Puno: 36 candidatos figuran en informes de Contraloría por millonarios perjuicios al Estado y uno de ellos está inhabilitado

En Puno, 36 aspirantes a gobernadores, alcaldes, regidores y consejeros en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 figuran en informes de la Contraloría General de la República por su presunta responsabilidad, penal, civil o administrativa durante sus gestiones en entidades del Estado, tras ocasionar millonarios perjuicios donde trabajaron. Inclusive, uno de los candidatos a una alcaldía distrital está inhabilitado temporalmente para ejercer un cargo público.

Entre los que aspiran al más alto cargo de la región, al de gobernador regional de Puno, está Julio Adolfo Iruri Dávila, del Partido Político Nacional Perú Libre. Iruri es el único de los nueve candidatos al gobierno regional que está comprendido en un informe de la Contraloría. En este, se le atribuye responsabilidad administrativa y civil por su actuación cuando era abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional del Altiplano, en 2016. 

En noviembre de 2019, la Contraloría elaboró el Informe de Auditoría N° 3169-2019-CG/EDUNI-AC “Promoción irregular de jefes de práctica a la carrera de docente auxiliar y docentes que ocupan cargos administrativos”, que investigó el período del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2018 en la universidad estatal. Concluyó que 14 funcionarios estaban comprendidos en hechos irregulares que ocasionaron un perjuicio económico al Estado por 404 mil 779 soles. Entre ellos, Iruri Dávila.

El candidato a gobernador regional de Puno, por Perú Libre, Julio Iruri aparece en un informe de la Contraloría por su labor como abogado de la Universidad Nacional del Altiplano. Foto: Facebook

La Contraloría le atribuyó responsabilidad administrativa y civil al actual candidato a gobernador por suscribir un informe legal que consideró procedente que los jefes de prácticas pasen a la condición de auxiliares nombrados a tiempo completo sin concurso público, contraviniendo la Ley Universitaria y afectando la calidad de enseñanza de esta casa de estudios.

En conversación con este medio, el candidato Adolfo Iruri reconoció que se le abrió un proceso administrativo por este caso y agregó que él no era el jefe en esa época y sólo se desempeñaba como abogado en el área jurídica de la Universidad Nacional del Altiplano.

El historial de Julio Adolfo Iruri y los otros 35 candidatos fue obtenida por Convoca.pe de información pública de la Contraloría General de la República, referente a los candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y de sus informes de control.

Candidato inhabilitado

Wilfredo Quispe Mamani trabajó como funcionario de la Municipalidad Distrital de Usicayos, en la provincia de Carabaya, y pretende volver como alcalde, por el Movimiento de Integración y Renovación Andina (MIRA), a pesar de que se encuentra cumpliendo una sanción de cinco años de inhabilitación para ejercer la función pública. Esta fue impuesta por la Contraloría General de la República tras encontrarlo responsable de una infracción muy grave cuando trabajaba en ese mismo municipio.

De 2011 a 2012, el licenciado en administración Wilfredo Quispe estuvo encargado de la Unidad de Tesorería en la Municipalidad de Usicayos. La Contraloría revisó varios procesos de contratación de bienes y servicios en dicha comuna, emitió el informe de control N° 1178-2014-CG/ORPU-EE y le abrió un procedimiento administrativo sancionador a Quispe y otros funcionarios ediles.

Según la entidad de control, Wilfredo Quispe actuó parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en el proceso de compra de dos compresoras neumáticas a la empresa Power EIRL, pues emitió un comprobante de pago por 342 mil 880 soles sin la conformidad de recepción de los bienes contratados. Además, lo responsabiliza porque no se cobró al contratista penalidades por una mora por 34 mil 288 soles, al haberse retrasado en la entrega de los bienes. De acuerdo con el ente de control, esta situación generó que “el contratista obtenga un beneficio ilegal” y “en perjuicio económico del Estado”, según señala la Resolución N° 125-2017-CG/TSRA-PRIMERA SALA.

La Contraloría determinó que Wilfredo Quispe tenía responsabilidad administrativa funcional y lo inhabilitó durante cinco años para el ejercicio de la función pública, del 9 de octubre de 2017 al 9 de octubre de 2022. Dicha inhabilitación figura en el Registro de Sanciones Inscritas y Vigentes de la Contraloría.

Extracto de la resolución de la Contraloría General de la República donde figura la inhabilitación al candidato Wilfredo Quispe para ejercer un cargo público durante cinco años.

El aspirante a alcalde de Usicayos, Wilfredo Mamani, también ha sido objeto de un pedido de exclusión del actual proceso electoral por el ciudadano Isaías Ronaldo Piláez Hancco. La solicitud presentada en julio último ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Azángaro argumentaba que el candidato no consignó su trabajo en la tesorería de Usicayos y tampoco informó que se encontraba inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, su candidatura fue inscrita.

Este medio digital intentó comunicarse con Wilfredo Quispe, pero no logramos contactarlo hasta el cierre de este reportaje.

El Movimiento de Integración y Renovación Andina, el mismo al que pertenece Wilfredo Quispe, tiene como candidato a gobernador regional de Puno al ingeniero Jhomar Marcelino Tonconi Quispe. Este año, el Ministerio Público le inició una investigación por manejar en estado de ebriedad, pero el caso fue pronto archivado. Actualmente, es investigado por el presunto delito de colusión agravada.

Marcelino Tonconi es decano de la filial de Puno del Colegio de Ingenieros del Perú. Su hermano Juan Tonconi Quispe es gobernador regional de Tacna. Su otro hermano, Wilmer Tonconi Quispe, es ingeniero agrónomo en la Municipalidad Provincial de Tacna. Su hermana, Florencia Tonconi Quispe, es contadora en el Gobierno Regional de Puno.

El fiscal anticorrupción Gilmer Escobar Gil ha presentado acusación por el presunto delito de colusión agravada y solicitado 10 años de cárcel para el actual candidato Jhomar Tonconi. El caso se remonta a septiembre de 2015, cuando era gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Antón, en la provincia puneña de Azángaro. La tesis de la acusación fiscal es que habría favorecido al Consorcio Innova en la licitación de la obra de mejoramiento vial del jirón Atahualpa, en ese distrito. 

En comunicación telefónica con Convoca.pe, Marcelino Tonconi le restó importancia a la acusación por colusión agravada y aseguró que no cometió ninguna irregularidad en la licitación de la obra en San Antón. Respecto a la investigación por manejar su vehículo en estado de ebriedad, dijo que asume sus responsabilidades. “Fue un error que un ser humano puede cometer”, afirmó.

Candidatos a alcaldías

Entre los ocho candidatos a alcaldes provinciales que figuran en informes de la Contraloría destacan los postulantes a la alcaldía provincial de San Román Óscar Rimberto Mamani Calla, de Podemos Perú, y Óscar Wyllams Cáceres Rodríguez, de Reforma y Honradez por más Obras.

Un tercer candidato a la alcaldía provincial de San Roman que aparece en un informe de la Contraloría es Mario Fernando Benavente Llerena, del movimiento Por las Comunidades Fuente de Integración Andina de Puno-Confía-Puno, y un cuarto es Carlos Mendiguri Vargas, del Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo.

Dos postulantes a la alcaldía de Melgar también aparecen en informes de la entidad supervisora: Tomás Valeriano Challco, de la organización Confía Puno, y Helard Huamán Mamani, por el movimiento político Moral y Desarrollo.

Además, fueron investigados por la Contraloría Fernando Coya Valdivia, aspirante a la alcaldía de Yunguyo, también de Confía Puno, y Heráclides Ojeda Huarilloclla, quien candidatea por el Movimiento de Integración y Renovación Andina a la Municipalidad Provincial de Melgar Lampa.

En 2017, la Contraloría realizó una auditoría de cumplimiento a cinco obras por contrata de instituciones educativas iniciales de la Municipalidad Provincial de Melgar, y concluyó que el Comité Especial Ad Hoc, presidido por el abogado Óscar Rimberto Mamani Cala otorgó la buena pro con documentación incompleta y ejecutó los contratos con pagos adicionales, generando un perjuicio económico a la comuna de 114 mil 000,18 soles.

Mamani Calla, actual aspirante a la provincia de San Román, como presidente del Comité especial Ad Hoc y asesor externo de alcaldía de Melgar en 2015 no formuló correctamente las bases de los procesos de selección y formuló modificaciones que permitieron admitir propuestas técnicas de postores que no cumplían los requisitos. Por ello, la Contraloría le atribuyó una presunta responsabilidad administrativa funcional y presunta responsabilidad penal “por la existencia de elementos que denota la comisión de un delito”, según señala el informe.

En otra auditoría de cumplimiento a una obra de mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de varias vías del distrito de Ayaviri, la Contraloría concluyó que, en 2015, Mamani Calla, como presidente del Comité especial Ad hoc, admitió propuestas técnicas presentadas por postores que no cumplían los requerimientos y evitó la aplicación de penalidades, por lo que generó un perjuicio económico al Estado de 131 mil 026 soles. Con estas consideraciones, la Contraloría le atribuyó una presunta responsabilidad administrativa funcional y penal.

En conversación con Convoca.pe, Óscar Mamani aseguró que esos dos informes de Contraloría fueron una venganza porque él opinó para que se denuncie al jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Melgar, Felipe Benicio Churata Barrera, a quien señala de encubrir actos de corrupción en la anterior gestión. “Por luchar contra la corrupción, nosotros hemos sido denunciados”, agregó.

Según Óscar Mamani, hubo un escándalo porque dos funcionarios de la Municipalidad de Melgar, un gerente de infraestructura y un gerente de planificación y presupuesto, constituyeron una empresa que obtuvo cinco contratos con el municipio, para realizar perfiles y expedientes técnicos. “A pesar de que ellos participaron en la conformidad y pago de su propia empresa, el jefe del OCI no encontró responsabilidad penal”, aseguró el candidato de Podemos Perú.

Luego de los dos informes de auditoría, la Contraloría le abrió proceso administrativo a Óscar Mamani y otros funcionarios municipales, pero lo archivó porque, en 2019, el Tribunal Constitucional confirmó el retiro de la facultad sancionadora que tenía dicha entidad.

Candidatos a la alcaldía provincial de San Román participaron en debate electoral. El segundo de la izquierda es Óscar Mamani, quien figura en dos informes de la Contraloría. Foto: Facebook

Otro caso es el del candidato a la misma municipalidad provincial de San Román, Óscar Cáceres, del movimiento Reforma y Honradez por más Obras. En 2021, la Contraloría realizó un informe de control sobre la aprobación y entrega de vales de consumo a personal contratado bajo la modalidad CAS (Contrato de Administración de Servicios), en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Arequipa. La entidad controladora concluyó que, entre 2016 y 2018, cinco trabajadores ediles contravinieron las leyes de presupuesto y la normativa de contrataciones, ocasionando un perjuicio económico a la entidad de 277 mil 700 soles.

Uno de los funcionarios a los que la Contraloría atribuyó responsabilidad civil y administrativa fue precisamente Óscar Cáceres, quien estaba como encargado de la Gerencia Municipal, pues permitió que la entidad adquiera 473 vales de consumo a la empresa Cencosud Retail Perú SA por 95 mil 200 soles "y que estos sean entregados al personal sujeto al régimen CAS”, un beneficio prohibido por la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2016. 

En 2019, la Contraloría realizó otra auditoría de cumplimiento sobre la adquisición de controladores electrónicos para semáforos y la contratación del servicio de mantenimiento de la red de semaforización en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Identificó que esta adquirió los equipos a un único proveedor (Empresa Proincorp EIRL), que no cumplía las características técnicas mínimas y que los instaló sin cumplir las normas de seguridad. Además, le compró bienes que no fueron puestos en funcionamiento. Con ello, se causó un perjuicio económico a la comuna por 145 mil 466,08 soles.

Cuando se realizó la contratación, Óscar Cáceres era gerente de Seguridad Ciudadana en dicho municipio, cargo que ocupó del 15 de junio de 2015 al 30 de diciembre de 2018. Fue cesado porque autorizó la compra de controladores electrónicos para semáforos a un proveedor directamente, con lo que evitó que se realice el procedimiento de selección correspondiente, y por no considerar los requerimientos técnicos, así como por irregularidades en la contratación del servicio mantenimiento de semáforos y controladores, según figura en la Resolución de Alcaldía N° 39-2018-MDCC, del 31 de enero de 2018.

Para las alcaldías distritales de la región Puno son 14 los candidatos incluidos en informes de la Contraloría. Estos provienen de las organizaciones políticas Moral y Desarrollo (6), Reforma y Honradez por Más Obras (3), Partido Político Nacional Perú Libre (2), Movimiento de Integración y Revolución Andina (2) y Somos Pueblo (1).

También aparecen en informes del ente supervisor nueve postulantes a regidores provinciales y distritales, dos aspirantes a consejeros regionales y uno a accesitario para consejero regional.

Para el abogado y analista político Tirso Vargas, los candidatos no generan confianza en la población ni demuestran capacidad para ejercer los cargos a los cuales postulan. “Ninguno de los candidatos merece ser autoridad. No tienen moral ni experiencia, porque sus hojas de vida los delatan. Además, en sus campañas están prometiendo proyectos inviables. Esta campaña más parece una guerra de insultos que propuestas”, comentó.

En la última elección para gobernador regional, ganó el dirigente aimara Walter Aduviri Calisaya, quien tenía un proceso judicial por ocasionar disturbios durante la asonada de mayo de 2011, conocida como el “Aimarazo”. Las autoridades judiciales consideraron que era “coautor no ejecutivo” y le impusieron seis años de cárcel. Aduviri fue reemplazado por su vicegobernador Agustín Luque Chayña.

Cuando Luque llevaba en el cargo cerca de dos años, fue denunciado por el presunto delito de colusión agravada. En noviembre de 2021, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción ordenó nueve meses de prisión preventiva. Por la complejidad del caso, esta medida fue ampliada por otros nueve meses. Luque fue reemplazado en el cargo por el comunicador Germán Alejo, quien terminará la gestión en diciembre próximo.

(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe, en alianza con el diario La República y El Búho de Arequipa y reporteros independientes de diversas regiones del país.

(**) Este reportaje se realizó con la colaboración de Samuel Vilca, periodista en Puno.