Junín: Candidatos de agrupación que podría desplazar a Perú Libre son investigados por Fiscalía y figuran en informes de Contraloría

Hay candidatos en la región Junín que prometen resolver los mismos problemas en los que, según su historial de denuncias, también han sido parte. Un ejemplo es el candidato a gobernador regional por el Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín, Zósimo Cárdenas, quien aseguró que tomará medidas para mitigar el impacto de la contaminación ambiental en la región, durante el debate electoral del último viernes. Sin embargo, entre las 41 investigaciones fiscales en las que figura como imputado, dos son precisamente por el delito de contaminación ambiental.

La primera denuncia fiscal por este presunto delito contra el líder de La Naranja, como también se denomina a su organización política, y diez personas más, data de 2010, durante su primera gestión en la alcaldía distrital de Pichanaqui. Los agraviados son el Estado y la Comunidad Nativa de Shimashiri, según un reporte del Ministerio Público al que accedió Infoandes en alianza con Convoca.pe. 

La última investigación fiscal en materia ambiental es de 2019, en la región Pasco, donde Cárdenas fue gerente regional. Está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, sede Pasco, que también investiga al exalcalde por el delito de minería ilegal. Ante estos cuestionamientos, el candidato a gobernador respondió que “de ninguna manera (...) en el tema fiscal hay una investigación. Es una suposición. Cada caso está en investigación preliminar”.

Además, este 2022, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Pasco le abrió a Cárdenas una investigación preliminar en por el delito de “contravenir disposiciones de autoridad competente, alterar el ambiente natural o paisaje urbano rural”.

Este medio solicitó información al Ministerio Público, que dio detalles sobre las más de 40 carpetas fiscales en las que figura como imputado el líder de La Naranja, Zósimo Cárdenas, por delitos como peculado, colusión, abuso de autoridad, asociación ilícita y omisión de funciones. El candidato declaró a este medio que “solo son 21 investigaciones”. Si a su historial se suman las carpetas fiscales que han sido archivadas, el político alcanza las 77.

Zósimo Cárdenas, candidato a gobernador regional de Junín por La Naranja, muestra sus antecedentes judiciales y su historial en cargos del Estado. Foto: Leydi Sotacuro / Infoandes.pe

Hasta el 2016, Zósimo Cárdenas, fundador del movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín, fue seguidor del polémico ex gobernador regional y excluido de la actual contienda electoral Ángel Unchupaico. Algunos miembros del equipo de la exautoridad ahora integran la organización política de Cárdenas. También lo acompañan algunos exiliados del movimiento Convergencia Regional Descentralista (Conredes), del expresidente regional de Junín y militante fujimorista Vladimiro Huaroc, organización política donde también militó Cárdenas. El candidato ha formado una red de ex compañeros políticos. 

En estas Elecciones Regionales y Municipales 2022, con Zósimo Cárdenas, son cuarenta los candidatos de La Naranja que tienen investigaciones fiscales o procesos judiciales por presuntos delitos de corrupción, que suman un total de 126 registros, de acuerdo con el portal Vigilancia Electoral 2022, de la Fundación Mohme. Además, por lo menos, nueve de ellos también figuran en informes de la Contraloría General de la República. 

Zósimo Cárdenas trasladó a sus candidatos la responsabilidad de responder a dichos cuestionamientos. “Pregúntales a ellos. Mientras estén inscritos, ellos están vigentes”, contestó a la prensa.

Pasar el cursor por el rostro de cada personaje, para conocer a qué cargo público están postulando.

Exregidor investigado por corrupción

Roy González, exregidor provincial de Huancayo y candidato a la alcaldía provincial de Jauja por el movimiento de La Naranja, afronta cuatro denuncias vinculadas con actos de corrupción, entre 2018 y 2021. La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Merced ve tres de sus casos: uno por el presunto delito de peculado, otro por colusión agravada y otro por colusión. La cuarta indagación es llevada por una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Todas se encuentran en etapa de diligencia preliminar.

González también aparece en cuatro auditorías de la Contraloría General de la República. En tres de esos cuatro informes del organismo de control también figura el nombre de Zósimo Cárdenas. Uno de ellos es el informe de auditoría N° 903-2018-CG-GRJU-AC, realizado a la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, en 2018, que encontró responsabilidad administrativa y penal en el ex funcionario municipal de Cárdenas.

La obra auditada fue el “Mejoramiento de las calles del Sector 3 de Mayo y Piedra Lunar”, en Pichanaqui, valorizada en 4 millones 996 mil 038 soles, cuya buena pro la ganó el Consorcio Selva Central, integrado por la Constructora Yasuda SAC e Iván Gonzalo Uribe Hoyos, un militante aprista. En entrevista con este medio, González declaró que “el tema de contratación yo no lo veo. Allí hay una comisión que debe ver. El tema de su afiliación política, desconozco”.

La Contraloría evidencia en su informe que González aprobó dos ampliaciones de plazo injustificadas en favor de la constructora, evitando que le se apliquen penalidades y generando un perjuicio económico a la comuna por 440 mil 548 soles. 

El mismo año, en 2018, la Contraloría auditó el proceso de contratación y ejecución del “Mejoramiento de las calles del sector 1 y 2 en el distrito de Pichanaqui”, obra valorizada en 6 millones 99 mil 959 soles y ejecutada por el Consorcio Pichanaqui IV, integrado por cuatro empresas constructoras: AD & J ingenieros Consultores SAC; Empresa ERR High Technology Ingeneer EIRL y Empresa Lepus Group SAC. 

En este informe, el organismo controlador encontró responsabilidad penal y administrativa en Gonzalez por remitir, derivar y ordenar la paralización de la obra, hasta en dos oportunidades, y autorizar tres ampliaciones de plazos, sin advertir que estás no tenían sustento técnico, por lo que generó un perjuicio económico al municipio de 609 mil 995 soles.

El exgerente municipal aseguró a este medio digital que solamente cumplió su función. “Firmé dos paralizaciones, en mérito a informes técnicos, de un supervisor, de un gerente de obras y de una opinión legal. En su ampliación, lo hice porque tengo un informe del Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) que, en ese tiempo, hubo épocas de lluvias y, cuando hay lluvia, no se puede trabajar”, dijo.
 
En base a estos informes de Contraloría, en 2017, el Quinto Despacho Provisional Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín inició una investigación a Zósimo Cárdenas y otros funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, relacionada con la ejecución y el proceso de contratación de las dos obras antes mencionadas. 

El candidato a la alcaldía provincial de Jauja Roy González cuando ostentaba el cargo de gerente municipal,  junto a su actual líder político, Zósimo Cárdenas. Foto: Facebook 

El tercer informe de auditoría N°4043-2019-CG/GRJU-AC se realiza un año después y encuentra responsabilidad administrativa y penal en Roy González, por incumplir sus obligaciones funcionales, y aprobar, otra vez, dos ampliaciones no justificadas, que generaron atrasos en otra obra: “Mejoramiento de las calles del sector 3 y 4 en el distrito de Pichanaqui”. Estaba valorizada en 5 millones 295 mil 053 soles, por lo cual se debió aplicar una penalidad de 529 mil 505 soles al contratista, el Consorcio Pichanaqui II, integrado por las empresas Constructores G &L Servicios Múltiples y el ya mencionado militante aprista Iván Uribe Hoyos.

“Yo sí tengo sustento técnico, yo soy el gerente. Tengo las copias donde está el sustento técnico. Si la contraloría menciona que no tengo sustento técnico, tendrá que justificar. Y mi versión es: ¿por qué yo firmo? Es porque tengo tres documentos mínimos que sustentan por qué estoy firmando una resolución”, justificó González sobre las ampliaciones.

El último informe de auditoría comprendió la revisión y análisis de documentación relativa al retraso de rendición de diversos viáticos y encargos otorgados a ocho trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, entre 2015 y 2016, durante la gestión del alcalde Zósimo Cárdenas. El monto de los saldos pendientes de rendición es 10 mil 816 soles. 

Roy Gonzalez, de acuerdo con el informe de Contraloría, como exgerente de este distrito, tiene responsabilidad administrativa por no realizar supervisiones a las operaciones contables y administrativas y por autorizar anticipos que beneficiaron con nuevos viáticos “al personal que tiene pendiente rendición de cuentas”, detalla la auditoría.

Al principio, González no recordaba el hecho. “No es mi función, porque hay un gerente de administración que debió ver eso”, explicó el exgerente municipal de Pichanaqui.

Después, recordó que tomó medidas contra los investigados. “Las acciones que tomamos fueron el descuento de sus haberes y el proceso administrativo sancionador. En su momento, cuando yo he asumido esa función, hemos sabido remitir ese memorándum con la sanción correspondiente. Desconocía de este informe”, dijo.

Exfuncionario que afectó el Qapaq Ñan

El vínculo más resaltante entre el candidato a la alcaldía del distrito de El Tambo por el movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, Julio César Llallico Colca, y Zósimo Cárdenas es el historial partidario y la perseverancia electoral. Los dos pertenecieron a Junín Sostenible con su Gente y postularon, en 2014, a las alcaldías distritales de El Tambo y Pichanaqui, respectivamente. Cárdenas ganó mientras que Llallico perdió por segunda vez consecutiva.

Julio Llallico es ingeniero agrónomo y catedrático, desde 1988, en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Fue director regional de Vivienda y subgerente de Supervisión de Obras en el Gobierno Regional de Pasco, hasta 2013. Durante su paso por esta última institución, la Contraloría hizo dos auditorías y halló responsabilidad administrativa y penal en dicho funcionario por unas obras. 

El primer informe de la Contraloría trata sobre la “Construcción y mejoramiento de la carretera Huachón-Huancabamba”, en 2011, cuando se suscribieron convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con la colaboración del Consorcio Huaguruncho y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC). El acuerdo fue para la elaboración y supervisión del expediente técnico, que se dividió en tres partes, y la ejecución de la obra. 

De acuerdo con el organismo supervisor, todos los convenios tuvieron irregularidades, como adelantos de materiales injustificados, paralizaciones de obra y expedientes técnicos sin Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) y Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Estas inconsistencias generaron doble perjuicio económico al Gobierno Regional de Pasco. El primero, por 6 millones 773 mil 959 soles, solo en la elaboración del expediente técnico. Y el segundo, por 31 millones 966 mil 044 soles, durante la ejecución de la obra.

En ese tiempo, Julio Llallico era subgerente de Supervisión de Obras y su función era supervisar e inspeccionar el cumplimiento de las directivas por los supervisores externos de la UNDAC. La omisión de sus funciones significó al Gobierno Regional de Pasco un perjuicio económico de 12 millones 489 mil 449,56 soles.

Esa obra, tras una supervisión en 2012, generó el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador del Ministerio de Cultura, en 2016, al Gobierno regional de Pasco y a la UNI, por la afectación “muy grave” del Camino Inca Qapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, “destruyendo varios puntos”, en el subtramo Huachón-Huancabamba, según explica el informe.

La multa podría haber sido de hasta 1.000 UIT (3 millones 950 soles) pero, en 2018, la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural de dicho ministerio informó sobre el archivo definitivo del caso pues había vencido el plazo de un año para emitir la sanción. 

Julio Llallico, candidato a la alcaldía del distrito de El Tambo, y Zózimo Cárdenas pertenecieron a Junín Sostenible con su Gente y postularon, en 2014, a las alcaldías distritales de El Tambo y Pichanaqui. Foto: Facebook

La segunda auditoría data del 2013, cuando el también catedrático universitario Julio Llallico confirmó el adelanto de 500 mil soles a la empresa 3RLombardi Constructora SAC, ante la solicitud de esta, sin advertir que no correspondía. El expediente técnico aún no se había aprobado para la ejecución de una obra de mejoramiento y rehabilidación de un camino vecinal desde la comunidad nativa de Chinchihuaqui hasta Platanillo, en la provincia de Puerto Bermúdez.

Estaba valorizada en 5 millones 097 mil 584 soles. La obra tampoco contaba con permisos de entes como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), pues la vía pasa por una zona de reserva forestal.

Llallico, además, registra una denuncia fiscal por el delito de colusión agravada. La carpeta del Ministerio Público data de 2019 y está en diligencia preliminar, a cargo de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, según el portal Vigilancia Electoral 2022. Además, el año pasado le abrieron tres procesos por colusión agravada, que vienen siendo evaluados por un Juzgado de Investigación Preparatoria y ya se ha formalizado la investigación.

Este medio digital buscó la versión del candidato al distrito de El Tambo, Julio Llallico, por diferentes medios, pero no se obtuvo respuesta. 

Exalcalde compró víveres irregularmente

Luis Bastidas Vásquez fue alcalde de la provincia de Chupaca durante 12 años y busca por cuarta vez el sillón municipal. El político, al igual que Llallico, está vinculado con Zósimo Cárdenas por las Elecciones Regionales y Municipales del 2014, cuando los dos fueron candidatos y seguidores del movimiento Junín Sostenible. 

El exburgomaestre tiene ocho procesos judiciales y fiscales vinculados con presuntos actos de corrupción, según Vigilancia Electoral 2022, por delitos como colusión simple y agravada, cohecho pasivo y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Además, figura en un informe de la Contraloría, que le encontró responsabilidad civil durante su gestión edil entre 2014 y 2018.

De 2015 a 2018, la Contraloría identificó presuntas irregularidades en la compra de víveres en la Municipalidad Provincial de Chupaca, durante la gestión de Bastidas Vásquez. El informe de control 020-2020-2-3821-SCE describe que se distribuyó víveres a los funcionarios del municipio bajo la denominación “canastas navideñas”. El dinero para estas compras no estaba previsto en la Ley de Presupuesto del Sector Público de aquellos años fiscales. A pesar de ello, el municipio compró estos productos, pues, de acuerdo con la Oficina de Asesoría Legal, sí estaban previstos en el Plan de Trabajo 2014-2018. 

En 2018, se realizaron compras por 33 mil 579 soles y repartieron las “canastas” a 189 trabajadores del municipio. En 2019, adquirieron productos por 33 mil 579 soles y los distribuyeron a 207 trabajadores de la entidad. En una consulta a la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), el Informe técnico N° 150-2017-SERVIR/GSPSC -2017-SERVIR/GPGSC detalló que solo se puede entregar alimentos a un trabajador si estos productos son imprescindibles para sus labores.

“Caso contrario, si no fueran indispensables (...) y fueran entregadas al servidor para su libre disponibilidad, constituirían una ventaja patrimonial (...) formando parte de la remuneración o ingresos y configurándose así un incremento remunerativo, lo cual se encuentra prohibido”, apunta el documento.

Sobre la ventaja patrimonial o incremento remunerativo, el candidato a la provincia de Chupaca discrepa con la Contraloría.“Y si fuera así, ¿cuál es el problema? Aplique usted un criterio humanitario nada más. ¿Qué recurso que beneficie a un trabajador es injusto? Sería injusto siempre que no merezca. ¿Cuál sería el lado arbitrario?”, declaró Luis Bastidas.

Según el informe de Contraloría, no solo los empleados fueron beneficiados sino también el exalcalde que recibió la denominadas “canastas”.

Luis Bastidas pretende gobernar por cuarta vez a la provincia de Chupaca. Él y Zósimo Cárdenas fueron candidatos y seguidores del movimiento Junín Sostenible, en 2014. Foto: Facebook.

En el informe de la entidad controladora, a Luis Bastidas se le atribuye responsabilidad civil por transgredir el Reglamento de Organización y Funciones, que él mismo aprobó en 2017, y por no “defender los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”. Además, se le acusa de vulnerar el artículo 7 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública,  por “incumplir las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público”, generando a la Municipalidad Provincial de Chupaca un perjuicio económico de 30 mil 561 soles.

“No conozco lo que dice el informe, pero, si dicen eso, están equivocados los de la Contraloría. Hay que entender que los de la Contraloría son seres humanos pueden cometer errores (...). Lo que puedo decir al respecto, en aplicación de la Ley: sí está permitido. Conozco lo que dice el Servir respecto al rendimiento laboral, es como un incentivo laboral (...). A mí me sorprende porque todos los años en mi gestión, incluso antes de cuando era regidor, y en diferentes instituciones, se han hecho ese tipo de adquisiciones (....). A mí no me parece razonable la interpretación que hacen”, dijo Bastidas a este medio digital.

Además, el candidato a la alcaldía de la provincia de Chupaca por el movimiento de La Naranja ha sido denunciado penalmente, desde 2021, por el delito de falsificación de documentos y otro (falsedad ideológica) en agravio del Estado y del denunciante Venecio Victor Jiménez López, según el expediente 00174-2021-0-1512-JR-PE-01. El trasfondo de este lío legal es la disposición de un terreno.

Sobre esta denuncia, Bastidas respondió que “se ha hecho de manera calumniosa. El fiscal ha solicitado su archivamiento porque no ha habido ningún documento falsificado ni nada por el estilo, así como han pretendido engañar (...).  Ese terreno es propiedad de la Municipalidad Provincial de Chupaca. Usted le pregunta a cualquier chupaquino y le van a decir que es propiedad municipal, históricamente”.

El historial oscuro de regidores y consejeros

El candidato a regidor provincial de Chupaca Alejandro Aliaga también es uno de los beneficiarios de las “canastas” navideñas del municipio de ese distrito. En 2018, el exfuncionario ostentaba el cargo de jefe encargado de la Unidad de Logística y Patrimonio, durante la gestión del mencionado alcalde Luis Bastidas. Si bien no pertenece al movimiento Junín Sostenible con su Gente, la relación Aliaga que tiene con Zósimo Cárdenas también es partidaria. Entre 2010 y 2011, formó parte de Trabajando juntos, el mismo movimiento regional que el líder de La Naranja integraba en aquellos años.

Al igual que Cárdenas y el exalcalde de Chupaca, Luis Bastidas,  Alejandro Aliaga también tiene un historial judicial. Cuenta con dos casos, entre el 2020 y 2021, en el Juzgado de Investigación Preparatoria, por los presuntos delitos de peculado y colusión. También enfrenta, desde el año pasado, una investigación fiscal por el presunto delito de peculado en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Y en la investigación de las “canastas” navideñas del municipio de Chupaca, la Contraloría determinó que Aliaga también tuvo responsabilidad administrativa, pues transgredió el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Además, incumplió los deberes y funciones de la función del servidor público, según la Ley del Código de Ética de la Función Pública, generando un perjuicio económico de 30 mil 561 soles a la comuna.

Un caso similar es el del candidato a consejero regional por Tarma, Luis Morales Nieva, quien aprobó casi 100 mil soles en aguinaldos y bonificaciones extras en Fiestas Patrias y Navidad para él, sus funcionarios y un directivo superior, cuando era alcalde provincial de Tarma, entre 2013 y 2014. Según el informe de Contraloría 017-2020-2-0415-SCE, durante la gestión de Morales se verificó que estos hechos eran presuntamente irregulares.

De acuerdo con el organismo de control, los empleados de confianza y el director superior no debieron recibir aguinaldos por el concepto de “importe pagado en aplicación de convenios colectivos”, cada uno por una suma entre los 2 mil 680 a 2 mil 980 soles. Ellos no estarían comprendidos en dichas negociaciones colectivas. Según la ley de presupuesto del sector público, para el año fiscal 2013 y 2014, solo les correspondía 300 soles y 500 soles, respectivamente. Estos pagos generaron un perjuicio a la comuna por 81 mil 500 soles.

Además, los empleados de confianza de Morales y su director superior recibieron una bonificación extraordinaria en 2013 y 2014, por un total de 8 mil 811 soles. La Contraloría advirtió que este tipo de aportaciones solo se percibían en el sector privado y no “siendo extensible a trabajadores sujetos al régimen laboral público (...)”. 

El entonces alcalde Luis Morales también recibió aguinaldos irregulares por 9 mil 086 soles. De acuerdo con dos informes del Servir, “los funcionarios (...), incluidos los alcaldes provinciales y distritales, no perciben gratificaciones por el importe de un sueldo mensual, sino aguinaldos (fiestas patrias y navidad) cuyo monto (...) asciende a la suma de 300 soles, (...) importe que las entidades públicas no están autorizadas a incrementar”.

El burgomaestre no sólo autorizó los pagos a sus funcionarios en 2014 sino también recibió un pago por el concepto de Fiestas Patrias y Navidad, por la suma de 9 mil 086 soles, generando un perjuicio económico al municipio por el mismo monto. 

Luis Morales Nieva junto a Zósimo Cárdenas. El candidato a consejero regional por La Naranja aparece en un informe de Contraloría por irregularidades cuando fue alcalde de Tarma. Foto: Facebook

En entrevista con este medio, Morales justificó los más de 9 mil soles que le dieron. “En el año 2014, pedí con un memorando que se haga el pago de aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad porque hay una ley que dice que los alcaldes provinciales, distritales y altos funcionarios deben cobrarlos. Y lo que yo he hecho es pedir al municipio para que me pague y el municipio me ha pagado, ese pago legal, y es lo que ha observado la Contraloría (...). Ese monto es legal porque existe una ley que dice que debemos cobrar ese monto, encima dice interpretación auténtica de la Constitución (...) ”, explicó.

Sobre los 300 soles que deben cobrar los alcaldes de acuerdo con Informes de Servir, el ex alcalde de Tarma afirmó que “primero, es falso". "Sabemos que la ley es más que un Informe de Servir. Constitucionalmente, la ley tiene mayor peso. Y segundo, el informe de Servir lo emite la Contraloría el 2017, o sea cuando yo ya no era alcalde (...). La ley dice que puedo tener aguinaldos de dos sueldos por año”, dijo.

Morales tiene 14 procedimientos, entre investigaciones fiscales y procesos judiciales, por presuntos actos vinculados con corrupción, según el portal Vigilancia Electoral. El exalcalde de Tarma es el tercero en la lista de los 40 candidatos del movimiento de La Naranja involucrados en presuntos delitos de corrupción. 

Entre 2015 a 2020, ha sido procesado por delitos de malversación, cobro indebido y colusión, en juzgados de investigación preparatoria. De estos casos, solo uno está en etapa intermedia, los demás se encuentran en el Poder Judicial y otros tres son investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por delitos como malversación y peculado. 

El vínculo entre Luis Morales y Zósimo Cárdenas es la candidatura electoral de los dos con el movimiento del expresidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, Convergencia Regional Descentralista (Conredes), en 2006. Durante las elecciones de aquel año, Cárdenas obtuvo, por primera vez, el cargo de alcalde de Pichanaqui, mientras que Morales asumió la alcaldía provincial en Tarma, en 2014.

En Huancayo, una de las candidatas a regidora de la provincia por el movimiento de La Naranja, Yudith Vilcapoma, también aparece en un informe de control sobre la Municipalidad Distrital de Chongos Alto, por presuntas irregularidades en la “contratación y ejecución de servicios de liquidación de proyectos de inversión pública”. Los hechos ocurrieron en 2018 y se le halló presunta responsabilidad administrativa y penal.

De acuerdo con el informe de control 17504-2021-CG/GRJU-SCE, los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Chongos Alto “simularon la contratación de tres servicios de liquidación física financiera de cuatro proyectos de inversión pública acreditando vistos buenos y firmas falsas en los requerimientos términos de referencia, solicitudes de certificación presupuestal, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, conformidad de la prestación y comprobantes de pago para justificar el gasto". 

"Además, todo el proceso de gasto no fue registrado en el SIAF (Sistema Interno de Administración Financiera), ocasionando un perjuicio económico a la entidad por 90 mil soles”, revela el documento. 

En 2018, la candidata Vilcapoma, derivó documentos “carentes de veracidad”, según el informe de control. Entonces se advirtió a la exgerente municipal la existencia de la “firma falsa” del gerente de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Rural en el informe de la Liquidación Física Financiera en los proyectos. Un ejemplo es el denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria en las localidad de Llamapsillon, Palmayoc y Palaco”. A pesar de ello, Vilcapoma otorgó la conformidad. El 28 de mayo de 2021, el informe pericial grafotécnico confirmó las diferencias en la firma del gerente. 

La Contraloría señaló que Vilcapoma tramitó documentos en cumplimiento de la solicitud de pago de la empresa Iccper SAC, cuando esta aún no había prestado ningún servicio. La propuesta de la empresa fue por 30 mil soles, que fue elegida debido al poco costo. Sin embargo, la cotización era “carente de veracidad”, pues el representante de la empresa aseveró no haber firmado el documento.

El 31 de diciembre visó y selló tres comprobantes de pago, por servicios de liquidación física y financiera “que no se prestaron”, y eran también carentes de veracidad pues “no corresponden al puño gráfico del encargado de Tesorería” confirma el informe.

Actualmente, Vilcapoma tiene dos investigaciones fiscales por el delito de colusión, según la base de datos de Vigilancia Electoral 2022, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. No está vinculada directamente con Zósimo Cárdenas, pero sí al partido de Junín Sostenible. Vilcapoma laboró el 2015 como evaluadora de proyectos para el Gobierno Regional de Junín, en la gestión de Angel Unchupaico, exlíder político de Zósimo.

Yudith VIlcapoma, candidata a regidora provincial de Huancayo, es investigada por la Fiscalía y aparece en un informe de la Contraloría por su labor en la Municipalidad de Chongos Alto. Foto: Facebook

Otro caso es el de Luis Gonzales Zúñiga, candidato a regidor, quien habría tomado posesión de un predio estatal “para su beneficio”, de acuerdo con el Informe de Control 023-2019-2-0411-SCE. El exregidor busca nuevamente el cargo en el distrito de Pilcomayo con el partido de La Naranja. Sin embargo, el 2018 aprobó con un grupo de regidores un convenio entre el municipio y la Asociación del Mercado Modelo de este distrito para la construcción del “Centro Comunal Comercial en el Barrio Centro”, por un valor de 407 mil 353,53 soles.

El Ministerio de Vivienda informó a los funcionarios que el municipio “debe abstenerse a utilizar el monto transferido hasta que sea revertido en el Tesoro Público”, explica el Informe. A pesar de eso, se habría usado la transferencia recibida para construir dicha obra, que no se concluyó. Además, se decidió aprobar un convenio con una asociación de comerciantes que no existía como persona jurídica.

Según la Contraloría, Luis Gonzales tiene presunta responsabilidad administrativa y penal. A esto se añade la diligencia preliminar que le realiza la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el delito de colusión en 2020. La conexión con Cárdenas viene de su afiliación política en Junín Sostenible, de 2014 a 2021. 

Extracto de informe de la Contraloría que identifica presunta responsabilidad administrativa y penal en el candidato a regidor distrital de Pilcomayo, Luis Gonzales Zúñiga.

Por otro lado, Julio Auris Surichaqui postula como candidato a regidor de la Municipalidad de Chilca, un distrito que conoce bien, pues en 2015 ocupó el cargo de subgerente de Planes de Desarrollo durante la gestión del exalcalde del distrito José Auqui, partidario de Junín Sostenible, antiguo movimiento de Zósimo Cárdenas.

Surichaqui, al igual que su actual líder, también está en la lista de la Contraloría. Además, tiene una investigación por el delito de peculado, de 2018, a cargo de la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

El nombre de Surichaqui aparece en el Informe de Contraloría N° 007-2018-2-1952, en el que se le responsabiliza administrativamente, cuando ostentaba el cargo de subgerente en la Municipalidad Distrital de Chilca, por omitir el requerimiento de un informe de enero, febrero y marzo de 2014. Estas acciones han repercutido en la suspensión de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), del Ministerio de Economía y Finanzas, institución que cofinanciaba el mejoramiento de la escuela pública inicial Rosa de los Ángeles de Azapampa.

Julio Auris Surichaqui, candidato a regidor en la Municipalidad de Chilca, aparece en un informe de la Contraloría por irregularidades cuando fue funcionario en dicha comuna. Foto: Facebook

Y por último, la candidata a regidora del distrito de Pucará, María Castro Vila, tiene un vínculo con Zósimo Cárdenas, a través del movimiento regional Convergencia Regional para el Desarrollo (Conredes), de 2005 a 2010, con el cual el exalcalde de Pichanaqui obtuvo su primera gestión. 

La postulante tiene un proceso judicial por peculado, desde 2005, en la Segunda Sala Liquidadora Penal, en la etapa de juicio oral, y aparece en un informe de Contraloría que le halló presunta responsabilidad administrativa cuando trabajó como auxiliar coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo. De acuerdo con la entidad de control, no notificó la medida cautelar previa a la clausura definitiva del establecimiento comercial “Campo Deportivo”, hecho que no tenía motivación y sustento legal, a pesar de que la existía una resolución firme de ejecución coactiva.

Al referirse a las autoridades del gobierno regional de turno, se le preguntó a Zósimo Cárdenas: ¿qué garantiza que el movimiento Sierra y Selva no termine como Perú Libre? El candidato respondió: “Jamás, jamás. Ellos tienen 200, 300 denuncias fiscales a comparación de las nuestras”.

(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe, en alianza con el diario La República y El Búho de Arequipa y reporteros independientes de diversas regiones del país.

(**) Anthony Quispe es reportero de Infoandes.pe, en Junín.