Amazonía: La ilegal entrega de tierras que arrinconó a  comunidades nativas de Huánuco

Cientos de certificados expedidos desde alcaldías, juzgados y distintos despachos del gobierno regional de Huánuco, en la selva central del Perú, propiciaron el asentamillento masivo de personas no indígenas sobre las comunidades nativas Nueva Austria del Sira, Unipacuyacu y Nueva Alianza, que llevaban décadas en una durísima lucha por la titulación de sus tierras. Se trata de las únicas comunidades, entre las dieciocho de la provincia de Puerto Inca, que aún no obtienen seguridad jurídica. El otorgamiento de predios individuales a foráneos sobre el territorio de estos pueblos estancó las gestiones para la formalización de estas comunidades. 

Ahora, los territorios ancestrales de Nueva Austria del Sira, Unipacuyacu y Nueva Alianza -definidos por la extensión de sus cultivos, bosques, y actividades de vida-, están reducidos en más del 60% para los indígenas yáneshas, shipibos y cacataibos que los habitan. En los tres pueblos hay unas 24 mil hectáreas de territorio ocupado ilegalmente por terceros (ver reportaje: Territorios indígenas cercados por el crimen organizado en la selva central). Allí las plantaciones de hoja de coca se extienden sobre amplias áreas de bosques devastados.

Además, han sido instalados laboratorios para el procesamiento de droga y habilitadas pistas clandestinas por donde salen cargamentos de cocaína al extranjero.

En Nueva Alianza, situada en el distrito de Honoria, de las 2 mil 220 hectáreas prefijadas en anteriores procesos de formalización, hoy solo mil 118 han sido consideradas en el diagnóstico para el vigente Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú Tercera Etapa (PTRT3). El espacio reducido (mil 102 hectáreas) corresponde a, por lo menos, 110 predios individuales que fueron otorgados sobre la comunidad en los últimos 20 años. En el área contemplada por el PTRT3 para Nueva Alianza, incluso, 11 predios han quedado superpuestos.

Dentro de las 22 mil 946 hectáreas demarcadas en 1996 para Unipacuyacu (distrito de Codo del Pozuzo), actualmente existen un centro poblado y dos caseríos que fueron reconocidos ilegalmente por el municipio provincial de Puerto Inca. El primero abarca 11.005 hectáreas de la comunidad nativa y alberga 303 predios, de acuerdo con su memoria descriptiva. Exjefes comunales estiman que los dos caseríos se expanden en un área aproximada de seis mil hectáreas. Los estudios realizados por los técnicos a cargo del PTRT3 determinaron en Unipacuyacu que hay cuatro sectores de tráfico ilícito de drogas y tres pistas de aterrizaje sobre el terreno invadido.

Los residuos tóxicos que salen de los laboratorios de droga instalados en Unipacuyacu contaminan a diario los ríos que abrazan esta comunidad. Foto: Hugo Alejos/Convoca

En Nueva Austria del Sira, que abarca parte de los distritos de Puerto Inca y Yuyapichis, ya estaban definidos los puntos de referencia para la demarcación de sus 13 mil 184 hectáreas de territorio. Sin embargo, en abril de 2016 la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco anuló el reconocimiento como comunidad nativa que 12 años antes le había conferido. A la fecha hay en la comunidad más de 160 predios individuales que ocupan 5 mil 732 hectáreas. Aquí varias personas recibieron títulos de cuatro o cinco predios y, en algunos casos, son parte de una misma familia, conforme a una evaluación realizada en el Sistema Catastral para Predios Rurales (Sicar) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

Estos son los espacios de las tres comunidades nativas donde hubo asentamiento de foráneos mediante constancias de posesión y títulos individuales, que llevan la firma de distintas autoridades. En la primera parte de esta investigación, Convoca.pe constató que, además de estas áreas invadidas donde avanza la depredación forestal y se mueve el narcotráfico, hay otros sectores de las comunidades continuamente traficados. A todos estos lugares los indígenas ya no pueden acceder por amenazas de muerte. Ellos permanecen arrinconados en pequeños espacios de supervivencia.

El especialista legal del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) Álvaro Másquez remarca que la titulación de predios individuales sobre comunidades nativas en proceso de formalización es un acto abiertamente ilegal. En ese sentido, explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos  ha desarrollado una extensa jurisprudencia sobre la propiedad colectiva de pueblos indígenas y ha señalado que los estados deben abstenerse de entregar cualquier clase de derechos a terceros sobre territorios que hayan reclamado comunidades nativas.

“En el Perú uno de los requisitos de validez para los actos administrativos, como otorgar títulos de propiedad, es cumplir no solo con lo que establece la Constitución sino también las normas del derecho internacional sobre Derechos Humanos. El otorgamiento ilegal de derechos es un delito”, declara para este informe.

Convoca.pe corroboró que el poblamiento de personas no indígenas sobre las tres comunidades nativas fue permitido por funcionarios y autoridades que otorgaron y aprobaron constancias de posesión y títulos de propiedad. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y el Sistema Catastral para Predios Rurales (Sicar) del Ministerio de Agricultura registran que entre los beneficiarios hay madereros a los que la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Huánuco adjudicó áreas de selva demandadas por los pueblos indígenas como parte de su territorio. 

Las irregularidades, al parecer, no solo ocurrieron en comunidades nativas. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tiene en camino una investigación para determinar si en otras zonas de Puerto Inca el municipio entregó predios indebidamente, mediante constancias de posesión y actas de adjudicación, a extrabajadores ediles y familiares de la exalcaldesa provincial Daysi Heidinger Zevallos durante los períodos en los que ella ocupó el cargo (2011-2014 y 2015-2018).

Los comuneros indígenas de Puerto Inca acumulan actas y planos que dan cuenta de la constante lucha por sus territorios. Foto: Hugo Alejos/Convoca

Certificados de ilegalidad

El periodo en que Nueva Austria del Sira y Nueva Alianza registraron más superposiciones de predios comprende los años (2013-2018) en que la DRA de Huánuco otorgó títulos individuales con financiamiento de Devida, organismo que ejecutó el proyecto Formalización y Titulación de Predios Rurales incluido en el Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (Pirdais). Devida informó al Congreso de la República que destinó 13 millones 445 mil 075 soles (3 millones 980 mil 187 dólares) para aquel proceso que incluía la titulación de comunidades nativas. Sin embargo, en Huánuco solo fue priorizada la formalización de predios individuales. Tres gobernadores regionales de Huánuco y unos 10 directores de la Dirección Regional de Agricultura tuvieron mandato durante esos años.

Los cacataibos de Unipacuyacu sostienen que el inicio del asentamiento ilegal de foráneos despegó cuando el exalcalde provincial de Puerto Inca Melanio Núñez reconoció, en 2008, el centro poblado Nueva Libertad dentro de la comunidad. El abogado Raúl Lunasco, asesor legal de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), precisa que esta crisis se extendió con fuerza a otros territorios de indígenas cacataibos, como la comunidad nativa Santa Martha, desde 2011, cuando Edwin Baumann Schaus asumió la alcaldía del distrito de Codo del Pozuzo y Daysi Heidinger Zevallos, la de la provincia de Puerto Inca. Según Lunasco, fue ahí que llegaron a las comunidades ganaderos, madereros o cocaleros, y cuando se empezó a habilitar vías de acceso por donde operan hasta hoy los invasores.

En actas comunales que datan de agosto de 2011, la dirigencia de Santa Martha tiene consignados una serie de enfrentamientos entre comuneros cacataibos y colonos por el territorio. Las disputas se producían, principalmente, durante patrullajes en que el comité indígena de vigilancia verificaba cómo iban creciendo las áreas usurpadas en la comunidad. En una reunión, realizada el 3 de agosto de aquel año, los dirigentes del pueblo cacataibo dejaron constancia que una comisión invitó al entonces alcalde de Codo del Pozuzo, Edwin Baumann, al gobernador, a la Policía Nacional y al juez de paz del distrito, Javier Quijano Yávar, pero ninguno llegó para tratar el problema de las invasiones y la tala indiscriminada del bosque.

Ocho colonos invitados a aquella asamblea manifestaron que habían comprado los predios de la comunidad, donde tenían sembríos y ganado, a anteriores posesionarios no indígenas, y que las transferencias fueron firmadas por el juez de paz de Codo del Pozuzo. Además, que pagaban sus respectivos arbitrios al municipio distrital. Es decir, los terrenos de Santa Martha estaban siendo negociados por invasores con el aval de las autoridades. La misma situación ocurría en Unipacuyacu, donde dirigentes del centro poblado Nueva Libertad, instalado ilegalmente dentro de la comunidad, entregaban certificados de colindancia y vivencia a nuevos colonos. Allí, como en Santa Martha, también se realizaban contratos de compra-venta entre invasores. Algunos de los casos documentados sucedieron en el anexo Rancho, de Nueva Libertad, una quebrada que está dentro de Unipacuyacu.

“Con esa compra-venta, la persona se presentaba a la Municipalidad de Codo del Pozuzo, donde le otorgaban una constancia de posesión. O sea, el sello final lo hacía el mismo alcalde”, indica el abogado Lunasco.

El jefe de Unipacuyacu, Marcelino Tangoa, señala en un mapa del pueblo el pequeño sector donde los cacataibos han quedado replegados. Foto: Hugo Alejos/Convoca

En el curso de esta investigación, Convoca.pe accedió a las actas comunales que incluyen la manifestación de los colonos de Santa Martha; y los contratos de compra-venta con sello del Juzgado de Paz de Codo del Pozuzo, que desde entonces está a cargo de Javier Quijano Yávar. También, este medio obtuvo recibos emitidos por la Municipalidad de Codo del Pozuzo para colonos que efectuaban el pago de impuestos prediales correspondientes a los terrenos que compraron en territorio cacataibo. Pero la injerencia del juez de paz fue aún más allá.

En noviembre del 2017, la Corte Superior de Justicia de Ucayali informó por escrito al juez de paz Javier Quijano que había recibido alertas de tala y venta ilegal de áreas del Estado consideradas en la propuesta de gestión del Área de Conservación Regional (ACR) Codo del Pozuzo. Por ello le exigió abstenerse de emitir más certificaciones de constancias de posesión.

“Habíamos advertido acerca de este riesgo en territorio cacataibo y todo el distrito de Codo del Pozuzo: comunidades nativas, el área de conservación y reservas indígenas”, detalla Carmen Loyola, quien conoce de manera cercana el tema socioambiental en la zona desde 2013.

El Área de Conservación Regional Codo del Pozuzo y la Reserva Indígena Cacataibo Norte y Sur fueron creadas el 21 de julio de 2021. La protección de ambos sectores quedó así establecida. El riesgo continúa en las comunidades. Pese a tener título de propiedad para más de 14 mil hectáreas, Santa Martha sigue siendo escenario de invasiones. También de cultivos de coca y operaciones del narcotráfico. La Plataforma de Monitoreo de Bosques (Geobosques) da cuenta de que Santa Martha ha tenido una deforestación de más de 5.000 hectáreas durante la última década. 

El juez Quijano contestó a Convoca.pe que para sellar una compra-venta corroboraba el tiempo de posesión de la persona que transfería el terreno. Para ello, explica, solicitaba el certificado otorgado por la autoridad de la zona o visitaba el terreno. “Y para que tengan 30 o 40 hectáreas de pastizales, llevan más de 10 años de posesión (…) Tienen pastizal, ganadería, casa. En base a eso se hizo la compra-venta, no a ojos cerrados”, indicó. No obstante, al ser consultado si sabía que los predios transferidos en los contratos que aprobaba están en territorios de indígenas cacataibos, el juez de paz aseguró: “No hay un lindero. Codo del Pozuzo es inmenso y no se ha trabajado en cuestión de linderamiento”. Santa Martha, una de las comunidades más afectadas por las invasiones y el tráfico de tierras en Puerto Inca, no solo tiene límites definidos sino un título desde 1988.

Javier Quijano afirmó que es juez de paz de Codo del Pozuzo desde 2007 y que todo este año seguirá en el cargo. Además, que tras el pedido de la corte superior de Ucayali para el caso del Área de Conservación Regional, dejó de otorgar constancias de posesión. Cuando este medio intentó obtener su respuesta en detalle sobre la entrega de estas constancias y el perjuicio generado en las comunidades por la compra-venta de predios, espetó: “No más preguntas. Ya contesté”. 

Hace cinco meses el Gobierno Regional de Huánuco categorizó como caseríos a dos centros poblados (Santa Martha y Alianza Santa Martha) que abarcaban terreno titulado de la comunidad. Los cacataibos de Santa Martha denuncian que han sido vulnerados sus derechos a la propiedad privada y a la consulta previa establecidos en tratados internacionales de los que el Perú es parte. Hay al menos dos pistas de aterrizaje para la salida de droga que han sido detectadas por el comité de vigilancia de Santa Martha en el último año. Una está casi en el límite con Unipacuyacu, comunidad donde los cacataibos han quedado replegados en cinco de las casi 23 mil hectáreas de su territorio por las amenazas de invasores y narcotraficantes. Las crisis de ambos pueblos crecieron de una misma raíz: aquella clamorosa desprotección por parte de las autoridades.

Terrenos de Unipacuyacu y Santa Martha han sido negociados por invasores, a través de contratos de compra-venta. Los documentos fueron aprobados por un juez de paz. Foto: Enrique Vera/Convoca

Círculos familiares

El reconocimiento como comunidad nativa que tenía Nueva Austria del Sira desde 2004 fue anulado el 11 de abril de 2016 por el entonces director de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, Edilberto Martínez Rojas. Para ese momento, vecinos del centro poblado Paujil y del caserío Quimpichari, colindantes en los lados sur y este de la comunidad, ya venían asentándose sobre Nueva Austria. De hecho, como lo informó Convoca.pe en la primera parte de esta investigación, una inspección de la DRA Huánuco había determinado que habitantes de Paujil estaban instalados en la comunidad y talaban el bosque de forma indiscriminada. 

Sin embargo, lo que los comuneros denuncian con mayor indignación es la titulación de madereros que luego tramitaron permisos forestales para operar en los predios que obtuvieron. Al menos dos de ellos son familiares de la exalcaldesa de Puerto Inca Daysi Heidinger Zevallos (2011-2014 y 2015-2018), actual directora de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), de acuerdo con la información corroborada por Convoca.pe. Se trata de Manfredo Randolf Heidinger y Carlos Verde Vento. En una entrevista con este medio, la exfuncionaria municipal admitió que es prima hermana de Randolf y que también tiene parentesco con Verde.

A nombre de Manfredo Randolf Heidinger la DRA Huánuco tituló un predio de 59 hectáreas, en mayo del 2017, cuando la entonces alcaldesa Heidinger estaba en el cargo. Conforme a la Sunat, la actividad principal del beneficiado es la extracción de madera. Años antes, pero en la misma zona, él había adquirido un predio de 108 hectáreas vía compra venta a un antiguo posesionario. Para ese terreno obtuvo un permiso de aprovechamiento forestal con vigencia entre 2016 y 2017. La Sunarp registra que, en marzo de 2017, Manfredo Randolf vendió este enorme predio a la empresa Atlantexco Forestal SAC. 

Dentro del área que buscaban formalizar los indígenas de Nueva Austria del Sira, la DRA Huánuco también otorgó, en mayo de 2017, títulos para dos predios, de 121 y 9 hectáreas, a Carlos Verde Vento, quien registra como actividades el aserrado y acepilladura de madera.

Daysi Heidinger descartó haber intervenido para que sus familiares sean favorecidos con un título individual o entren a operar en el bosque. Prefirió responsabilizar a los vecinos de las comunidades al señalar que son ellos los que acreditan la permanencia del potencial beneficiado sobre la tierra. Uno de los requisitos para que se otorgue un predio durante el proceso de constatación que efectúa la Dirección Regional de Agricultura es, precisamente, el consentimiento de los colindantes.

“Creo que son zonas donde no debieron dar títulos. Estamos hablando de áreas de bosque primario y también cercanas a la Reserva (Comunal El Sira). Estoy en contra de que estén sacando un recurso que ha costado a la naturaleza producir, son árboles de muchos años”, declaró. La exalcaldesa aseguró que no incurrió en tráfico de tierras y que tuvo discusiones con el Gobierno Regional de Huánuco debido a los permisos forestales que estaban siendo otorgados en zona de amortiguamiento.

“Mientras la ley lo permite qué podemos hacer. Si tienen títulos o un certificado de posesión creo que eso ya les permite obtener su permiso forestal”, argumentó la exalcaldesa.

El factor familiar en este territorio parece ser clave. A los madereros Boris Panduro Vargas y Eliseo Castro Ruiz, por ejemplo, la DRA de Huánuco adjudicó títulos de terrenos contiguos, de 47 y 45 hectáreas, respectivamente, en mayo de 2017. Ambos predios están dentro del territorio que correspondía a Nueva Austria del Sira, de acuerdo con el análisis que este medio realizó en el Sistema Catastral para Predios Rurales. En junio de 2018, Boris Panduro obtuvo un permiso de aprovechamiento forestal, por dos años, para 34 de las 47 hectáreas del terreno a su nombre. 

Eliseo Castro no llegó a tener un permiso de aprovechamiento forestal. Fuentes en la zona indican que casi nunca lo veían en el terreno como sí observan hasta ahora a Eisin Panduro, un ex proveedor de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca cuya actividad principal, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), es la extracción de madera. En la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca, Eisin Panduro registra una denuncia con archivo preliminar por daños agravados en la modalidad de destrucción vegetal. Eisin Panduro es cuñado de Eliseo Castro y hermano de Boris Panduro. Hacia enero del 2018 -consta en la Sunarp-, Eliseo Castro donó el predio de 45 hectáreas a su sobrino, e hijo de Eisin Panduro, Clinton Panduro Castro, quien sí consiguió un permiso forestal para 42 hectáreas del terreno. 

Pero este círculo de padres, hijos y sobrinos instalado con fines madereros en el área que reclama la comunidad no se cierra ahí. Hasta el 25 de julio de 2017, el predio de 48 hectáreas aledaño al que Eliseo Castro donó a su sobrino estaba titulado a nombre de Erika Silva Sinti, una vecina del caserío Quimpichari. Esa fecha, de acuerdo con un documento de compra venta, Erika Silva vendió su terreno apenas por 3 mil soles al matrimonio que conforman Edinson Panduro Rengifo y Enita Vargas, padres de los hermanos Boris y Eisin Panduro. En agosto de 2018, Edinson Panduro obtuvo un permiso de aprovechamiento forestal para las 48 hectáreas del predio que adquirió. 
   

En sombra el territorio que reclama Nueva Austria del Sira. Los polígonos de líneas amarillas son predios individuales. De rojo, el avance de la deforestación. Imagen: visualización de datos en programa QGIS.

Si bien las competencias de la Municipalidad de Puerto Inca no incluían el otorgamiento de títulos de propiedad, esta alcaldía debía coordinar con la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, la actualización de la base gráfica donde estaban las áreas tituladas, las áreas en que se podía titular y zonas nativas con sus delimitaciones correspondientes. Así lo explica Jordan Bertoni, jefe de Devida Tingo María (Huánuco). Desde esta oficina zonal, mediante el Pirdais, fueron transferidos los fondos para el proyecto de titulación en Huánuco que duró desde 2013 a 2018. 

En la otra orilla, la exalcaldesa señala sobre la Dirección Regional Agricultura de Huánuco: “Fueron ellos quienes hicieron el levantamiento catastral”. Mientras tanto, el tráfico de tierras continúa creciendo en territorio indígena.

Entre 2001 y 2020 el área correspondiente a Nueva Austria del Sira registró una deforestación de mil 864 hectáreas, según información analizada por nuestro equipo a partir de los datos de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente. El periodo de mayor depredación forestal en la comunidad estuvo entre 2014 y el 2016 (669 hectáreas), años en que fue anulado su reconocimiento y avanzó la superposición de predios individuales. 

Así avanza la deforestación en Nueva Austria del Sira. El reconocimiento de la comunidad fue anulado el 2016 y se incrementó la operación de madereros. Foto: comuneros

Ante la creciente depredación en Nueva Austria, los yáneshas y asháninkas dicen que solicitaron a las autoridades revisar los sectores de la comunidad donde personas del centro poblado Paujil, del caserío Quimpichari o madereros habían obtenido terrenos. “Queríamos que se compruebe si en realidad cumplían con los cultivos o actividades que declararon para tener los títulos”, cuentan. Y subrayan que la inspección ocular no llegó a completarse porque los posesionarios se opusieron luego que, dentro de un primer predio, no se hallara señal de alguna actividad económica sostenible.

El abogado Álvaro Másquez señala que no existe un acto administrativo que sustente la anulación del reconocimiento de una comunidad indígena. “Si la comunidad tenía pendiente un proceso de titulación, las normas de derecho internacional obligan a que la administración pública lo priorice”, apunta. El especialista legal refiere que si en caso se determinase que no son territorios indígenas, recién está la posibilidad de evaluar el otorgamiento de títulos a terceros. Y que aún bajo este supuesto manto de legalidad, la administración pública también tiene la obligación de realizar un proceso de consulta a la comunidad por las afectaciones que pudiera generar con el proceso de titulación.

“Entonces lo que allí (Nueva Austria del Sira) encuentro, a partir de la experiencia en otros casos, es un esquema de tráfico de tierras vinculado con la tala ilegal”, dice Másquez.

Con respecto a la operación de madereros a partir de los permisos de aprovechamiento forestal obtenidos en los predios titulados a sus nombres en Nueva Austria, el abogado del IDL sostiene: “Uno no puede basar actividades económicas, o lo que sea, sobre algo que es abiertamente ilegal”.

Investigación en marcha

Desde el 6 de julio de 2021, el Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó a la actual administración de la Municipalidad de Puerto Inca información sobre 47 personas que  recibieron lotes de terreno en esta provincia, del 2011 a 2018. La lista incluye a varios familiares de Daysi Heidinger Zevallos así como a funcionarios y otros trabajadores del municipio de Puerto Inca durante los dos periodos en que ella fue alcaldesa. La Fiscalía requirió, entre otros documentos, las constancias de posesión y actas de adjudicación otorgadas a estas personas. También, las actas de inspección ocular realizadas por la Municipalidad de Puerto Inca para expedir las constancias de posesión y actas de adjudicación. Todo forma parte de una investigación seguida contra Heidinger Zevallos por el presunto delito contra la administración pública (delitos cometidos por funcionarios públicos) en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. 

El caso se encuentra en investigación preliminar. La exalcaldesa indicó a este medio que hasta ahora no ha sido notificada, y que cada una de las personas incluidas en la investigación siguió el debido procedimiento y cumplió los requisitos establecidos en una ordenanza emitida antes de su gobierno provincial. “Hicieron sus solicitudes, sus pagos. Un equipo técnico hizo las constataciones que obran en la municipalidad (...) Se ha adjudicado a mucha gente, funcionario o trabajador o no, que quería vivir y apostar por mejorar las condiciones de Puerto Inca en el tema de habitabilidad. Nos sometemos a la investigación”, declaró Heidinger.

En la nómina enviada por la fiscalía dentro de su pedido de información figuran, por ejemplo, tres hermanos de la exalcaldesa. Junto con ellos están los exregidores del municipio de Puerto Inca Dolores Sonia Samaniego Mayta, Nila Durand Claudio y Juan Paredes Ríos. Además, Leonid Mantilla Carrera, exjefe de Presupuesto y Planificación de la Municipalidad de Puerto Inca; Elliot Alva Durand, exgerente municipal y exdirector de la DRA Huánuco; Abed Goñe Jara, exjefe de Proyectos; Juan Quijano Remigio, exgerente de administración; Juan Rolando Trujillo, excoordinador general de la Secretaría Técnica del Plan Vial de Puerto Inca; y Bertha Rosales Blas, exespecialista administrativo del Pirdais de Devida, entre otros. Cada uno aparece con el número del acta de adjudicación de predio o de la constancia de posesión otorgada, y los años correspondientes.  

Convoca.pe solicitó una entrevista con la fiscal a cargo del caso pero no nos respondieron. 

Apu Berlin Diques, jefe de la ORAU, afirma que Devida debe resarcir los daños que generó en las comunidades con el financiamiento de titulaciones individuales. Foto: Hugo Alejos/Convoca
 

La institución que esta vez sí contestó fue Devida. Lo hizo el pasado lunes 15 de noviembre a una delegación de dirigentes indígenas que llegaron a Lima para exponer la grave situación de sus pueblos ante diversas entidades del Estado. La comitiva estuvo encabezada por el apu Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), y tuvo como punto prioritario de su agenda comunicar el peligro que acarrea la falta de titulación de sus pueblos. En la cita, los jefes indígenas propusieron al nuevo presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón, que los fondos enviados por la cooperación internacional sean redireccionados hacia las comunidades u organizaciones nativas, y ya no pasen por los alcaldes y gobiernos regionales. Berlin Diques informó que la intención es que se cumpla con el beneficio real determinado por las instituciones cooperantes. 

“Devida debe resarcir los daños. Los financiamientos recibidos por Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés) fueron mal direccionados para la entrega de títulos individuales y no colectivos, y para la apertura de carreteras en las comunidades”, puntualizó Diques. Sobre el último punto, el líder de ORU precisó que las vías carrozables hechas en Unipacuyacu y Santa Martha, con el dinero destinado por Devida, dieron acceso a las economías ilegales hoy enclavadas en esos ámbitos.

Tres días antes de la reunión con Soberón, la delegación de líderes indígenas había sido recibida por la primera ministra, Mirtha Vásquez. Ella se comprometió a dialogar con los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y de Economía y Finanzas (MEF) sobre la continuidad del Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú Tercera Etapa (PTRT3). Específicamente en el lote 2 del proyecto, que incluye las comunidades nativas de Huánuco, Ucayali y Junín. Es aquí donde están avanzados los procesos de Unipacuyacu y Nueva Alianza, pueblos para los que solo resta la fase de titulación.

Desde el 13 de febrero de 2021, el proyecto quedó paralizado pese a que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó su financiamiento. Berlin Diques remarca que había un total desinterés del Midagri y del director de la unidad ejecutora de proyectos sectoriales, José Pairazamán, en darle continuidad a la formalización de las comunidades.

“Las consecuencias son amenazas y asesinatos de líderes. No vamos a esperar que sigan las matanzas. El Gobierno o los sectores públicos tienen responsabilidad y deben responder”, indica el jefe de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)..

Al cierre de este reportaje los integrantes de la comitiva de líderes indígenas había firmado un acuerdo con el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri, José Muro; con el director general de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF, Juan Pichihua; y con el director general de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr), Pavel Valer Bellota. Se trata de la creación de un grupo y plan de trabajo que gestionará la titulación de las 53 comunidades nativas que integran el lote 2 del PTRT3.

Comitiva de líderes indígenas consiguió el compromiso de funcionarios del MEF y Midagri para la titulación de 53 comunidades nativas de Ucayali, Huánuco y Junín. Foto: PCM

Daño sin responsables

Los actuales directores de la DRA y de la Dirección Regional de Agricultura y la Dirección de Comunidades del Gobierno Regional de Huánuco, Roy Cruz y Aldo López, declararon para este reportaje que hubo muchas irresponsabilidades en profesionales de gestiones anteriores que no hicieron el diagnóstico adecuado en campo. El resultado, admiten, fue la entrega masiva de títulos individuales sobre territorios de comunidades nativas.

Las irregularidades durante el proceso de titulación que ejecutó la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco en el periodo que Devida destinó fondos (2013-2018) no solo tuvieron como escenario la provincia de Puerto Inca. No obstante, esta jurisdicción fue el epicentro. 

En noviembre de 2016, el Gobierno Regional de Huánuco suspendió temporalmente el proceso de titulación de terrenos en el distrito de Honoria y excluyó de realizar trabajos de campo al entonces director de Comunidades, Gerardo Pérez Landa y al abogado Pablo Corcino, responsable del área de Saneamiento, por la presunta parcialización a favor de empresarios que buscaban adjudicarse tierras en cinco comunidades campesinas. 

Un año antes, en octubre de 2015, la ingeniera Silvia Paredes Rondinel, entonces jefa de una brigada de la DRA fue investigada luego de que vecinos de la localidad Nuevo Copal, en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, la denunciaran en televisión por solicitar dinero a cambio de titulaciones. En la misma jurisdicción también fue acusado el ingeniero Cristobal Martel Francisco por, supuestamente, intentar otorgar predios en lugares que no correspondían al proyecto Formalización y Titulación de Predios Rurales. La misma DRA de Huánuco dio cuenta de estos casos, en su momento, a través de notas informativas.

En un pronunciamiento dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2020, Proética con otras organizaciones anticorrupción y vinculadas con los derechos humanos y ambientales, expresaron: “El papel activo del Estado en esta red de corrupción se evidencia hace muchos años en todos los niveles de gobierno, trascendiendo incluso gestiones y actores del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales”.

A la fecha ninguna exautoridad de la región Huánuco o del municipio de Puerto Inca registra alguna denuncia formal relacionada con la entrega irregular de predios o títulos individuales sobre comunidades nativas. El Instituto del Bien Común anota que, durante los años en que maduró la crisis, las comunidades no tenían el apoyo técnico y logístico de organizaciones cooperantes para contratación de abogados, trámites de expedientes o búsqueda de información. En tanto, el IDL apunta que tampoco estaban bien mapeadas las zonas convulsas en esta parte de la selva central peruana hasta que empezaron los asesinatos de líderes indígenas y defensores de la tierra. La ausencia de casos individualizados como responsables de la presión que ahora aqueja a las comunidades contrasta con el grado de criminalización a sus líderes. En Nueva Austria, por ejemplo, el apu Polico Díaz y su predecesor, Germán López, tienen más de seis denuncias de colonos por distintos delitos. Con los exjefes de Unipacuyacu y Nueva Alianza ocurre lo mismo.

“Nos están matando. Nos criminalizan. Mientras tanto, nuestros pueblos siguen tomados”, dice uno de los apus.

Aún en la incertidumbre y el miedo, saberse por fin dueños de sus tierras es una esperanza que los motiva.

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*Durante la elaboración de este reportaje, Convoca.pe solicitó a la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco información sobre los títulos otorgados en Puerto Inca, entre 2013 y 2018. También, una entrevista al actual alcalde de esta provincia, Hitler Rivera. En ambos casos no obtuvimos respuesta.

Créditos: 
Investigación: Enrique Vera. Análisis de datos y mapas satelitales: Alexander Lavilla. Fotos: Hugo Alejos. Infografías: Iván Palomino. Edición general: Milagros Salazar Herrera, periodista y becaria de Rainforest Investigations Network (RIN), impulsado por el Pulitzer Center.

Para este reportaje se incluyó el análisis de datos y mapas satelitales sobre deforestación realizado por Convoca.pe, como parte del desarrollo de un proyecto sobre la Amazonía, que realiza en alianza con el Pulitzer Center como parte de Rainforest Investigations Network (RIN). En esta iniciativa participan periodistas de investigación de América Latina, África, Asia, Estados Unidos y España.