Un año de avances, estancamientos y retrocesos en la búsqueda de justicia y reparación han vivido los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes asesinados, y las 78 personas heridas durante la violenta represión policial en las movilizaciones de protesta contra el gobierno de Manuel Merino, realizadas en las calles del centro de Lima, en noviembre de 2020.

Para las víctimas y sus abogados, los principales logros fueron a nivel penal: La denuncia constitucional presentada ante el Congreso de la República por la Fiscalía de la Nación contra el ex presidente Manuel Merino, el ex presidente del consejo de ministros, Antero Flores-Aráoz y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez y el inicio de la investigación preparatoria del Ministerio Público a 11 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. En ambos casos, se les acusa por los delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

El mayor retroceso está relacionado con el accionar de la Policía Nacional, por la absolución de los 11 policías involucrados en la investigación administrativa disciplinaria y porque esta institución se resiste a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público, cuando este le solicita documentos relacionados con la actuación de los agentes y los altos mandos.

El estancamiento se evidencia en la búsqueda de una reparación económica para las personas heridas durante las protestas, que deben recibir tratamiento médico, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones, y que no han podido seguir trabajando o estudiando por motivos de salud, por lo que se han truncado sus expectativas de vida.

En diciembre pasado, el gobierno del presidente Francisco Sagasti creó una comisión multisectorial en el Poder Ejecutivo para hacer seguimiento a las víctimas de la represión policial durante las protestas del 10 al 14 de noviembre de 2020, en temas de salud, educación, trabajo, entre otros. Sin embargo, los representantes de este grupo se han limitado a tener conversaciones con los afectados, quienes tienen la esperanza de obtener una reparación por esta vía.

Este último sábado, el presidente Pedro Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, suscribieron la resolución suprema que crea la Comisión Multisectorial para atender a los deudos y víctimas de las marchas de noviembre y diciembre de 2020. 

Barreras en el Estado

“Siempre he sido una persona deportista. Jugaba fútbol, básquet y era bartender. Ahora, no puedo hacer deportes porque tengo una pierna mal. Si hago ejercicio, se hincha. Estoy encerrado en mi casa porque debo estar pendiente de la bolsa de colostomía que tengo. Estoy esperando una operación desde febrero”, relata a Convoca.pe Percy Pérez Shapiama, herido en las protestas de noviembre de 2020.

A Percy Pérez, los policías le dispararon con una escopeta. Una canica de vidrio le perforó el abdomen cuando se desplazaba por la avenida Nicolás de Piérola. Cayó al pavimento y fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y lo llevaron al hospital Guillermo Almenara, señala la denuncia fiscal presentada contra los 11 altos mandos responsables del accionar policial.

A pesar de que la mayoría de los afectados por la violencia policial no quieren hablar mucho del tema, porque les genera depresión y otros problemas de salud mental, Percy Pérez ha asumido el encargo de dar la cara por este grupo en la búsqueda de justicia, reparación y no repetición y es uno de los cuatro representantes de la Asociación de Víctimas y Familiares del 10 al 14 de noviembre.

Percy Pérez reconoce que la única forma de recibir una reparación del Estado antes de que concluya el proceso judicial es a través de la comisión multisectorial del Ejecutivo. “Ya tuvimos una reunión con la premier, Mirtha Vásquez, pero solo quedó en una conversación. No hay un compromiso de activar la comisión multisectorial. Pediremos una nueva reunión para comprometerla, para pedir la reparación inmediata, que debe ser individual, de acuerdo con la gravedad de cada caso”, explicó.

La voluntad política que expresó, en un primer momento, el gobierno del presidente Francisco Sagasti fue decayendo, según Carlos Rivera, abogado de la familia del fallecido Inti Sotelo. “Los familiares se han encontrado con una serie de barreras administrativas que no han podido superar, sobre todo en los temas de salud”, explicó.

La última acción del gobierno de Sagasti sobre este caso, fue la promulgación de un decreto supremo, en julio pasado, que otorga una indemnización de 40 mil soles a los padres de Inti y Bryan, “de manera excepcional y por única vez”. Sin embargo, la norma aclara que que este apoyo económico “no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria". 

Al cierre de esta nota, horas antes de que se cumpla un año de estos sucesos, el gobierno de Pedro Castillo anunció la firma de una resolución suprema que crea la comisión multisectorial a cargo de ver la situación de los familiares de las víctimas mortales y de los heridos de las marchas de noviembre y diciembre de 2020.

“Los heridos son las pruebas vivientes de la represión policial. Cuando le miras, parece sano, no es así. Cuando conoces las historias te das cuenta de que es algo duro y, a veces, no sabes cómo responder, cómo decirles...“, dice Óscar Pintado, padre de Bryan Pintado, asesinado durante la represión policial del 14 de noviembre de 2020.

Heridos y familiares de asesinados por violenta represión policial exigen sanción para los responsables. Foto: Asociación de Víctimas y Familiares del 10 al 14N

Policía versus Fiscalía

“Si la Fiscalía ha encontrado indicios de responsabilidad de carácter criminal entre 11 oficiales, cómo es posible que la Policía diga que todo estuvo bien, que no hubo ningún hecho irregular, sin que haya una valoración de que hubo un uso desproporcionado de la fuerza”, se pregunta el abogado Carlos Rivera quien cuestionó que el avance de la investigación del Ministerio Público vaya en una dirección y el de la Policía en sentido contrario.

La investigación administrativo disciplinaria iniciada a los 11 oficiales en la Policía Nacional, pasó en segunda instancia y la Inspectoría de la PNP se pronunció por la absolución. Esta decisión ha subido al tribunal de disciplina policial, que es la última instancia que debe pronunciarse sobre esta investigación administrativo disciplinaria, según informó el ministro del Interior, Avelino Guillén.

El abogado Carlos Rivera explicó que las víctimas no pueden reclamarle a la PNP porque no son parte de la investigación de carácter administrativo disciplinario, que solo involucra a los agentes. “El ministro del Interior no puede decirle a la Policía que sancione a tal o cual persona, porque debe haber un debido proceso, inclusive dentro del proceso disciplinario administrativo, pero es importante que se haga de público conocimiento”, afirmó.

Aunque Carlos Rivera reconoce que la investigación administrativa no va a ser decisiva para la investigación penal, advierte que si los resultados son favorables a los policías van a ser usados como "una suerte de palanca para poder maniobrar en la investigación penal".

El caso en el Ministerio Público que involucra a 11 altos mandos policiales se encuentra en etapa de investigación preparatoria y, cuando concluyan los ocho meses de plazo, en mayo de 2022, la Fiscalía deberá decidir si presenta una acusación penal y el Poder Judicial determinará el inicio de un juicio para establecer responsabilidades.

Numerosas personas salieron a las calles este sábado 13 de noviembre para exigir a las autoridades justicia y reparación. Foto: Cynthia Valle/Facebook

La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra Manuel Merino y sus ex ministros Antero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez se encuentra en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que tiene 202 denuncias constitucionales por ver. El 12 de noviembre, este grupo de trabajo tuvo su primera sesión, en la que no se mencionó esta denuncia sino que dio prioridad a otras que han caducado o están por caducar, porque ya se cumplen los cinco años que establece la ley para el derecho de antejuicio que tienen los altos funcionarios públicos.

La primera sesión de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales casi se frustra porque no había el quorum requerido. Casi media hora después, se inició con la asistencia de ocho de los 17 miembros. Como ningún parlamentario quería encargarse voluntariamente de 22 denuncias que estaban por caducar y ante el pedido de la presidenta de este grupo de trabajo, Rocío Torres, solo había silencio, esta tuvo que designar a un legislador para que asuma dicha tarea. Precisamente, silencio es lo que ha habido y hay en el Congreso de la República con respecto a su papel en la búsqueda de justicia para Inti y Bryan y todos los heridos en las protestas de noviembre.