Actualización 10 de noviembre de 2021

Familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados durante la violenta represión policial de las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, solicitaron al ministro del Interior, Avelino Guillen, que no permita que los 11 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusados por el Ministerio Público sea exonerados de responsabilidad en la institución policial.

A pocos días de que se cumpla un año de la muerte de los jóvenes, Killa Sotelo, hermana de Inti, solicitó a las autoridades del gobierno de Pedro Castillo que intervengan para que se haga justicia y estos crímenes no queden impunes, pues el Ministerio Público halló indicios de responsabilidad en los acusados.

"No tenemos clara la exculpación de estos policías, no hay mayor investigación sobre ello. Pedimos al ministro Avelino Guillen que nos explique cuál es la situación. Es una burla para la familia que se laven las manos y no asuman ninguna responsabilidad", dijo Killa Sotelo, al referirse a la información extraoficial que circula respecto a que la institución policial exoneró de culpa a los 11 oficiales.

Percy Pérez Shapiama, uno de los jóvenes lesionados y dirigente de la comisión de heridos del 10 al 14 de noviembre, recordó que no han recibido ni un sol del Estado, por lo que están pidiendo reparaciones económicas inmediatas para solventar los gastos médicos y otras necesidades básicas que ya no pueden cubrir. "Pedimos actos de justicia, reparación y no repetición. Aún no vemos nada de eso hasta ahora", dijo.

Este domingo 14 de noviembre se cumple un año de la muerte de Inti y Bryan. Por ello, sus familiares y los jóvenes heridos por la Policía realizarán este viernes 12 de noviembre un plantón frente al Congreso de la República y, este sábado 13, una movilización hacia la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

Nota original 12 de octubre de 2021

“Por favor, no me disparen”, suplicó Marlen Karina Castello García mientras agitaba un trapo blanco. Sus ruegos fueron en vano. Le siguieron apuntando con las armas y le dispararon “sin ninguna piedad”. Los atacantes no eran criminales, eran policías, y su víctima era una de las cientos de personas que, en noviembre de 2020, protestaron en el centro de Lima contra la proclamación del presidente del Congreso, Manuel Merino, como jefe de Estado, en reemplazo del vacado mandatario Martín Vizcarra.
 
La mujer que hizo este pedido a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), apostados entre las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la pierna derecha, cuando intentaba ayudar a un muchacho que estaba tirado en el suelo tras un ataque de policías que impedían que los manifestantes de la llamada "Marcha nacional" llegaran a las sedes del Congreso de la República y al Palacio de Gobierno.
 
Marlen Karina Castello García y otras 79 personas heridas sobrevivieron para relatar a las autoridades el ataque de los agentes policiales, a diferencia de Jordan Inti Sotelo Camargo (25) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22), quienes fueron asesinados por el impacto de perdigones de plomo, el 14 de noviembre de 2020.
 
Los testimonios de los heridos y los informes médicos forman parte de la denuncia penal que esta semana presentó el Ministerio Público contra 11 oficiales de la Policía, por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, y contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad. Convoca.pe tuvo acceso a este documento que reconstruye lo ocurrido durante las protestas e identifica a los jefes responsables.
 
Para la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima,  lo ocurrido entre el 10 y 15 de noviembre de 2020, durante las operaciones de control de orden público en el centro de Lima, revela que el personal policial habría ejecutado operaciones en flagrante inobservancia de los niveles del uso de la fuerza contra las protestas sociales, uso arbitrario de la fuerza de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal, “en cumplimiento de una orden desde la más alta autoridad”, que conllevó al asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado y dejó casi una centena de heridos.
 
La hipótesis de la fiscal Jhousy Aburto Garavito es que los altos mandos de la Policía investigados “habrían concertado un plan criminal ordenando, autorizando y ejecutando la utilización de los medios de policía de manera arbitraria, así como de las municiones prohibidas”. La investigación fiscal revela que los oficiales habrían tenido este accionar antes, durante y después de los operativos policiales.

Extracto de denuncia penal presentada por la Fiscalía contra los altos mandos de la Policía por el asesinato de dos jóvenes y las lesiones de casi un centenar de personas.

 
Las pruebas y testimonios recogidos por el Ministerio Público sostienen la tesis fiscal de que la violenta represión policial no fue un hecho aislado cometido por determinados agentes sino  “un patrón de comportamiento que obedeció a una orden emanada de la alta superioridad policial, que involucraría directamente a los altos mandos de la Policía Nacional”. 
 
A esto se agrega  que  las máximas autoridades del gobierno de turno no solo habrían tenido conocimiento de los hechos, sino también habrían tenido reuniones con los altos mandos de la policía para tratar este tema. Por ello, la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Manuel Merino; el ex presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Aráoz; y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por los delitos de homicidio y lesiones graves y leves.
 

Alto mandos investigados
 
Los oficiales investigados por los dos asesinatos y casi un centenar de heridos son el teniente general Jorge Lam Almonte (59), comandante general (E) de la PNP y subcomandante general de la PNP; el general Jorge Luis Cayas Medina (56), jefe de la Región Policial Lima; el coronel Carlos Vicente Villafuerte Salas (56), jefe de la División de Servicios Especiales; y el coronel Percy Alberto Tenorio Gamonal (56), director de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROPEESP).
 
A Jorge Lam se le atribuye haber ordenado y emitido disposición para las operaciones policiales contra las protestas y movilizaciones sociales, realizadas del 10 al 15 de noviembre. A Jorge Cayas se le imputa haber ejecutado y concertado la represión policial indiscriminada y haberse distribuido roles específicos, conjuntamente con sus subordinados. Carlos Vicente supervisó y controló la participación de las 10 unidades especiales de la PNP, mientras que Percy Tenorio ejerció la función de comando y jefe operativo de las fuerzas de apoyo a la Región Policial Lima.

 
Además, son investigados los comandantes Luis Ruperto Castañeda Urbina (57), jefe de la Unidad de Servicios Especiales Sur “Salvataje”; Charles Antonio Apaza Pilares (54), jefe del I Batallón “Halcón” de la División de Operaciones Especiales; Giulianno Mitchel Arguedas Pérez (44), jefe de la Unidad Histórica de la Policía Montada “Potao”; y Víctor Alberto Oliva Angulo (52), jefe de la Unidad de Servicios Especiales Centro.
 
En la investigación también figuran el mayor Juan Pablo Chenett Del Pozo (40), jefe de las Fuerzas Especiales de la Dirección de Operaciones Especiales; el mayor José Luis Solari Chillcce (39), jefe del área de Instrucción de la División de Servicios Especiales; y el capitán Mario Angelo García Chávez (46), jefe del área de Subsistencia del área de Administración.
 
La pena por el delito de homicidio que les correspondería a los oficiales de la Policía, que les atribuye el Ministerio Público, es no menos de seis ni más de 20 años de cárcel; por lesiones graves, no menos de cuatro ni más de ocho años; y por lesiones leves, no menos de dos ni más de cinco años de cárcel.

Las mentiras de la Policía
 
“Somos brigadistas”, gritaron el profesor y bombero voluntario Roberto Cano Contreras y dos colegas, levantando las manos en medio de la pista, entre la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Apurímac, la noche del 14 de noviembre, cuando acudían a auxiliar a dos personas tiradas en el parque. Apenas terminaron de gritar, los policías le dispararon a Cano una granada lacrimógena en la canilla izquierda, que le fracturó la tibia. Este fue el testimonio que dio el agraviado al Ministerio Público.
 

El general Jorge Luis Cayas, jefe de la Región Policial Lima, señaló a la Fiscalía que “ante las graves alteraciones del orden público” que se suscitaron a nivel nacional por los cuestionamientos políticos de diversos sectores, el 10 de noviembre de 2020, dispuso, mediante un documento denominado “Orden telefónica”, que los jefes de las divisiones policiales tomaran acciones para mantener el orden público.
 
Sin embargo, la Fiscalía detectó que el documento “Orden telefónica” fue elaborado después del 10 de noviembre porque las protestas recién se iniciaron la noche de ese día y aún no se podía hablar de graves alteraciones del orden público, como lo evidencia uno de los  informes policiales revisados durante la investigación. Por lo tanto, la Policía no habría contado formalmente con un plan ni orden de operaciones.
 
Al día siguiente, el 11 de noviembre, extemporáneamente, se elaboró y aprobó una orden de operaciones. Sin embargo, la fiscal advirtió que este documento no tiene relación con las manifestaciones y se refiere a combatir la delincuencia en diferentes lugares de Lima, como robos y asaltos. El 13 de noviembre se prosiguió con la represión policial sin contar con un plan ni orden de operaciones. 
 
El 14 de noviembre, pese a que la Policía tenía un plan de operaciones, emitió una hoja complementaria que deja de lado la participación del coronel Percy Tenorio, al mando de sus fuerzas de la Dirección de Operaciones Especiales. Además, una orden de operaciones agrega un octavo sector del centro de Lima con unidades que no habían sido incluidas en el plan de operaciones y asigna a personal como responsable de otras zonas, pese a que ya tenían áreas asignadas.
 
Según la Fiscalía, la conducta de los investigados de dejar fuera de la zona de acción a la avenida Nicolás de Piérola y sus bocacalles y de asignar personal policial responsable en dichas zonas, así como de excluir de las operaciones policiales a la Dirección de Operaciones Especiales, al mando de Tenorio buscaba que no pudieran identificar al personal policial en cada zona de responsabilidad.
 
“Habría sido con la única responsabilidad de evadir responsabilidades que conllevarían la puesta en marcha de la orden manifiestamente ilícita recibida de la más alta autoridad de la PNP, teniente general Jorge Lam, que era la de neutralizar toda protesta para impedir que los manifestantes llegaran al Congreso y al Palacio de Gobierno”, señala la denuncia fiscal. 
 
Un informe de Inspectoría de la PNP indica que las unidades policiales que estuvieron entre las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay informaron que, el 12 de noviembre, la Dirección de Operaciones Especiales consumió 5 granadas Falken, 290 cartuchos lacrimógenos, 566 cartuchos con perdigones de goma, 33 cartuchos de propulsión y 21 pelotas de goma.
 
Sin embargo, el mismo informe de Inspectoría evidencia que la Unidad de Servicios Especiales “Asalto”, que no participó en las acciones disuasivas, reportaba un faltante de 480 cartuchos lacrimógenos y otros productos, que fueron prestados a subunidades que se encontraban en la zona de acción.
 
De acuerdo con la Fiscalía, dicho informe de la PNP es un indicativo del volumen y uso excesivo de las armas potencialmente letales por la Policía contra los manifestantes, “lo que permite corroborar el uso arbitrario de la fuerza para la represión policial”. Además, destaca que, al ser la Policía una institución jerarquizada, ningún efectivo puede hacer uso de las armas si no hay una orden superior, lo que habría ocurrido en este caso.

 
Disparar directamente al cuerpo empleando armamentos potencialmente letales y tener personal policial de reserva, en caso sea necesario incrementar en determinadas zonas y de esta forma garantizar el cumplimiento de la orden es para la Fiscalía una “conducta ilícita de los investigados, que causó la muerte de dos jóvenes y dejó una cantidad considerable de manifestantes lesionados gravemente”.
 

No auxiliaron a heridos
 
“Nunca me voy a olvidar, me apuntó y me disparó. Para él, fue simple, quiso eliminarme (...) Yo estaba sangrando, con total claridad, todo el piso estaba lleno de sangre y no se acercaron para nada (se refiere a los policías)”, declaró Arturo Lino Vilca Mina (24), quien fue herido por el impacto de siete perdigones de plomo la noche del 14 de noviembre.
 
La Fiscalía identificó a cuatro manifestantes que, el 10 de noviembre, fueron lesionados gravemente con proyectil de armas de fuego y con bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo, sin que tuvieran una conducta que ponga en peligro la vida del personal policial ni de terceras personas. 
 
Otro ejemplo es el caso de Marlon Cruz, quien se dirigía a apoyar a una mujer que se había caído en el jirón Carabaya y miró a la Policía levantando ambas manos en señal de que no representaba un peligro, pero el personal policial le disparó una bomba lacrimógena en el abdomen “consumando de esta manera el acuerdo criminal concertado entre los investigados”.

Brigada médica de voluntarios trasladó a los heridos en las protestas pues los policías que los atacaron no los auxiliaron. Foto: Andina

 
Las investigaciones han determinado que, pese a que los efectivos policiales observaron las lesiones de gravedad de los heridos, no los auxiliaron, no llamaron a los servicios de emergencia ni Serenazgo. “Esta conducta también habría sido parte del acuerdo criminal, el no auxiliar a los manifestantes heridos, máxime si se toma en cuenta que para algunos de los investigados, esas personas eran delincuentes”, señala el documento de la denuncia.
 
En ese sentido, destaca la declaración del coronel Percy Tenorio: “...habría que diferenciar entre manifestantes y delincuentes. Los primeros son con quienes coordiné cuando empezó la marcha, los últimos [son los] que ahora refieren haber sido agredidos por la PNP con canicas de vidrio y perdigones de plomo, son delincuentes que agredieron a la PNP…”.
 
Además, a pesar de que los medios de comunicación reportaron heridos, “los oficiales no pusieron en conocimiento en sus notas informativas ni en sus informes presentados a sus superiores ni lo comunicaron a la autoridad policial competente para que realicen las investigaciones que correspondan, transgrediendo una vez más la normativa interna e internacional de uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público”.
 
Para la Fiscalía, ha quedado acreditado que Bryan Pintado fue asesinado de manera alevosa con disparos letales de efectivos policiales, con 10 perdigones de plomo, entre las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, mientras que Inti Sotelo murió por el impacto de un perdigón de plomo a la altura del tórax, entre la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Lampa. En los casos de ambos fallecidos, los policías no los auxiliaron ni ayudaron a su traslado para recibir ayuda médica.
 
“La descarga de perdigones de plomo fue mortal, ya que solo pudo dar unos pasos antes de desplomarse y fallecer, no siendo auxiliado por el personal policial, sino que fue conducido por los manifestantes que se encontraban en el lugar, que lo trasladaron hasta Av. Abancay con el Jr. Inambari, para ser conducido al hospital Guillermo Almenara Irigoyen”, señala la Fiscalía sobre la muerte de Byan Pintado.
 
“Cuando se encontraba en las intersecciones de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Lampa, sufrió el impacto de un perdigón de plomo a la altura el tórax, saliendo de la zona caminando con dirección al jirón Lampa, siendo auxiliado por los brigadistas y trasladado a una minivan guinda, que se encontraba por el jirón Pachitea con Lampa, con dirección al hospital Grau, donde llegó cadáver”, detalla la denuncia fiscal sobre la muerte de Inti Sotelo.

Borraron huellas de la represión
 
Después del operativo policial del 14 de noviembre, el general Jorge Cayas, jefe de la Región Policial Lima, convocó a una reunión a los oficiales de la División de Servicios Especiales (DIVSEESP), en el auditorio, donde habló sobre el fallecimiento de dos personas, pero les dijo que estemos tranquilos porque la misión se había cumplido, según revela la denuncia de la Fiscalía.
 
Luego, el personal policial, como el Grupo de Intervenciones Rápidas, procedió de manera inmediata “a limpiar las calles”, en las que se encontraban los elementos usados en la represión policial: granadas, cartuchos lacrimógenos y perdigoneros, los mismos que habrían sido “recogidos” sin haber sido puestos en conocimiento de la autoridad fiscal, con la clara finalidad de borrar las evidencias del volumen y municiones prohibidas utilizados. Este hecho figura en el expediente del Ministerio Público.
 
Luego de casi 11 meses de la muerte de Inti y Bryan y de las lesiones que sufrieron decenas de personas, la Fiscalía terminó la investigación preliminar la semana pasada. Tras la formalización de la denuncia penal contra los 11 oficiales de la PNP, la fiscal Jhousy Aburto tiene ocho meses para realizar la investigación preparatoria, que incluye diversas diligencias, como la toma de la declaración de los investigados, agraviados y testigos, la solicitud de notas e informes de inteligencia, la realización de pericias de balística y la visualización de videos. Aún falta mucho camino por recorrer para encontrar justicia.