Solo en la región Madre de Dios, se identificaron 110 áreas de extracción de la minería ilegal, que atentan contra la Amazonía y constituyen constantes violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Esto se desprende del estudio "Amazonía saqueada", que analizó la situación de la minería no autorizada en los países que comparten el territorio amazónico en Sudamérica.
Según el reporte elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que incluye un mapa interactivo desarrollado por InfoAmazonía, el departamento Madre de Dios concentra el mayor número de zonas afectadas por la minería ilegal en los seis países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.
El informe precisa que el patrón de destrucción a lo largo de los ríos de Madre de Dios, también se observa en la Reserva Nacional Tambopata: ambas márgenes del río Malinowski, al norte del área protegida, fueron tomadas por pozos y dragas de extracción de mineros ilegales, según imágenes satelitales registradas entre enero y junio de 2018.
El reporte señala que la afectación de los bosques en Madre de Dios por la minería ilegal, refleja niveles de deforestación jamás registrados en Perú. Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica de la Universidad Wake Forest de EE.UU., publicado en noviembre último, indica que en apenas cinco años hubo una pérdida de bosques amazónicos de 41 mil hectáreas, lo cual supera en 30% lo estimado por otros monitoreos.
Violaciones a los DD.HH. y falta de oportunidades
El reporte 'Amazonía saqueada' señala que la minería ilegal genera impactos considerados como graves violaciones a los derechos humanos debido a que contamina el agua y los peces que consumen las comunidades amazónicas. También ocasiona la expulsión de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario.
Un escenario similar se identifica en la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, que sufre los embates de la extracción de oro indiscriminada. Las familias de la comunidad de Puerto Luz, así como de otras nueve comunidades nativas en esa área protegida, se han visto obligadas a practicar la minería artesanal ante la falta de oportunidades.
Se necesita voluntad política
Para el especialista Pedro Tipula del Instituto Bien Común (IBC) es necesario que las autoridades muestren "voluntad política" para contrarrestar la minería ilegal y que exista un trabajo articulado entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales.
El experto añadió que la situación es preocupante porque se piensa que basta crear leyes para enfrentar esta actividad y no se considera que para su aplicación son necesarios un adecuado presupuesto, personal y equipos calificados.
Los representantes de la RAISG aseguran que hicieron el estudio para ofrecer un panorama amplio sobre la minería ilegal en toda la Amazonía, que se extiende por siete millones de kilómetros cuadrados. Para ello compilaron documentación oficial, análisis de imágenes satelitales y noticias publicadas en medios de comunicación hasta 2017.
La base de datos del mapa fue producida por una red de trabajo de organizaciones no gubernamentales en seis países amazónicos: Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) en Bolivia, Gaia Amazonas en Colombia, Instituto del Bien Común (IBC) en Perú, Ecociencia en Ecuador, Provita y Wataniba en Venezuela, Imazon e Instituto Socioambiental (ISA) en Brasil.
Pueden acceder a la investigación completa en este enlace: https://saqueada.amazoniasocioambiental.org/
También explora el especial de Convoca.pe, Amazonía Arrasada, que pone al descubierto al grupo Melka, uno de los mayores deforestadores de la selva peruana.