Territorios indígenas cercados por el crimen organizado en la selva central

UNIPACUYACU: VIVIR BAJO EL ASEDIO

El rugido de las motosierras está cada vez más cerca, pero Anselmo, recio cazador de andar pausado, sabe qué ruta debemos tomar. Dirige el rumbo por un sendero que, a fuerza de pisadas, se ha formado sobre la grama, serpentea matorrales y penetra en el bosque. De los dos lados, la selva va envolviendo el camino y lo torna imperceptible. Por ratos es una hilera de hojarasca entre la maleza; y a veces, una senda fragosa cortada por riachuelos o elevaciones. Cuando el monte se hace más tupido, Anselmo corta la enramada con un machete, arranca lianas y abre trocha. Las copas de los árboles de quinilla y shiringa todavía forman un manto que protege del sol en este pedazo de la selva central peruana. Como un acto reflejo, el cazador se detiene de golpe bajo los troncos si sospecha que algún sonido no proviene del movimiento de las aves o iguanas. Y tenemos que hacer lo mismo. Estamos en zona de alto riesgo: cocaleros, taladores y guardianes del narcotráfico suelen recorrer el mismo camino enmarañado.  

“Más adelante -susurra Anselmo-, todo este escenario de árboles cambiará”.

Han pasado dos horas desde que partimos del local vecinal de la comunidad nativa Unipacuyacu, en la región Huánuco. Este es apenas un sector del inmenso bosque que la comunidad ha ido perdiendo con el asentamiento constante de invasores. Era el territorio de caza para los indígenas del lugar, y una inacabable despensa de alimentos y materiales para hacer sus viviendas. Pero también, un espacio sagrado para la conservación de imponentes lupunas y shihuahuacos, árboles con más de 200 años que raspan los 60 metros de altura. 

Unipacuyacu está en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en el lado este de Huánuco que forma una triple frontera con Ucayali y Pasco. Para llegar hay que viajar primero cuatro horas en auto de Pucallpa, ciudad capital de Ucayali, al centro poblado Nuevo San Alejandro. Una ruta que va develando amplias extensiones de tierra humeante y troncos caídos que hace muy poco fueron árboles de bolaina. El tramo final hacia la comunidad es por el río Sungaruyacu.

Alcides, un hombre bajito que cultiva yucas, dice que cruzar el bosque por estos días depende más de la suerte que del clima. Va al final de la corta fila que encabeza Anselmo, pero será el primero en cruzar el arroyo que separa la selva espesa de la primera zona de cocales en la ruta.

Casi 7 mil hectáreas de bosques han sido depredados en Unipacuyacu en los últimos 20 años. Foto: Hugo Alejos/Convoca.

Son por lo menos seis hectáreas de cultivos que conforman una chacra donde se levantan colinas también cubiertas de coca. El tiempo de cosecha todavía parece lejano. No hay ningún cocalero en el entorno. Hay que avanzar rápido pero en silencio, y siempre del lado que traza el arroyo. Desde una elevación que marca el límite de la enorme parcela, emergen a la vista minifundios más pequeños y contiguos. Algunos troncos hundidos entre las plantaciones son las únicas señales de la depredación previa. “En esto se va convirtiendo nuestro bosque -indica Alcides con los brazos abiertos- Esta es tierra de invasores”. Como ha ocurrido aquí, detalla el cazador, todo es arrasado por hombres con motosierras que operan a lo largo del año. Son ellos lo que se dejan oír en distintas partes del trayecto, y a quienes hay que eludir. 

Los indígenas de Unipacuyacu viven acorralados en su propio territorio. Los cultivos de coca y la amenaza del narcotráfico se expanden sobre áreas invadidas y reconocidas ilegalmente por autoridades. Hay laboratorios de droga y también pistas clandestinas para la salida de vuelos con cocaína. Los comuneros han perdido casi 17 mil hectáreas de sus tierras a manos de invasores. Una situación que se replica en las comunidades de Nueva Alianza y Nueva Austria del Sira, pueblos sobre los que se otorgaron unas 7 mil hectáreas de predios individuales de forma ilegítima. En suma, más de 24 mil hectáreas de estas comunidades son ahora ajenas a sus habitantes originarios.

Los indígenas cacataibos de Unipacuyacu temen ingresar a su bosque por temor a morir. Foto: Hugo Alejos/Convoca.

Un pueblo sitiado

La comunidad nativa Unipacuyacu está abrazada por la quebrada Pacuyacu, y los ríos San Alejandro y Sungaruyacu. No hay aquí más de 20 casas hechas de madera y ramas, dispersas entre cultivos de yuca o cacao, en unas cinco hectáreas de terreno. El pueblo alberga a 43 familias de indígenas cacataibos y shipibos. También hay algunos yáneshas.  

“Los que hemos quedado estamos replegados acá”, indica el jefe de la comunidad, Marcelino Tangoa, shipibo de 46 años que hace poco asumió el cargo.

Unipacuyacu es una de las 631 comunidades nativas del Perú que aún no tienen título de propiedad, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo. En 1979, indígenas cacataibos que dominaban las cuencas situadas entre Puerto Inca (Huánuco) y Aguaytía (Ucayali), tomaron posesión de este territorio. Luego de 16 años -el 19 de diciembre de 1995-, el Ministerio de Agricultura reconoció a Unipacuyacu mediante una resolución directoral. Al año siguiente, los comuneros gestionaron la demarcación de las 22.946 hectáreas donde realizaban sus cultivos tradicionales (yuca, maíz o arroz), pescaban y recolectaban. Desde entonces, todas las dirigencias que ha tenido la comunidad cayeron en una lucha interminable por alcanzar la titulación. En el proceso grupos de invasores fueron tomando control de un sector de Unipacuyacu. La Municipalidad Provincial de Puerto Inca creó ilegalmente un centro poblado ahí, y esto devino en la formación de dos caseríos. Hoy en día los comuneros ya no pueden acceder a esos lugares.

“Solo podemos llegar de aquella casita a unos 50 metros más – dice un exjefe de Unipacuyacu que pidió mantener su nombre en reserva, mientras señala desde el local comunal a la última construcción de palos que se ve al frente–. Allí todo está con alambres. Los invasores dicen que en esa parte empieza Nueva Libertad; y que si cruzamos, nos van a matar”. Él era uno de los líderes comunales cuando los primeros colonos se instalaron en una zona de Unipacuyacu por donde discurre el río San Alejandro. 

En solo cinco hectáreas de las 23 mil de su comunidad pueden desplazarse los cacataibos de Unipacuyacu. Foto: Hugo Alejos

Agricultores procedentes de Ayacucho y Tocache (San Martín), recuerda el exlíder, fueron tomando amplios sectores de la comunidad para sus sembríos. Entonces, los indígenas no tenían claro cuánto espacio estaban perdiendo, tampoco qué nuevos cultivos empezaban a expandirse sobre su tierra. El 16 de julio del 2008, solo dos años después de que comenzó la invasión, la Municipalidad Provincial de Puerto Inca reconoció a Nueva Libertad como centro poblado. En la memoria descriptiva elaborada para este lugar quedó establecida una extensión de 11.005 hectáreas. La resolución de alcaldía fue emitida cuando la dirigencia de Unipacuyacu llevaba más de una década pugnando en gestiones para obtener su seguridad jurídica.

El especialista en sistemas de información geográfica y titulación de comunidades indígenas del Instituto del Bien Común (IBC), Ermeto Tuesta, explicó para este reportaje de Convoca.pe que, a través del reconocimiento, los municipios validan la existencia de un centro poblado como parte de su jurisdicción. “El reconocimiento de los gobiernos locales –precisa Tuesta- no otorga derecho de propiedad”. Sin embargo, Marcelino, el líder comunal, cuenta que los invasores de Nueva Libertad operan como dueños del espacio reconocido para Unipacuyacu.

Dos años después del reconocimiento de Nueva Libertad, parte de su población se desplazó hacia las quebradas Sabadillo y Batuan. Allí formaron los caseríos Sabadillo y San Francisco de Valle Hermoso. Cada uno abarca casi 3 mil hectáreas dentro de Unipacuyacu. 

No es de Unipacuyacu, pero este agricultor sabe que cruzar el bosque ahora depende más de la suerte que del clima. Foto: Hugo Alejos
 

Diversos testimonios recogidos en la comunidad revelan que hubo presiones de funcionarios contra varios líderes indígenas para que aceptaran la entrega de las tierras comunales a los colonos. La Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes (Feconapia) detalla en un memorial que esto ocurrió, por ejemplo, durante una reunión realizada el 7 de noviembre de 2019. La acusación es contra el entonces abogado de la Dirección Regional de Agricultura (DRA) del Gobierno Regional de Huánuco, Adolfo Cachay. De él se afirma que coaccionó a los representantes indígenas a fin de “evitar conflictos territoriales” en una cita llamada de “coordinación sobre transferencia ilegal de predios rurales y creación de centros poblados”. A la sesión, describe la Feconapia, también llegaron invasores y cocaleros.

En un plano de Unipacuyacu extendido sobre la mesa del local comunal, Marcelino Tangoa señala el lugar donde los indígenas todavía pueden vivir. Es el extremo oriente de la comunidad. Luego, el exlíder ensaya un polígono del área reconocida a Nueva Libertad y prolonga una línea hasta donde estima que ha sido depredado el bosque para la plantación de cocales. Él asegura que los dirigentes del centro poblado han ido entregando constancias de vivencia o certificados de colindancia a los personas que iban instalándose en este sector de la comunidad nativa. “Después, los mismos colonos empezaron a vender las parcelas que recibían. Así trafican nuestras tierras”, dice con amargura. En Unipacuyacu y otros pueblos indígenas cacataibos, como Santa Martha, los contratos de compra-venta hechos por colonos incluso han sido legalizados por juzgados de paz.

Investigadores de organizaciones no gubernamentales (ONG) que asesoran a Unipacuyacu sostienen que muchos de los últimos parcelarios llegaron desde diversas localidades del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la zona que concentra las mayores extensiones de cocales en el Perú. 

Mientras alista su machete, el cazador Anselmo dice que los cocaleros pueden obtener tres o cuatro cosechas al año en Unipacuyacu. El tipo de suelo y el clima cálido, similar al del Vraem, hacen de esta comunidad un lugar estratégico para el cultivo ilegal de la hoja. También la ausencia de las instituciones de control y la complicada geografía para cruzar el bosque hacia las áreas devastadas donde ahora proliferan matas de coca. Anselmo no es un cacataibo ni asháninka de Unipacuyacu, pero ha hecho el trayecto tantas veces que podría internarse aún a oscuras. Levanta la alambrada que –según la advertencia a los indígenas- marca el inicio de Nueva Libertad. Señala la ruta por donde ha llegado y anuncia: “Verán más que chacras enteras de coca”. 

Foco del narcotráfico

Hay una trocha que se interna en el bosque desde un costado de las seis hectáreas de cocales donde estamos. A unos 300 metros de camino aparecen dos pozas de maceración: los enormes depósitos donde la hoja de coca es transformada en droga. En una caseta hecha de plásticos todavía están las herramientas y envases de los químicos que fueron utilizados para el procesamiento de las cosechas más recientes. Los residuos tóxicos que salen de este campamento llegan al río San Alejandro, que se convierte en el Sungaruyacu y alimenta al Pacuyacu. Es decir, desde aquí es contaminada el agua que utilizan los comuneros de Unipacuyacu para vivir, el agua que los está enfermando. Alcides y Anselmo dicen que esta es solo una de las bases del narcotráfico instaladas en la comunidad. No tienen claro cuántas más habrá, pero sí que los químicos casi han acabado con las palometas, sábalos o pacos, peces con que se alimentaban los cacataibos y shipibos del pueblo.

Cerca, casi en la frontera con Santa Martha, otra comunidad de indígenas cacataibos, hay una pista clandestina de donde despegan avionetas con droga hasta tres veces por semana. Así lo ha calculado Alcides desde sus chacras de yucas donde pasa todas las tardes. Él dice que no es la única pista, que por Sabalillo hay más.

Convoca.pe analizó información contenida en la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente y del área de Unipacuyacu en el Sistema Catastral para Predios Rurales (Sicar) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Conforme a esto, 6.854 hectáreas de la comunidad fueron deforestadas entre el 2001 y el 2020. Del total de desbosque, los mayores índices están registrados a partir del 2010 (5.198), cuando el centro poblado y los caseríos ya estaban asentados. Además, este medio corroboró que hay focos de depredación forestal dentro de las 11.005 hectáreas que el municipio de Puerto Inca reconoció ilegalmente para Nueva Libertad. 

Los cocales se extienden por sectores de la comunidad que están invadidos hace más de 10 años. Foto: Hugo Alejos
 

“La titulación es un procedimiento que resulta extremadamente oneroso y que demora años o décadas para una comunidad. Eso facilita que, en medio de la inseguridad jurídica de las comunidades, otros actores se vayan posicionando, devastando la Amazonía y propiciando el avance de economías ilegales”, explica para este reportaje la  responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez.  

Por la grave problemática en sus territorios, Unipacuyacu y Nueva Alianza, del distrito de Honoria, fueron las comunidades nativas de Huánuco incluidas en el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú Tercera Etapa (PTRT3) que ejecuta el Midagri con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El PTRT3 tiene como meta titular 403 comunidades nativas de 10 regiones del país divididas en cuatro lotes. Huánuco, Ucayali y Junín son parte del lote 2. Desde agosto del 2019, la empresa SIGT S.A. Ingenieros Consultores, en coordinación con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), empezó a elaborar diagnósticos socioambientales de los pueblos indígenas considerados en el proyecto de titulación. 

La empresa corroboró, por ejemplo, que dentro de Unipacuyacu no se han otorgado títulos individuales para los colonos de Nueva Libertad y los caseríos Sabadillo y San Francisco de Valle Hermoso. En el curso del proyecto solicitó a los habitantes de estos sectores sus constancias de posesión, pero no las han entregado. Aidesep informó, a través de los encargados de la ejecución del diagnóstico, que los sectores creados sobre la comunidad nativa generaron los planos de sus áreas urbanas junto con propuestas de áreas rurales. Y que con estos bosquejos pretendían continuamente ser titulados. Una situación que colisionaba con el mismo intento de Unipacuyacu y, en consecuencia, paralizaba año a año los trámites de la comunidad para su formalización.

A fines de 2019, la lucha emprendida por Arbildo Meléndez, exjefe cacataibo de Unipacuyacu, permitió que una brigada de técnicos ingrese a la comunidad para realizar estudios de suelos como parte del proceso de titulación. En el recorrido por zonas invadidas, dos hombres amenazaron con disparar a la comitiva si no desistía de su labor. Los cacataibos cuentan que, a pesar de todo, la cuadrilla completó el trabajo de campo y Arbildo escapó con los técnicos por el bosque. “El expediente de titulación estaba casi listo, solo faltaba la nueva demarcación de la comunidad –relatan- Pero las amenazas contra Arbildo aumentaron”. 

Por esos días, el agente municipal de Nueva Libertad, Miguel Quispe García, envió una serie de documentos a la DRA de Huánuco, oficina a cargo de las titulaciones, para que los trámites con los que Unipacuyacu debía alcanzar su seguridad jurídica queden sin efecto. Entre los escritos, a los que Convoca.pe tuvo acceso, Quispe adjuntó un memorial donde pedía que el PTRT3 no realice trabajos en el área reconocida para Nueva Libertad, una lista de los 303 predios que conforman la parte urbana del centro poblado, un plano, y una resolución del 11 de febrero del 2019 en que fue reconocido como agente municipal por el actual alcalde de Puerto Inca, Hitler Rivera. 

Los residuos tóxicos que salen de los laboratorios de droga instalados en la comunidad han contaminado el río Sungaruyacu. Foto: Hugo Alejos/Convoca.

Aidesep informó para esta investigación que la DRA de Huánuco pidió que los documentos enviados por el dirigente de Nueva Libertad sean considerados en el diagnóstico y se tome en cuenta la oposición de los colonos a la titulación de Unipacuyacu. Los técnicos revelan que esto y la inseguridad en la zona para los trabajos de demarcación pendientes estancaron el proceso hasta que empezó la pandemia. Además, que un grupo de colonos llegó a amenazar a los ingenieros coordinadores en sus oficinas de trabajo. 

Arbildo Meléndez fue asesinado el 12 de abril del 2020. Se trató del cuarto crimen perpetrado contra un comunero de Unipacuyacu. En el 2010 mataron a Segundo Reátegui (junto con su hijo de 4 años); luego Manuel Tapullima, testigo del doble homicidio, apareció ahogado. El abuelo de Arbildo, Justo Gonzales, murió tras ser torturado en junio del 2016. En el caso Arbildo Meléndez, la justicia ordenó hace poco la captura de Redy Ibarra Córdova, asesino confeso del apu, quien en primera instancia fue puesto en libertad por falta de pruebas. Ahora está prófugo. El resto de casos quedaron estancados.

“Era gente que quería recuperar su territorio y tenía conflictos con los invasores. Todo sigue impune”, señalan los investigadores de las ONG que asesoran a Unipacuyacu.

Esta es una de las pozas de maceración de droga situada entre el bosque depredado y los cocales. Foto: Hugo Alejos/Convoca.

El Instituto del Bien Común (IBC), asociación civil que trabaja con comunidades rurales para la gestión de sus recursos, tiene documentado que ocho de los 21 indígenas asesinados en la Amazonía peruana desde el 2010 eran de la etnia cacataibo. A cuatro de ellos los mataron solo entre abril del 2020 y octubre del 2021. El primer crimen en este último periodo fue contra Arbildo Meléndez. Las comunidades cacataibo son las más golpeadas por la violencia en la Amazonía del Perú; y eso tiene que ver, sobre todo, con el narcotráfico y la tala ilegal”, sostiene Álvaro Másquez, especialista del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

En el mapa diseñado como parte del diagnóstico para la titulación de Unipacuyacu se ha estimado un área comunal de 20.280 hectáreas (2.666 hectáreas menos del ámbito que el pueblo pedía). Dentro del territorio quedó indicada la existencia de cuatro zonas de tráfico ilícito de drogas, tres pistas de aterrizaje clandestinas (una es la que está casi en el límite con Santa Martha), tres sectores de tala ilegal y dos de minería ilegal. Todo dentro del área de Unipacuyacu a la que los cacataibos y shipibos ya no pueden acceder por amenazas de muerte. El mapa también contempla al centro poblado Nueva Libertad y los caseríos Sabadillo y San Francisco de Valle Hermoso. 

La dirigencia comunal ha decidido no aceptar una propuesta de titulación con “invasores” dentro. Sin embargo, el director de la DRA de Huánuco, Roy Cruz, considera que, a estas alturas, el único camino es el diálogo entre indígenas y colonos para alcanzar un acuerdo. La otra opción, declaró Cruz para este reportaje, es el inicio de un proceso de judicialización que podría extenderse muchos años y derivar en un conflicto social. “Hay que entender que son personas acantonadas con sus viviendas hace 10 o 15 años –declaró-. Y que también tienen cultivos”. 

-Pero todos son cultivos de coca-, reniega un exlíder indígena antes de subir a su canoa. 

-No existimos para ningún gobierno-. 

Echa al río Sungaruyacu el agua empozada en el bote. Y se va.

NUEVA ALIANZA: UNA LUCHA INTERMINABLE 

A la sombra de un árbol de cacao, Santos bordea con una rama el perímetro de todo lo que era su comunidad. El mapa que observa data de 2001, cuando tenía 12 años y recorría sin apuros la purma vecinal o los sembríos de papaya y maní de su familia. Puede ubicar de memoria por dónde estaban los árboles de capirona o huairuro, y qué caminos recorría para pescar en la quebrada Paricaya. Hoy todo eso no solo es parte de sus recuerdos, sino de un territorio al que ya no pertenece. 

Es 11 de setiembre y estamos en la comunidad nativa Nueva Alianza, en la región Huánuco, selva del Perú. Un pueblo con 243 habitantes que hoy está de aniversario. Se cumplen 34 años desde que un grupo de shipibos conibos decidió establecerse aquí y darle a este lugar el nombre que lleva. Las casas situadas a los dos lados de la carretera que cruza la comunidad están unidas por cadenetas de papel verde. Y en el enorme campo principal, que es algo así como la plaza mayor del pueblo, hay un torneo de fútbol a punto de empezar. Por la noche un conjunto de música tropical animará la fiesta, pero a Santos nada de esto parece entusiasmarlo. Tiene apenas cuatro meses como dirigente, y siente que ha pasado años en la brega para que los shipibos por fin sean dueños legales de esta tierra. 

La carretera que separa en dos hileras las viviendas de Nueva Alianza se llama Honoria, como el distrito que acoge a la comunidad, en la provincia de Puerto Inca. A unos 50 metros está el río Pachitea, que corta a Nueva Alianza en dos sectores: el lote 1, donde viven los shipibos; y el lote 2, que es, sobre todo, una zona de caza, de yucales y cultivos de maíz.

“Celebramos 34 años aunque seguimos desprotegidos y vulnerados”, dice Santos con un gesto de pesar. La comunidad fue reconocida mediante resolución directoral de la Dirección Regional Agraria de Huánuco el 9 de agosto del 2000, y hasta la fecha no ha sido titulada. Por el contrario, la falta de seguridad jurídica ha permitido que parte del área original de Nueva Alianza haya sido mutilada y titulada a favor de colonos en el curso de los últimos 20 años. 

La comunidad nativa Nueva Alianza ha quedado confinada a ambos lados de la carretera Honoria, en Puerto Inca. Foto: Hugo Alejos

Proceso infinito

En el mapa que evalúa el dirigente hay un sello del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) correspondiente a octubre de 2001. En ese momento la comunidad tenía un área que abarcaba 2.220 hectáreas: 651 en el lote 1 y 1.569 en el lote 2. El PETT fue la entidad del Ministerio de Agricultura a cargo de formalizar propiedades entre 1992 y 2007. Después sus funciones fueron absorbidas por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. De un legajo acumulado por dirigencias anteriores, Santos saca un documento rotulado como Plano de demarcación y titulación del territorio comunal de la comunidad nativa Nueva Alianza. El plano fue emitido por Cofopri en julio de 2008 y revela que, para entonces, este pueblo shipibo ya había perdido 176 hectáreas en el lote 1.

Todos aquellos gráficos forman parte de una ruma de esbozos de titulación que nunca se concretaron. Autoridades de Nueva Alianza aseguran que antes solo podían darse cuenta de que la comunidad perdía espacio, ante el crecimiento de algún caserío colindante, si el Estado estudiaba el terreno y elaboraba los mapas. Por esos años, los comuneros aún podían desplazarse sin complicaciones por los bosques y cultivos de ambos lados del pueblo. Pero a partir de 2015, detalla, la incursión masiva y violenta de hombres procedentes de San Martín, Bagua (Amazonas) y Cajamarca fue cercando a las familias de shipibos. 

“Nuestras autoridades permitieron que los invasores entren y se posicionen en la comunidad”, recuerda el vicepresidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca (Feconapia), Jocías Inuma. 

Nueva Alianza es una de las comunidades nativas de Huánuco perjudicadas por una política de titulación que ejecutó en esta región la Dirección Regional de Agricultura (DRA) entre 2013 y 2018. Esto tuvo su origen en un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y el Gobierno Regional de Huánuco firmado en diciembre del 2012.

En el periodo que fueron efectuadas las titulaciones (2013-2018), Devida destinó S/13 445.075 millones (US$4 000.319), pues era una iniciativa que impulsaba las actividades económicas sostenibles como parte de la lucha contra los cultivos ilegales. Devida inyectó los fondos a través del Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (Pirdais), que tenía entre sus actividades el proyecto Formalización y Titulación de Predios Rurales. De acuerdo con el documento oficial que explica la implementación del Pirdais y lo informado por Devida al Congreso de la República, este proyecto incluía la titulación de predios rurales individuales y de comunidades nativas. Sin embargo, durante su desarrollo en Huánuco fue priorizada la titulación individual. 

Más de 2 mil hectáreas abarcaba Nueva Alianza hace 20 años. Los mapas de esa época así lo prueban. Foto: Hugo Alejos/Convoca. 

Para Carmen Loyola, quien trabaja en el tema socioambiental de la zona hace ocho años, se emprendió una “estrategia de colonización e invasión desde las propias instituciones del Estado”. Decenas de títulos individuales fueron otorgados por la DRA de Huánuco sobre territorios de comunidades nativas. En Nueva Alianza, los primeros titulados fueron arroceros procedentes de la región San Martín, y luego grupos de cocaleros que empezaron a rondar por el bosque y tomaron el antiguo local comunal, narran exdirigentes. De a pocos, la mayor parte del lote 1 de la comunidad fue convirtiéndose en tierra infranqueable para los comuneros. Hoy los shipibos no pueden alejarse mucho de las chacras aledañas a las casas de la carretera.

“Vivíamos amenazados. Tuvimos que traer los cultivos a este espacio. Aún tenemos temor”, cuenta Santos parado a la orilla del Pachitea. Luego señala hacia el otro borde, el que corresponde al sector 2. “Antes había casas allá, pero ese lado se inunda con frecuencia”.

La Dirección Regional de Agricultura de Huánuco emitió 15.038 títulos individuales durante el periodo (2013-2018) en que Devida financió el proceso, según información que este organismo proporcionó a la ONG Proética en julio del año pasado. El detalle está consignado en un cuadro con el nombre: Títulos entregados por año y ámbito geográfico. 

En Puerto Inca, provincia donde está ubicada la comunidad de Nueva Alianza, los títulos individuales fueron otorgados de 2015 a 2017, y fueron 3.571. Convoca.pe solicitó en forma reiterada una entrevista a funcionarios de Devida para obtener información sobre los fondos y el número de títulos entregados, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. 

Sin embargo en una nota emitida por el organismo hacia noviembre de 2017 se indica que la meta para ese año era de 1.200 títulos. Y en otra, publicada en enero de 2019, Devida informa que así ocurrió. Ese año, el monto inyectado fue de S/800.000 (US$239.880), uno de los más bajos mientras duró el proyecto. La suma más alta llegó a S/5 000.000 (US$1 571.338) para la entrega de 5.200 títulos en el curso del 2015. Roy Cruz, director de la DRA Huánuco, explica que desde el despacho que hoy encabeza se fijaba la cantidad de títulos a otorgar por año, y en función a ello era solicitado el financiamiento a Devida. “Se tenía que cumplir –anota-, de lo contrario al año siguiente Devida no daba recursos”. 

Una de las preguntas planteadas por este medio a Devida fue si realizó alguna labor de verificación luego de entregados los títulos. La institución no atendió los pedidos de entrevistas pero, a mediados de marzo, en comunicación con el programa Cuarto Poder, la jefa zonal de Devida Pucallpa, Laura Mantilla, dijo que los financiamientos para titulaciones se realizaron en el marco de las propuestas técnicas de intervención que hacían los “gobiernos subnacionales”. “Ellos tienen que cuidar, ser vigilantes de las zonas que se tiene que registrar”, mencionó.

Frente al río Pachitea los shipibos observan el sector de la comunidad que les queda, pero donde no pueden vivir. Foto: Hugo Alejos/Convoca.

Tierra tomada

En el caso de Nueva Alianza, a través de una evaluación en el Sistema Catastral para Predios Rurales, Convoca.pe constató que a la fecha existen más de 110 predios individuales sobre el área que la comunidad tenía prefijada en octubre de 2001. Son parcelas de hasta 45 hectáreas que en varios casos pertenecen a un mismo dueño. En el área total que correspondía al lote 1 (651 hectáreas) de la comunidad hay 98 predios superpuestos que abarcan, aproximadamente, 398 hectáreas. Un análisis de información satelital realizado por este medio dio cuenta de que existe deforestación sobre casi todos los terrenos titulados. 

El sector del lote 1 donde fueron otorgados los predios fue denominado por sus habitantes como caserío Nuevo Oriente. Hay que viajar unos 10 minutos en camioneta desde el punto de la carretera donde están las viviendas de Nueva Alianza para llegar a Nuevo Oriente. Pero es un tramo que los comuneros prefieren ya no recorrer por seguridad. Saben que cada vez más madereros ilegales y cocaleros vinculados con el narcotráfico operan en los bosques de este lugar. A diferencia del ámbito que ocupan los shipibos, en Nuevo Oriente hay un colegio en buenas condiciones, algunas construcciones de material noble y casas de dos pisos. Pero también áreas deforestadas donde hace poco -aseguran los transportistas- hubo una tala profusa de árboles maderables.

La irregular actuación de la DRA Huánuco al entregar titulaciones sobre una comunidad que llevaba más de 15 años gestionando este beneficio fue determinante para el estancamiento del lentísimo proceso en que estaba inmersa. El caso de este pueblo shipibo conibo es la realidad a pequeña escala de la cruda situación de diversas comunidades de Puerto Inca. El director de la DRA lo atribuye a irresponsabilidades de los técnicos que pasaron por esa oficina y debían salir al campo a realizar las verificaciones en el periodo que el organismo estatal inyectó los fondos. 

“Fueron muchos errores. Al caballazo se trabajó el 2013, 2014, hasta el 2017, en gabinete –indica Roy Cruz-. No salieron a los lugares donde había sobreposición, no hicieron el diagnóstico adecuado para iniciar una titulación masiva”. 

Entre las pocas respuestas que ha dado sobre el tema, Devida manifestó a la excongresista de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos Katia Gilvonio, que la DRA Huánuco es el despacho con capacidad funcional para atender los reclamos respecto del proceso de titulación. Además, en un comunicado emitido en febrero de 2021, el organismo apuntó que desde hace más de tres años dejó de financiar intervenciones destinadas a titulación de tierras, y que la ejecución de esta actividad fue de entera responsabilidad de las autoridades locales que solicitaron los fondos.

“Hay una relación temporal entre la entrega de los títulos, el posicionamiento de los colonos y el avance de la deforestación. Es realmente devastador el impacto que ha tenido esta política de titulación individual en las comunidades”, señala Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La abogada considera que hubo una acción negligente de Devida, la cual –a su juicio- el organismo ratifica al apuntar que “no tiene obligación de supervisar lo que hacen los gobiernos regionales con los fondos que se les entregaron”. 
“Esto viola por completo la obligación que tiene cualquier entidad estatal de proteger a los ciudadanos, sobre todo, cuando sufren afectaciones como resultado directo de la inversión pública en estas zonas”, subrayó. A su juicio, las diferentes fuentes de cooperación internacional que estuvieron aportando fondos a Devida deberían exigir una auditoría para conocer cómo se desarrollaron los procesos de titulación.

Sector 1 de Nueva Alianza en sombra azul. Los polígonos de líneas amarillas son los predios individuales. De rojo, el avance de la deforestación. Imagen: visualización de datos en programa QGIS.

Cadena de presiones

Una hoja manchada de tinta en el cuaderno de actas comunal indica que Nueva Alianza y Nuevo Oriente concertaron alguna vez “terminar con sus problemas y vivir unidos”. Es un acuerdo de límites suscrito el 29 de agosto de 2016 entre los dirigentes de ambos sectores y el ingeniero Michel Rivera Mallma. El escrito lleva las firmas de 20 asistentes al llamado “momento oportuno e histórico” por el entonces teniente gobernador del caserío, Felipe Díaz Más. Ahí se establecen límites y el compromiso de respetarlos. Lo que más recuerda Santos de aquella reunión es el miedo que aturdía a los comuneros. Familias de shipibos habían sido hostigadas en los meses previos, cuando el asentamiento de foráneos se incrementaba y la comunidad insistía en los trámites para su titulación.

“Nos vimos obligados a firmar –indica Santos-. Muchos ya tenían sus parcelas para pedir los títulos. Ahora varios ya no están, vendieron los terrenos”. 

El resultado de esta cadena de presiones para Nueva Alianza es que la demarcación más reciente de sus límites, la que ha sido efectuada por los técnicos del Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú Tercera Etapa (PTRT3), contemple 1.118 hectáreas. Esto es casi la mitad del área que tenía definida la comunidad en sus trámites para titularse de hace 20 años. De la nueva área demarcada (1.118 hectáreas), 865 hectáreas pertenecen al lote 2 y 253 al lote 1. 

El mapa elaborado por los técnicos del proyecto de titulación describe que lo correspondiente al lote 1 es el espacio sobre el cual no se llegó a entregar títulos individuales. Con el lote 2 no ocurre lo mismo. Si bien la mayor parte es el área que quedó libre de predios individuales otorgados, aquí hay 11 parcelas superpuestas que ocupan un total de 95 hectáreas.

“La DRA dio posesiones sin un estudio o diagnóstico del área. El mismo Estado fomenta este tipo de conflictos internos”, opina el exvicepresidente de la  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Richard Rubio. 

A diferencia de Unipacuyacu, con la demarcación de su territorio Nueva Alianza sí concretó un paso fundamental para la formalización. Sin embargo, el inicio de la segunda etapa del lote 2 del PTRT3, que incluye la fase de titulación, está paralizado desde el 13 de febrero de 2021. Esa fecha empezó la ampliación de un año para que concluya el proyecto. Solo restan tres meses de ese plazo. En una carta remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) denunció que la unidad ejecutora del Midagri responsable del proyecto no ha firmado el reinicio de las operaciones “por desidia e incapacidad”.

Hay una extraña mezcla de inseguridad y resignación entres los comuneros. Dicen que van a impulsar la titulación de las 1.118 hectáreas definidas, que es urgente y lo necesitan pronto.

–Es lo que nos queda. Ya no podemos perder más-. Esa es la frase que más repiten.

NUEVA AUSTRIA DEL SIRA: BOSQUE DE AMENAZAS

- “¿Usted es algo del señor Polico?”, me preguntaron –

- “No, yo no le conozco a él”, respondí –

- “¿Ah sí? Nosotros somos los dueños de todo”, empezaron a gritar–

A María le helaba la frente el cañón de una escopeta parecida a la que su padre, un yánesha como ella, usaba para cazar sajinos en el monte. Tres hombres la habían interceptado a un costado del camino que tomaba para ir desde su chacra de maíz hasta la casa de Polico Díaz, el jefe de la comunidad nativa Nueva Austria del Sira, en Huánuco. Uno le apuntaba y exigía que responda para no matarla. Los otros dos la acribillaban a preguntas sobre los movimientos del apu: la hora en que llegaba, los trámites que hacía, a dónde iba cuando no estaba en el pueblo. Ninguno le creía que jamás lo había visto, ni que solo estaba de visita, como ella insistía enredándose en disculpas y ruegos por su vida.

“Somos los dueños porque Nueva Austria no existe, me repetían hasta que se fueron”, recuerda María con la voz trémula.

Lejos de la comunidad, en una casita a medio hacer donde se ha refugiado, ella todavía siente espasmos. Desde aquella tarde en que tuvo cerca a la muerte se fue de Nueva Austria del Sira y no ha regresado. Como a los 35 yáneshas y asháninkas que aún viven allí, María conocía bien a Polico Díaz. Tenían reuniones para estimar la pérdida de sus bosques y gestionar acciones frente al ingreso de traficantes de tierras al pueblo. Por eso también sabía que el apu estaba amenazado y que debía protegerlo si algún desconocido lo buscaba. Las veces que ahora consigue comunicarse con Polico u otro vecino, le cuentan que todo ha empeorado: los comuneros siguen cercados ante el avance de la deforestación y la invasión de hombres que alegan haber adquirido predios o tener títulos otorgados por el Gobierno Regional de Huánuco.

Pero a veces pasan semanas y no logra el contacto con nadie. Para captar señal de telefonía móvil en Nueva Austria del Sira los comuneros deben ubicarse en lugares específicos. Fuera de esos puntos de cobertura, cualquier comunicación telefónica que pretendan establecer es cuestión del azar. La comunidad está ubicada a siete horas de recorrido en auto y a pie desde el centro del distrito de Puerto Inca. De hecho, parte de Nueva Austria del Sira pertenece a esta jurisdicción y otro sector al distrito de Yuyapichis. Los yáneshas y asháninkas tienen un milenario patrón de asentamiento disperso, por eso sus casas y chacras aquí están distantes. También el único colegio del pueblo que hoy está abandonado. La presión de los invasores, sin embargo, ha ido arrinconando a los indígenas en la frontera este de la comunidad, aquella que los separa de la Reserva Comunal El Sira.

Las casas de los indígenas yáneshas de Nueva Austria del Sira están casi en la colindancia con la Reserva Comunal El Sira. Foto: Comunidad.
 

Raíz del flagelo

Para este pueblo que fuera escenario de tenaces austríacos en búsqueda de oro –de ahí su nombre-, el conflicto que lo está mermando empezó en su límite sur con la comunidad nativa Nuevo Unidos de Tahuantinsuyo. Un exlíder comunal que también huyó de Nueva Austria del Sira y cada cierto tiempo debe cambiar de vivienda por seguridad, narra para este reportaje que grupos de colonos fueron tomando posesión de una parte del sector colindante entre ambas comunidades y allí formaron el centro poblado Paujil. Quienes se asentaron, asegura, solo tenían como fin el aprovechamiento de madera en la zona ya que desde entonces empezaron a corroer sin control los bosques del flanco que daba a Nueva Austria del Sira.

En junio de 2004, Nueva Austria había sido reconocida como comunidad nativa mediante resolución directoral de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco. El exlíder cuenta que el área ancestral definida para la titulación de la comunidad era de 13.184 hectáreas. En los sectores limítrofes, precisa, ya habían sido ubicados los puntos de referencia para una próxima demarcación del área comunal. Sin embargo, los trámites fueron postergados y detenidos por casi 10 años. En medio de ese retraso, los habitantes de Paujil Peter Gómez Yulgo y Alexander Hernani Serrano pidieron al Juzgado Mixto de Puerto Inca que anule la resolución de reconocimiento a Nueva Austria del Sira por cuanto, según sus alegatos, esta no existía. El despacho judicial, entonces a cargo del juez William del Águila Pezo, remitió un oficio a la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco para que ejecute una diligencia de inspección. El ingeniero especialista en diagnóstico físico y legal Óscar Rivas Ascanio realizó la constatación el 15 de mayo de 2014, y siete días después emitió un informe con los resultados de su visita.

En el documento, al que accedió Convoca.pe, el ingeniero concluyó que el centro poblado Paujil tenía entonces un área urbana de, aproximadamente, 12 hectáreas sobre territorio de Nueva Austria del Sira. Además, que presenció bosques de la comunidad talados por habitantes del centro poblado, y que llegó hasta donde estaban las familias de indígenas, sus viviendas, sembríos y el local comunal. Es decir, no solo había constancia de la invasión y la pérdida de cobertura boscosa que esto generaba, sino también de la existencia de una comunidad nativa organizada. A pesar de todo esto, el Juzgado Mixto de Puerto Inca declaró nula la resolución de reconocimiento a Nueva Austria del Sira y dos años después, en abril de 2016, la DRA Huánuco suprimió definitivamente el reconocimiento.

Durante los primeros reclamos y gestiones para que la resolución de reconocimiento sea resarcida, la dirigencia comunal obtuvo un listado de 288 solicitudes de títulos individuales sobre territorio de Nueva Austria dirigidas a la DRA Huánuco. La devastación del bosque y el asentamiento de foráneos, comenzaron a extenderse desde el límite con Paujil hacia diversos sectores del pueblo indígena, narran los pobladores. Una intervención promovida por la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yáneshas (UNAY), en octubre de 2017, verificó que hasta ese momento la DRA Huánuco había entregado 104 títulos individuales de los 288 pedidos que tenía en carpeta tras la anulación del reconocimiento. Todos los predios otorgados estaban sobre el área de la comunidad y correspondían a 47 personas. La evaluación en campo arrojó que la mayoría de los titulados tenía cuatro o cinco parcelas. Algunos, dice el informe de verificación, ni siquiera conocían la ubicación de todos sus predios.

“Entregaron títulos hasta en el lugar dónde está nuestra casa comunal –indica otro exlíder con agitación-. Ninguna autoridad quiso venir a comprobar el daño que nos estaban haciendo”.

Hasta en el área que ocupa la casa comunal de Nueva Austria hace muchos años fue otorgado un predio individual. Foto: Comunidad.

Mediante una evaluación en el Sistema Catastral para Predios Rurales, Convoca.pe identificó que ahora existen, aproximadamente, 165 predios individuales sobre el territorio que Nueva Austria del Sira reclama. Son más de 5.730 hectáreas de títulos dentro de las 13.184 hectáreas de la comunidad. Los terrenos entregados, en varios casos, pasan de las 100 hectáreas. Hay propietarios que ostentan cuatro o cinco predios, y varios que son familiares. Un terreno de más de 169 hectáreas, tuvo como titular catastral a Peter Gómez Yulgo, uno de los habitantes del centro poblado Paujil que pidió la anulación del reconocimiento a Nueva Austria del Sira. Los dirigentes comunales dicen que muchos de los que recibieron los predios son personas procedentes de Paujil que ya estaban invadiendo, y también familiares de exautoridades del municipio provincial de Puerto Inca. 

“Hubo grandes intereses y varios involucrados en todo esto”, asevera el antiguo apu.

La mayoría de los títulos fueron otorgados por la DRA Huánuco a partir de 2016, luego de que la resolución de reconocimiento a la comunidad fuera invalidada. En 2016 fue el cuarto año del proyecto Formalización y Titulación de Predios Rurales para el cual Devida destinó más de S/13 445.075 millones (US$3 986.088) a la DRA Huánuco. Este proceso, lo informó Devida al Congreso de la República, contemplaba la formalización de comunidades nativas. Sin embargo, fue enfocado en la legalización de predios individuales hasta que dejó de ejecutarse en 2018.

“La titulación no fue a nivel de comunidades sino de predios rurales individuales - confirma para este reportaje el director de Comunidades de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, Aldo López –. Eso lo ha generado el proyecto de titulación financiado por Devida”.

La gestión para la que López trabaja se inició en 2019, pero asegura que su dirección está asumiendo la responsabilidad de las falencias o trámites pendientes que dejaron los despachos anteriores. Dice que deben escuchar las molestias que a veces parten del desconocimiento de los usuarios porque “los han contratado para dar soluciones”. Aunque en el caso de Nueva Austria del Sira, el desconocimiento parece ser mayor en el funcionario que en los comuneros que hace 17 años buscan ser dueños legales de su territorio ancestral: “Ellos están titulados. Lo que están pidiendo es ampliación de sus áreas”, puntualiza. Luego retorna e intenta corregir: “Voy a revisar bien esa información”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostiene que uno de los requisitos básicos para cualquier persona en el marco de estos procesos de titulación es tener una actividad económica previa en la zona donde busca asentarse. En Nueva Austria, sin embargo, los títulos recayeron en gente que ni siquiera conocía los predios que les fueron otorgados. Además, los líderes y comuneros señalan que nunca fueron llamados a formar parte de un acuerdo de colindantes con los beneficiarios de los títulos.

En sombra el área de Nueva Austria del Sira. Los focos de deforestación están sobre la mayoría de predios individuales (polígonos en líneas amarillas). Imagen: visualización de datos en programa QGIS.

Delitos conexos

Frente a las chacras de Polico Díaz hay un paisaje apocalíptico. Trozos de selva muerta que, en sus cálculos más optimistas, deben bordear las 70 hectáreas en este sector. El apu sabía que la depredación avanzaba como un cáncer por zonas remotas del pueblo, lo veía con impotencia pero también como un mal que las autoridades podían contener. Ahora solo debe hacer una caminata corta desde su casa, y hacia cualquier dirección, para ver cómo el bosque se extingue progresivamente. “Nadie llega acá –lamenta-. Ya todo depende de nuestra propia lucha”. A fines de agosto de 2021, la roza y quema de árboles llegó hasta los cultivos de Alejandro, un asháninka que sin pensarlo decidió enfrentar a los taladores. A él lo encañonaron, lo golpearon en la cabeza y le dejaron una advertencia tajante: “Desocupen o vamos tumbar sus casas con ustedes adentro”.

Esa fue la ocasión en que los invasores llegaron más cerca de las viviendas comunales. Se trata de traficantes de tierras que identifican áreas del pueblo donde no hay títulos individuales para controlarlas y luego venderlas como zonas de tala o para cocales. Este es el modus operandi que han observado y entendido los indígenas, sobre todo, durante estos últimos cincos años de flagelo. En el pedazo de la comunidad que alberga a las casas de los yáneshas y asháninkas todavía no hay cocales, pero la depredación es alarmante. Nueva Austria del Sira ha registrado una deforestación 1.864 hectáreas en los últimos 20 años, de acuerdo con la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente. El periodo de mayor depredación forestal en la comunidad estuvo entre el 2014 y el 2016 (669 hectáreas), años en que fue anulado su reconocimiento y avanzó la superposición de predios individuales.

Un análisis de la información satelital del territorio de Nueva Austria del Sira, realizada por Convoca.pe, reveló que los focos de deforestación están sobre la mayoría de los predios titulados. Lo ocurrido el 21 de agosto de 2019 ilustra bien esta situación. Aquel día, conforme a lo documentado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, la policía halló seis hectáreas de la comunidad completamente taladas. Las autoridades georeferenciaron el área y anotaron las coordenadas. La alerta había sido emitida por comuneros que sindicaban a cuatro personas dirigidas por Clementino Ponce Cóndor, un vecino del centro poblado Paujil. Este medio identificó que las coordenadas establecidas sitúan al lugar de la depredación dentro de un predio de 112 hectáreas titulado por la DRA Huánuco. El terreno, precisamente, está a nombre de Ponce Cóndor. Pero no es el único predio que Ponce ha obtenido en Nueva Austria del Sira. El acusado de haber arrasado seis hectáreas de bosque también tiene a su nombre un título de 11 hectáreas con evidencia clara de deforestación.

Las zonas de deforestación generadas por madereros se han extendido hasta el lugar donde viven los indígenas. Foto: Comunidad.
 

Terreno convulso

“Los invasores también van en grupos y siembran coca –describe un exlíder comunal, quien pidió no ser identificado por seguridad-. Y cuando está verde, toman fotos y nos acusan”. Él, otros exdirigentes y Polico han sido así denunciados por supuestamente dedicarse a los cultivos ilícitos y al narcotráfico. Se enteraron por la policía de Puerto Inca cuando acudieron a informar que el tráfico de tierras en su comunidad era dirigido por César Antonio Conde Malco, un agricultor no indígena que vivió tres años en Nueva Austria del Sira intentando tener una parcela a su nombre. Él, precisamente, era uno de los que había presentado denuncias contra el jefe comunal y sus predecesores.

La organización internacional Global Witness considera que la criminalización es una de las tácticas más utilizadas por la delincuencia para congelar el trabajo de los defensores de la tierra. También las amenazas, desplazamientos y asesinatos. En su más reciente informe anual sobre homicidios de defensores ambientales en el mundo, Global Witness reveló que el 2020 hubo 227 asesinatos, seis de estos casos fueron registrados en el Perú.

En Nueva Austria del Sira la muerte acechó a los comuneros durante 2019. El 29 de julio de ese año dos sicarios intentaron asesinar al entonces apu Germán López, pero por confusión balearon a su cuñado. El ataque fue el punto más álgido de una cadena de amenazas y seguimientos contra López por impulsar la titulación de su comunidad. Dos meses después, Polico Díaz y tres comuneros iban a recoger en el caserío Quimpichari a una delegación de la DRA Huánuco que había aceptado hacer un estudio socioeconómico en Nueva Austria del Sira para la tramitación de un nuevo reconocimiento. La inspección nunca se realizó porque Polico fue retenido por unos 30 hombres durante tres días en el monte.

El apu Polico Díaz teme por su vida. Hace dos años fue atacado por una turba de invasores. Hoy continúa amenazado. Foto: Comunidad.

Hasta ahora ni un equipo de la DRA o Devida ha hecho en Nueva Austria del Sira una revisión en amplitud para constatar si los beneficiarios de los predios ejecutan actividades económicas sostenibles como planteaba su programa de formalización vigente entre 2013 y 2018. La comunidad no ha sido incluida en el Proyecto Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú Tercera Etapa (PTRT3) debido a la anulación de su reconocimiento. El coordinador nacional de Territorio de Aidesep, Waldir Eulogio Azaña, informó que las resoluciones de reconocimiento y anulación han desaparecido sospechosamente de los sistemas de la DRA Huánuco, y que por ello es imposible iniciar para esta comunidad otro proceso de titulación. Los yáneshas y asháninkas, en tanto, estiman que el 75% de Nueva Austria tiene superposiciones de predios individuales y parcelas negociadas por traficantes de tierras.

“Al final de cuentas somos peruanos y tienen que saber convivir dentro de ello”, responde el director de la DRA Huánuco, Roy Cruz, consultado si, en el caso de Nueva Austria del Sira, también considera que para los comuneros no habría otra solución que compartir su territorio. Eustaquio Robles, director regional de Gestión en Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Huánuco, sostiene que indígenas de las comunidades que hoy acusan invasiones vendieron o alquilaron terrenos, lo cual generó que haya posesionarios. “La norma dice que si tienes posesión por cinco años –explica-, te van a dar la propiedad a través de la prescripción adquisitiva de dominio (mecanismo legal que permite al poseedor de un bien adquirir la propiedad del mismo)”. Robles indica que para demarcar los límites del pueblo debe haber un acuerdo entre los habitantes que están ahí. Para los comuneros de Nueva Austria esto no pasa siquiera como una posibilidad.

María, la yánesha que estuvo a punto de ser asesinada, busca en sus recuerdos algún momento más del último día que pasó en su pueblo. Pero cae de pronto en una breve consternación.

-“¿Sabe qué pienso a veces?”-, pregunta como hablándose a sí misma.

-“Que nos vamos a gastar la vida en esta lucha”-.

Foto principal: Los sembríos de coca para la elaboración de droga han reemplazado amplias extensiones en bosques de la Amazonía. Foto: Hugo Alejos

Créditos: 
Investigación: Enrique Vera. Análisis de datos y mapas satelitales: Alexander Lavilla. Fotos: Hugo Alejos. Visualización de mapa principal: Víctor Anaya. Infografías: Iván Palomino. Edición de videos: Luis Pacheco. Edición general: Milagros Salazar Herrera.