Actualización 10 de noviembre de 2021

A casi un año del asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado, sus familiares y los jóvenes heridos durante la represión policial de la protestas contra el gobierno de Manuel Merino exigieron al Congreso de la República que apruebe la denuncia constitucional presentada por al Fiscalía de la Nación contra el ex presidente y sus exministros Antero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez para que el Poder Pueda investigarlos por los delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

La denuncia contra Merino se encuentra en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que fue instalada el último lunes y es presidida por la congresista Rocío Torres, del partido Alianza para el Progreso. Es una de las 200 denuncias constitucionales contra altos funcionarios que, según el área de trámite documentario, debe ver el Parlamento.

De las 200 denuncias constitucionales estancadas en el Congreso, nueve se encuentran en el consejo directivo para ser consideradas por el pleno, seis en orden del día de la Comisión Permanente y 185 en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Esta subcomisión acordó que se reunirá los viernes y en su primera sesión deberá definir a qué denuncias constitucionales le dará prioridad, pues hay acusaciones presentadas por la Fiscalía de la Nación, congresistas y ex congresistas, magistrados y ciudadanos.

Este domingo 14 de noviembre se cumple un año de la muerte de Inti y Bryan. Por ello, sus familiares y los jóvenes heridos por la Policía realizarán este viernes 12 de noviembre un plantón frente al Congreso de la República y, este sábado 13, una movilización hacia la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

Percy Pérez Shapiama, uno de los jóvenes lesionados y dirigente de la comisión de heridos del 10 al 14 de noviembre, recordó que no han recibido ni un sol del Estado, por lo que están pidiendo reparaciones económicas inmediatas para solventar los gastos médicos y otras necesidades básicas que ya no pueden cubrir. Además, exigió que el Congreso acepte la denuncia constitucional contra Merino y sus ex ministro, para que sean investigados y sancionados.

"Pedimos actos de justicia, reparación y no repetición. Aún no vemos nada de eso hasta ahora", agregó Pérez, quien dijo que la comisión que lidera ha tenido reuniones con los ministerios de Salud y del Interior y la Defensoría del Pueblo.

Este domingo 14 de noviembre se cumple un año de la represión policial de las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. Foto: Andina

Nota original 15 de octubre de 2021

La denuncia constitucional que la Fiscalía de la Nación presentó contra el expresidente Manuel Merino, el ex presidente del consejo de ministros Antero Flores-Aráoz y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez, como autores de los homicidios de Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22), se encuentra estancada por demoras en el Congreso de la República. Luego de casi tres meses de iniciadas las funciones del nuevo parlamento, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá resolver la situación jurídica de estos ex altos funcionarios que gozan de inmunidad, hasta ahora no ha sido instalada.

Como se sabe, Sotelo y Pintado fallecieron por múltiples impactos de perdigones, disparados por agentes policiales el 14 de noviembre de 2020, durante la semana de protestas contra la cuestionada toma de mando de Manuel Merino. Por ello, a Merino, Flores-Áraoz y Rodríguez se les imputa responsabilidad penal como presuntos autores de homicidio por omisión impropia.

Además, la represión policial ocurrida entre el 9 y el 15 de noviembre dejó un saldo de 78 ciudadanos peruanos heridos, por lo que la Fiscalía también ha incluido en la referida denuncia constitucional los delitos de lesiones graves y lesiones leves.

La subcomisión de Acusaciones Constitucionales, integrada por 17 parlamentarios, se encarga de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas y de realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo un informe final. Sin embargo, de acuerdo con una serie de entrevistas realizadas por Convoca, los congresistas que integran el subgrupo no tienen ningún apuro para instalarla, a pesar de que a la denuncia contra Manuel Merino, presentada el 4 de octubre último, se suman otras pendientes de la legislatura anterior.

Debido a que les asiste la prerrogativa del antejuicio político por haber sido altos funcionarios, según la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público inició dos investigaciones sobre los mismos hechos. Una está a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. Esta comenzó el 15 de noviembre de 2020 y está en etapa preliminar. La segunda está a cargo de la Fiscalía de la Nación, aunque deberá pasar antes por la aprobación del Congreso.

La Fiscalía de la Nación sustenta su acusación en las declaraciones de ministros y de funcionarios de Palacio de Gobierno, del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, del Congreso de la República, de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior. También ha recogido como medios de prueba algunos documentos oficiales, como los planes operativos de la PNP para contrarrestar las manifestaciones sociales, el registro de visitas al despacho presidencial, las actas levantadas por fiscales y los certificados médicos sobre los fallecidos y heridos durante la represión policial.

Por el delito de homicidio, la pena privativa de libertad que les correspondería a Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez es no menor de seis ni mayor de 20 años, mientras que la condena por lesiones graves y leves oscila entre los tres y 20 años, teniendo en cuenta las condiciones agravantes que establece la ley. 
 

Demoras y falta de interés

Los 17 miembros de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales son designados por la Comisión Permanente, que lidera la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Antes de ser elegida parlamentaria, Alva se pronunció a favor de Manuel Merino, en una entrevista concedida a un medio local, al decir que no fue autoritario durante los seis días que estuvo como presidente de la República. Ambos son de Acción Popular.

Un mes y medio después del inicio de la legislatura, el 15 de septiembre último, la Comisión Permanente del Congreso recién aprobó la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales para el periodo de sesiones 2021 y 2022. Cinco de sus integrantes pertenecen al partido Perú Libre, tres a Fuerza Popular, dos a Acción Popular, dos a Alianza para el Progreso. Además, hay un parlamentario por cada uno de los partidos restantes: Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú-Partido Morado, Juntos Por el Perú y Podemos Perú.

"Integro varias comisiones, apenas me comunican de una, participo", "Desconozco las razones, pero averiguaré", "La instalación la convoca el congresista de mayor edad", "Ya hemos conversado y la convocaremos después de la semana de representación”.

Estas fueron algunas de las respuestas que dieron a Convoca.pe congresistas de diversas bancadas que integran esta subcomisión cuando les preguntamos por los motivos de la demora en la instalación y quién o quiénes son los llamados a realizar la convocatoria para el inicio de sus labores.

El congresista Carlos Anderson, de Podemos Perú, no pudo dar información sobre la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “Estoy como en siete comisiones. Sinceramente, apenas me comunican de una, participo activamente y todo lo demás, pero no me pregunten a qué hora ponen la siguiente comisión”, declaró.

Alejandro Cavero, legislador de Avanza País, señaló que no le había llegado ninguna citación formal para instalar el grupo y que no estaba seguro de si la instalación debía ser convocada por el parlamentario de mayor edad, como ocurre con las comisiones ordinarias del Congreso, aunque no sabía quién era esa persona.

De acuerdo con el congresista José Balcázar, de Perú Libre, los miembros de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales se auto convocan y lo harán a partir del 18 de octubre, cuando concluya la semana de representación de los legisladores en las regiones por las cuales fueron elegidos.

“Todavía estamos en semana parlamentaria y están todos los congresistas fuera de Lima, hasta el 18, que vamos a tener una reunión. Se convoca a los que forman parte de esa comisión. Nosotros mismos nos auto convocamos, nos reunimos y ahí elegimos quién va a presidirla”, explicó.

Balcázar advirtió que no solo deben ver la denuncia constitucional contra Merino y sus ex ministros sino también otras denuncias de la legislatura anterior, aunque no dio mayores precisiones sobre los acusados y los delitos que se les atribuyen.

Finalmente, el congresista Jorge Flores, de Acción Popular, dijo que ha conversado con algunos miembros de su bancada y que, después de la semana de representación, se va a instalar esta subcomisión. No obstante, aclaró que solo lo han expresado verbalmente y no hay ningún comunicado oficial. “Nos hemos entrevistado con los amigos de nuestra bancada y se ha visto cuándo se va a tratar estos puntos”, precisó.

Al ser consultado por las declaraciones de apoyo a Merino de la presidenta del Congreso y colega de su bancada María del Carmen Alva, Flores manifestó que “cada congresista es responsable de lo que manifiesta. Si lo ha dicho, seguramente, tendrá sus razones, pero no necesariamente nosotros compartimos lo que ella dice”.

Respecto a la demora en la instalación de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Flores resaltó que, desde que se conformó el 15 de septiembre último, “no han pasado ni dos semanas”. “La verdad, la agenda se tiene muy recargada, la semana de representación en septiembre. Estamos a la expectativa. No estamos haciendo lo que usted manifiesta, que estemos dilatando el tiempo ni nada por el estilo. Creo que estos puntos van a tratarse en su oportunidad”, concluyó el correligionario de Manuel Merino.

Ha pasado casi un año de las protestas contra el gobierno de Manuel Merino y la represión policial que dejó dos muertos y, por lo menos, 78 heridos. Foto. Twitter @ari_vol_6

Para Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, qué tan rápido vayan a instalar la subcomisión de Acusaciones Constitucionales es un tema político y los antecedentes de las fuerzas parlamentarias, como la cercanía de la presidenta del Congreso con Merino, le hacen sospechar de las demoras.

"La subcomisión no está instalada. El documento ha llegado al Congreso y nadie lo ha recibido. Está en trámite documentario. Solo podríamos enviar un escrito de queja cuando la subcomisión esté instalada y designe al congresista que va a elaborar el informe del caso”, precisó.

Un largo proceso

Cuando la denuncia constitucional sea derivada a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esta tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para calificar su admisibilidad o procedencia, según el reglamento del Congreso de la República.

La subcomisión debe presentar su informe de calificación a la presidencia de la Comisión Permanente, la cual debe aprobar el tiempo para que este grupo de trabajo realice la investigación y presente su informe final. Dicho plazo no debe ser mayor a 15 días hábiles, pero la Comisión Permanente puede prorrogarlo por el periodo que considere necesario, por una sola vez.

La subcomisión tiene que notificar a los denunciados para que presenten sus descargos y ofrezcan los medios probatorios. Luego, realizará una audiencia con el denunciante, los denunciados, los testigos y peritos. Al término de la audiencia, el congresista encargado de la investigación tiene cinco días hábiles para presentar un informe, que será debatido entre todos los miembros del grupo.

El informe final, que puede concluir con la acusación del investigado o con el archivamiento de la denuncia, debe ser remitido a la Comisión Permanente, presidida por María del Carmen Alva, a quien le corresponde ordenar la distribución del documento entre los miembros de este grupo y convocar a una sesión, antes de los dos días hábiles siguientes. Excepcionalmente, esta sesión puede coincidir con el día en que sesiona el pleno del Congreso.

Primera de las 148 páginas que comprende la denuncia constitucional contra Manuel Merino y sus ex ministros que presentó la Fiscalía de la Nación ante el Congreso.

Según la Fiscalía de la Nación, por los altos cargos que ostentaban, Manuel Merino, Antero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez tenían una posición de dominio sobre las fuerzas públicas de control policial. Sin embargo, no dispusieron medidas para controlar y mitigar la represión que ejercieron los agentes de la Policía Nacional del Perú y, por el contrario, permitieron que prosigan las mismas, lo que dejó dos personas fallecidas y 78 con lesiones graves y leves.

La Fiscalía de la Nación considera que hay suficientes indicios para sostener que las muertes y lesiones de ciudadanos que participaban en las manifestaciones sociales de noviembre de 2020 son imputables, además de a los ejecutores directos, a quienes tenían el deber de cuidado y omitieron sus funciones constitucionales y legales básicas, en un contexto de violación de derechos humanos. El Ministerio Público solo puede continuar la investigación luego del procedimiento parlamentario correspondiente.