Para este lunes 2 de noviembre, las organizaciones sociales de la provincia de Espinar, en el Cusco, esperan la respuesta del Gobierno al plazo de 72 horas que le dieron para que reanude la mesa de diálogo presencial con representantes del Poder Ejecutivo sobre los reclamos de la población respecto a la problemática provincial y a la relación con la empresa Antapaccay. Si no reciben una respuesta, han advertido que volverán a tomar las medidas de protesta, como la huelga indefinida.
Este plazo otorgado a las autoridades del gobierno central fue una de las conclusiones a la que llegó la asamblea popular realizada el miércoles 28 de octubre en la Plaza de Armas de Espinar, donde participaron pobladores y representantes de diversas organizaciones sociales. También acudieron el alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas, y los regidores municipales, para rendir cuentas de su gestión.
En esta nueva mesa de diálogo, la comunidad de Espinar no solo exige al Gobierno la presencia de sus representantes, sino también que estos acudan con una resolución ministerial que reconozca la legalidad de la plataforma de lucha de la población y de las mesas de diálogo para cada problemática: la reformulación del Convenio Marco de Espinar con Antapaccay, la contaminación ambiental generada por la actividad minera, el corredor minero de Coroccohuayco, las personas afectadas con metales pesados y la situación de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Entre el 15 de julio y el 7 de agosto, la población de Espinar realizó una huelga indefinida para exigir a la empresa Antapaccay que otorgue un bono de mil soles a cada uno de los 44 mil electores de los ocho distritos de la zona de influencia del asentamiento minero de cobre, afectados por el COVID-19. Los 44 millones de soles debían salir de un fondo que la minera tiene que destinar a diversos proyectos en la comunidad.
Las protestas sociales cesaron tras la firma de un acuerdo auspiciado por una comisión de Alto Nivel del Gobierno central, que aprobó la entrega de tarjetas multiuso para la población y la realización de mesas de trabajo con representantes de la minera y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre los conflictos pendientes de resolver.
El lunes 26 de octubre pasado, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, acudió al distrito de Condorama, en la provincia de Espinar, para el inicio de la entrega de las tarjetas multiuso para que los ciudadanos puedan comprar productos de primera necesidad, medicinas y ropa, así como pagar servicios públicos, pensiones escolares, entre otros. "De esta forma, se está cumpliendo uno de los compromisos asumidos el 7 de agosto pasado, demostrando que el diálogo y la coordinación nos permite alcanzar soluciones en beneficio de la gente”, señaló el ministro en esa ocasión.
Cuenta regresiva para el Ejecutivo
La asamblea popular fue convocada por el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE), en coordinación con las organizaciones sociales y la población. Convoca.pe se comunicó con el dirigente que presidió la mesa directiva durante dicho encuentro, Fredy Llaique, quien reiteró el ultimátum dado al gobierno central.
“Se ha dado 72 horas de plazo para que la comisión de Alto Nivel de la PCM llegue a la provincia de Espinar para dar solución y explicaciones de por qué no se está cumpliendo la plataforma de lucha, por la que reclamamos durante 24 días de huelga. En Espinar no se ha levantado la huelga indefinida, solamente se ha suspendido. Si en 72 horas, desde el momento que el FUDIE manda la carta, la PCM no responde, la provincia de Espinar va a responder con el cierre de la minera Glencore-Antapaccay y el corredor minero”, advirtió.
El dirigente dijo que esperan una respuesta de la PCM este lunes, a más tardar el martes, y si esta no llega, convocarán a una asamblea para retomar la plataforma de lucha, que comprende la reformulación del Convenio Marco de Espinar con la minera Antapaccay, la entrega del bono de 1 mil soles, el reconocimiento de más de 11 comunidades en el área de influencia del proyecto minero Coroccohuayco, la atención a los pobladores afectados por metales pesados, la conformación de una mesa para tratar la violación de derechos humanos durante las protestas sociales, entre otros puntos.
Pedirán revocatoria del alcalde
Convoca.pe tuvo acceso al acta notarial de la asamblea popular, que duró más de siete horas. Además del ultimátum de 72 horas dado al Gobierno, las conclusiones se refieren a la relación con la minera Antapaccay, la gestión en el municipio provincial de Espinar y las carencias de la población, sobre todo, en lo referente a la educación y al acceso al servicio de Internet.
Con respecto a la gestión edil, en la asamblea se acordó la destitución del gerente general del municipio, Werner Salcedo, por irregularidades en su gestión. Además de confirmar la salida del funcionario, el alcalde se comprometió a invitar a los profesionales espinarenses para que ocupen la gerencia general y otros cargos de confianza. También se pactó el retiro de los trabajadores del área de logística Fredy Chañi, Juvenal Chahuara, Francisco Huamán, Ronal Auquitayasi y otros, acusados de actos de corrupción y direccionamiento de procesos de licitación.
El alcalde Lolo Arenas, quien ha retornado al municipio tras haber estado hospitalizado varias semanas en Arequipa por COVID-19, se comprometió a gestionar que las comunidades que no han sido reconocidas como zona de influencia del proyecto minero Coroccohuayco, sean reconocidas en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA).
Otro acuerdo fue que el municipio provincial habilitará el servicio de Internet para toda la provincia y el proyecto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS). La población le dio al alcalde un plazo de 20 días para cumplir este punto. El dinero saldría del 3% de utilidades anuales que la minera Antapaccay debe destinar para obras y proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades del entorno, como resultado del Convenio Marco firmado en el 2003, entre la Municipalidad de Espinar y la entonces empresa BHP Billiton Tintaya.
Los ofrecimientos del burgomaestre y el informe que presentó sobre su labor no convencieron a los asistentes a la asamblea, pues la mayoría se pronunció a favor de su revocatoria, debido a la problemática en la gestión municipal y al incumplimiento de la ejecución de proyectos, según consta en el acta de la reunión.
También se incluyó en las conclusiones que el bono solidario de mil soles, otorgado por Antapaccay, deberá ser entregado “conforme a los acuerdos del pueblo” y que los representantes del sector educación solicitaron el cambio del director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Espinar, Yuri rivas Gamboa.