Por Wilson Siancas**, del diario La República | 20 de septiembre de 2022
Las 13 agrupaciones políticas con candidatos a la gobernación regional y a la alcaldía provincial de Piura en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 albergan a exautoridades y exfuncionarios del Estado con un historial de investigaciones en el Ministerio Público. Bajo la lupa se encuentran aspirantes vinculados con irregularidades en millonarios proyectos, como los reportados en la Instalación de Reservorios en los Asentamientos Humanos de Paita, por 9 millones de soles; o la presunta colusión de un grupo de empresas con la Municipalidad del Distrito de Castilla, para ejecutar obras valorizadas en más de 7 millones de soles.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el Proyecto Alto Piura, por el cual el candidato y ex gobernador regional Reynaldo Hilbck es investigado, y que generaría un conflicto de interés si este gana las elecciones, pues retomaría decisiones financieras sobre la megaobra. El Ministerio Público ha indagado sobre esta y otras obras relacionadas con candidatos, a través de investigaciones preliminares y preparatorias, en las que se evidenció afectaciones a la calidad de vida de miles de ciudadanos y perjuicios económicos al Estado que superarían los 100 millones de soles.
Unidad Regional
Desde su aparición en diciembre de 2017, la Organización Política Unidad Regional no había tomado mayor notoriedad hasta que Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán se presentó como su candidato al Gobierno Regional de Piura y Gabriel Antonio Madrid Orué a la alcaldía provincial. Ambos aspirantes tienen investigaciones iniciadas este año y en años anteriores en el Ministerio Público, la mayoría de ellas relacionadas con sus funciones como exautoridades.
Reynaldo Hilbck fue gobernador regional de Piura de 2015 a 2018, con el movimiento regional Unión Democrática del Norte. Durante su gestión, colectivos civiles lo acusaron de cometer actos de corrupción al favorecer empresas que realizaron trabajos de prevención y de reconstrucción tras el fenómeno El Niño Costero, en 2017.
En medio de su campaña electoral 2022, el distrito fiscal de Sullana le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de peculado, tras ser denunciado por otorgar aumentos de sueldo indebidos a los trabajadores de la entidad regional, durante su gestión como gobernador. Además, la Fiscalía de Lima formalizó una investigación preparatoria por el delito de colusión, en 2021.
De acuerdo con la carpeta fiscal 202-2017, el exgobernador también es investigado por el caso Lava Jato, en su calidad de expresidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), entre 2011 y 2013. Hilbck es acusado del delito de colusión agravada por el presunto favorecimiento de la empresa Camargo y Correa con adendas al contrato y ampliaciones de plazo. Se estima que hubo un perjuicio al Estado de 32 millones de soles, sólo en la aprobación del primer adicional.
La Fiscalía que ve el caso Lava Jato solicitó ampliar la investigación por 36 meses; sin embargo, el Poder Judicial dispuso sólo 21 meses, plazo que culminará el 8 de octubre de 2023. Por este caso, a Hilbck se le embargaron 11 propiedades, entre predios rurales, terrenos, un departamento, una playa de estacionamiento y cuatro vehículos, todos valorizados en 5 millones 475 mil 681 soles.
Por su parte, la Contraloría General de la República advirtió que Hilbck aparece en cuatro informes de control, en los que se le atribuye presunta responsabilidad administrativa y penal. El primer informe detalla que, en 2011, el candidato generó sobrecostos en la obra del mencionado Proyecto Alto Piura, por el reconocimiento de gastos generales, posesión de maquinaria, entre otros, por 77 millones 578 mil 387 soles.
El órgano de control también observó el pago de planillas de servicios personales, en 2018, en la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba y Luciano Castillo Colona, con fondos del canon y sobrecanon, que generó un perjuicio económico de 33 mil 250 soles. Un cuarto informe responsabilizó a Hilbck de la firma de un convenio, en 2016, que conllevó a la entrega temporal y gratuita de un terreno público de 10.334,25 metros cuadrados al Consorcio Policlínico Johnmay Salud.
Convoca.pe trató de comunicarse con el candidato Hilbck Guzmán en repetidas ocasiones para conocer su descargo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
El otro candidato en las filas de Unidad Regional es Gabriel Madrid Orué, quien postula a la alcaldía provincial de Piura, luego de haber sido alcalde del distrito de Tambogrande entre 2015 y 2018. Según información del Ministerio Público, Madrid registra tres investigaciones preliminares en agravio al Estado, entre las que destaca la carpeta fiscal 125- 2021, por presuntas irregularidades en el expediente técnico para la obra de mejoramiento del Óvalo Campesino en la zona urbana de Tambogrande, valorizado en 1 millón 819 mil 921,65 soles.
Además, Madrid tiene dos denuncias en estado de formalización de investigación preparatoria en el distrito Fiscal de Piura, una de ellas fue realizada en 2019 por la presunta sobrevaloración en la adquisición de productos para el programa Vaso de Leche.
La defensa legal de este candidato, el abogado Roberto Crisanto Panta, explicó a este medio que la denuncia referida al programa Vaso de Leche fue desestimada en un primer momento. Sin embargo, alguien presentó una queja y se esperan nuevas diligencias. Sobre las tres investigaciones en etapa preliminar, señaló que se encuentran a la espera de las notificaciones debido a que su avance es lento.
“En ningún caso se ha formulado acusación fiscal contra don Gabriel Antonio Madrid Orué. Como toda autoridad al finalizar su mandato, están sujetas a denuncias, las mismas que también se han hecho en contra de don Gabriel Madrid, pero de todas las denuncias realizadas en contra de mi patrocinado, en ninguna se ha desvirtuado su presunción de inocencia. Ni siquiera ha sido acusado y menos sentenciado por delito alguno”, respondió por escrito Crisanto.
Gabriel Madrid también tuvo que afrontar un proceso de exclusión ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura por omitir información respecto a dos sentencias firmes. La primera, por violencia familiar contra su ex pareja en el 2014, mientras que la segunda se dictó en 2015, por el pago de beneficios sociales.
A través de medios locales, el candidato señaló que la sentencia por el primer caso consistió en ir al psicólogo y fue producto de las constantes discusiones que mantenía con su expareja, y también candidata por Renace Piura, Ingrid Wiesse. No obstante, Wiesse volvió a denunciarlo, este año, por agresiones en contra de las mujeres, al precisar que deterioró su propaganda electoral.
Somos Perú
Entre los postulantes del Partido Democrático Somos Perú se encuentra el excongresista Luis Reymundo Dioses, quien aspira al sillón regional; y el actual alcalde del distrito de Castilla, José Elias Aguilar, candidato a la alcaldía provincial de Piura. Los candidatos son acusados de delitos contra la administración pública.
Dioses es investigado por irregularidades en la obra de Mejoramiento de Taludes e Instalación de Reservorios en los Asentamientos Humanos de Paita, cuando fue alcalde de dicha provincia, según se detalla en la carpeta fiscal 159-2017. La Contraloría también observó dicha obra, valorada en 9 millones de soles, indicando que presenta grietas y desgaste de concreto apenas tres años después de haberse ejecutado.
El candidato al gobierno regional aparece en dos investigaciones preliminares más y una por el delito de peculado y malversación en agravio del Estado. En el registro del Ministerio Público, figuran otros 20 procedimientos contra Dioses, la mayoría de ellos archivados y relacionados con su gestión como alcalde de Paita, de 2015 a 2018.
José Elias Aguilar abandonó su cargo como alcalde del distrito de Castilla para postular a la Municipalidad Provincial de Piura con Somos Perú, luego de haber pertenecido al movimiento regional Unión Democrática del Norte en las elecciones pasadas.
Como líder del distrito de Castilla, Aguilar es investigado, en la carpeta fiscal 2021-236, por presuntamente haberse coludido con un grupo de empresas para obtener la adjudicación de tres obras públicas valorizadas en más de 7 millones de soles, entre los años 2020 y 2021.
La autoridad edil, junto con otros funcionarios, también es investigada por el delito contra la administración pública, por gastar 68 mil 509 soles en reparar 15 motos de patrullaje del Serenazgo, y no publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) el contrato con la empresa Je Xtrem. Además, reporta dos investigaciones fiscales en estado preliminar por abuso de autoridad, en 2021 y en 2022, tras denuncias formuladas por ciudadanos.
Convoca.pe trató de comunicarse con ambos candidatos para conocer su versión sobre las acusaciones, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.
Fuerza Regional
El partido liderado por el actual gobernador regional de Piura, Servando García, tiene como candidatos al sillón regional al excongresista Mario Javier Quispe Suarez, y, para la provincia, a Segundo Luciano Valdiviezo Rodriguez, también conocido como Chano Valdiviezo.
El postulante al gobierno regional, Mario Quispe, fue gerente de la Municipalidad de Bellavista y, recientemente, estuvo a cargo de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna.
Quispe tiene una investigación preliminar en estado de reserva, por el presunto delito de colusión con defraudación patrimonial. Según la Procuraduría de Piura, se trata de la carpeta fiscal 17-2022, donde también aparece el candidato de Somos Perú, Reymundo Dioses.
Al ser consultado por este medio, Quispe declaró que desconoce la existencia de una investigación, por lo que espera ser notificado próximamente. No obstante, reconoció haber tenido un proceso relacionado con el delito de abuso de autoridad, el cual dijo que ya fue archivado.
El candidato a la alcaldía provincial de Fuerza Regional, Chano Valdiviezo, registra dos investigaciones preliminares por el presunto delito de usurpación y hurto agravado, en 2021, según el Distrito Fiscal de Piura.
En su descargo, Valdiviezo señala que las investigaciones responden a un litigio por la titularidad de predios con la Asociación Nuevo Horizonte, en el distrito de Castilla. Aseguró que las denuncias son lideradas por su cuñada Alejandrina Ocaña Machado, con quien ya tiene varios procedimientos archivados por falta de pruebas.
Más investigados
A través de pedidos de acceso a la información pública, Convoca.pe constató que el candidato a la alcaldía provincial de la agrupación política Contigo Región, José Luis Morey Requejo, registra la carpeta fiscal 2020-282, en la cual se le acusa por delitos contra la administración pública en su calidad de actual consejero regional por Piura. El candidato declaró a este medio que desconocía este procedimiento, pese a que se encontraba en estado de audiencia.
También se identificó una investigación preliminar al candidato a la gobernación de la agrupación Región para Todos, Santiago Paz, por el delito de falsificación de documentos en calidad de imputado. Al ser consultado por este medio, señaló que el registro responde a un proceso en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) donde se consignó de manera errónea su firma y, por ello, se elevó a la Fiscalía.
En la agrupación Política Podemos Perú se encuentra el exgobernador regional Javier Fernando Atkins Lerggios, como candidato a la alcaldía. En agosto de 2019, Atkins fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, al haber contratado a la empresa de uno de sus familiares para brindar el servicio de vigilancia en el Hospital de Apoyo II de Sullana, entre los años 2013 y 2014, cuando era autoridad.
Sin embargo, en julio de 2020, la Sala Penal de Apelaciones de Sullana revocó la medida ordenando que se cancelen todas las medidas cautelares, restrictivas o reales dictadas contra los absueltos.
Vicegobernadores
Los candidatos a vicegobernador regional Milagritos Reto Sánchez, de Alianza para el Progreso; Celia Bertha Mercedes Abad Ovalle, de Fuerza Popular; y John Robert Moscol Aldana, de Renace Piura, reportan investigaciones preliminares según información del Ministerio Público.
Milagritos Reto fue regidora de la provincia de Piura entre 2011 y 2014, al lado de la alcaldesa Ruby Rodríguez de Aguilar. Estuvo al mando de la dirección del Hospital III-1 José Cayetano Heredia de la Red Asistencial Piura, de mayo de 2018 a mayo de 2022. Reporta un historial de 12 investigaciones fiscales, entre las que destaca una carpeta fiscal en estado de denuncia pendiente por el presunto delito de apropiación ilícita.
Además, Reto tiene una investigación preliminar por negociación incompatible, al ser vinculada con la sobrevaloración en la compra de mascarillas de procedencia china, durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19. Según el documento fiscal, al que tuvo acceso Convoca.pe, se pagó 30 soles por cada una de las 1.940 mascarillas compradas, cuando su precio real en el mercado era de 15 soles.
En mayo de 2020, la Contraloría General de la República la halló responsable de las contrataciones del servicio de instalación y alquiler de estructuras metálicas en las instalaciones de la Villa Cayetano Heredia, de Essalud, realizadas sin un procedimiento de selección, y sin cautelar el cumplimiento de los términos de referencia, ocasionando perjuicio económico a la entidad por 910 mil 467,49 soles.
En comunicación con Convoca.pe, la exfuncionaria aseguró que no tiene vinculación con los hechos que se investigan y que, en el caso que ven la Fiscalía y la Contraloría, no tiene mayor responsabilidad, debido a que el hospital Cayetano Heredia no ejecuta directamente la adquisición de bienes o servicios, donde se presume que ocurrieron las irregularidades.
“Durante la pandemia, hubo compras de mascarillas, pero yo no compré. El hospital no tiene oficina de logística, esto yo ya lo expliqué a Fiscalía. Toda la parte de compras la realiza la gerencia de la red (EsSalud). Nosotros sólo solicitamos lo que necesitamos”, sostuvo Reto.
La candidata Celia Abad Ovalle es bachiller en derecho por la Universidad Los Ángeles de Chimbote y registra una investigación por el delito de usurpación de un inmueble en el año 2021. Hasta el cierre de esta edición, este medio no logró establecer comunicación con la postulante.
No obligados a declarar investigaciones
El presidente del Jurado Electoral Especial de Piura, Juan Luis Alegría Hidalgo, recordó que los candidatos a cargos públicos deben declarar su sentencias firmes y consentidas a la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que la norma no les exige informar sobre las investigaciones fiscales o procesos judiciales iniciados o fallos que se encuentren aún en primera instancia.
“Las investigaciones fiscales, no; procesos judiciales en trámite, tampoco. Se declaran sentencias consentidas, sentencias firmes, ni siquiera la primera instancia. Tienen que ser sentencias en segunda instancia o de la Corte Suprema, donde ya no haya nada que hacer. Lo importante es que el elector sepa la realidad de un candidato y tenga un voto responsable, pero informado”, explicó Alegría.
La procuradora de Piura, Isabel Palomino, explicó que, si bien existen candidatos con investigaciones en estado preliminar de hace más de un año, se trata de procedimientos complejos que requieren una exhaustiva revisión y, por ello, toman más tiempo que un procedimiento tradicional.
En la región Piura hay 1 millón 432 mil 214 electores hábiles que, este domingo 2 de octubre, deberán elegir a sus próximas autoridades entre personajes nuevos en la política u otros con investigaciones fiscales por su labor cuando fueron funcionarios públicos.
(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe, en alianza con el diario La República y El Búho de Arequipa y reporteros independientes de diversas regiones del país.
(**) Wilson Siancas es reportero en el diario La República, en Piura.