Por Luis Enrique Pérez | 15 de enero del 2021
Nueve ex servidores públicos que fueron destituidos y tienen inhabilitaciones vigentes para desempeñar cargos en entidades del Estado integran las listas de postulantes al Legislativo de cinco partidos políticos, que participarán en las elecciones generales de abril próximo, de acuerdo con información de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) revisada y verificada por Convoca.pe.
Se trata de Nancy Lizárraga Aguirre (Avanza País), Irina Sosa Grados (Partido Nacionalista), Elmer Huamán Delgado (Perú Libre). En el caso del Partido Morado, están Edgardo Amez Herrera, Sandra Gonzales Gómez y Elena Sánchez Cueva; y en Unión Por el Perú (UPP), Wilfredo Alayo Jiménez, Jorge Lovón Cueva y Carmen Felipe Soto, tal como lo reveló este medio digital en dos informes previos.
Por el partido Perú Libre postula el docente Elmer Huamán Delgado, que busca un escaño por la región Amazonas, tiene una inhabilitación permanente para laborar en el sector Educación tras haber sido sancionado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia de Utcubamba, de acuerdo con los datos de Servir.
Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, Huamán también registra una sentencia de un año de prisión suspendida por el delito de seducción, dictada por el Juzgado Penal de Utcubamba en abril de 1999. En el Código Penal se indica que este delito sanciona las relaciones sexuales con menores de entre 14 a 18 años, mediante el engaño y sin el consentimiento de la víctima.
Huamán intentó sin éxito ser alcalde del distrito de Cumba en la provincia de Utcubamba, en Amazonas, en las elecciones municipales del 2014, con la organización Movimiento Regional Fuerza Amazonense. No obtuvo ningún voto de respaldo, según información de Infogob.
Cabe recordar que Perú Libre, dirigido por el sentenciado exgobernador regional Vladimir Cerrón, tiene a Pedro Castillo como candidato a la presidencia.
En tanto, en la organización política que lidera el expresidente Ollanta Humala, la candidata Irina Sosa Grados postula al Congreso por Lima con el número 28. Ella registra una inhabilitación administrativa que le fue impuesta por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 2018 y que finalizará en agosto de 2023.
Sosa estuvo afiliada al Partido Aprista entre 2008 y 2009, y luego pasó a formar parte de las filas del partido de Humala, quien por su parte vuelve a postular a la presidencia de la República.
En el partido Avanza País, que promueve la candidatura presidencial de Hernando de Soto, la postulante al Legislativo para ser representante de la región La Libertad, Nancy Lizárraga Aguirre, tiene una inhabilitación de cinco años impuesta por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac). La sanción contra Lizárraga terminará en enero del 2023.
En informes recientes, Convoca.pe dio cuenta los casos de exfuncionarios inhabilitados que postulan por el Partido Morado, dirigido por el candidato presidencial Julio Guzmán; y por UPP, que lidera el congresista José Vega Antonio junto al recluido Antauro Humala, máximo dirigente de la agrupación política Frente Patriótico.
En el partido de Julio Guzmán están el exmagistrado Edgardo Amez Herrera, la ex servidora pública Sandra Gonzales Gómez y la docente Elena Sánchez Cueva, quienes aspiran a conseguir los votos requeridos, en abril próximo, para ocupar una curul en representación de las regiones Áncash, Moquegua y Cajamarca, respectivamente.
Mientras que en UPP, se encuentran el ex servidor público de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, Wilfredo Alayo Jiménez, y los docentes Jorge Alberto Lovón Cueva y Carmen Felipe Soto, quienes aspiran ser representantes en el Congreso de las regiones de Lima, Piura y Huánuco.
Consultado al respecto por Convoca.pe, el especialista en temas electorales Fernando Tuesta señaló que la norma electoral vigente no impide la postulación a cargos de elección popular de estos exfuncionarios inhabilitados. No obstante, indicó que es necesario conocer los antecedentes de estos ex servidores públicos y también que se precise si ellos han judicializado sus casos al considerar que las sanciones por las que se les inhabilitó han vulnerado las garantías al debido proceso administrativo.