Según el registro oficial de candidaturas, 88 congresistas en funciones buscan mantenerse en el poder en las elecciones generales de 2026, distribuidos de la siguiente manera: 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y 2 al Parlamento Andino

Se trata de legisladores que, pese a la baja aprobación del Congreso, que bordea el 15 %, intentan continuar en el sistema político bajo el nuevo esquema bicameral aprobado por el propio Parlamento.

La situación reabre un debate clave para la democracia peruana: ¿existen controles reales para impedir que los actuales legisladores usen su cargo, recursos públicos o visibilidad institucional para favorecer su campaña electoral?

Para entender los alcances de este escenario, Convoca.pe conversó con José Naupari Wong, abogado constitucionalista y especialista en derecho electoral, y con José Manuel Villalobos Campana, abogado y magíster en Derecho Electoral, quienes explican los vacíos, límites y riesgos del nuevo marco normativo.

¿Qué controles existen sobre los congresistas que buscan reelegirse?

La legislación electoral sí establece restricciones al uso de recursos públicos por parte de funcionarios que postulan a cargos de elección popular. Sin embargo, su aplicación es limitada.

Según explica José Manuel Villalobos, la ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 346, establece reglas para los funcionarios públicos candidatos, incluyendo la prohibición de usar recursos públicos o sus cargos para campañas. 

La infracción de esta norma es sancionable e incluso puede ser considerada delito. “Hay un procedimiento para quienes infrinjan la norma, que puede resultar en una denuncia a la Fiscalía de la Nación o Contraloría de la República, y en el caso de candidatos, en una multa de 30 a 50 UIT”, detalla Villalobos. 

Sin embargo, José Naupari nos alerta que de una modificación del reglamento del Congreso que permite que los congresistas no tengan que pedir licencia para actividades proselitistas en días sin sesiones plenarias o de comisiones. “Esto genera un problema porque, aunque usen su propio dinero, se les sigue pagando una remuneración, lo que materialmente financia su campaña”, señala. 

Asimismo, Naupari nos recuerda que la Comisión de Ética del Congreso es un control existente,  pese "casi no sanciona a nadie", es un control existente, puede actuar en estos casos. También la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que puede intervenir dependiendo de la gravedad de la infracción al deber de un trabajador o el aprovechamiento del cargo.

Por último, el Jurado Nacional de Elecciones: Como juez de segunda instancia, puede evaluar infracciones al deber de la autoridad.

¿Se vulneró el referéndum de 2018 con la reelección?

Uno de los cuestionamientos más recurrentes es si la reelección aprobada por el Congreso vulnera el referéndum de 2018, en el que la ciudadanía votó contra la reelección parlamentaria.

Ambos especialistas coinciden en que legalmente no hubo una infracción, aunque reconocen el cuestionamiento político.

“La ley establece que el resultado de un referéndum tiene un plazo de vigencia. En este caso, era de dos años. Pasado ese tiempo, el Congreso estaba habilitado para volver a legislar sobre el tema”, explica Villalobos.

Naupari añade que, aunque jurídicamente válido, lo ideal habría sido someter nuevamente la reforma a consulta popular: “Hubiese sido más legítimo un nuevo referéndum, pero constitucionalmente el Congreso sí tenía la facultad de hacerlo”.

Senado y Cámara de Diputados

La reforma también devuelve al país a un sistema bicameral. El Senado tendrá mayores atribuciones: designará altos funcionarios del Estado, revisará normas aprobadas por Diputados y ejercerá un rol clave de control político.

Según Naupari, esta estructura implica una concentración de poder relevante:

“El Senado va a tener una posición dominante. No solo revisa leyes, sino que elige autoridades como el contralor o los magistrados del Tribunal Constitucional”.

En paralelo, la Cámara de Diputados mantendrá funciones legislativas y de fiscalización, similares a las del actual Congreso unicameral.

El problema, advierten los especialistas, es que la ciudadanía votará en una sola jornada por cinco cargos distintos, lo que puede generar confusión: presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y Parlamento Andino.

“Vamos a tener cinco elecciones en una sola cédula. Es un diseño complejo y la responsabilidad de informar adecuadamente recae en los organismos electorales”, señala Villalobos.

Una elección decisiva

Las elecciones de 2026 no solo definirán quiénes ocuparán el Congreso, sino también qué tipo de reglas regirán la democracia peruana en los próximos años. Con un Congreso que legisla para sí mismo, un sistema electoral complejo y un electorado desinformado, el desafío es enorme.

Al final del día, será la ciudadanía la que decida si premia o castiga. Pero para decidir bien, necesita información clara, reglas justas y transparencia, coinciden ambos especialistas

Quiénes son los 88 congresistas que buscan reelegirse

El grupo más numeroso es el de los 57 congresistas que aspiran al Senado, cámara que concentrará las mayores atribuciones políticas: designación de altas autoridades, control constitucional y revisión de leyes. Entre ellos figuran figuras con amplio poder interno, historial de controversias o roles clave en la aprobación de la reforma que hoy los beneficia:

Postulan al Senado: Alejandro Aguinaga, Lady Camones, Guido Bellido, Ernesto Bustamante, Waldemar Cerrón, Nilza Chacón, Roberto Chiabra, Isabel Cortez, Flavio Cruz, José Cueto, Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Gladys Echaíz, Hamlet Echevarría, José Elías, Alex Flores, Víctor Flores, Américo Gonza, Raúl Huamán, Milagros Jáuregui, David Jiménez, Patricia Juárez, Luis Kamiche, Esmeralda Limachi, Jenny López, José Luna, Ruth Luque, Edward Málaga, Jorge Marticorena, Elizabeth Medina, Isaac Mita, Segundo Montalvo, Jorge Montoya, Jorge Morante, Marta Moyano, Alejandro Muñante, Javier Padilla, Margot Palacios, Francis Paredes, Carol Paredes, Alex Paredes, Kelly Portalatino, Jaime Quito, Abel Reyes, Silvana Robles, Fernando Rospigliosi, Magaly Ruiz, Eduardo Salhuana, María Taipe, Edgar Tello, Rocío Torres, Katy Ugarte, Héctor Valer, Elías Varas, Héctor Ventura, José Williams Zapata y Carlos Zeballos.

Varios de ellos arrastran cuestionamientos públicos, investigaciones fiscales, cambios reiterados de bancada o participación directa en la aprobación de normas que hoy los favorecen electoralmente.

Otros 29 congresistas apuntan a la Cámara de Diputados, órgano que concentrará la labor legislativa cotidiana y el control político del Ejecutivo.

Entre ellos figuran: Arturo Alegría, Luis Aragón, Alfredo Azurín, Rosángela Barbarán, Diego Bazán, Sigrid Bazán, Juan Burgos, Eduardo Castillo, Alejandro Cavero, Miguel Ciccia, Jessica Córdova, Diana González, Mery Infantes, Heidy Juárez, Edith Julón, Esdras Medina, Auristela Obando, Ariana Orué, Tania Ramírez, César Revilla, Cheryl Trigoso, Adriana Tudela, Norma Yarrow, Óscar Zea, Jorge Zeballos, Ana Zegarra, María Zeta, Alejandro Soto y Roberto Sánchez.

En este grupo destacan figuras que han sido cuestionadas por cambios de bancada, uso de recursos públicos, posturas contradictorias frente a la reelección o por respaldar normas impopulares y luego buscar mantenerse en el poder.

Dos congresistas optan por el Parlamento Andino: Rosselli Amuruz (Avanza País) y José Arriola (Avanza País) Ambos casos han generado cuestionamientos por el bajo nivel de fiscalización que históricamente tiene este organismo y por la escasa rendición de cuentas de quienes lo integran.

Un sistema que se evalúa a sí mismo

La situación genera una paradoja institucional: el mismo Congreso que modificó las reglas para permitir la reelección es el que ahora se beneficia directamente de ellas. Como señaló el abogado José Naupari, “el control existe en el papel, pero en la práctica es débil”, mientras que José Manuel Villalobos advirtió que la legalidad del proceso no necesariamente garantiza legitimidad democrática.

En un escenario marcado por la desconfianza ciudadana, el reto no es solo votar, sino comprender quiénes buscan permanecer en el poder, bajo qué reglas y con qué antecedentes.