En menos de treinta minutos y sin un debate de fondo sobre sus impactos ambientales y sociales, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigencia de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), una norma que aún no ha sido aprobada.

La medida obtuvo 13 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, y ahora será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. Todo apunta a que el trámite será rápido: el texto final recoge los principales planteamientos formulados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) días antes de la votación.

El 3 de diciembre, el Minem remitió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, en el que advirtió que la propuesta original —que extendía el Reinfo hasta 2027 y permitía la reincorporación de más de 50 mil mineros excluidos— debilitaba la capacidad del Estado para impedir actividades mineras en zonas prohibidas y podía facilitar el encubrimiento de minería ilegal.

El texto finalmente aprobado por el Congreso acogió los puntos centrales de esa observación técnica: Se recortó el plazo de la ampliación hasta diciembre de 2026, descartando la prórroga hasta 2027. También se eliminó la suspensión de los procedimientos de exclusión y se descartó la reincorporación automática de los más de 50 mil mineros excluidos del registro.

Los 13 votos a favor

Los votos a favor provinieron principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Somos Perú y Juntos por el Perú (JPP). Revisa la lista en el siguiente gráfico.

Estas agrupaciones permitieron que la norma se apruebe por mayoría simple, sin pasar nuevamente por el Pleno, tal como lo permite el reglamento del Congreso para las segundas votaciones a cargo de la Comisión Permanente.

Un registro fallido 

El Reinfo fue creado como un mecanismo excepcional y temporal, pero permanece vigente desde 2012, acumulando más de una década de prórrogas. Diversos informes oficiales y estudios independientes han advertido que el registro ha sido utilizado por operadores informales e ilegales para continuar actividades extractivas sin cumplir estándares ambientales, laborales ni tributarios.

Pese a ello, el Congreso aprobó la ampliación sin presentar un balance público sobre cuántos mineros han logrado formalizarse efectivamente, cuántos fueron excluidos de manera definitiva o cuál ha sido el impacto real del Reinfo en la reducción de la minería ilegal.

Cambios exigidos por el Ejecutivo

Según el dictamen aprobado, el Minem asumirá la rectoría del proceso de formalización, centralizando la información que hoy manejan los gobiernos regionales. Además, se mantiene la exclusión de cerca de 50 mil mineros que fueron retirados del registro por incumplimientos, aunque sin detallar mecanismos de fiscalización ni cierre definitivo de operaciones en zonas prohibidas.

El texto aprobado recoge, en lo sustancial, las observaciones del Minem, lo que allana el camino para su promulgación, pese a que organizaciones ambientales y especialistas han advertido que extender el Reinfo sin una ley MAPE vigente prolonga un régimen de excepción que favorece la informalidad.

Lo que sigue

La norma queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si la promulga u observa. De hacerlo, el Reinfo seguirá vigente al menos un año más, mientras el país continúa sin una política integral y efectiva para enfrentar la minería ilegal, una de las principales economías criminales que afectan a la Amazonía y a diversas regiones del Perú.