Mientras el país atraviesa una de las mayores crisis de seguridad de las últimas décadas, al menos 17 congresistas que hoy postulan al nuevo Congreso bicameral votaron de manera reiterada —más de seis veces— a favor de seis leyes que el Ministerio Público considera un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Un análisis de Convoca.pe revisó las votaciones del Pleno y de la Comisión Permanente que llevaron a la promulgación de estas normas, conocidas por la ciudadanía como “leyes procrimen” y que la Fiscalía de la Nación advirtió en 2025 (con Delia Espinoza como fiscal de la Nación) que restringen herramientas de investigación penal, reducen plazos de persecución de delitos y permiten sanciones contra fiscales y jueces que investigan casos complejos.

Todas las normas fueron aprobadas entre 2023 y 2024, y hoy varios de sus principales respaldos parlamentarios buscan mantenerse en el poder como senadores o diputados, algunos incluso integrando planchas presidenciales.

Los que buscan el Senado y la Cámara de Diputados 

Con el retorno al sistema bicameral, el Senado concentrará funciones estratégicas en el equilibrio de poderes, como la ratificación de altos funcionarios del Estado, el control político de organismos constitucionales autónomos y la revisión final de las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados. Además, tendrá un rol decisivo en acusaciones constitucionales y procesos de inhabilitación, lo que convierte a esta cámara en un espacio clave para el rumbo del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción.

Convoca.pe identificó 10 congresistas que apunta al Senado y que votaron continuamente por las leyes procrimen. Varios de estos congresistas no solo respaldaron de forma reiterada las reformas penales cuestionadas por la Fiscalía, sino que además han estado vinculados a investigaciones fiscales o a controversias públicas por el uso del poder parlamentario. 

José Cueto lidera el ranking con 13 votos a favor de seis leyes procrimen y postula al Senado con Renovación Popular. Le sigue Jose Luna con 12 votaciones a favor, quien además de postular al Senado es candidato presidencial. Luna es investigado por el Ministerio Público en el caso Los Gánsteres de la Política, relacionado con presuntas redes de inscripción irregular de partidos políticos y vínculos con autoridades electorales. 

También se identificó a José Elías, que votó 10 veces a favor de las leyes procrimen. Busca postular al postula al Senado con Alianza por el Progreso, pero el Jurado Electoral Especial de Ica ha declarado improcedente su candidatura. 

Américo Gonza también registra 10 votos a favor y postula al Senado con Perú Libre. Es impulsor de reformas que buscan el control del Ministerio Público. Javier Padilla postula al Senado con Sí Creo. Registra 10 votaciones a favor de las leyes procrimen. Es acusado de solicitar reembolso por gastos de combustible en fechas que no hizo actividades legislativas

Otro caso es el de Milagros Jáuregui (Renovación Popular), una de las principales impulsoras de iniciativas legislativas contra la educación sexual integral (ESI) en las escuelas públicas. Su postura que ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y especialistas en salud pública por su impacto en la prevención de violencia sexual y embarazos adolescentes. Jáuregui también integró el grupo de congresistas que respaldó varias de las leyes que la Fiscalía considera un retroceso en la lucha contra el crimen. 

Edgar Tello (Podemos Perú) ha sido denunciado y la Comisión de Ética Parlamentaria aceptó la denuncia contra él por presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho, en un caso conocido como “mochasueldo”.

Reportes indican además que en la Comisión de Ética la denuncia fue tramitada y que el grupo de trabajo decidió amonestarle con multa, aunque no se le sancionó con suspensión.

Heidy Juárez (Podemos Perú) también ha enfrentado denuncias por presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho. En enero de 2024 el Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario como parte de una investigación por presunto delito de concusión relacionada con este caso (‘mochasueldos’). Su caso fue llevado a la Comisión de Ética, que no logró avanzar una suspensión y la denuncia continuó en trámite

Sumado a ellos, siete congresistas apuntan a la Cámara de Diputados tras haber aprobado leyes procrimen. La Cámara de Diputados concentrará la iniciativa legislativa y el primer filtro político de las leyes, ya que será donde se presenten, debatan y aprueben en primera instancia la mayoría de proyectos de ley, incluidos los vinculados a seguridad ciudadana, justicia penal y reformas del Estado. También tendrá un rol central en el control político cotidiano, a través de interpelaciones, censuras a ministros y comisiones investigadoras, lo que la convierte en un espacio decisivo para marcar la agenda legislativa y fiscalizar al Ejecutivo.

Estos respaldos se produjeron en votaciones que incluyeron primeras votaciones en el Pleno, exoneraciones de segunda votación y ratificaciones en la Comisión Permanente, mecanismos que permitieron acelerar la promulgación de normas de alto impacto penal.

Las seis leyes cuestionadas por la Fiscalía

El pasado 14 de enero, el Ministerio Público reiteró que seis leyes aprobadas por el Congreso representan un debilitamiento estructural del sistema de justicia, en un contexto donde los homicidios y delitos vinculados al crimen organizado continúan en aumento.

Ley 31990: Colaboración eficaz
Limita el tiempo para corroborar la información brindada por colaboradores, reduciendo la capacidad de la Fiscalía para desarticular redes criminales complejas. Fue aprobada con 85 votos en primera votación, 83 para exonerar la segunda votación y 89 votos en insistencia.
Ley 32107 : Crímenes de lesa humanidad
Redefine la aplicación de estos delitos y, según la Fiscalía, afecta procesos por violaciones de derechos humanos, incluso con sentencias en curso. Se aprobó con 60 votos en el Pleno y 15 en la Comisión Permanente. Actualmente es usada por exmilitares condenados o procesados para solicitar beneficios judiciales.
Ley 32181: Eliminación de la detención preliminar
Elimina la posibilidad de detención preliminar en casos no flagrantes, incluso en investigaciones complejas.Aprobada con 94 votos en primera votación y 88 votos para exonerar la segunda votación. Aunque el Congreso intentó restituir la medida, la norma sigue vigente tras la observación del Ejecutivo.
Ley 31751: Reducción de plazos de prescripción
Reduce el tiempo máximo para investigar delitos, afectando procesos por corrupción y crimen organizado que requieren años de peritajes y análisis financieros.
Aprobada con 79 votos en primera votación y 90 en segunda votación.
Ley 32108: Nueva tipificación de crimen organizado
Cambia la definición legal de organización criminal y exige presencia de abogado en allanamientos, lo que, según la Fiscalía, ralentiza intervenciones urgentes.
Fue aprobada con 50 votos en el Pleno y 12 en Comisión Permanente.
Esta norma ya ha sido utilizada en decisiones judiciales que favorecieron a investigados por corrupción y redes de poder.
Ley 32182: Sanciones a fiscales y jueces
Introduce faltas muy graves para magistrados que, por ejemplo, no soliciten prisión preventiva en determinados casos, lo que —según el Ministerio Público— puede afectar la independencia judicial. Aprobada con 84 votos en primera votación y 82 en la exoneración de la segunda.

Los autores y coautores de los proyectos también buscan la reelección

Además de votar a favor de estas reformas, cuatro congresistas que hoy buscan la reelección en el Senado participaron directamente como autores o coautores de los proyectos de ley que dieron origen a las normas cuestionadas por la Fiscalía. Todos pertenecen a la bancada de Perú Libre: Waldemar Cerrón, Flavio Cruz , Américo Gonza y Kelly Portalatino 

El análisis de Convoca.pe identificó que estos parlamentarios firmaron hasta en cuatro proyectos de ley que luego fueron acumulados o dictaminados y terminaron convertidos en las seis leyes consideradas un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

El número consignado corresponde a la cantidad de iniciativas legislativas en las que cada congresista figura como autor o coautor y que derivaron, tras su acumulación y debate parlamentario, en la aprobación de las leyes cuestionadas por el Ministerio Público.

Estas iniciativas fueron debatidas principalmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, desde donde pasaron al Pleno y, en algunos casos, a la Comisión Permanente, que ratificó las votaciones finales durante los recesos parlamentarios.

“Si se ratifica esta mayoría, esto se va a perpetuar”

En entrevista con Convoca.pe, el exprocurador anticorrupción Yvan Montoya advirtió que, si esta misma correlación política se mantiene tras las elecciones, el debilitamiento institucional continuará:

Si la clase política actual en el Congreso, con los mismos nombres o con otros, se vuelve a ratificar en los cargos con una mayoría reconocible en las próximas elecciones, esto se va a perpetuar. No habrá justicia que pueda procesar al poder, sostiene Montoya.

El exprocurador anticorrupción indica que distintas instancias del Estado han sido cooptadas para bloquear investigaciones por corrupción y abuso de poder, incluidas las indagaciones por las muertes ocurridas entre 2022 y 2023:

También señaló que algunos políticos que aprobaron estas leyes hoy apuntan al Senado, mientras enfrentan investigaciones o forman parte de redes de protección política

El análisis de Convoca.pe muestra que quienes hoy solicitan nuevamente el voto ciudadano respaldaron de manera sistemática reformas que reducen la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, en un escenario donde la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la población.

Con la instalación del nuevo Congreso bicameral, varios de estos legisladores podrían regresar con mayor poder político y capacidad de influencia legislativa, pese a haber respaldado normas que, según la propia Fiscalía, afectan la administración de justicia.

En ese contexto, el proceso electoral no solo definirá nuevas autoridades, sino también si se consolida o se revierte el rumbo legislativo que ha debilitado la lucha contra el crimen y la corrupción en el país.