La posibilidad de que el gobierno de Pedro Castillo y el nuevo Congreso de la República retomen el debate para la ratificación del Acuerdo de Escazú es cada vez más lejana, debido a la inestabilidad política que genera la pugna entre ambos poderes del Estado. Los principales afectados son los defensores de derechos humanos, en especial los líderes indígenas, que siguen siendo amenazados y asesinados por proteger sus territorios y el medio ambiente. Desde que el Gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria por el Covid-19, el 16 de marzo de 2020, al menos, siete defensores de la Amazonía han sido asesinados.

Ante la cercanía del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se conmemora hoy, en los últimos días, las autoridades del Poder Ejecutivo han participado en diversas reuniones para tratar dicha problemática, pero no se ha tocado temas pendientes, como la ratificación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

El Perú firmó el Acuerdo de Escazú en el 2018 y debía ser ratificado por el Congreso de la República. En octubre de 2020, el proyecto de ratificación, presentado por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, fue archivado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, con el apoyo mayoritario del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Con el cambio de gobierno, se esperaba que se reabra el debate en el Parlamento.

El último jueves, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se reunió en Lima con representantes de las comunidades Asháninka, Yánesha, Awajún y Shipibo-Conibo de Ucayali, Junín, Huánuco y Amazonas, sobre titulación de tierras y protección de defensores ambientales y de sus territorios. Un día antes, estos dirigentes y más de 100 líderes indígenas realizaron un plantón de protesta frente al Ministerio de Justicia, para exigir que el Poder Ejecutivo tome acciones ante estos problemas.

En la cita con la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, participó el apu Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), quien declaró que los líderes indígenas han venido a Lima por la grave situación que atraviesan las comunidades nativas de la Amazonía y recordó que, sin el reconocimiento legal de las comunidades y sus territorios, continuarán las invasiones, la presencia de narcotráfico, entre otros problemas, que tienen que ver con los asesinatos de líderes y lideresas que defienden sus territorios.

“Desde el año pasado, los asesinatos ocurridos en Ucayali siguen impunes por falta de operatividad institucional del Estado. Hemos tenido que formular planes y estrategias para ver que el Estado se interese por nuestra situación debido a las amenazas y asesinatos en Ucayali”, dijo el apu Berlín Diques a Convoca.pe.

Los líderes indígenas no pudieron tratar sobre temas pendientes, como la promesa del partido de gobierno, Perú Libre, de impulsar el debate para ratificar el Acuerdo de Escazú. “Hay una clara muestra de incertidumbre en el sentido político y social en el país. Con toda esta inestabilidad política, los más perjudicados somos las poblaciones indígenas, que estamos sufriendo este avasallamiento y amenazas constantes, solamente por defender territorios”, explicó el apu Berlín Diques, quien recordó que la atención de las autoridades está concentrada en el voto de confianza que solicitará, este lunes, el Ejecutivo ante el Congreso.

Reunión de premier Mirtha Vásquez con líderes indígenas, en Lima, para tratar problemas de titulación de tierras y amenazas a líderes ambientales. Foto: Difusión

Para Carlos Quispe, especialista legal del programa “Derechos y Justicia Ambiental” de la ONG DAR, para reabrir el debate sobre el Acuerdo de Escazú, “la pelota sigue estando en la cancha del Congreso”, aunque se requiere que el Ejecutivo presente un proyecto de ley sobre el tema.

“El gobierno de Pedro Castillo ha demostrado que los temas ambientales no son parte de la prioridad, lamentablemente, como debería serlo. Ha habido algunas declaraciones, como el ex canciller Héctor Béjar, pero entiendo que el actual ministro (Óscar Maúrtua) también está en línea de ratificar el acuerdo. El llamado sería para que el Ministerio de Relaciones Exteriores envíe una carta al Congreso pidiendo que se saque el archivo y se vuelva a discutir el acuerdo”, explicó Quispe a Convoca.pe. 

Sin embargo, Carlos Quispe advirtió que la coyuntura política no es la mejor por la permanente pugna entre los poderes ejecutivo y legislativo, que genera que este y otros temas sean relegados. “El Congreso está dividido. Hay un desconocimiento sobre el acuerdo de Escazú y podrían repetirse los argumentos en contra, como la supuesta pérdida de soberanía del Estado peruano, a pesar de que el acuerdo reconocía la soberanía sobre los recursos naturales”, agregó.

El Acuerdo de Escazú promueve principalmente tres derechos fundamentales: el acceso a la información pública ambiental, a la participación pública ambiental y a la justicia ambiental así como también la protección efectiva de los defensores del medio ambiente, según explicó Aída Gamboa, coordinadora del programa Amazonía de la ONG DAR.

"Tiene tres disposiciones fundamentales que promueven todos los derechos humanos de los defensores: el derecho a la vida, la asociación pacífica, la libertad de expresión, la libertad de reunión y que estas personas puedan ejercer su labor libremente, sin amenazas, y ejercer los derechos de información, participación y justicia ambiental. También promueve que los estados puedan establecer mecanismos de acción o atención a las diferentes situaciones que atraviesan los defensores. un conversatorio internacional sobre la importancia de ratificar este pacto internacional", detalló Aída Gamboa en un conversatorio internacional sobre la importancia de ratificar este pacto internacional, realizado esta semana.

Escazú en América Latina

El acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de este año. Doce países han ratificado el acuerdo, pero faltan varios. En algunos países los poderes ejecutivos están a favor, como en Colombia, Costa Rica y Perú, pero los poderes legislativos no se ponen de acuerdo. En otros, el Ejecutivo ha dicho que no lo va a firmar, como en Chile.

“En Costa Rica, se espera que vuelva a entrar en proceso de discusión en el Congreso, lo mismo en Colombia. En Perú, tenemos buenas esperanzas de que, con los cambios que ha habido, ojalá se pueda sacar del archivo el acuerdo”, recordó Tomás Severino, de Cultura Ecológica de México y representante del Público por el Mecanismo Público Regional del Acuerdo de Escazú en ese país durante un conversatorio internacional sobre la importancia de ratificar este pacto internacional, realizado esta semana.

A fines de abril de 2022, se realizará la primera conferencia de las partes, donde se definirán las reglas de procedimiento, el fondo voluntario y el comité de apoyo al cumplimiento del acuerdo y la representación del público ante esta nueva fase.

Como el Acuerdo de Escazú no estaba contemplado en las propuestas del partido Perú Libre, al pasar a la segunda vuelta electoral, en mayo pasado, Pedro Castillo y representantes de los pueblos indígenas de Loreto firmaron un acta en la que acordaron trabajar conjuntamente en un plan de gobierno basado en varios compromisos, entre los cuales figura la ratificación de este pacto internacional.

El pasado 28 de julio, luego del primer encuentro nacional para la protección de defensores y defensoras de la Amazonía peruana, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y sus bases regionales emitieron un pronunciamiento solicitando al presidente Pedro Castillo que “respalde e implemente acciones concretas” para asegurar la protección de quienes defienden los derechos indígenas.

Foto principal: Protesta de líderes indígenas frente al Ministerio de Justicia, en Lima, el 20 de octubre último / Crédito: ORAU