Por lo menos 199 denuncias contra el actual presidente de la República, expresidentes, excongresistas, exministros, magistrados y otros altos funcionarios públicos, por corrupción y diversos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se encuentran en el área de trámite documentario del Congreso de la República. Están a la espera de ser revisadas por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que aún no se instala.

La mayoría de estas denuncias son heredadas de las legislaturas anteriores, en las cuales el proceso de revisión fue iniciado pero no se llegó a su etapa final en el Pleno del Congreso. Tras la instalación del nuevo Parlamento, entre agosto y octubre de este año ya han sido presentadas 16.

Entre los altos funcionarios denunciados destacan el presidente Pedro Castillo, la primera vicepresidenta Dina Boluarte, el expremier Guido Bellido y la presidenta del Consejo de Ministros y ex presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. Los expresidentes Francisco Sagasti, Manuel Merino, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y el ex vocal supremo César Hinostroza, así como los excongresistas Kenji Fujimori, Jorge del Castillo, Héctor Becerril, Yesenia Ponce y Daniel Salaverry también figuran en la lista de acusados. 

Por sus altos cargos, los denunciados tienen la prerrogativa del antejuicio político y, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, deben ser denunciados ante el Congreso para que este apruebe si la Fiscalía y el Poder Judicial deben realizar las investigaciones que determinen si son culpables o no de los delitos que se les atribuyen.

Aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, homicidio, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir, obstrucción a la justicia, falsedad genérica, cohecho, peculado y concusión son algunos de los delitos que se les imputa a dichos altos funcionarios mientras ejercieron su labor en el aparato estatal.

La lista de denunciantes la encabezan ciudadanos (121 denuncias) que consideran que fueron afectados, directa o indirectamente, por los altos funcionarios. Le siguen congresistas y ex congresistas (48 denuncias), la Fiscalía de la Nación (27 denuncias), exmagistrados (3 denuncias) y un procurador (1 denuncia). 

*Para visualizar en el gráfico el tipo de denunciante, haga clic en cada color de la figura.

Sin apuro

La subcomisión de Acusaciones Constitucionales es la encargada de calificar las denuncias y, si las admite, de realizar las investigaciones. Está adscrita a la Comisión Permanente, que lidera la presidenta del Congreso María del Carmen Alva, de Acción Popular. El último 15 de septiembre, dicha comisión nombró a los 17 integrantes de este grupo de trabajo. 

Más de un mes después, el pasado 22 de octubre, la Comisión Permanente designó como presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la congresista Rocío Torres, del partido Alianza para el Progreso (APP). Martha Moyano, de Fuerza Popular, y Alejandro Cavero, de Avanza País, asumieron la vicepresidencia y la secretaría, respectivamente.

Sin embargo, para continuar con el trámite de las denuncias se requiere que los legisladores instalen la subcomisión, pero aún no hay fecha. Las sesiones del pleno del Congreso en Lima y provincias, las actividades de la semana de la representación y el trabajo en las comisiones ordinarias son algunos de los argumentos brindados por los parlamentarios para justificar la demora en el inicio de esta labor.

El congresista Alejandro Cavero dijo a Convoca.pe que, tras conversar con la presidenta Rocío Torres, quedaron en instalar la subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo más pronto posible. Como secretario de dicha comisión, estimó que se instalaría la próxima semana, antes del pleno del Congreso "pero, vamos a ver cómo va el tiempo".

Al ser consultado por este medio sobre la cantidad de denuncias constitucionales pendientes de ser resueltas por este equipo de trabajo, Cavero dijo que no tenía conocimiento pues esa información tiene que hablarla con el funcionario parlamentario que actúa como secretario técnico.

Las denuncias constitucionales pendientes de resolver se encuentran en el área de Trámite y Digitalización de Documentos y serán remitidas a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando ésta se instale, según información proporcionada por dicha dependencia del Congreso.

Paralizadas

Convoca.pe accedió al reporte de acusaciones del área de trámite documentario del Congreso para el período parlamentario 2016-2021, a través de una solicitud de acceso a la información pública. El último estado de 183 de estas denuncias constitucionales es de "Actualización de denuncia" y 16 figuran como "Presentada".

Del total de 199 denuncias que figuran en dicho reporte, actualizado al 18 de octubre de este año, 27 provienen de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, lo que implica que el Ministerio Público ha realizado una investigación preliminar a los altos funcionarios. Seis de estas acusaciones fueron presentadas entre septiembre y octubre último.

Una de las denuncias más recientes que interpuso Ávalos fue, el 4 de octubre último, contra el expresidente Manuel Merino, el ex presidente del Consejo de Ministros Antero Flores-Aráoz y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez. La fiscal de la Nación los acusa por el homicidio de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado y lesiones graves contra 78 personas, por la represión policial durante las movilizaciones de protesta ocurridas entre el 9 y 14 de noviembre de 2020.

La investigación preliminar por este caso, realizada por la Fiscalía de la Nación, ha tomado casi un año. No se sabe cuánto tardará el procedimiento parlamentario para calificar, admitir, investigar y aprobar o no la acusación. Si se aprueba, el Ministerio Público podrá continuar la investigación y definir si formula la denuncia ante el Poder Judicial para que inicie un juicio a Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez. Si los condenan, les corresponde una pena privativa de libertad de entre tres y 20 años.

Extracto del reporte de las denuncias más recientes presentadas por la Fiscalía de la Nación, que se encuentran en el área de trámite documentario del Congreso.

Otra denuncia pendiente es la presentada por la Fiscalía de la Nación, el 21 de septiembre pasado, contra Pedro Pablo Kuczynski, acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, por hechos vinculados al segundo pedido de vacancia presidencial y por los deficientes nombramientos de asesores en los ministerios de Justicia y de Salud. En este caso, lo acompañan como imputados el excongresista Kenji Fujimori y los exministros Enrique Mendoza y Fernando D’Alessio.

Por otro lado, el trámite de la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra por inacción constitucional e ilícitos penales fue iniciado en la legislatura anterior. La fiscal de la Nación lo acusó de aprovechamiento indebido del cargo al haber ocultado información y haberse beneficiado, junto con su esposa, de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio chino Sinopharm, en octubre de 2020, durante la fase de ensayos clínicos. 

Excongresistas y exmagistrados

La Fiscalía de la Nación ha denunciado ante el Congreso a 13 ex parlamentarios de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Partido Aprista Peruano, Frente Amplio y Acción Popular. Son acusados de diversos delitos, como asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, concusión, falsedad, cohecho y violación de correspondencia.

Entre los congresistas elegidos por Fuerza Popular y denunciados por la Fiscalía de la Nación figuran César Campos Ramírez, Lizbeth Robles Uribe y el parlamentario andino Jorge Luis Romero Castro, por reducir sueldos al personal de su despacho; Yesenia Ponce, por conducta antiética al pagar por certificados falsos de estudios secundarios; Daniel Salaverry, por apropiarse del presupuesto de gastos de representación; Héctor Becerril, por asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias; y José Palma Mendoza por tráfico de influencias.

El ex congresista del Apra Jorge del Castillo también figura en la lista de denunciados por haber seguido pagando el sueldo a su asesora parlamentaria mientras ella estudiaba fuera del país. Su colega de bancada, Javier Velásquez Quesquén, tiene una acusación por recibir dinero y otros beneficios del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel y por interceder ante la Contraloría General de la República en favor de dicho burgomaestre.

Otros exlegisladores denunciados son César Vásquez Sánchez (Alianza para el Progreso), por recibir beneficios e interceder también en favor del mencionado alcalde Cornejo Chinguel; Jorge Andrés Castro Bravo (Frente Amplio) por recortar sueldo a sus empleados para pagar el alquiler de su oficina y por ingresar al WhatsApp de una empleada; Rosario Paredes Eyzaguirre (Acción Popular), por recortar el sueldo a una extrabajadora de su despacho; y Roberto Gamaniel Vieira Portugal, por pedir dinero a un empresario para interceder por él ante el Ministerio de la Producción.

El Congreso debe resolver cuatro denuncias constitucionales contra el ex magistrado César Hinostroza, presentadas por la Fiscalía de la Nación. Foto: Difusión

El ex vocal supremo César Hinostroza Pariachi, prófugo en España, tiene cuatro denuncias presentadas por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso, por delitos cometidos cuando era magistrado, como aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y cohecho. 

También aparecen como denunciados el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos, acusado de obstruir la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular; y el ex contralor general de la República, Edgard Alarcón Tejada, por los delitos de peculado y tráfico de influencias.

La Fiscalía de la Nación también denunció ante el Congreso al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y los ex Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benítes y Julio Gutiérrez Pebe, por sus vínculos con la organización criminal "Los cuellos blancos del puerto". Otros denunciados son el vocal supremo Aldo Figueroa Navarro, el ex juez supremo Enrique Mendoza Ramírez  y el exconsejero del CNM Guido Águila Grados.

Denuncias de ciudadanos

De las 199 denuncias constitucionales pendientes de resolver el Congreso, 121 provienen de ciudadanos y 48 de ex congresistas. A diferencia de las acusaciones presentadas por la Fiscalía de la Nación, estas no cuentan con una investigación previa o se sustentan en informes parlamentarios, reportajes periodísticos u otras indagaciones.

El 3 de agosto último, el ex congresista Edgard Villanueva Núñez acusó ante el Congreso al presidente Pedro Castillo y a su ex presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido por infringir la Constitución Política del Perú, al realizar actos y suscribir documentos fuera de la sede establecida para dichas acciones. El 12 de agosto, Castillo y su primera vicepresidenta, Dina Boluarte, fueron acusados por falsedad, fraude, traición a la patria y genocidio por el abogado y excandidato al Tribunal Constitucional Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea. 

El 1 de septiembre, el ciudadano José Palacios Obregón denunció a Pedro Castillo por haber nombrado ministro del Interior a Juan Carrasco Millones sin que este haya renunciado a su cargo en la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lambayeque.

El ex premier Guido Bellido y el presidente Pedro Castillo han sido denunciados ante el Congreso por un ciudadano que los acusa de infringir la Constitución. Foto: difusión

Entre otras actuales autoridades denunciadas ante el Congreso por ciudadanos figuran la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, el defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, el contralor general de la República Nelson Shack y magistrados del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones y de la Junta Nacional de Justicia.

El expresidente Francisco Sagasti es objeto de cuatro denuncias de ciudadanos. Una es por autorizar a empresas extranjeras para adquirir derechos mineros en la zona de frontera. Otra se sostiene en que no habría cumplido la ley que establece la devolución de aportes a los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Las dos restantes son por no convocar a elecciones apenas renunció el entonces presidente Manuel Merino y por no dar medidas acertadas para combatir el Covid-19.

El expresidente Ollanta Humala acumula ocho denuncias. Es acusado de perjudicar a los pensionistas de la Ley 19990 (dos denuncias), de favorecer a la empresa brasileña OAS el proyecto del Centro de Convenciones de Lima (dos denuncias), de aprovechamiento indebido del cargo en los proyectos de irrigación de Olmos, del Gasoducto Sur Peruano y de la Línea 1; y de permitir que su esposa, Nadine Heredia, se involucre en temas gubernamentales sin ser funcionaria pública.

A fines de julio último, al término de la legislatura anterior, el entonces presidente de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Carlos Pérez (Acción Popular) informó que realizaron 23 sesiones ordinarias y 30 extraordinarias. Recibieron 56 denuncias constitucionales y declararon procedentes 18, improcedentes 5, inadmisibles 1 y mixtas 3.

El informe final de ese grupo de trabajo señaló que dejaba 98 denuncias pendientes por calificar y 11 denuncias con informe final aprobado en la Comisión Permanente.

Cuando la nueva subcomisión de Acusaciones Constitucionales se instale y reciba las denuncias pendientes, deberá seguir un trámite, que incluye: la admisión o archivamiento de cada una, la investigación a cargo de uno de los congresistas, audiencias con los denunciados y denunciantes y la presentación y debate de un informe que recomienda acusar o no al investigado, según el reglamento del Congreso.

El Pleno del Congreso es el que decide si aprueba o no el informe final. Si autoriza una denuncia constitucional, esta es derivada al Ministerio Público para que continúe la investigación.

Investigar y sancionar a los altos funcionarios acusados de delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo requiere de tiempo para cumplir el trámite establecido por la Constitución, procedimiento que se extiende aún más con la demora de los congresistas para hacer su trabajo. Mientras tanto, el área de trámite documentario sigue acumulando denuncias constitucionales. Ya van 199 en la lista de espera.