Memoria y justicia pendiente: Perú cierra el 2025 con un retroceso en derechos humanos

Cada jueves, durante 20 semanas consecutivas, familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos construyen un memorial frente al Poder Judicial que demanda justicia al sistema peruano por los asesinados y desaparecidos en contextos de represión estatal

Instalan fotografías de rostros en blanco y negro, pegados uno al lado del otro, iluminados por velas, que corresponden a personas asesinadas o desaparecidas hace más de tres décadas, durante los años de violencia política, con la dictadura de Alberto Fujimori, pero también a víctimas recientes de la represión estatal de los gobiernos de Dina Boluarte y José Jeri. 

La vigilia número 20 se realizó el 25 de diciembre, una fecha simbólica que reforzó el carácter persistente de la protesta, incluso en medio de las festividades de fin de año. "En estas fiestas, nuestras familias no están completas. No puede haber una “Feliz Navidad” mientras los regímenes autoritarios y su impunidad sigan violentando a nuestros seres queridos y a quienes luchan incansablemente "

​"A pesar del dolor, nos mantenemos unidos y firmes en el camino de la búsqueda de la verdad. Porque la ausencia de quienes amamos jamás será olvidada", señalan las familias.

En el plantón 19 se recordó a los diez hermanos ayacuchanos asesinados el 15 de diciembre de 2022, quienes murieron por uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Foto: Convoca 

En la jornada previa a Navidad, en un mismo espacio se hizo memoria de Pedro Huilca, dirigente sindical asesinado en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori, en un crimen atribuido al grupo Colina, escuadrón de la muerte vinculado a agentes del Estado; así como de Kenneth Anzualdo, estudiante universitario desaparecido y posteriormente asesinado en 1993, en el contexto del conflicto armado interno, tras ser detenido por fuerzas estatales.

Hasta que la justicia se haga costumbre

Las consignas son claras y repetidas: “No a la amnistía”, “No a la impunidad”, “Hasta que la justicia se haga costumbre”. En grandes lienzos se enumeran decenas de casos que siguen sin sentencia firme, algunos desde los años ochenta, otros desde los noventa, y los más recientes vinculados a la respuesta violenta del Estado frente a la protesta social entre 2022 y 2023.

El plantón es persistente. Hay madres, hijas, hijos, hermanas; músicos, cantos, flores y retratos sostenidos con cuidado. La escena se repite semana tras semana como un recordatorio: el paso del tiempo no ha traído justicia. Para quienes participan, el plantón es también una forma de resistencia frente a un contexto que busca reinstalar la impunidad mediante leyes de amnistía.

Los jueves de memoria frente al Palacio de Justicia son una demanda histórica que condensan el balance de un año marcado por la frustración, el temor y la desconfianza en las instituciones, pero también por la persistencia de una demanda que no se extingue con los años: verdad, justicia y reparación.

Memorial con los desaparecidos y asesinados en los regímenes autoritarios de los años 90 al 2000s. Foto: Convoca

Retroceso en derechos humanos

Para Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el balance es claro y preocupante. “Actualmente tenemos una arremetida de leyes que traban y ponen obstáculos al derecho que tienen las víctimas de acceder a la justicia”, advierte. Se refiere, principalmente, a las normas promovidas desde el Congreso que buscan limitar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y otorgar amnistías a personas investigadas o condenadas por graves violaciones a los derechos humanos.

Uno de los ejes más sensibles del debate público este año ha sido la ley de amnistía, que para las organizaciones de derechos humanos constituye un intento de reinstalar la impunidad que marcó los años noventa. Cano recuerda que no es la primera vez que el país enfrenta este escenario.

“En 1995 se aprobó una primera ley de amnistía. Las víctimas de los años 80 y 90 tuvieron que luchar hasta el 2001 para que esa norma sea derrotada y recién entonces se reabran algunos casos”, señala.

La demanda es la derogación de la Ley Amnistía. Foto: Walter Hupiu

Sin embargo, a más de dos décadas de ese hito, cerca de 100 a 120 casos, principalmente de la década de 1980, continúan pendientes. El principal obstáculo: la negativa del Estado a entregar información clave, especialmente archivos militares. “En los años 90 se pudo reconstruir cómo operaban los grupos de inteligencia. El gran problema son los años 80, porque esa información no se ha querido entregar”, explica Cano.
Justicia lenta, recursos escasos

El problema no se limita al marco legal. Cano subraya que el propio Estado ha debilitado las posibilidades de investigación al asignar presupuestos insuficientes al Poder Judicial y al Ministerio Público. Actualmente, existe una sola sala penal dedicada a casos de derechos humanos, lo que provoca que los juicios avancen apenas una hora por semana o, en algunos casos, una vez cada quince días.

En la Fiscalía, la situación no es mejor. “Hay investigaciones detenidas por falta de peritos forenses, laboratoristas y biólogos, porque se han recortado recursos”, sostiene. El resultado es una justicia lenta que desgasta a los familiares, quienes no solo deben luchar por la verdad, sino también contra las propias estructuras del Estado.

Familias reunidas el 25 diciembre por reparación y justicia para sus casos. Foto: Convoca. 

Reparaciones que nunca llegan

Otro punto crítico es el de las reparaciones. Aunque existen sentencias judiciales que ordenan el pago de reparaciones civiles a las víctimas, estas no se cumplen. La ley vigente prioriza primero las demandas laborales, luego las previsionales y, en último lugar, las de derechos humanos. 

“Si has esperado 20 o 30 años para obtener una sentencia, todavía tendrás que esperar muchos más para que el Estado te pague”, afirma Cano. En algunos casos, incluso, el pago solo se habilita cuando la víctima cumple 65 años o padece una enfermedad terminal. 

“En un momento difícil, en el que se siguen vulnerando los derechos humanos como en los años 90, no los vamos a olvidar”, señalan los familiares en su convocatoria. Consideran que tanto las víctimas del régimen de Alberto Fujimori como las más recientes, atribuibles a una coalición gobernante integrada por Dina Boluarte y fuerzas aliadas, comparten una misma demanda histórica.

La memoria sigue viva cada jueves frente al Palacio de Justicia. Las vigilias se han convertido en un acto de resistencia ciudadana que busca impedir que el olvido y el silencio se impongan sobre la memoria y la verdad. Foto: Walter Hupiu
 

La memoria de La Cantuta

Para comprender la persistencia de la lucha por justicia tras décadas de impunidad, el testimonio de Carmen Amaro Cóndor, hermana de Armando Richard Amaro Cóndor, uno de los estudiantes asesinados en la masacre de La Cantuta en 1992, resulta esencial. Armando, estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, fue secuestrado y ejecutado por el grupo Colina durante el régimen de Alberto Fujimori, un crimen que marcó de manera irreversible a su familia.

Carmen ha estado presente en todos los plantones realizados frente al Palacio de Justicia y explica que la movilización surgió como una reacción inmediata frente a la aprobación de la ley de amnistía. “Cuando este proyecto se aprueba no solo en comisión, sino en el pleno del Congreso, como reacción inmediata se convoca un plantón frente al Palacio de Justicia”, recuerda. 

Desde el inicio, dice, existía un rechazo frontal porque la norma “atentaba contra el derecho a la justicia de los familiares” y reactivaba un precedente que el país ya había vivido: “Era nefasto, sobre todo porque recordaba lo ocurrido en 1995, con el régimen de Fujimori y todo lo que eso significó”.

Los plantones frente a el Palacio de Justicia son clave porque ahí están los operadores de justicia, a quienes apuntábamos directamente, señala Carmen Amaro. Foto: Walter Hupiu

Con el paso de las semanas, lo que comenzó como una respuesta puntual se transformó en una acción sostenida. “Nos dimos cuenta de que el tema no se cerraba ahí, porque al final quienes toman la decisión de aplicar o no la ley son los jueces y fiscales”, explica. Por ello, familiares, colectivos y organizaciones decidieron establecer los plantones todos los jueves, un día y un lugar cargados de simbolismo. “El Palacio de Justicia era clave: ahí están los operadores de justicia, a quienes apuntábamos directamente”, señala.

Para Carmen, estas jornadas son mucho más que una protesta. “Es un espacio de reencuentro de luchas, pero también de persistencia”, afirma. Cada jueves, desde las cinco de la tarde, se colocan fotografías de víctimas que abarcan distintos periodos de la historia reciente del país: desde los años 80 y 90 hasta las muertes ocurridas durante la represión de las protestas sociales de 2022 y 2023. “Las fotos van del 80 hasta la actualidad. Las víctimas siempre son las mismas”, enfatiza.

Los plantones incorporan además una dimensión cultural: poesía, música, performance y rituales simbólicos como las dos vueltas alrededor de la pileta del Palacio de Justicia. “No es solo venir a protestar.

Hay gente que canta, que declama, que trae su arte. Es un espacio humano, cálido y fortalecedor”, cuenta. A pesar de las dificultades ,festividades, estados de emergencia o menor convocatoria, la decisión ha sido no interrumpir la acción. “Tal vez seamos pocos algunos jueves, pero no hay que dejar de hacerlo”, insiste.