Comunidades con convenio para conservar bosques tuvieron pico de deforestación en la pandemia

Desde el borde del río Ene, se observa el inmenso bosque que se expande por la comunidad asháninka Cutivireni, en Junín, en la selva central del Perú. No hace mucho, en un sector de Pamaquiari, comuneros proyectaron la tala y quema de dos cuadras (unos 200 metros) de árboles y arbustos para el cultivo de cacao y plátano sobre el terreno despejado. Una práctica tradicional en las comunidades indígenas y campesinas dedicadas a la agricultura para su subsistencia, que en los últimos meses no han podido controlar. La fuerza del viento propaga el fuego durante la tala y quema de los árbotes y una amplia extensión de terreno boscoso queda arrasada.

“Para sembrar ajonjolí hay que tumbar y quemar sino no produce. No hemos podido detener el fuego”, dice un dirigente comunal del anexo Pamaquiari, en Cutivireni, que prefiere ser no identificado por medidas de seguridad. Esta comunidad se encuentra cerca de zonas de narcotráfico y recientemente se ha registrado en otras regiones de la Amazonía el asesinato de líderes indígenas que protegen sus bosques de las redes criminales.

La comunidad nativa Cutivireni está a la margen derecha del río Ene, en la provincia de Satipo. Tiene un territorio titulado de 30 mil hectáreas, que abarcan sus 11 anexos, desde 1978. Aquí viven unas 1.800 personas de la etnia asháninka dedicadas, principalmente, al cultivo de cacao, plátano, café y yuca. Cutivireni es la única comunidad nativa que integra la Federación Asháninka del Río Ene (FARE), organización formada en agosto del 2008. La comunidad está ubicada a unas 20 horas de viaje por carretera y río desde Lima. Trasladarse entre los anexos más lejanos del pueblo asháninka puede tomar más de una hora de recorrido. Además del Ene, Cutivireni está abrazada por el río del mismo nombre y es atravesada por el río Mamiri.

Esta comunidad es una de las 126 beneficiarias del mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC), según la información actualizada del programa Bosques del Ministerio del Ambiente (Minam) hasta el 22 de diciembre de 2021. Este programa es un incentivo económico para que las comunidades conserven sus bosques y reduzcan la deforestación.

Desde el 29 de diciembre de 2018, Cutivireni tiene un convenio para proteger 26.404.41 hectáreas de bosques y por ello recibe S/264.044.10 (US$64.796) al año . De acuerdo con la estrategia del Programa Nacional de Conservación de Bosques, cada comunidad que es parte de las TDC recibe al año S/10 (US$2.47) por hectárea de bosque que se haya comprometido a conservar.  Rudy Valdivia, encargado de la coordinación ejecutiva del programa, explica que los convenios con las comunidades son por cinco años y plantean límites de reducción de desbosque cada vez más bajos. Si estas metas son cumplidas, lo cual es verificado mediante el sistema satelital, se efectúan los desembolsos anuales.

Sin embargo, Convoca detectó que no obstante a estos convenios los niveles más altos de deforestación en las comunidades nativas que cuentan con acuerdos vigentes para la conservación de sus bosques fueron durante 2020. O sea, en el periodo de brote y propagación del Covid-19 en el Perú, en el que los mecanismos de control y fiscalización de las actividades en el territorio se flexibilizaron o estuvieron casi ausentes.

Las cinco comunidades con convenio vigente, entre las 101 de la lista que entregó el programa Bosques a nuestro equipo en abril de 2021, que presentan los más altos índices de depredación forestal desde el comienzo de sus afiliaciones son Cutivireni (Junín), Puerto Esperanza (Ucayali), Otica (Junín), El Naranjal (Huánuco) y Kusu Pagata (Amazonas). La estimación fue realizada tomando en cuenta todo el territorio de las comunidades.

Pero incluso si sólo se analiza la situación del territorio de las 17 comunidades que se afiliaron a este incentivo de protección de los bosques mediante las Transferencias Directas Condicionadas en 2018, año en que las comunidades se comprometieron a proteger todo su territorio y no sólo una parte específica como sucedía en años anteriores, Cutivireni encabeza el ranking de las comunidades donde se concentró la deforestación en 2019 y 2020. En esos dos años, Convoca.pe identificó más de 1.595 hectáreas deforestadas en el territorio de esas 17 comunidades, de las cuales más del 50 por ciento corresponden a Cutivireni, en la selva central de Junín.

Para detectar estas zonas de desbosque, Convoca.pe analizó una base de datos entregada por el programa Bosques en abril de 2021, la cual contiene información satelital del territorio del 101 comunidades afiliadas a las Transferencias Directas Condicionadas. Nuestro equipo cruzó esta información con las áreas de deforestación que registra la plataforma Geobosques mediante el programa informático QGIS, como parte de una serie investigativa que realizamos como parte del la iniciativa Rainforest Investigations Network (RIN) del Pulitzer Center.

El mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas empezó en 2011, pero la estrategia de intervención en las comunidades nativas ha ido cambiando. En los primeros años los convenios establecían que solo debía ser conservado un pedazo de bosque. Los encargados del programa advirtieron que aquella forma de trabajo no era conveniente porque cualquier pueblo indígena afiliado podía reservar una zona boscosa que nunca iba a estar afectada y continuar deforestando en los ámbitos que no ponía en conservación. Desde 2018, declara el coordinador del programa, los acuerdos se realizan tomando en consideración todo el bosque de la comunidad.

Sin embargo, debido a la pandemia las autoridades han tenido reestricciones para ingresar a las comunidades y supervisar el cumplimiento de los convenios de conservación de los árboles en el territorio. Con la emergencia sanitaria, la falta de recursos también impidió que haya afiliaciones de nuevas comunidades a lo largo de 2020 y 2021, informó Rudy Valdivia, encargado de la coordinación ejecutiva del programa.

En una análisis de los niveles de deforestación entre 2011 y 2020 en el territorio de las 101 comunidades que accedieron a la subvención económica para proteger los bosques en diversos momentos a lo largo de ese periodo, puede observarse que en 2016 se registró un pico alto de deforestación que superó las 4 mil hectáreas de desbosque. Con el incremento de la implementación del programa Transferencias Directivas Condicionada del Ministerio del Ambiente, la depredación forestal disminuyó en estas comunidades a partir de 2017, sin embargo se registra un nuevo repunte en 2020, año en que se inició la pandemia.

Los incendios de bosques a partir de la roza y quema desarrollada por los comuneros indígenas con fines agrícolas ha sido una de las principales causas de la deforestación. Foto: Marco Núñez/Convoca.pe.

Límites excedidos

Convoca.pe identificó que en los dos primeros años como comunidad beneficiaria de las Transferencias Directas Condicionadas (2019 y 2020), Cutivireni registró 859.41 hectáreas de cobertura boscosa perdida. El programa Bosques informó para este reportaje que el margen máximo de deforestación que debía tener esta comunidad para 2019 era de 375.71 hectáreas; y para 2020, de 247.10 hectáreas. Además, el programa estimó que la pérdida de bosques sin que Cutivireni estuviera afiliada al programa hubiera sido de 375.71 en 2019, y 397.56 en 2020. Sin embargo, según el análisis realizado por nuestro equipo, Cutivireni ha tenido una depredación de 403.2 hectáreas en 2019, y 456.39 hectáreas en 2020. Es decir, las cifras superan el límite de deforestación fijado para ambos años.

El presidente de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE), Fredi Gavilán, precisa que los comuneros de Cutivireni realizan la roza y quema en áreas que no son de bosque primario (que no ha sido explotado por el hombre), y que es allí donde luego siembran. Gavilán vive en Pajonal, otro de los 11 anexos de Cutivireni. Allí como en el resto de sectores de la comunidad, comenta, las altas temperaturas durante los meses de verano en la selva (de junio a setiembre) también complicaron mucho el desarrollo de esta actividad con fines agrícolas.

 “No podemos atajar a la naturaleza. Este año hubo muchísimo calor. Algunos comuneros buscaban cultivar en una cuadra o media cuadra. Por quemar esos espacios, el ventarrón extendió el fuego. Pero no solo hubo incendios en Cutivireni sino en casi todas las comunidades”, indica el apu en relación con los pueblos indígenas enclavados en la cuenca del río Ene. Y detalla que fueron 101 hectáreas de bosque que se incendiaron en su comunidad, por lo cual llegó a Cutivireni una alerta temprana del programa Bosques. 

Rudy Valdivia dice que el mecanismo de alertas tempranas de deforestación es un sistema que detecta rápidamente cualquier cambio en la cobertura de un área boscosa. El programa Bosques tiene a todas las comunidades nativas georreferenciadas. Por ello, si la alerta recae en algún pueblo indígena afiliado a las Transferencias Directas Condicionadas, también arroja el lugar de la deforestación y cuánto de pérdida hubo. Eso es reportado a la comunidad, sostiene el funcionario, para que sus habitantes sepan lo que el sistema de monitoreo remoto ha ido detectando. Después de que el documento llega a las comunidades, el comité de vigilancia local debe acudir a los sectores indicados para realizar la constatación. “La verificación en el lugar es parte de lo que financiamos”, puntualiza Valdivia.

Frente al caudaloso río Ene, comuneros del anexo Pamaquiari, en Cutivireni, aseguran que no hay en este pueblo presencia de narcotraficantes o colonos dedicados a la tala. Foto: Marco Núñez/Convoca.pe

El año pasado llegaron dos alertas tempranas a Cutivireni, y que en ambos casos, como lo sucedido en el verano selvático de este 2021, se trató de deforestación por incendios para la formación de chacras que fueron imposibles de controlar. Así lo detalla a Convoca.pe Fredi Gavilán, el presidente de la FARE, quien además sostiene que no hay presencia de invasores en Cutivireni, tampoco de colonos dedicados a la siembra de coca o que estén vinculados con el narcotráfico.

Rolando Vivanco, especialista del área monitoreo del programa Bosques, subraya que la expansión agropecuaria es la principal causa de la depredación forestal dentro de las comunidades afiliadas a las Transferencias Directas Condicionadas. Él refiere que esta situación es más difícil de controlar en pueblos indígenas con varios anexos dispersos en su territorio, pues si bien una parte de los habitantes puede estar de acuerdo con los compromisos de conservación, hay otra que los desconoce y sigue deforestando. 

Los asháninkas del anexo Pamaquiari no consideran que allí se hayan generado los mayores niveles de deforestación en Cutivireni. Por el contrario, indican que no les llega apoyo luego que la junta directiva de la comunidad recibe las Transferencias Directas Condicionadas (TDC). El caso particular de Pamaquiari es que su directiva ha decidido no integrar la Federación Asháninka del Río Ene (FARE) sino la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a casi todos los pueblos indígenas de la cuenca del Ene. La FARE, no obstante, informó que el dinero proveniente del programa es destinado a todo el pueblo para la ejecución de patrullajes y vigilancia del bosque, actividades económicas y de subsistencia, así como atenciones de salud y gestiones.  

Para el cierre de 2021, Cutivireni tiene un margen máximo de deforestación de 229.45 hectáreas. En sus últimas mediciones, el programa Bosques registró que la pérdida de cobertura boscosa en la comunidad fue de 66.81 hectáreas en octubre y de 102.52 hectáreas en noviembre. “Aún se mantiene por debajo del margen permitido”, comunicó el Ministerio de Ambiente.

Invasiones y desbosque

Puerto Esperanza, ubicada en Ucayali, es la segunda comunidad nativa con mayores índices de deforestación entre las 126 afiliadas a las Transferencias Directas Condicionadas. Tiene convenio desde el 30 de diciembre del 2015 y un compromiso para la conservación de 16.500 hectáreas de bosques, por lo cual ha recibido hasta la fecha S/165.000 (US$40.490) al año. Entre 2016 y 2020, la comunidad tuvo una depredación forestal de 453.69 hectáreas en sus casi 21.000 hectáreas de territorio, conforme al análisis desarrollado por Convoca. En ese sentido, la pérdida de esta cobertura boscosa no necesariamente ocurrió dentro de las 16.500 hectáreas que Puerto Esperanza se comprometió a conservar. Durante 2019 el desbosque en este pueblo indígena llegó a las 149.22 hectáreas, su punto histórico más alto. 

La comunidad de Puerto Esperanza está habitada por unos 230 indígenas de la etnia ashéninka. Junto con otros 13 pueblos pertenece a la Federación de Comunidades Nativas Ashéninkas de la Provincia de Atalaya (Feconapa). El apu Altas Ríos es el presidente de la Feconapa y reside en Puerto Esperanza, a donde se llega luego de 18 horas de viaje por río desde Pucallpa, capital de Ucayali.

Ríos comenta que, además de la roza y quema de bosques para los sembríos que inician los comuneros, la deforestación es propiciada por la tala de especies como shihuahuaco, tornillo, moena, cachimbo o huairuro por actividades forestales de terceros y los colonos no indígenas de los caseríos Maranata y Chinchari. El apu indica que se está afectando un bosque de producción permanente (BPP) colindante con Puerto Esperanza. Cada vez existe mayor presión sobre el territorio de esta etnia. 

Desde 2011, 274 comunidades nativas de nueve regiones del Perú han recibido el incentivo económico del Minam para conservar sus bosques y reducir la deforestación. Foto: Marco Núñez/Convoca.pe

El programa Bosques, del Ministerio del Ambiente, precisó a Convoca.pe que Puerto Esperanza tiene un límite anual de 49 hectáreas de deforestación en su área de bosque comprometido a conservar. En el reporte correspondiente hacia octubre de 2021, el nivel de desbosque llegaba a 14.43 hectáreas.

“En el área seleccionada para conservación los mismos comuneros han hecho rozas o tumbas para sus chacras. Al realizar la quema, no han podido evitar que el fuego se pegue al bosque”, reafirma Cleofas Quentori, presidente la Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (Urpia), organización a la cual Puerto Esperanza está adscrita.

Las otras comunidades con más hectáreas de desbosque desde el inicio de sus convenios para recibir las TDC son Otica (Junín), El Naranjal (Huánuco) y Kusu Pagata (Amazonas). La primera, afiliada desde noviembre de 2017, alcanzó una deforestación de 420.57 hectáreas durante sus tres primeros años de convenio (2018-2020), de acuerdo con el análisis realizado por Convoca.pe. No obstante, el volumen de devastación identificado es en relación con todo el territorio de Otica. O sea no necesariamente corresponde al área de bosques que la comunidad debe conservar. El punto más alto de depredación en Otica fue de 201.96 hectáreas en 2020.

Según la información proporcionada por el programa Bosques, Otica tiene un compromiso de conservación de 17.000 hectáreas del total de su bosque. Sobre esta superficie, la deforestación máxima que puede haber al año es de 51 hectáreas. Las últimas apreciaciones en la zona, indica el Ministerio del Ambiente, revelaron que hubo 34.10 hectáreas de bosque perdido en octubre y 39.77 en noviembre de 2021. 

En El Naranjal, comunidad asháninka de Puerto Inca (Huánuco) que comprende un territorio de 12.813 hectáreas, la incursión de colonos dedicados a la crianza de ganado y siembra de hoja de coca es la principal causa del desbosque. Así lo cuenta a Convoca.pe Feliciano Álvarez, expresidente del comité de vigilancia del pueblo y actual dirigente de la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes (Feconapia).

El Naranjal tiene convenio para recibir las Transferencias Directas Condicionadas desde el 29 de diciembre de 2017, y un compromiso para conservar 9.339 hectáreas de su bosque. Por cada año de afiliación, hasta la fecha, ha recibido S/93.390 (US$22.910). En sus tres primeros años de convenio (2018-2020), la comunidad alcanzó una pérdida de cobertura boscosa de 350.46 hectáreas, conforme al análisis realizado por este medio en las 12.813 hectáreas de El Naranjal. Es decir, no necesariamente sucedió dentro de las 9.339 hectáreas de bosque comprometido para su conservación. En 2020, este pueblo asháninka presentó el mayor desbosque: 165.96 hectáreas.

Los recursos que transfiere el Ministerio del Ambiente a las comunidades comprometidas a conservar sus bosques deben ser destinados a un plan de gestión que podría estar enfocado en el cultivo de cacao o café. Foto: Marco Núñez/Convoca.pe

Feliciano Álvarez comenta que parte importante del dinero que llega a El Naranjal es destinado a las labores de monitoreo en las zonas donde están asentados los cocaleros y ganaderos. Se trata de los límites del pueblo con los caseríos Príncipe de Paz y Monte Horeb, y con la Reserva Comunal El Sira. “Los invasores botan allí tres, cinco y hasta diez hectáreas de bosque para sus cultivos y el desarrollo de la ganadería. Luego, también venden aquellas áreas, trafican la tierra”, cuenta Feliciano. Él dice que en los sectores invadidos también hay laboratorios para la preparación de droga. 

Los indígenas awajún de la comunidad nativa Kusu Pagata, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, subsisten del cultivo de plátano, aguaje, maíz, yuca. Emer Entsakua, jefe del pueblo, refiere que para extender esos sembríos, los awajún realizan la roza y quema del  bosque. Una actividad que, como en Cutivireni y Puerto Esperanza, no han podido controlar. A eso atribuye Entsakua la deforestación que su comunidad ha presentado en los últimos años. Kusu Pagata es parte de las Transferencias Directas Condicionadas desde diciembre de 2017 y tiene el compromiso de conservar 9.228 hectáreas de su bosque.

Entre 2018 y 2020, según la evaluación realizada por Convoca, en todo este pueblo awajún Kusu Pagata hubo una pérdida de cobertura boscosa ascendente a 306 hectáreas. El nivel de deforestación encontrado no necesariamente ocurrió en el área de bosque que esta comunidad se comprometió a conservar (9.228 hectáreas). En 2020, 116.55 hectáreas de bosques fueron depredados, el nivel histórico más alto en esta comunidad.

Efectos de la pandemia

A excepción de Puerto Esperanza, las comunidades nativas adscritas a las Transferencias Directas Condicionadas que registran mayor desbosque tuvieron en 2020 sus niveles más críticos. Rolando Vivanco considera que la deforestación se intensificó el año pasado debido a la imposibilidad que tuvo el personal del programa Bosques para llegar a los pueblos afiliados. Los comités de vigilancia comunales también quedaron obligados a paralizar sus patrullajes. Todo ello a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

El especialista del área de monitoreo de bosques agrega que el incremento de deforestación durante 2020 también ha quedado en evidencia con las alertas tempranas que fueron emitidas. En tanto, Rudy Valdivia apunta que con el brote de la pandemia también devino una falta de recursos para la afiliación de más comunidades, que se ha prologando hasta 2021.

En respuesta a un pedido de información, vía la Ley de Transparencia, el programa Bosques respondió a Convoca.pe que el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas fue financiado con recursos ordinarios del Ministerio del Ambiente, entre 2012 y 2021. La institución detalló además que, a partir de 2015, hubo algunos montos de transferencias y donaciones, pero no precisó la fuente de financiamiento.

Los comuneros indígenas de la cuenca del río Ene señalan que durante los meses de verano en la selva central (de junio a setiembre) se registran más incendios de bosques. Foto: Marco Núñez/Convboca.pe.

Según información del Ministerio del Ambiente, en los diez años de las Transferencias Directas Condicionadas, 274 comunidades nativas han sido parte de este programa y 2.9 millones de hectáreas de bosques comunales fueron comprometidos en procesos de conservación. Las 126 comunidades afiliadas actualmente están en nueve regiones del país: Amazonas, Cusco, Ucayali, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Huánuco. Además, en el transcurso de la ejecución de los convenios, al menos 55 comunidades fueron observadas o suspendidas, básicamente, porque no cumplieron con los límites de deforestación establecidos.

El objetivo del programa, anota Valdivia, es que al final de los cinco años de convenio una comunidad haya reducido, como mínimo, el 40% de la deforestación que tenía inicialmente. Otra dificultad, de acuerdo con el funcionario, ha sido la percepción que había en algunas comunidades con respecto a que los recursos estaban llegando de forma libre para ser repartidos y no para el desarrollo del llamado Plan de Gestión del Incentivo: actividades como el cultivo de cacao, café o la piscicultura, por ejemplo.

Valdivia considera que el número en ascenso de comunidades nativas afiliadas al programa demuestra una curva de aprendizaje: primero empezaron con 15, luego 70 y hasta diciembre de 2021 llegaron a 126. Sin embargo, subraya, no todos los pueblos indígenas tienen el mismo desempeño en cuanto a la conservación de sus territorios. Aun cuando las cifras analizadas por Convoca.pe revelan que, al menos en el caso de Cutivireni, los objetivos del convenio no se estarían cumpliendo, para los responsables del programa la tendencia general evidencia que sí se ha logrado reducir la deforestación. La meta, adelantan, es que hacia 2030 haya por lo menos 10 millones de hectáreas de bosques con acuerdos de conservación.

Luego que el programa Bosques genera una alerta por deforestación, el comité de vigilancia comunal tiene que verificar lo que ha estado ocurriendo. Si se trata de una invasión o cultivos ilícitos, no debe enfrentar aquellas amenazas. Foto: Marco Núñez.

FOTO PRINCIPAL:  Cutivireni es una de las comunidades que registra mayor deforestación en la pandemia. Comuneros del anexo Pamaquiari aseguran que no pudieron controlar sus actividades de roza y quema. Foto: Marco Núñez.

Créditos: 
Investigación: Enrique Vera. Análisis de datos y mapas satelitales: Alexander Lavilla y Nicolás Cisneros. Fotos: Marco Núñez.  Infografías: Luis Enrique Pérez y Nicolás Cisneros. Edición de videos: Luis Pacheco. Edición general: Milagros Salazar Herrera, periodista y becaria de Rainforest Investigations Network (RIN), impulsado por el Pulitzer Center.

Este reportaje forma parte de una serie de investigaciones sobre la deforestación en la Amazonía, que realiza Convoca.pe en alianza con el Pulitzer Center, organización que lidera la iniciativa Rainforest Investigations Network (RIN), en la que participan periodistas de investigación de América Latina, África, Asia, Estados Unidos y España.