El 12 de julio del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, se publicó la Ley 30230, que estableció medidas tributarias para dinamizar la inversión privada en el país. Esta norma también recibió el nombre de 'paquetazo ambiental', pues entre los beneficios brindados se encontraba la reducción al 50% de las multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a las empresas infractoras ambientales.
Humala —quien vuelve a postular a la presidencia por el Partido Nacionalista— fue cuestionado por la emisión de esta norma cuando fue mandatario, durante un debate enfocado en el medio ambiente. El expresidente defendió la medida y dijo:
"No hubo tal paquetazo ambiental. Lo que se acusa es que a OEFA le reducimos la capacidad de multar a las grandes empresas que deforestaban o dañaban el medio ambiente. Pero lo que no se dice, es que pasamos de 10 mil UIT de multa a 30 mil UIT. Durante tres años le facultamos a OEFA a que multe al 50% del monto de las UIT. Así que, si uno saca las cuentas, antes era el 100% de 10 mil UIT y durante tres años —lo que se llama el paquetazo— era el 50% de 30 mil UIT, que serían 15 mil UIT. Así que en realidad no fue un paquetazo".
Convoca Verifica, la unidad de fact-checking de Convoca.pe, evaluó resoluciones del periodo en el que estuvo vigente la norma y determinó que lo manifestado por el candidato resulta engañoso.
En primer lugar, no es correcto señalar que las multas impuestas solo fueron reducidas en un 50%. La Ley 30230 estableció que durante un periodo de tres años las sanciones que impusiera OEFA no debían ser superiores al 50% de la multa, pero hay casos en los que se perdonó porcentajes superiores, e incluso se llegó a perdonar todo.
Un caso concreto
En noviembre del 2013, OEFA inspeccionó las instalaciones del proyecto minero Apumayo, ubicado en la región de Ayacucho. Durante su visita, encontraron diversas infracciones ambientales. El fin del proceso administrativo sancionador llegó el 2015 con la emisión de la Resolución Directoral N° 1281-2015-0EFAIDFSAI. Mediante este documento, que se dio durante la vigencia de la Ley 30230, se dispuso que la empresa no pagara multa alguna por las infracciones cometidas, sino que corrigiera las faltas.
Cuando se realizó la inspección a la minera, se encontró cuatro conductas que vulneraban las normas ambientales. Entre ellas, instalar una planta de chancado móvil que no se encontraba consignada en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no instalar una Planta Wetland para el tratamiento de aguas de la poza de monitoreo del proyecto. Cada una de estas infracciones tenía una multa máxima de 10 mil UIT.
Si bien en la resolución se indica que se halló responsabilidad administrativa en Apumayo S.A.C., solo se dictaron medidas correctivas y se ordenó suspender el proceso administrativo, tras comprobar el cumplimiento de las medidas.
Esta decisión estuvo basada en el artículo 19 de la Ley 30230, el cual estableció que durante tres años el OEFA solo tramitaría "procedimientos sancionadores excepcionales". Si se detectaba alguna infracción, se tenía que ordenar medidas correctivas destinadas a revertir el daño causado. Es lo que ocurrió en el caso de la minera Apumayo S.A.C.
La compañías infractoras tenían la posibilidad de remediar los efectos nocivos generados en el ambiente. Si cumplían con las medidas correctivas, se finalizaba el procedimiento administrativo. Por el contrario, si incumplían eran pasibles de una multa que llegaba al 50% del monto correspondiente a la multa.
Es por esta razón que lo señalado por Ollanta Humala resulta engañoso: en varios casos la Ley 30230 permitió el perdón total de las multas por infracciones cometidas. Se permitió que OEFA multe hasta el 50% del monto de las infracciones, pero estos casos eran considerados "excepcionales".
Implicancias de la norma
Ollanta Humala también afirmó que esta norma "en realidad no fue un paquetazo". No obstante, los efectos de la Ley 30230 fueron nocivos para el medio ambiente y la recaudación para el Estado. La cantidad de infracciones ambientales aumentaron notoriamente.
En noviembre de 2016, la entonces presidenta de OEFA, Tessy Torres, acudió al Congreso e informó que el porcentaje de incumplimiento de normas ambientales por parte de empresas se había incrementado desde la emisión de la norma. En el caso de empresas del sector minero, el porcentaje aumentó de 10 % a 37 %, mientras que en el sector hidrocarburos pasó del 24 % a un 76 % de incumplimientos.
Incluso, una investigación de Convoca.pe alertó sobre los efectos de esta norma cuando se encontraba en vigencia. A un año de vigencia de la ley, unas 49 empresas infractoras fueron beneficiadas. En este periodo se dejó de cobrar 30.9 millones de soles en multas.