Víctimas de Espinar exigen que exministro Gastón Rodríguez sea investigado por muerte de tres comuneros en 2012

Actualización: 30 de noviembre de 2020

Hoy, el exalcalde de Espinar Óscar Mollohuanca y los exdirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) Sergio Huamaní y Herbert Huamán fueron declarados inocentes de los delitos de disturbios, peligro común y entorpecimiento de los medios de transporte, durante las protestas sociales realizadas en Espinar, Cusco, en mayo de 2012.

El juez Jean Franco Pinto Fernández, de la Sala Penal de Ica, emitió esta tarde un adelanto del fallo en el proceso judicial que el Estado le abrió al exburgomaestre y a los dos exdirigentes, detenidos durante las protestas contra la entonces empresa minera Xtrata Tintaya. Las movilizaciones fueron reprimidas violentamente por la Policía Nacional del Perú, que dejó dos fallecidos por impacto de balas, decenas de heridos, varios detenidos arbitrariamente, scuestrados y torturados.

"Básicamente, el juez ha dicho tres cosas: No hay pruebas que vinculen a los acusados con los delitos que se han cometido, no se ha probado el delito de peligro común y tampoco de entorpecimiento. En relación al delito de disturbios, no se ha probado su participación", dijo a Convoca.pe Ramiro Llatas, abogado de Sergio Huamaní y presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, Cusco,

Llatas destacó que el juez, además, ha señalado que la protesta social es un derecho constitucional y que no se tiene que condenar a una persona por su sola pertenencia a una organización que ha convocado al paro.

Nota original: 28 de noviembre de 2020

Más de ocho años han pasado desde aquellas protestas de los comuneros contra la entonces empresa minera Xstrata Tintaya, en la provincia de Espinar, en Cusco, que fueron reprimidas violentamente por la Policía Nacional del Perú (PNP) y dejaron tres muertos, decenas de heridos, detenidos, secuestrados y torturados. Ningún agente policial fue sancionado por estos delitos. El Estado se concentró en perseguir a los comuneros, entre ellos al alcalde y dos dirigentes, amparándose en una legislación que beneficia al gobierno.

Más de dos semanas han pasado desde aquellas protestas que exigían la salida del gobierno de Manuel Merino, en Lima, que fueron reprimidas violentamente por la Policía y dejaron dos muertos, más de 200 heridos y varios detenidos. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación a tres de los responsables políticos de la PNP y busca identificar a los efectivos policiales que agredieron a los manifestantes. Paralelamente, se ha iniciado una investigación a los jóvenes que fueron detenidos en las marchas.

Un nombre se repite en la violenta represión policial ejercida en estas dos protestas sociales, pese a los más de ocho años de diferencia y a la lejanía entre estas dos ciudades: Gastón Rodríguez Limo. El hoy policía en retiro estuvo a cargo del operativo policial que dejó tres muertos en Espinar, en 2012, y, en 2020, como ministro del Interior, ha sido responsable político del accionar policial que dejó dos muertos en Lima.

Hace más de ocho años, el coronel de la PNP Gastón Rodríguez Limo era jefe de la Dirección Territorial Policial (Dirtepol Cusco) y fue el responsable del comando operativo de las acciones policiales durante la huelga iniciada el 21 de mayo de 2012, según lo revela la orden de operaciones “Huelga general indefinida-2012 N° 004-2012-REGPOL-SUR-ORI/DIRTEPOL-CUSCO-COMIS.SEC.ES/S3", documento al que tuvo acceso Convoca.pe.

Según los testimonios de las víctimas, agentes policiales dispararon balas y perdigones contra los comuneros de Espinar que protestaban contra la minera Xstrata Tintaya. Además, les arrojaron bombas lacrimógenas al cuerpo y cometieron detenciones arbitrarias, desapariciones forsozas, secuestros y torturas.

En 2020, el teniente general de la PNP (r) Gastón Rodríguez Limo juramentó por segunda vez en un año como ministro del Interior, ya no del gabinete del presidente Martín Vizcarra sino como parte del Consejo de Ministros de Manuel Merino, presidente del Congreso que asumió la presidencia de la República, luego de que el Parlamento declarara la vacancia de Vizcarra por acusarlo de incapacidad moral. Del 12 al 17 de noviembre de este año, Rodríguez fue responsable político de las acciones policiales contra los manifestantes que protestaron contra el gobierno de Merino en todo el país y, particularmente, de la represión policial a los jóvenes que se movilizaron por el centro de Lima, con proyectiles (perdigones y canicas), bombas lacrimógenas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Gastón Rodríguez juramentó como ministro del Interior del gabinete de Manuel Merino, el 12 de noviembre de 2020. Foto: Difusión

Nadie respondió por muertes en Espinar

El exalcalde de Espinar Óscar Mollohuanca y los exdirigentes ex dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) Sergio Huamaní y Herbert Huamán esperan ansiosos que llegue este lunes 30 de noviembre. Ese día, en la Sala Penal de Ica, el juez Jean Franco Pinto Fernández leerá el adelanto del fallo en el proceso judicial que el Estado les abrió por los delitos de disturbios, peligro común y entorpecimiento de los medios de transporte, durante las protestas sociales de mayo de 2012, en Espinar, ocurridas durante el gobierno del presidente Ollanta Humala y, cuando era ministro del Interior Wilver Calle Girón.

En el 2012, los manifestantes acusaban a Xstrata Tintaya de provocar contaminación ambiental y exigían la reformulación del Convenio Marco firmado con la empresa en el 2003, para que se incremente del 3% al 30% el porcentaje de sus utilidades anuales que destinaba voluntariamente a obras en la zona de influencia de la minera.

Óscar Mollohuanca y Sergio Huamaní no olvidan a Gastón Rodríguez Limo. En declaraciones brindadas a Convoca.pe, lo señalan como responsable de la violencia policial ejercida contra ellos y otros miembros de su comunidad en Espinar. Ambos comparten el dolor y la indignación por la impunidad, pues Rodríguez ni ningún policía que participó en el operativo de aquella época ha sido investigado por el Ministerio Público ni por el Poder Judicial.

Durante la última audiencia judicial en Ica, el 24 de noviembre último, se presentaron los alegatos finales de las partes. Óscar Mollohuanca y los dos otros acusados cuestionaron que las declaraciones de Gastón Rodríguez Limo, entonces Jefe del Comando Operativo en Espinar, hayan sido consideradas por las autoridades. En entrevista con este medio digital, Mollohuanca y Huamaní reiteraron que las afirmaciones de  Rodríguez fueron imprecisas, sin pruebas y solo hacían referencia a dichos de terceros.

Ramiro Llatas, abogado de Sergio Huamaní y presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, Cusco, explicó a Convoca.pe que en este juicio, Gastón Rodríguez Limo apareció dando su testimonio acusador cuando, en realidad, era el victimario. El letrado destacó que, recién el año pasado, Rodríguez reconoció en una audiencia judicial, el 28 de octubre del 2019, que estuvo al mando del operativo policial en Espinar, pues Llatas afirma que la PNP se ha negado a entregar el plan de despliegue de operaciones.

Primera página de la orden de operaciones elaborada por la PNP ante el inicio de la huelga en Espinar, en el 2012. Gastón Rodríguez figuran como jefe del Comando Operativo.

"No había pruebas de los delitos que les atribuían a los manifestantes. Además, las investigaciones fueron trasladadas a Ica, lo cual infringe la Constitución pues los denunciados tienen derecho a ser juzgados en Cusco, donde ocurrieron los hechos. Las denuncias sobre muertes, detenciones arbitrarias, secuestros y torturas no fueron debidamente investigadas por el Ministerio Público, que archivó los casos", recuerda Llatas.

En 2013, 22 ciudadanos de Espinar, entre heridos y familiares de los fallecidos, presentaron una demanda de indemnización ante la Alta Corte de Londres, en el Reino Unido, contra la empresa minera Xtrata Tintaya, que luego trasladó sus operaciones a la Compañía Minera Antapaccay, cuando Glencore, la multinacional con sede en Suiza, se fusionó con Xstrata. El juicio se archivó porque el juez inglés determinó que el caso había prescrito. Sin embargo, durante el proceso, los comuneros tuvieron acceso a diversos documentos de la Policía y de la empresa minera, que les fueron negados inicialmente durante las investigaciones preliminares en el Perú.

Uno de estos documentos es la orden de operaciones de la intervención policial durante el conflicto de Espinar con fecha 17 de mayo del 2012. Allí se establece que el entonces coronel Gastón Rodríguez Lima era responsable del Comando Operativo y tenía entre sus tareas “conducir y planificar las operaciones policiales en el área de su responsabilidad” y “disponer el desplazamiento y emplazamiento del personal en la zona de operaciones, asegurar el adecuado cumplimiento de las acciones tácticas previstas, evaluando el desarrollo y resultado de las mismas”.

En este documento elaborado y firmado por el jefe del Operativo Espinar, comandante PNP Jaime Boza Troncoso, comisario sectorial PNP Espinar, se considera como "fuerzas adversas", al mismo nivel que los delincuentes comunes y delincuentes terroristas, al Frente Unitario de Choferes y Transportistas de Espinar, a las organizaciones gremiales, populares, sindicales y juveniles (FUDIE; FUCAE; AUPE y otras organizaciones de la provincia de Espinar). Las "fuerzas amigas" son el Ministerio Público y el Poder Judicial de la provincia de Espinar,  la Gobernatura de la provincia de Espinar, los funcionarios y empleados de la mina Tintaya, la empresa de vigilancia particular de la empresa Tintaya (Prosegur) y la Compañía de Bomberos de la Mina Xtrata Tintaya.

Testimonios del exceso policial

Las investigaciones preliminares por los homicidios, detenciones arbitrarias, secuestro y desapariciones atribuidas a efectivos de la Policía se archivaron, pero no ocurrió lo mismo con los ciudadanos que fueron detenidos. Desde mayo de 2012, ellos han debido afrontar un largo proceso penal que aún no concluye. 

El 17 de julio de 2017, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica absolvió al exalcalde de Espinar Óscar Mollohuanca y los exdirigentes Herbert Huamán y Sergio Huamaní de las acusaciones por el delito contra la seguridad pública-delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, en la modalidad de atentado contra la seguridad común y entorpecimiento de los servicios públicos. Sin embargo, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público del Ministerio del Interior y el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica apelaron la sentencia.

La Primera Sala de Apelaciones y Flagrancia de Ica declaró nula la sentencia que absolvía a los dirigentes cusqueños y ordenó un nuevo juicio. El 20 de septiembre de 2019 se reinició el juicio oral contra los tres acusados. El 24 de noviembre de este año fue la última de las audiencias, donde las partes presentaron sus alegatos finales. El lunes 30 de noviembre, el juez a cargo deberá leer el adelanto del fallo. Los acusados esperan que los absuelvan pues consideran que no hay pruebas para que los condenen a 20 años de prisión efectiva y al pago de una reparación de 5 millones de soles.

“Tenemos tres fallecidos y nadie está siendo procesado en este momento. Todos los procesos de investigación han sido archivados hace años. No hay ningún policía, ningún jefe que esté procesado sobre esto. Han habido 11 procesos judiciales que nos han iniciado. De esos 11 me implicaron en siete. La mayoría fueron a Ica y unos cuantos quedaron en Espinar”, asegura a Convoca.pe el exalcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca.

“He vivido y sufrido detención arbitraria con torturas, con maltrato, así también algunos paisanos espinarenses han sufrido atropello, heridos de bala, fallecidos, torturados, tras ser detenidos fueron llevados al campamento de la empresa minera donde había una estación policial. Tomaron esto porque éramos parte de una organización, para incriminarnos o acusarnos de delitos. No hay medios probatorios de que hemos cometido un delito”, declara a Convoca.pe el exdirigente de la FUDIE, Sergio Huamaní.

Alberto Huallpa Salcedo, de 23 años, fue el primer herido en las protestas de la población de Espinar. El 22 de mayo de 2012 recibió un disparo de arma de fuego. Un video muestra como un agente policial le disparó directamente al cuerpo. Ha tenido que pasar por un largo proceso de recuperación y aún hoy, sufre las secuelas de este ataque.

“La empresa minera dio dinero a los heridos para cubrir los gastos realizados y por realizar en los siguientes años. Ese dinero no ha sido suficiente. Han quedado secuelas para los heridos y para las familias de los fallecidos”, cuenta a Convoca.pe

Junto con otros comuneros heridos y con los familiares de dos de los fallecidos, Alberto Huallpa formó una asociación de fallecidos y heridos por arma de fuego en las protestas de 2012, en Espinar. Con ayuda de abogados, llevaron su caso a la Alta Corte de Londres, en el Reino Unido, pero se les negó justicia porque consideraron que el caso había prescrito.

Alberto Huallpa fue el primer herido de bala en las protestas sociales de Espinar, en 2012. Aún sufre las secuelas del ataque policial. Foto: Facebook
 

Como jefe de la Dirtepol Cusco y del comando operativo de Espinar durante las protestas sociales, Gastón Rodríguez Limo nunca fue investigado por la muerte a balazos de Rudecindo Manuelo Puma, de 27 años, y Walter Sencia Ancca, de 26 años, y Felix Yauri Usca, ni por los heridos, detenidos arbitrariamente, secuestrados y torturados en Espinar, entre el 21 y 29 de mayo de 2012.

Como exministro del Interior, actualmente, el Ministerio Público investiga a Gastón Rodríguez Limo junto al expresidente Manuel Merino, el ex jefe de gabinete ministerial Ántero Flores Aráoz, por los presuntos delitos de abuso de autoridad en agravio del Estado, homicidio doloso por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de lesiones graves, leves y desaparición forzosa en contra de personas por identificar, cometidos durante las protestas sociales entre el 12 y 14 de noviembre pasado. Según la Fiscalía, estos presuntos delitos se cometieron “en el contexto de la violación de los derechos humanos”.

Foto principal: Miguel Gutiérrez