COVID-19: El rastro de irregularidades en contratos por S/ 3.1 millones adjudicados a tres proveedores por el Comando de Salud del Ejército

Antes de empezar, detengámonos en el siguiente punto: ¿cómo alguien puede saber exactamente a qué actividad comercial se dedica una persona o empresa? Como primera opción, puede buscar la ficha de constitución que la empresa presentó ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Este documento es como una partida de nacimiento de la empresa ante el Estado, en la cual se consigna los nombres de sus accionistas y sus principales ejecutivos, así como el monto de su capital y su rubro comercial. Como segunda opción, puede buscar a la compañía o persona a través de su ficha RUC (Registro Único de Contribuyente) en el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). El RUC funciona como un DNI, con el cual la empresa o persona puede registrar su nombre comercial, domicilio, número de trabajadores y, como máximo, tres actividades económicas a las que se dedica.

Hacemos esta aclaración porque en su primera contratación directa por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Comando de Salud del Ejército (Cosale) contrató a Ventury & Asociados S.A.C., Raphael Humberto Barzola Mendoza y Michel Alexis Lanao Salvatierra. Eran compañías o "personas naturales con negocio" que no contaban con actividades económicas relacionadas a la venta de productos médicos o sanitarios. Cuando los funcionarios del Cosale realizaron los estudios de mercado, la información de los proveedores en los registros públicos o en su ficha RUC indicaba que estos se dedicaban a otros rubros comerciales, pero no a la venta de insumos médicos o sanitarios. Además, su historial previo de contrataciones con el Estado mostraba que tenían poca o nula experiencia en este tipo de contrataciones. Aun así, los funcionarios del Cosale los consideraron como fuente válida para estimar el precio de los productos médicos que iban a adquirir en la primera etapa de la pandemia.

La presente investigación profundiza más en cómo se otorgaron los contratos en cuestión, y también escarba en los antecedentes de los involucrados. En el camino, se abordarán y encontrarán otros factores que dan cuenta de las irregularidades cometidas. Todos los contratos fueron suscritos en la gestión del entonces general de brigada EP Oswaldo Calle Talledo, quien estuvo al frente del Cosale entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020.

¿Calificados para el negocio?

En mayo de 2020, el periodista Ángel Arroyo advirtió —en el programa televisivo Punto Final— de posibles irregularidades y precios sobrevalorados en las compras de mascarillas descartables efectuadas por el Comando de Salud de Ejército. Quien estaba al mando de esta unidad era el general EP Oswaldo Calle. Arroyo le preguntó al jefe del Cosale por tres contratos firmados durante la crisis por la pandemia, en los cuales el precio de las mascarillas descartables de tres pliegues era de S/ 3.50. El general Calle —quien desde enero de 2021 dirige el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC) del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas— explicó que esos eran los precios que encontraron luego de realizar el estudio de mercado, que si compraban a una sola empresa, corrían el riesgo de que no internaran los bienes a tiempo y, por lo tanto, podía poner también en riesgo la salud de su personal. “Lo que primaba acá era la emergencia y el tiempo de entrega”, fue lo que respondió el funcionario ante los cuestionamientos del reportero.

Tales cuestionamientos eran en torno al proceso “DIRECTA-PROC-1-2020-EPUO 0790-1". El Cosale, en su primera contratación directa del año, había comprado insumos y materiales médicos por una suma superior a los S/ 4.6 millones. Entre los siete postores que ganaron la buena pro, se encontraban la compañía Ventury & Asociados S.A.C. y las "personas naturales" Raphael Humberto Barzola Mendoza y Michel Alexis Lanao Salvatierra. El periodista Arroyo se centró en la firma de estos tres contratos, y lo que notó fue que el precio era más alto de lo normal y que estos proveedores se dedicaban a otros rubros comerciales. Pero —como se mencionó líneas arriba— la explicación que dio el general fue la premura con que tenían que realizar la contratación debido a la situación de emergencia. Lo que Oswaldo Calle no dijo —tal vez por desconocimiento— fue que dos de los postores no cumplían, por lo menos, con uno de los requisitos mínimos de las bases de contratación.

Según su declaración jurada de intereses, la capitana EP Ketty Nelly Canazas Martínez asumió el cargo de jefa del Órgano Encargado de Contrataciones del Cosale en enero de 2020. Su función fue realizar las contrataciones de la entidad para afrontar la emergencia sanitaria. Por la situación, lo lógico pudo haber sido que ella contratase a proveedores con experiencia previa en la venta de estos bienes. Si a esto le agregamos el hecho de que su entidad está dedicada a la salud, podía recurrir incluso a revisar las contrataciones anteriores que realizó la institución con el objetivo de encontrar postores especializados con mayor facilidad. ¿Pero por qué la capitana Canazas terminó invitando a proveedores no relacionados con el rubro de venta de insumos médicos a participar en un proceso de contratación de este tipo? ¿Qué tan factible fue ello? ¿Qué tan eficaz o contraproducente resultó? Y sobre todo, ¿qué puede revelar tal decisión?

Según el resumen ejecutivo, las indagaciones de mercado de la contratación “DIRECTA-PROC-1-2020-EPUO 0790-1" fueron realizadas entre el 13 y el 17 de marzo de 2020. En esas fechas, ni Ventury & Asociados S.A.C. ni Raphael Barzola Mendoza ni Michel Lanao Salvatierra tenían registradas en la Sunat alguna actividad económica relacionada a la venta de insumos médicos. A excepción de Barzola, que se dedicaba principalmente a la venta de pilas y baterías a instituciones de las Fuerzas Armadas, los otros dos proveedores sí habían tenido contratos con el Estado por insumos médicos. Pero, como se verá más delante de manera más detallada, estos habían sido esporádicos y cuestionables.

Las ventas de Ventury & Asociados S.A.C. por insumos médicos se remontaban al 2008 y no superaban los S/ 12 mil en total. La mayoría de sus contratos fueron por servicios de mantenimiento de infraestructura y de venta de material de ferretería, un poco más acorde con lo que indica su objeto social en los registros públicos. Y, en el caso de Lanao Salvatierra, sus ventas al Estado en el rubro médico —que también se pondrán en entredicho— fueron ocasionales, pues se dedicaba principalmente al rubro de mantenimiento y reparación de infraestructuras, y ventas de implementos de seguridad.

No obstante, Ketty Canazas decidió otorgarles a los tres proveedores la buena pro de las mascarillas descartables de tres pliegues. Al mismo tiempo, también les dio la adjudicación de los cubrebocas a otras dos compañías que sí estaban especializadas en salud. El grueso de la compra, sin embargo, fue adjudicada a Ventury & Asociados S.A.C., Barzola Mendoza y Lanao Salvatierra.

La funcionaria Ketty Canazas podía contratarlos legalmente. Como se detalló en el primer reportaje de esta investigación periodística, se puede contratar a una empresa o persona cuya actividad económica no está necesariamente relacionada con el objeto de la convocatoria del proceso de contratación. La excepción es la consultoría de obras. Pero, en el resto de casos, no hay impedimento legal alguno.

Tampoco hay un proceso estándar para realizar un estudio de mercado, que consiste en solicitar cotizaciones a distintos postores para determinar un precio referencial del producto que se busca adquirir. En cierta forma, la decisión queda al libre albedrío de los funcionarios encargados de dicha función. En un proceso de contratación directa por situación de emergencia, la Ley de Contrataciones del Estado dispone que los trámites se aceleren. Como no se requiere un número mínimo de cotizaciones, el funcionario puede elegir “a dedo” al proveedor con el que cotizará, al que invitará a presentar su oferta y con el que, finalmente, firmará el contrato. Al respecto, la Guía de Orientación para una Contratación Directa bajo Situación de Emergencia indica que “dicha indagación debe sujetarse a los principios que rigen las contrataciones del Estado, encontrándose prohibido, por ejemplo, el favorecimiento de proveedores en específico”.

El 31 de marzo de 2020, la entonces jefa del Órgano Encargado de Contrataciones del Cosale firmó la adjudicación de la buena pro a Ventury & Asociados S.A.C., a Barzola Mendoza y a Lanao Salvatierra. Este documento es uno de los tantos que, en teoría, se regularizan en los 10 o 30 días hábiles posteriores al internamiento de los bienes o al inicio de la prestación del servicio. Según las bases de contratación, uno de los requisitos mínimos era que el postor debía acreditar ante la Sunat una actividad económica relacionada al objeto de la convocatoria. Eso significaba que los tres proveedores tenían que actualizar su ficha RUC, pues al momento del estudio de mercado no cumplían con tal requisito. La primera compañía lo hizo el 23 de marzo. En cambio, las otras dos personas naturales lo hicieron a destiempo.

La ficha RUC de Ventury & Asociados S.A.C. muestra que su actividad económica fue modificada el 23 de marzo de 2020.

El acta de otorgamiento de la buena pro fue suscrita oficialmente a las 2:30 p.m. del 31 de marzo de 2020. Según los datos proporcionados por la Sunat, vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Barzola Mendoza modificó su ficha RUC recién a las 10:33 p.m. de ese 31 de marzo, ocho horas después de que regularizaran la adjudicación de la buena pro. Mientras tanto, Lanao Salvatierra modificó su ficha RUC a las 4:51 p.m. del mismo día, dos horas después de la hora límite. Ambos registraron fuera del plazo que se dedicaban a la “venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados”.

Lanao (a la izquierda) y Barzola (a la derecha) modificaron sus actividades económicas horas después de que se firmara el acta de otorgamiento de la buena pro.

Dos mascarillas por la mitad del precio de una

En el primer proceso de contratación directa, el Cosale compró más de 1 millón de mascarillas descartables de tres pliegues. El 79% del total de estos cubrebocas fueron adquiridos a través de proveedores no especializados en la venta de ellas. Llama la atención no solo el precio alto que se pagó por ellas, sino también el hecho de que los cinco proveedores las hayan ofertado al mismo precio unitario: S/ 3.50.

Si comparamos este precio por unidad con los que pagó el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), observamos diferencias notorias. Entre marzo y abril de 2020, la entidad adscrita al Ministerio de Salud pagó por cada mascarilla de tres pliegues un precio promedio de S/ 0.96 (96 céntimos); y como máximo, desembolsó S/ 1.50 por cada cubrebocas. La información de cinco de los seis contratos que se listan en el observatorio de precios del Cenares ha sido corroborada para esta investigación, revisando la documentación del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Un ejemplo: mientras Cenares pagó un total de S/ 1'040,000 por 1'300,000 mascarillas descartables de tres pliegues, el Cosale pagó lo mismo por 297,200 mascarillas de ese tipo. Eso significa que, aproximadamente, cuatro mascarillas del Cenares costaron lo mismo que una sola mascarilla del Cosale.

A diferencia del Cenares, el Cosale tampoco solicitó que los proveedores cuenten con certificación de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas de almacenamiento, de buenas prácticas de distribución de transporte o que tengan una Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Estos documentos de la Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) pueden asegurar que la producción, almacenamiento y comercialización de los productos farmacéuticos se den con estándares apropiados. Las bases de contratación del Cosale no hicieron mención alguna sobre ello.

Entonces, el Cosale contrató a proveedores no especializados en la venta de material médico, adquirió mascarillas de tres pliegues a un precio muy por encima del mercado y no pidió documentación que otras entidades sí requirieron. Lo que sí les solicitó a los postores es que acrediten tener una experiencia previa en la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. El Cosale consideró como bienes similares a los materiales e insumos médicos. Para ello, Ventury & Asociados S.A.C., Barzola Mendoza y Lanao Salvatierra debían presentar boletas, contratos, órdenes de compra o facturas que demuestren que, en los últimos ocho años, habían facturado S/ 200,000 por la venta de estos productos. A excepción de Lanao Salvatierra, los otros dos —según su historial de contrataciones con el Estado— no habían tenido, en ese periodo de tiempo, ventas de ese tipo de bienes en el sector público.

Proveedores recurrentes

Para tratar de entender por qué se contrató a Raphael Humberto Barzola Mendoza, Ventury & Asociados S.A.C., y Michel Alexis Lanao Salvatierra, debemos retroceder y revisar sus negocios anteriores con el Estado. Todos han sido proveedores asiduos de instituciones de las Fuerzas Armadas.

Según el portal del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE), el historial de contrataciones de Barzola muestra que nunca antes le había vendido algún implemento médico al sector público. De hecho, sus contratos con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.), el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han sido, sobre todo, para la venta de pilas y baterías. Y si bien gran parte de sus servicios prestados son de este tipo, lo cierto es que él puede ser considerado como un contratista general o un ‘proveedor todoterreno’: también se le ha requerido por material de gasfitería, utensilios de comedor, material deportivo, productos de ferretería, remodelación de baños, confección de prendas de vestir, zapatillas, servicios de impresión, venta de libros y equipo fotográfico, entre otros. Por ejemplo, en los dos meses posteriores a la venta de las mascarillas de tres pliegues, Barzola fue contratado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejército para adquirir pilas, baterías y recargadores de baterías. Y, en diciembre último, la Marina de Guerra del Perú lo contrató para que le venda material de aseo y limpieza, y también papel membretado. Y eso es mencionando solo algunos de los servicios por los cuales ha sido contratado en 2020.

Nube de las palabras que más se repiten en las adjudicaciones ganadas por Barzola Mendoza.
 

Barzola Mendoza, como "persona natural", tiene un registro de contrataciones con el Estado que data desde el 2007. Según el portal Transparencia Económica del MEF, entre ese año y el 2020, Barzola ha facturado más de S/ 7.6 millones por contratos con entidades públicas. Su historial no termina allí. Junto con sus hermanos Rosa y Carlos, fue parte de Gráfica Barzola Mendoza SRL. Según la Sunat, Raphael Barzola Mendoza fue gerente general de esta empresa desde julio de 1996, un mes después de su inscripción. Entre 2003 y 2005, la compañía —que fue dada de baja en 2009— cobró S/ 31 mil 502 por contratos con la Marina de Guerra del Perú y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Entonces, para poder acreditar ante el Comando de Salud del Ejército tener la experiencia requerida (S/ 200,000 en ventas anteriores), la única opción es que Barzola Mendoza haya presentado contratos con empresas privadas. Ante esta situación, surge la pregunta: si él no contaba con un historial de contratos públicos que lo avale y nunca antes había registrado ante la Sunat alguna actividad económica relacionada con la venta de productos farmacéuticos o médicos, ¿por qué se le invitó para que participara en el proceso?

Para este reportaje tratamos de comunicarnos con el empresario Barzola Mendoza. Sin embargo, no respondió el mensaje enviado vía correo electrónico y tampoco el teléfono fijo que figura en el Registro Nacional de Proveedores del Estado.

Los Venturo Alache

Para adjudicarse la buena pro de las mascarillas de tres pliegues del Cosale, Ventury & Asociados S.A.C. también tenía que demostrar haber realizado ventas de bienes iguales o similares al de la convocatoria por S/ 200,000 en los ocho años anteriores. El portal del OSCE —que tiene información desde el 2008 sobre los proveedores del Estado— muestra que esta compañía solo tuvo tres contratos con entes públicos por algún concepto relacionado a implementos médicos. En total, los tres contratos sumaron S/ 11,969 y fueron otorgados en 2008. Es decir, no estaban en el periodo de ocho años requeridos en la convocatoria del Cosale. De todos modos, llama la atención que se le haya contratado en 2008 por medicamentos, material odontológico, de enfermería y mamelucos, pues en ese año el objeto social de la empresa tampoco estaba relacionado a este tipo de rubro comercial. 

 El objeto social de la empresa Ventury & Asociados S.A.C. no incluye la venta de material o insumos médicos. Desde 2005, su objeto social no ha sido modificado en los registros públicos.

Ventury & Asociados S.A.C. pudo haber presentado facturas o contratos firmados con alguna empresa del sector privado y, así, acreditar el monto mínimo que se le pedía como experiencia. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta empresa —en su constitución en registros públicos— no incluyó la venta de implementos médicos o artículos farmacéuticos como parte de su objeto social. Además, según información proporcionada por la Sunat —vía la Ley de Transparencia—, nunca antes había registrado en su ficha RUC alguna actividad vinculada a la venta de productos médicos. De hecho, sus contratos con el Estado se caracterizan, sobre todo, por estar relacionados a los rubros de mantenimiento de infraestructura o ferretería. Es más, Ventury & Asociados S.A.C. puede considerarse como un ‘proveedor todoterreno’: se le ha requerido para la venta de ecran, pintura, sillones, escritorios, fotocopiadora, cámara digital, prendas de vestir, material eléctrico, material de ferretería, material de construcción, servicios de construcción y mantenimiento de infraestructuras, reparación y mantenimiento de vehículos, entre otros. Como en el caso de Raphael Barzola Mendoza, la empresa no mostraba experiencia relacionada al objeto de la convocatoria en el sector estatal, así como también su información en la Sunarp y la Sunat señalaban que se dedicaba a otro rubro. A pesar de todo ello, de que no se podía tener la certeza de que cumpla con los requerimientos, los funcionarios del Cosale invitaron a Ventury & Asociados S.A.C. a participar en el proceso.

Aparte del contrato firmado con el Cosale, Ventury & Asociados S.A.C. ganó otro durante la pandemia por implementos médicos con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por poco más de S/ 100 mil. Allí, la empresa vendió mascarillas N95 con válvula de respiración (que no evitan la propagación del COVID-19), mascarillas descartables de tres pliegues, guantes descartables y alcohol industrial. Mientras al Cosale le vendió a S/ 3.50 cada mascarilla, Ventury & Asociados S.A.C. le vendió al CC.FF.AA. mascarillas de tres pliegues a un precio unitario de S/ 3.90. Su falta de experiencia y los precios altos que ofreció no fueron impedimento para que la compañía contratara con el Ejército y el CC.FF.AA. en plena emergencia sanitaria. ¿A qué se debió esto? Una posible explicación es que uno de sus accionistas fue miembro de la Marina, lo que también puede explicar la relación comercial cercana entre la empresa proveedora y las instituciones de las Fuerzas Armadas.

La nube de palabras que más se repiten en los contratos firmados por Ventury & Asociados S.A.C. con instituciones públicas.

Ventury & Asociados S.A.C. fue inscrita oficialmente en Registros Públicos en enero del 2005. Los socios originales fueron Ana Alache Alva y Félix Lazo Sánchez, quienes la fundaron con un capital inicial de S/ 10,000. Desde el primer año de creada, la compañía empezó a contratar con el Estado y, de manera más específica, con la Marina de Guerra del Perú. Entre 2005 y 2020, según el portal de Transparencia Económica del MEF, esta empresa facturó más de S/ 17 millones por contratos con el Estado.

Félix Lazo Sánchez, militante aprista desde 2008, aún figura como gerente general de Ventury & Asociados S.A.C. Actualmente, el portal de proveedores del Estado indica que él y José Venturo Girón son socios de Ventury & Asociados S.A.C. El nombre de Ana Alache Alva ya no aparece, al menos de manera explícita. Pero lo cierto es que ella es esposa de José Venturo.

En setiembre de 2012, la “Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" fue otorgada a 584 personas, entre capitanes de navío, técnicos, oficiales de mar y empleados civiles. Uno de ellos fue José Venturo, quien al igual que los demás recibió la distinción por cumplir 30 años de servicio ininterrumpido en la Marina de Guerra del Perú. Venturo Girón —se lee en la resolución del Ministerio de Defensa— era en ese entonces un oficial de mar 1°, lo que equivale a ser un suboficial de 1ª en el Ejército, la Fuerza Aérea o la Policía Nacional. A finales de ese año 2012, la empresa de la cual era socia su esposa ya había cobrado cerca de S/ 5 millones en total por contratos con la Marina de Guerra, desde 2005.

Desde que se constituyó, Ventury & Asociados S.A.C. ha contratado incesantemente con la Marina de Guerra. Ningún año ha sido la excepción. Y desde el 2012, esto también se repite con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No es la única compañía que ha seguido este patrón. Constructora y Consultoría Capelsa S.A.C., administrada por Félix Lazo Sánchez, ha seguido el mismo camino: desde su constitución en 2006 ha contratado constantemente con la Marina de Guerra y desde el 2012 empezó también su relación contractual con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El oficial de mar 1º (r) José Venturo integró la Marina de Guerra durante 30 años antes de ser empresario y contratar con el Estado.

La estrecha relación que hay entre las dos empresas de Félix Lazo y la institución naval no ha impedido que haya controversias entre sí. Ambas empresas fueron sancionadas en abril de 2015 por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) luego de no suscribir un contrato convocado por la Marina de Guerra. El TCE concluyó que tal acto de no firmar fue injustificado y por eso inhabilitó por ocho meses para contratar con el Estado a las tres integrantes del Consorcio Capeventur: Ventury & Asociados S.A.C., Constructora y Consultoría Capelsa S.A.C. y G.T.C. Contrata S.A.C.

En teoría, las compañías no podían contratar con alguna entidad estatal desde el 22 de abril de 2015 hasta el 22 diciembre del mismo año. En la práctica, Ventury & Asociados S.A.C. y Constructora y Consultoría Capelsa S.A.C. siguieron contratando vía órdenes de compra o servicio menores de 3 UIT (Unidad Impositiva Tributaria). Eso significa que fueron pagos por nuevas contrataciones y no pagos programados por algún proceso anterior. Según el portal del OSCE, entre el 5 de mayo y el 11 de diciembre de 2015, Ventury & Asociados S.A.C. emitió once órdenes de compra o servicio por un monto total superior a los S/ 81 mil. Diez de ellas fueron suscritas con la Marina de Guerra y la restante, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De otro lado, entre el 30 de junio y el 15 de diciembre de 2015, Constructora y Consultoría Capelsa S.A.C. emitió diez órdenes de compra o servicio por una suma cercana a los S/ 78 mil. Todas fueron generadas con la Marina de Guerra.

Además de esas dos empresas, hay otro par de compañías que pertenecen al grupo familiar y que mantienen la misma relación contractual con las Fuerzas Armadas. Luego de que José Venturo recibió la condecoración de la Marina de Guerra, la familia Venturo Alache empezó a contratar con las instituciones a través de Corporación JV & KV Asociados S.A.C. y también a través de Inversiones Dia Ven E.I.R.L. Las dos compañías fueron constituidas entre febrero y marzo de 2011, con un capital inicial de S/ 10,000 cada una. Ambas empezaron a contratar cada año, desde el 2013 hasta 2020, con la Marina de Guerra y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La primera empresa fue fundada por José Venturo Girón y su hija Diana Venturo Alache. Venturo Girón fue nombrado como su gerente general. La segunda empresa fue fundada solo por Diana Venturo Alache, quien por esos años culminaba su carrera de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. De hecho, a fines de 2012 recibió el diploma de abogada por parte de su universidad. En diciembre de 2020, ella fue galardonada por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en su cargo como secretaria judicial del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral, en el distrito de Independencia.

Entre Ventury & Asociados S.A.C., Constructora y Consultoría Capelsa S.A.C, Corporación JV & KV Asociados S.A.C. e Inversiones Dia Ven E.I.R.L., estas cuatro compañías recibieron en conjunto hasta el momento más de S/ 39 millones por contratos con el Estado. De este monto, el 62% fue pagado por la Marina de Guerra y el 31% por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En total, el 93% de la suma obtenida por adjudicaciones estatales corresponde a contratos con estas dos instituciones públicas.

Para esta investigación solicitamos una entrevista con los representantes de Ventury & Asociados S.A.C.; José Venturo Girón accedió inicialmente a brindarnos una entrevista. Pero, luego no volvió a contestar los mensajes de texto, el correo electrónico ni las llamadas telefónicas.

Un proveedor ya investigado

Michel Lanao Salvatierra ganó la contratación directa del Cosale por mascarillas descartables de tres pliegues. Además, en los meses posteriores, le adjudicaron otros dos contratos en el Ejército: uno fue a través de una contratación directa, en el contexto de la crisis sanitaria, con el objetivo de adquirir equipos de protección para el Cosale; mientras otro fue a través de una adjudicación simplificada con el fin de comprar herramientas para la reparación y mantenimiento de la 31ª Brigada de Infantería (como palas, hachas, serruchos, machetes, entre otros). Por el nuevo acuerdo con el Cosale, firmado en el marco de la contratación “DIRECTA-PROC-2-2020-EPUO 0790-1”, se desembolsó S/ 254,670. Eso significa que, en total, Lanao Salvatierra consiguió más de S/ 1 millón 294 mil en contrataciones directas con el Ejército durante la pandemia.

“No saben todo el daño que me han causado, todo el daño que me están causando por estas falacias y mentiras y falta de información, como la primera que me acabas de decir: que es producto médico. No es producto médico”, dijo Michel Lanao Salvatierra para este reportaje. Esas fueron algunas de sus primeras palabras cuando se le preguntó acerca de la primera contratación directa que ganó con el Ejército entre marzo y abril del 2020. Lanao Salvatierra —que ha sido el único proveedor que ha respondido para este reportaje— no dio tiempo para explicarle inicialmente que la contratación por la cual se le preguntaba sí era sobre material médico, que las bases lo describían de ese modo. Ya agregaría luego, al final de la entrevista, que no entendía el “morbo” (esa fue la palabra que utilizó) que hay con él, dado que cuenta —según indicó— con una experiencia de 15 años contratando con el Estado.

La respuesta de Lanao tal vez se debe a que es uno de los proveedores más investigados por sus contratos efectuados durante la emergencia sanitaria: no solo por los medios periodísticos, sino también por el propio Ministerio Público. Aunque la ley no lo impide, Lanao Salvatierra ha seguido firmando contratos con entidades públicas a pesar de que está incluido en tres investigaciones preliminares de la Fiscalía Anticorrupción, según informó hace unas semanas un reportaje de Convoca.pe. Solo como ejemplo, en ese mismo reportaje, los periodistas detallan —según las indagaciones fiscales— que Michel Lanao “entregó su cotización al municipio [Municipalidad Metropolitana de Lima] fuera del plazo permitido, que pidió por las mascarillas un precio por encima del mercado y que, días antes de obtener la adjudicación, acudió a las oficinas de la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima”. Las investigaciones fiscales del 2020 son solo parte de un historial negativo que tiene Lanao Salvatierra como proveedor del Estado.

Michel Lanao, como "persona natural", tiene un nombre comercial: Davis International. Cuando se presenta a los contratos, firma como el gerente general de Davis International. Ha sido también gerente general de dos compañías inscritas en los registros públicos: Inversiones Comercio y Servicios Generales S.A.C. (ICSEGEN S.A.C.) y Sakima EIRL. Ambas fueron sancionadas por el Tribunal de Contrataciones con el Estado por ser integrantes de consorcios que presentaron documentos falsos en concursos públicos.

El caso de Sakima E.I.R.L. ya ha sido abordado en el mencionado reportaje de Convoca.pe: el Tribunal de Contrataciones del Estado la sancionó junto con la Empresa de Servicios Múltiples de Artemiza Ríos E.I.R.L. El TCE las inhabilitó a las dos durante 39 meses para contratar con el Estado, debido a que habían presentado documentos falsos e información inexacta sobre servicios prestados a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú.

En el caso de ICSEGEN S.A.C., esta empresa fue fundada en 2004 por Ricardo Vicente Gómez Salvatierra (70% de las acciones) y Michel Lanao Salvatierra (30% de las acciones). Mientras el primero fue nombrado gerente general, Lanao Salvatierra fue elegido apoderado de la empresa, lo que le facultaba a reemplazar al gerente general en caso esté ausente. En enero de 2009, Lanao Salvatierra asumió el cargo de gerente general de ICSEGEN S.A.C. Inmediatamente, según el portal web de la Sunat, la empresa fue dada de baja en mayo de ese año. Para entonces, la compañía ya afrontaba un proceso administrativo sancionador que el TCE había iniciado contra el consorcio integrado por Estilita Fabián Vilca de Medina y las empresas ICGESEN S.A.C. y Arlu Inversiones E.I.R.L. En agosto de ese año, los tres proveedores fueron inhabilitados durante un periodo de 13 meses para contratar con el Estado por haber incumplido, de manera injustificada, un contrato de 2007 con la Municipalidad de Villa El Salvador. La resolución indica que ninguno de los proveedores se apersonó a dar sus descargos durante el proceso.

A la izquierda, Michel Lanao Salvatierra como socio fundador de ICSEGEN S.A.C. en 2004. A la derecha, Lanao Salvatierra asume como gerente general de la empresa en 2009.

En mayo de 2010, luego de la apelación de Estilita Fabián, los miembros del tribunal del OSCE finalmente inhabilitaron para contratar con el Estado a ICSEGEN S.A.C. y Estilita Fabián Vilca de Medina por 12 y 10 meses, respectivamente. ¿La razón? Junto con la Arlu Inversiones E.I.R.L., presentaron una promesa formal de consorcio, que era falsa, ante la Municipalidad de Villa El Salvador. Estilita Fabián apeló de nuevo y se le revocó la sanción. Fue la única proveedora involucrada que tuvo iniciativa en el proceso. Ella recurrió al testimonio del notario público cuyos sellos y firma aparecían en la promesa formal del consorcio. A través de una carta, esto es lo que dijo el notario sobre tal documento: “No me pertenecen ni han sido efectuados en esta notaría, tratándose de una falsificación de mis sellos y mi firma".

Diferente fue el caso de ICGESEN S.A.C. Ningún representante de ICSEGEN S.A.C. acudió a brindar sus descargos durante la audiencia. Había pasado ya un año luego de que la empresa fue dada de baja. Para entonces Michel Lanao Salvatierra ya había firmado su primer contrato con el Estado como una persona natural con negocio propio. Lo hizo en abril de 2010 con la Fuerza Aérea. Y lo hizo como Davis International.

La relación contractual de Michel Lanao Salvatierra con la Fuerza Aérea se remonta al 2005. Según el portal de Transparencia Económica del MEF, entre ese año y el 2006, la empresa ICSEGEN S.A.C. recibió el pago de S/ 98,018 por parte de la Fuerza Área. Después, en abril de 2010, el primer contrato que firmó como persona natural con negocio —de acuerdo con el portal del OSCE— fue realizado también con la Fuerza Aérea: Davis International cobró S/ 14,900 por el mantenimiento y reparación de la torre de control de control y vigilancia de la Base Aérea Las Palmas. Desde entonces, Lanao Salvatierra no ha dejado de contratar con el Estado. Puede ser también considerado como un “proveedor todoterreno”. Como gerente general de Davis International lo han contratado, por ejemplo, para el mantenimiento y reparación de máquinas de imprenta, reparación de equipos de lavandería, servicios de pintado, adquisición de celulares, camarotes, frazadas, colchones, lubricantes para vehículos, equipos de aire acondicionados, artefactos eléctricos, material de limpieza, implementos de seguridad, trajes de protección, entre otros. Desde 2010 hasta la fecha, Davis International ha recibido más de S/ 16 millones del Estado. El Ejército y la Municipalidad de San Isidro, en ese orden, son las entidades con las que más ha contratado.

La nube de palabras de los contratos firmados entre Michel Lanao Salvatierra y entidades del Estado.

La experiencia de Davis International en el rubro médico ha sido ocasional. Ello no impidió que el Ejército lo invitara a participar en el proceso que buscaba comprar mascarillas quirúrgicas de tres pliegues. Al igual que los otros dos proveedores anteriores, Michael Lanao tenía que acreditar haber generado ventas por S/ 200,000 en productos iguales o similares a los del objeto de la convocatoria, el cual estaba descrito como “adquisición de dispositivos médicos”. El Cosale —se comentó líneas arriba— consideró como bienes similares a los materiales o insumos médicos. La repetición de esto es necesaria en tanto Michel Lanao Salvatierra aseguró, en la entrevista brindada para este reportaje, que sí contaba con la experiencia necesaria al dedicarse a la venta de equipos de protección personal.

Tal afirmación es parcialmente cierta si tomamos en cuenta solo los contratos con instituciones del Estado: es verdad que su experiencia como proveedor muestra que ha vendido equipos de protección personal antes de la pandemia, aunque no han sido, en su mayoría, para personal de salud. Lanao Salvatierra ha vendido trajes de protección para operaciones de desminado humanitario, personal técnico electromecánico, personal de saneamiento y personal de laboratorio. Por otra parte, Lanao sí cuenta con la experiencia necesaria en cuanto a venta de insumos médicos. Para este reportaje identificamos que los dos últimos contratos por insumos médicos ganados por Lanao en concurso público (anteriores al inicio de la pandemia en el Perú) fueron firmados en 2018: ambos consistieron en la venta de productos para botiquines. Uno fue firmado con la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau S.A. y el otro, con el Programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Aparte de esos, tendríamos que retroceder hasta el 2017 y al 2013 para encontrar otros dos contratos de este tipo.

El contrato con el Programa Juntos fue por un monto de S/ 236,400. En esa ocasión, Lanao se adjudicó la licitación pública de productos de botiquines médicos y bloqueadores solares. Ganó el contrato en consorcio con la empresa Morlan EIRL. Para que el consorcio resulte ganador, debían demostrar haber realizado ventas por una suma igual a tres veces el valor referencial del ítem, el cual era S/ 298,150. Eso significa que tenían que acreditar haber facturado un monto total de S/ 894,450 por ventas de “botiquines, insumos médicos, protectores solares o medicinas para personas en general”. El consorcio presentó cuatro contratos como muestra de su experiencia. Sin embargo, llama la atención uno de estos, que fue firmado entre Michel Lanao Salvatierra y Comercial Grover Hermanos.

El contrato en cuestión, entre Michel Lanao Salvatierra y Comercial Grover Hermanos SRL, fue por S/ 527,000. Según se muestra en el contrato, este fue firmado en 2013 para adquirir 1,700 botiquines: cada botiquín tuvo un precio unitario de S/ 310. Para este reportaje se calculó cuánto costaría ese botiquín: el precio del botiquín, a día de hoy, no supera los S/ 100.

A la izquierda, el documento en el Lanao Salvatierra y la empresa Morlan EIRL presentan el contrato con Comercial Grover Hnos. S.R.L. para acreditar experiencia en la venta de botiquines.

Según lo detallado al inicio de este reportaje, Lanao Salvatierra no cumplió a tiempo con modificar su ficha RUC para regularizar los documentos ante el Cosale por el contrato que le adjudicaron. Consultado al respecto, Lanao Salvatierra sostuvo que él cumplió con regularizar los documentos y que la pregunta la debía responder la institución pública: “Yo cumplo con decirte: claro que modificamos y ahí está. Y si tú has visto que hemos regularizado, sí, lo regularizamos ese mismo día. Si de ahí han dicho que se firmó antes o no, lo que fuera, ya es parte de la entidad. Pregúntale a ellos. Eso no me compete a mí. Esa pregunta no me la tienes que hacer a mí”. No es el único problema que Lanao Salvatierra ha tenido con su ficha RUC.

En noviembre de 2019, el Tribunal de Contrataciones del Estado decidió abrir expediente administrativo sancionador contra Michel Lanao por la presentación de presuntos documentos falsos o adulterados. Previamente, el TCE había ordenado a la Sunat verificar la autenticidad de la ficha RUC presentada por Lanao Salvatierra en una convocatoria hecha por la Municipalidad de San Isidro. Dado que el objeto de la convocatoria estaba relacionado a la confección textil, Lanao presentó en abril de 2019 una ficha RUC donde consignaba como actividad económica principal la venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado. Lanao ganó el contrato.

Sin embargo, la empresa Inversiones y Confecciones Ortiz S.R.L., postor que perdió el concurso, denunció haber sido descalificado de manera injusta y que, en cambio, Lanao fue favorecido para ganar el proceso. Uno de los puntos que destacó Inversiones y Confecciones Ortiz S.R.L. fue que las actividades económicas reportadas por Lanao Salvatierra ante la Sunat no incluían la venta de productos textiles, sino la construcción de edificios y venta al por menor de productos de ferretería.

Aunque los miembros del tribunal del OSCE decidieron anular el proceso por ambigüedades en las bases de contratación y volverlo a fojas cero, sí ordenaron a la Sunat verificar la autenticidad de dicha ficha RUC y dispusieron también que la Municipalidad de San Isidro fiscalice el proceso y emita un informe al respecto. El informe técnico legal de febrero de 2020 del municipio de San Isidro recoge el análisis hecho por la Sunat: lo que presentó Michel Lanao Salvatierra no fue, en realidad, una ficha RUC. El historial de cambios de su ficha RUC, obtenido a través de la Ley de Transparencia, indica efectivamente que Lanao Salvatierra no registró la actividad comercial de venta de productos textiles en abril de 2019. En realidad, no registró dicha actividad recién hasta el 12 junio, día en que el TCE ordenó a la Sunat verificar la autenticidad de la ficha RUC presentada. En suma, Lanao Salvatierra presentó un documento ante la municipalidad declarando que su actividad económica principal estaba relacionada al sector textil; no obstante, por esas fechas, Lanao nunca realizó tal modificación.

Con estos antecedentes reseñados de la doble sanción por presentación de documentos falsos, una investigación en curso también por presunta falsificación y una experiencia en entredicho en el rubro médico, Michel Lanao Salvatierra ganó la contratación directa del Cosale por mascarillas descartables de tres pliegues y, luego, la de equipos de protección.

El silencio como estrategia

No queda claro cuál fue el criterio utilizado por los funcionarios del Comando de Salud del Ejército (Cosale) para contratar a los proveedores durante los primeros meses de la emergencia sanitaria. ¿Utilizaron la información de los registros públicos y del portal de la Sunat? ¿O recurrieron a revisar las contrataciones históricas de la entidad y demás instituciones estatales para encontrar proveedores especializados? Al final, terminaron invitando tanto a proveedores con experiencia en el sector salud, así como también proveedores que no estaban especializados en ese rubro. Y, en algunos casos, terminaron concentrando el grueso del volumen de productos solicitados precisamente a proveedores no especializados.

La responsabilidad es de múltiples funcionarios. El general Oswaldo Calle, como jefe del Cosale, fue finalmente quien firmó todos los contratos investigados para este reportaje. Pero no es el único involucrado. Hubo también militares que participaron en otras etapas de las contrataciones. Por ejemplo, para los procesos “DIRECTA-PROC-1-2020-EPUO 0790-1" y “DIRECTA-PROC-2-2020-EPUO 0790-1", la jefa del Órgano Encargado de Contrataciones del Cosale fue la capitana Ketty Canazas Martínez. La función de su puesto consistió precisamente en liderar las contrataciones directas de la institución durante la emergencia sanitaria. Ella firmó el resumen ejecutivo, donde se detalla las fechas de la indagación de mercado, y fue ella quien estampó su firma aprobando la adjudicación de la buena pro a Raphael Barzola Mendoza, Ventury & Asociados S.A.C. y Michel Lanao Salvatierra.

Asimismo, el teniente José Luis Azabache Peralta, como jefe de la Sección de Abastecimiento del Cosale, se encargó de realizar el informe técnico del primer proceso. Mediante tal documento, Azabache especificó qué era lo que debía comprar el Cosale; y, al mismo tiempo, solicitó que la Comandancia General del Ejército apruebe y destine presupuesto para la contratación directa. Por último, se encuentra el coronel Pedro Monsalve Navarrete, quien como subjefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército emitió el informe legal respectivo y consideró que el pedido de presupuesto para realizar compras directas era viable.

Al día de hoy, algo que tienen en común los tres últimos funcionarios del Ejército mencionados es que sus acciones han sido puestas en entredicho por el Ministerio Público o la Contraloría. Por ejemplo, en mayo de 2019, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria en contra de Pedro Monsalve. La Fiscalía sostiene que, entre 2008 y 2014, Monsalve fue parte de una organización criminal instaurada en el Ejército que se dedicó a cobrar, de manera fraudulenta, pensiones, pensiones devengadas y seguros de vida de soldados fantasma: personas que no existían o que no habían prestado servicios al Ejército. Según la hipótesis de la Fiscalía, la organización criminal se apropió de un monto total que supera los S/ 10 millones. Pedro Monsalve, como jefe de la Sección de Asesoría Legal de la Jefatura de Administración de Derechos de Personal del Ejército —entre enero y diciembre de 2009—, emitió cuatro resoluciones que habrían contribuido al desfalco del dinero de la institución castrense. Su defensa, por ahora, ha consistido en recurrir a la prescripción de los delitos que se le imputan: peculado doloso (en calidad de cómplice) y asociación ilícita. En septiembre de 2020, el Poder Judicial le dio la razón parcialmente y consideró que solo el delito de peculado doloso (apropiación de dinero público) por el cual se le acusaba ya había prescrito.

En cuanto a los otros dos militares, la Contraloría recomendó iniciar acciones administrativas y penales, respectivamente, contra la capitana Canazas y el teniente Azabache. ¿La razón? Participaron en la contratación “DIRECTA-PROC-5-2020-EPUO 0790-1”, proceso en el que, por ejemplo, se adjudicó la buena pro a compañías que no cumplían los requisitos de las bases; se elaboraron varias órdenes de compra para evitar el cobro de penalidades a las empresas ganadoras de la adjudicación; y se contrató a proveedores que no habían obtenido la buena pro.

Para este reportaje solicitamos una entrevista con los cuatro funcionarios mencionados. No obstante, desde la Oficina de Informaciones del Ejército (OIE) nos indicaron que no accederían a brindarla debido a la reserva de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Al igual que en el caso del Hospital Militar Central, los funcionarios han optado por el silencio como estrategia.

(*) Esta investigación se desarrolló con la beca “Fondo para financiar proyectos periodísticos sobre corrupción en pandemia”, del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Unión Europea.