Mujeres, hombres, familias y hasta comunidades enteras de la Amazonía y los Andes del Perú figuran en el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos, que administra el Ministerio de Justicia, con el fin de activar las medidas de protección en favor de estos ciudadanos que son amenazados por defender sus territorios, sus bosques, sus ríos.

Ante el repliegue de las autoridades del Estado y el aislamiento social por la pandemia del COVID-19, se ha incrementado la presencia de taladores ilegales, mineros informales y narcotraficantes en los territorios amazónicos, que amenazan a los pobladores y a sus líderes cuando estos reclaman por sus actividades ilícitas que afectan el medio ambiente.

De los 29 pedidos de activación del protocolo para proteger a los defensores de derechos humanos, 16 se han presentado durante el periodo de la pandemia, desde abril de 2020, mientras que 13 se reportaron entre abril de 2019 y marzo de 2020, según informó a Convoca.pe Edgardo Rodríguez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Como la mayoría de los pedidos no son individuales sino que involucran a familias y comunidades, Rodríguez estima que, en los últimos dos años, se han incluido en el registro a cerca de 100 personas amenazadas, en todo el país. Entre estas víctimas hay líderes y otros miembros de pueblos indígenas. De las 21 solicitudes de protección presentadas hasta noviembre de 2020,  según cifras del Ministerio de Justicia, seis provenían de comunidades indígenas amazónicas.

Sin embargo, representantes de organizaciones ambientalistas consideran que la cifra oficial de defensores de derechos humanos amenazados que figura en el registro del Ministerio de Justicia no es real y que este número puede triplicarse o cuadruplicarse, pues muchas de las personas que se encuentran en situación de riesgo por defender las tierras y bosques tienen temor de denunciar las amenazas.

Un reflejo de la difícil situación en que se encuentran los defensores ambientales es que, desde marzo de 2020 a marzo de 2021, siete de ellos han sido asesinados, según el Ministerio de Justicia aunque, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones indígenas y ambientalistas, son entre ocho y diez los crímenes cometidos en el país contra estos ciudadanos.

El Decreto Supremo que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, promulgado el último 22 de abril por el Ministerio de Justicia, ha sido presentado como un avance a favor de este grupo de ciudadanos. 

Regiones con más amenazados

La mayor incidencia de amenazas contra los defensores de derechos humanos se registra en Lima y en el triángulo que conforman las regiones Ucayali, Huánuco y Pasco, según explicó a Convoca.pe Edgardo Rodríguez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Precisamente, entre Ucayali y Huánuco se cometieron dos de los tres asesinatos de defensores ambientales reportados este año. Ambas víctimas eran del pueblo cacataibo y participaban como voluntarios en el comité de vigilancia y control forestal en sus poblados. Los líderes indígenas no descartan que los asesinatos hayan sido cometidos por personas vinculadas al narcotráfico.

A Herasmo García Grau, de 28 años, de la comunidad nativa Sinchi Roca, lo secuestraron el 26 de febrero y, al día siguiente, su cuerpo apareció baleado. A Yenes Ríos Bonsano, de 27 años, de la comunidad nativa Puerto Nuevo, también lo mataron a balazos. 

“El nivel de situaciones de riesgo en Ucayali, desde leves hasta más graves, se va incrementando por información que nos dan los apus y está relacionado con el incremento del narcotráfico. Son zonas tan alejadas que, para llegar, a la Policía les genera un nivel de movilización con el que, a veces, no cuentan”, explica Rodriguez.

Para Hugo Pari, jefe de la oficina defensorial de Ucayali, se necesita que la Policía y el Ministerio Público tengan la logística necesaria para ingresar a las zonas donde se producen las amenazas y donde ya hubo defensores asesinados. “Se trata de una cuestión de presupuesto, logística y personal, en las zonas más alejadas de nuestra región, donde se producen estas situaciones debido a la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico”, explica a Convoca.pe.

Más que denuncias, la Defensoría del Pueblo en Ucayali ha recibido, durante la pandemia del COVID-19, quejas de pobladores de las comunidades, que señalan que se vienen usando sus terrenos para la producción y transporte de hoja de coca y que la población viene siendo amenazada.

“La mayoría de quejas son de las provincias de Atalaya y Padre Abad, donde se produce gran cantidad de hoja de coca y no se han realizado operativos de las autoridades, como cuando no había pandemia. Sin fiscalización estas organizaciones que trabajan al margen de la ley han podido actuar sin mayor reparo”, advierte Pari.

Edgardo Rodríguez explica lo que han dejado de hacer desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, debido al coronavirus. “Si había una situación complicada en el triángulo entre los departamentos de Huánuco, Pasco y Ucayali, hacíamos visitas, generábamos relaciones con las autoridades locales, íbamos a las radios, se hacía presencia y se daba respaldo al defensor. Con eso se ha evitado muertes”, recuerda.

Para los ilegales no hay pandemia, advierte Iván Brehaut, de la Asociación Pro Purús, quien destaca que estos grupos han arrasado literalmente zonas de la Amazonía y que gran parte de la deforestación se debe al narcotráfico.

“Escuchaba que son más de 15 comunidades nativas que están bajo una situación de amenaza. Esa cifra es muy inferior a la real. Solo en una cuenca donde Pro Purus trabaja, este número se duplica. Si juntamos otras comunidades de Ucayali, esta cifra se triplica o cuadruplica. La gente tiene miedo a denunciar porque no solo se están arriesgando ellos sino sus familias y comunidades enteras”, alertó Brehaut durante el foro “Inseguridad indígena en la Amazonía peruana”, el 21 de abril.

El apu Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), es uno de los dirigentes indígenas amenazados por defender su territorio. "Para nosotros, no han cesado las amenazas ni la persecución, pese a haber denunciado esta situación. No nos hemos escapado de la zozobra por la persecución y somos amedrentados por los que denunciamos", dijo a Convoca.pe.

Cambios con nueva norma

El recientemente aprobado Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos ha generado expectativa entre las personas que defienden el ambiente y las organizaciones vinculadas con la Amazonía.

Con esta nueva norma, la responsabilidad de proteger a los defensores ambientales ya no solamente le corresponderá al Ministerio de Justicia sino también a otras siete instituciones públicas: el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Si el Perú ratificara el Acuerdo de Escazú, le daría rango de ley a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y se involucraría al todo el Estado, ya no solamente al Poder Ejecutivo, destaca Edgardo Rodríguez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Hasta la actualidad, el pedido de ayuda de los defensores ambientales amenazados era incluido en el Registro sobre Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos, para que el Ministerio de Justicia activara el Procedimiento de Alerta Temprana.

Rodríguez explica que han estado canalizando los pedidos de ayuda de los defensores para activar el protocolo y protegerlos de las amenazas. "La acción máxima, con el consentimiento del defensor ambiental, es la extracción del lugar donde se encuentran. Hay otras medidas, como el otorgamiento de garantías a nivel policial", señala.

A partir del decreto supremo publicado este 22 de abril, el Poder Ejecutivo está armando un nuevo protocolo de actuación que articule a los ocho sectores involucrados, bajo la conducción del Ministerio de Justicia. Esta coordinación intersectorial implica un determinado plazo para que las instituciones respondan a los solicitantes de protección: 30 días, como máximo, para los casos que no son urgentes y 15 días para los urgentes.

Aunque la nueva norma establece un un plazo de 45 días para que las entidades involucradas afinen el protocolo de intervención, está vigente desde el 23 de abril y si llega una nueva solicitud de protección de un defensor de derechos humanos, las autoridades deberán actuar de manera coordinada.

"Si nosotros seguimos en esta lucha, los líderes, igual vamos a estar contemplados en las lista de asesinados. Hemos venido alertando, pero nos siguen amenazando", advierte el apu Berlin Diques.

Foto principal: Gonzalo Pío Flores, líder asháninka asesinado en 2020, en Junín. Crédito: Archivo personal de Gonzalo Pío