como de organizaciones civiles y personajes de la política peruana, pues ya pasó más de un año y aún no se ha iniciado el proceso judicial a los acusados de la violenta represión que ejercieron los agentes de la Policía Nacional del Perú.

Manuel Merino y sus ex ministros son acusados de homicidio y lesiones graves durante la violenta represión policial de las protestas de noviembre de 2020. Foto: Andina

Nota original 25 de noviembre de 2021

La denuncia contra el ex presidente Manuel Merino por el homicidio de Inti Sotelo y Bryan Pintado y las lesiones a 78 jóvenes durante la represión policial de las protestas de noviembre de 2020, presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República, sigue a la cola de una larga lista de espera. A pesar de la gravedad de los delitos denunciados, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales insiste en revisar los 203 pedidos acumulados de antejuicio político contra ex altos funcionarios según el orden en que fueron ingresados al trámite documentario.

A más de un año del asesinato de los dos jóvenes y de las lesiones a decenas de manifestantes, Merino y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez aún no pueden ser investigados por el Ministerio Público porque se requiere que el Congreso apruebe la denuncia presentada el 4 de octubre último. La indagación preliminar de Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, encontró indicios de responsabilidad en el caso de los tres, “quienes tenían el deber de cuidado y omitieron sus funciones constitucionales y legales básicas, en un contexto de violación de derechos humanos”. 

A la larga lista de denuncias contra ex altos funcionarios pendientes por resolver, se suma la demora para que la subcomisión de Acusaciones Constitucionales comience a operar. Recién se instaló el 8 de noviembre último y se están delegando los primeros casos entre los parlamentarios que la conforman para que definan si los admiten o los archivan, si son nuevos o forman parte de algún proceso iniciado en las legislaturas anteriores.

De las 203 denuncias pendientes, dos ya caducaron y 35 están por caducar el 13 de diciembre próximo porque se cumplen cinco años desde que los acusados dejaron el cargo y ya no tienen derecho a un antejuicio político.

El pedido de la congresista Ruth Luque, de Juntos Por el Perú, para priorizar la denuncia contra Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez no ha prosperado, a pesar de que la presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres, de Alianza Para el Progreso, informó sobre dicha solicitud en la segunda sesión ordinaria de este grupo de trabajo, del 19 de noviembre último. Torres afirmó que, próximamente, se estará considerando el pedido en la programación de la atención de denuncias constitucionales que les corresponde abordar, de acuerdo con su agenda.

La principal opositora a que se priorice la acusación contra Merino es la congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, quien pidió a la presidenta Rosío Torres que no tome en cuenta el pedido de Ruth Luque y le recordó que, al instalar la subcomisión, ella anunció que las denuncias constitucionales se tratarían de manera correlativa, como se han presentado en el tiempo. La parlamentaria fujimorista y vicepresidenta de este grupo de trabajo argumentó que Luque, al solicitar celeridad y decir que las víctimas no han encontrado justicia ni reparación, está adelantando opinión sobre una investigación.

Moyano recibió el apoyo del congresista de su partido Ernesto Bustamante, quien calificó como inapropiado el pedido de Luque porque “no se debe intervenir en el caso antes de que haya sido visto”. La presidenta Rosío Torres respondió que darle celeridad o no a la denuncia contra Merino y sus exministros depende de los miembros de la subcomisión. Sin embargo, el pedido no fue sometido a votación durante la última sesión.

Familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado en el hemiciclo del Congreso, cuando fueron invitados para la juramentación del presidente Francisco Sagasti, tras la renuncia de Manuel Merino. Foto: Andina

La congresista Ruth Luque dijo a Convoca.pe que, según lo manifestado en la sesión de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se ha denegado su pedido, pero destacó que no lo han rechazado por escrito. Advirtió que si el grave caso de los homicidios y las lesiones durante las protestas de noviembre de 2020 será revisado según el orden cronológico, tal vez sea visto recién el próximo año, en otra legislatura.

“El Ministerio Público ha presentado la denuncia para seguir investigando. Antes se priorizaba denuncias contra algunos enemigos políticos y no interesaba el orden cronológico. El reglamento del Congreso no contempla que se vean según un orden cronológico. Esa una decisión política de la presidencia de la subcomisión”, recordó Luque.

La congresista de Juntos por el Perú explicó que solicitó que se priorice la revisión de la denuncia contra Merino tras haberse reunido con miembros de la Asociación de Víctimas y Familiares del 10 al 14 de noviembre. “Para ellos, es urgente que esta denuncia se atienda porque buscan que esto no quede impune”, agregó.

Percy Pérez Shapiama, uno de los representantes de la Asociación de Víctimas y Familiares del 10 al 14 de noviembre, dijo a Convoca.pe que han tenido reuniones con varios legisladores para que apoyen en que el Congreso revise la denuncia lo más pronto posible. "Es un problema que se nos escapa de las manos porque ya se ve que quieren archivarla y lo están haciendo más largo. Tenemos que ver iniciativas para ver qué se puede hacer porque esto no debe quedar impune", manifestó.

Ha pasado más de un año de la violenta represión policial que dejó dos jóvenes fallecidos y, por lo menos, 78 personas heridas. Foto: Andina

La Fiscalía de la Nación considera a Manuel Merino, Antero Flores-Aráoz y Rodríguez como presuntos autores (por omisión impropia) del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y de lesiones graves y leves a 78 personas, durante la represión policial de las protestas realizadas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020. Por homicidio, la pena privativa de libertad es no menor de seis ni mayor de 20 años, mientras que por lesiones graves y leves es de tres a 20 años.

El sustento de la acusación fiscal incluye las declaraciones de ministros y funcionarios de Palacio de Gobierno, del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, del Congreso de la República, de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior. También, incorpora documentos oficiales, como los planes operativos de la PNP para contrarrestar las manifestaciones sociales, el registro de visitas al despacho presidencial, las actas fiscales y los certificados médicos sobre la situación de los fallecidos y heridos durante la represión policial.

La investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación a Manuel Merino y sus ex ministros comenzó el 15 de noviembre de 2020 y se encuentra detenida a la espera de la decisión del Congreso. Al mismo tiempo, la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima inició una investigación a los altos mandos de la Policía, la cual se encuentra en etapa preparatoria y deberá concluir, a más tardar, en mayo de 2022.