Trece congresistas que lograron un escaño en el nuevo Senado tienen en común un historial de votaciones que debilitó el sistema de justicia, blindó a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos y mantuvo abierta la puerta legal que permite operar a la minería ilegal. 

En estos comicios, 57 legisladores buscaron la reelección postulando a la cámara alta, y 14 obtuvieron un escaño. Una revisión de Convoca.pe halló que 13 de ellos comparten un polémico antecedente legislativo: votaron a favor o fueron coautores de las denominadas “leyes procrimen” observadas por el Ministerio Público por debilitar la lucha contra la corrupción y crimen organizado; la ley de amnistía para militares y policías procesados o condenados por delitos cometidos durante los años de violencia interna, y las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalado por especialistas como un escudo legal aprovechado por redes de minería ilegal.

De los trece senadores electos cuestionados, once pertenecen a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular. La única excepción es el bloque de Juntos por el Perú, cuyos tres representantes electos —Silvana Robles, Bernardo Quito y Víctor Cutipa— no votaron por la ley de amnistía pero sí respaldaron ampliaciones del Reinfo y al menos una ley procrimen cada uno.

Un análisis de las votaciones del Congreso entre 2021 y 2026 identificó que once congresistas que llegan al nuevo Senado apoyaron la llamada ley de amnistía o participaron en su elaboración, mientras que todos respaldaron al menos una ampliación del Reinfo y votaron a favor de alguna de las seis normas que la Fiscalía de la Nación identificó como un “debilitamiento estructural” de la capacidad del Estado para investigar corrupción y crimen organizado.

Entre ellos figuran el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), quienes acumulan siete votos favorables a leyes consideradas perjudiciales para el sistema de justicia. Milagros Jáuregui (Renovación Popular) registra ocho respaldos y promovió la norma que introduce sanciones contra jueces y fiscales.

Solo una senadora electa, Ruth Luque Ibarra, votó en contra de ese paquete de normas.

La radiografía de las votaciones más dañinas

El análisis de Convoca.pe permitió identificar que 11 de los 13 senadores electos cuestionados votaron a favor de la Ley de Amnistía , o fueron sus coautores, para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de 1980 al 2000.

Los 13 respaldaron al menos una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el mecanismo que, según expertos, ha funcionado como escudo de impunidad para la minería ilegal durante más de una década.

Estos legisladores votaron a favor de al menos una de las seis leyes que el Ministerio Público ha señalado como obstáculos para combatir el crimen organizado y la corrupción.

Dos de ellos, Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante, registran siete votos a favor de leyes procrimen cada uno, siendo además autores o coautores de las normas más cuestionadas. Milagros Jáuregui suma ocho votos favorables a ese mismo bloque legislativo, y es autora de la ley que introduce sanciones a jueces y fiscales.

El bloque que regresa: quiénes son y qué votaron

Fuerza Popular acapara los casos de mayor compromiso con las normas cuestionadas. El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, es autor del proyecto de Ley 06951, que se convirtió en la Ley 32107 sobre crímenes de lesa humanidad, y de la Ley 32181 que derogó la prisión preventiva para efectivos policiales. Rospigliosi votó siete veces a favor de leyes procrimen y respaldó la ley de amnistía y cuatro ampliaciones del Reinfo.

La congresista fujimorista, Carmen Patricia Juárez Gallegos, votó a favor de la ley de amnistía y de cuatro ampliaciones del Reinfo. La legisladora votó en bloque con Fuerza Popular en la Comisión Permanente para reducir plazos de prescripción en delitos de corrupción.

Martha Moyano Delgado, de Fuerza Popular, apoyó la amnistía en la Comisión Permanente y respaldó cuatro ampliaciones del Reinfo. Votó a favor de las leyes 31990, 31751 y 32181.

El fujimorista Alejandro Aguinaga Recuenco, senador electo por Lambayeque, votó a favor de la Ley de Amnistía en la Comisión Permanente y apoyó tres ampliaciones del Reinfo. También respaldó las leyes 31990 (norma que debilitar la colaboración eficaz), 31751 (norma que reduce el tiempo para investigar delitos, afectando procesos por corrupción y crimen organizado) y 32181 (norma que elimina la posibilidad de detención preliminar en casos no flagrante). 

Renovación Popular suma dos casos de alto perfil. Alejandro Muñante Barrios es coautor de la Ley de Amnistía y autor principal del PL 08507, que se convirtió en la ley que sanciona a jueces y fiscales que no soliciten prisión preventiva en determinados casos y afecta la independencia judicial.

Muñante registra siete votos a favor de leyes procrimen. Fue coautor de la Ley 32107, que redefine la aplicación a crímenes de lesa humanidad y, según la Fiscalía, afecta procesos por violaciones de derechos humanos, incluso con sentencias en curso

Milagros Jáuregui Martínez (Lima Metropolitana) es coautora de la Ley de Amnistía, registra ocho votos a favor de leyes procrimen y es coautora de la Ley 32182 que modifica la carrera fiscal y judicial e introduce sanciones a jueces y fiscales.

Las seis leyes que ponen en jaque al sistema de justicia

El 14 de enero de 2025, la Fiscalía de la Nación lanzó una nueva advertencia al Congreso: seis leyes aprobadas durante la legislatura saliente han debilitado de forma estructural la capacidad del sistema de justicia para investigar y sancionar al crimen organizado y la corrupción en el Perú. En un contexto marcado por el avance de economías ilegales, redes criminales y ataques contra fiscales y jueces, el Ministerio Público sostuvo que estas normas reducen herramientas clave para las investigaciones complejas, acortan plazos procesales, restringen medidas de detención y elevan barreras para las diligencias fiscales.

Entre las disposiciones observadas figuran la Ley 31990, que limita el tiempo para corroborar información de colaboradores eficaces; la Ley 31751, que reduce los plazos de prescripción de delitos; y la Ley 32181, que elimina la detención preliminar en casos no flagrantes, incluso en investigaciones de alta complejidad.

La alerta de la Fiscalía también alcanza a normas que, según advirtió, pueden generar impunidad y afectar la independencia judicial. La Ley 32107 redefine la aplicación de los crímenes de lesa humanidad y ya viene siendo utilizada por exmilitares condenados o procesados para solicitar beneficios judiciales. A ello se suma la Ley 32108, que modifica la tipificación del crimen organizado y exige la presencia de abogados durante allanamientos, una medida que —de acuerdo con el Ministerio Público— ralentiza intervenciones urgentes y ya ha favorecido a investigados por corrupción en decisiones judiciales.

La Ley 32182 incorpora sanciones muy graves contra fiscales y jueces por determinadas actuaciones procesales, lo que, según la Fiscalía, pone en riesgo la autonomía con la que deben actuar magistrados encargados de casos sensibles. En conjunto, las seis normas fueron descritas por el Ministerio Público como una contrarreforma que erosiona la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales y garantizar justicia en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

La ley de amnistía: impunidad para crímenes que no prescriben

La Ley 32107, promulgada en agosto de 2024, establece la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto de Roma. Fue el primer paso de una ofensiva legislativa que culminó con la Ley 32419, la llamada nueva Ley de Amnistía, promulgada en agosto de 2025 y que concede exoneración de responsabilidad a militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en hechos del conflicto armado interno.

El impacto documentado es concreto: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que estas normas afectarían 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos judiciales en curso, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado que dejó, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), 69,280 víctimas fatales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) intervino en dos oportunidades ordenando al Estado peruano abstenerse de aplicar estas normas, citando su incompatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los precedentes establecidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ambos referidos a crímenes cometidos en Perú. Expertos de la ONU también alertaron que la legislación impediría el procesamiento de individuos que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, poniendo al Estado "en claro incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional".

Fernando Rospigliosi, uno de los impulsores de la norma y hoy senador electo, argumentó que la iniciativa responde a recomendaciones del Tribunal Constitucional y que correría la tipificación aplicada de forma irregular contra militares y policías. El Tribunal Constitucional validó la vigencia de la Ley 32107 en diciembre de 2025, al declarar infundadas las demandas de inconstitucionalidad. No obstante, la Corte IDH mantiene su posición de que la norma es inaplicable a los casos en los que el Perú aceptó su jurisdicción.

El Reinfo: una década de impunidad para la minería ilegal

El Registro Integral de Formalización Minera fue creado en 2017 como mecanismo transitorio para regularizar a los pequeños mineros. Pero diez años después y con múltiples ampliaciones, solo el 2.31% de los inscritos culminó el proceso de formalización, según datos del Colegio de Abogados de Lima. En 2024, de los 84,349 mineros inscritos a nivel nacional, apenas 18,488 contaban con permisos vigentes.

El mecanismo es simple y devastador: mientras un minero figure en el Reinfo —bastando para ello una declaración jurada—, puede continuar sus operaciones sin contar con autorizaciones, permisos ni instrumentos de gestión ambiental. Y lo más significativo: su actividad queda excluida de la fórmula penal del delito de minería ilegal.

Las ampliaciones sucesivas votadas por los trece senadores electos cuestionados por Convoca.pe han profundizado esa lógica. Especialistas advierten que la prolongación del Reinfo "agrava los problemas de minería ilegal y criminalidad" porque "las redes criminales aprovechan los vacíos legales" para operar con impunidad. En Pataz, región con creciente presencia del crimen organizado, medios de comunicación han identificado inscripciones en el Reinfo vinculadas a actividades de bandas criminales.

El daño ambiental es igualmente documentado. La minería ilegal de oro opera en al menos nueve regiones amazónicas, ha invadido más de 200 ríos y quebradas, y vierte aproximadamente 40 toneladas de mercurio anualmente en los ríos y la cuenca amazónica. Solo en Madre de Dios, entre 2001 y 2024, se han degradado más de 119,000 hectáreas de bosque. La Contraloría General de la República advirtió, en marzo de 2024, que las modificaciones aprobadas al régimen de explosivos debilitaron la capacidad de la PNP para actuar frente a la tenencia ilegal en zonas mineras.

A pesar de todo ello, el Congreso aprobó en 2024 una nueva ampliación del Reinfo —la sexta desde su creación— hasta junio de 2025. Y al cierre de esta edición, la Comisión de Energía y Minas discutía extender el registro hasta diciembre de 2027.

La única voz disidente

En un escenario donde 13 de los 14 excongresistas reelectos al Senado respaldaron al menos una de las tres agendas cuestionadas, la única excepción es Ruth Luque Ibarra (Ahora Nación), quien votó en contra de la ley de amnistía, en contra de las ampliaciones del Reinfo y en contra de las leyes procrimen.

En el debate de la ampliación del Reinfo, Luque fue una de las pocas voces que alertó sobre el impacto directo en los territorios de comunidades indígenas: "La permanente ampliación y poca decisión política del Estado en estos largos años hizo que no se sepa qué termina siendo informal e ilegal. El impacto directo lo reciben los territorios de las comunidades indígenas, lo sufren los ríos, lagunas y más".