Luego de más de dos años del derrame de 12 mil barriles de petróleo en las costas de Ventanilla (Callao), la sede matriz de la compañía de hidrocarburos Repsol recibió a una comitiva de organizaciones civiles ambientalistas, pero se negó a reconocer su responsabilidad en la desgracia ambiental ocurrida en el 2022. 

Aunque la Junta de Accionistas, permitió exponer brevemente la solicitud de las organizaciones, donde exigen más transparencia sobre sus informes de evaluación del daño ambiental, el inicio de labores de remediación a los ecosistemas afectados y una compensación justa a los afectados, la empresa, a través de su Consejero Delegado Josu Jon Imaz, señaló que “Repsol no asume en términos legales esta responsabilidad, porque no estuvimos en el origen de la causa, pero lo que hicimos fue actuar”, destinando más de 300 millones de euros a la limpieza, remediación y compensación en las zonas afectadas. 

Imaz no perdió la oportunidad para asegurar que la actividad ambientalista ideologizada y dogmatizada es la que, por el contrario, está ayudando a incrementar las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Por eso, dijo el representante de Repsol, “no dejaremos de producir petróleo y gas, porque es el futuro”.

En enero del 2022 más de 12 mil barriles de petroleo de Repsol discurrieron al mar peruano.

Piden respuestas a Repsol

Oxfam Intermón, junto a Greenpeace, CooperAcción, Finanzas con Derechos y Alianza por la Solidaridad, elaboraron un documento, denominado “Las cinco respuestas pendientes de Repsol un análisis sobre la gestión llevada a cabo por Repsol y el Estado peruano”, que resume la afectación que provocó el derrame de petróleo ocurrido en enero del 2022 en las costas de Ventanilla, en la capital peruana. El vertimiento de 12 mil barriles de crudo contaminaron más de 11 mil hectáreas de costa marina. Esta comprende además la Zona Reservada de Ancón y la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, declarada por el gobierno peruano y que acoge a miles de especies de peces, aves y otros animales. Sumando a esto el perjuicio económico hacía más de 10 mil familias que viven de la pesca y actividades marinas.

El informe además denuncia incumplimientos de Repsol hacia el medio ambiente y la población afectada. También plantea cinco puntos clave a la espera de una respuesta de la empresa. El primero es la falta de transparencia en la evaluación de daños y compensaciones. Para ello Repsol debería publicar el análisis de impacto en derechos humanos que se llevó a cabo después del desastre. Luego, la puesta en marcha de procesos de remediación ambiental asegurando los procedimientos establecidos por el gobierno peruano. Como tercer punto, el restablecimiento del diálogo con los afectados para asegurar compensaciones justas y sin renuncias de derechos por parte de los afectados. Después, un abordaje específico sobre el impacto del derrame en las mujeres y soluciones específicas para las mujeres afectadas. Y finalmente, mayor información sobre las medidas implementadas por la empresa en la gestión social del impacto del derrame acorde con sus políticas de derechos humanos para facilitar aprendizajes y mejoras prácticas a futuro.

Miles de especies marinas murieron tras el desastre ecológico. Un ecosistema que demorará al menos 10 años en recuperarse. Foto: AFP

Estos puntos fueron expuestos por Nerea Basterra y Maria Bardolet, en representación de Oxfam, en la Junta de Accionistas que la empresa celebró en su sede en España. Además, Basterra recordó a los accionistas que les hicieron llegar el documento y esperaban que haya una respuesta, pero sobre todo acciones concretas.

“Ante la necesidad de transparencia de los daños y procesos de compensación, nos gustaría que brinden una fecha de publicación de los informes de valoración de impactos y valoración de daños. Y ante la ausencia de remediación, ¿cuándo implementarán y cómo garantizarán un proceso que cumpla con los estándares internacionales?”, cuestionó Basterra durante su intervención.

De igual forma, Bardolet recordó que las acciones de remediación y compensación “tuvieron un deficiente enfoque de género”, pues las mujeres fueron más vulnerables ante el impacto negativo del desastre ambiental, ya que muchas de ellas fueron excluidas del proceso de remediación. Es por esto, señaló Berdolet, que la empresa “debe considerar los impactos a las mujeres, quienes cumplían labores de armadoras, fileteadoras, pescadoras de orilla, pues su labor se invisibiliza”. Muchas de ellas, además, eran madres solteras y el derrame de crudo impactó a la economía de sus hogares. “En muchos casos estas mujeres perdieron su sustento y tuvieron mayor dificultad para recibir compensaciones”, añadió.

Los pescadores y todos los trabajadores alrededor de esta actividad también fueron afectados. Foto: AFP

También participó Celia Ruiz, activista de Green Peace, quién cuestionó la repartición de beneficios “astronómicos” de la empresa y “la necesidad de acaparar riqueza de sus accionistas, a costa de la gente que tiene pobreza energética. Espoleando sus recursos naturales mientras condenan al clima y la diversidad a entrar en territorio desconocido. No comprendo por qué celebran el extractivismo de este negocio tan letal, que cobra la salud y la vida de millones de personas. Ni comprendo que ustedes vean beneficios y lucro, donde solo hay dolor”. Además, hizo un llamado a dejar de usar petróleo y gas, que producen altas emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, mucho antes del 2050, porque ya sería tarde.

Respuesta negacionista y acusadora

Ante esto, el Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, empezó negando nuevamente la responsabilidad de la empresa en el derrame de enero del 2022 en las costas de Ventanilla. “Repsol no fue responsable de la causa original del accidente. Se debió al movimiento del barco que transportaba el petróleo. Pero Repsol no se limitó a decir, ´es responsabilidad de la compañía naviera y vamos a ir contra ella´. No. Repsol no asume en términos legales esta responsabilidad, porque no estuvimos en el origen de la causa, pero lo que hicimos fue actuar”, dijo Jon Imaz. Además, alegó que invirtieron más de 300 millones de euros  para la limpieza, remediación y compensación en las zonas afectadas.

Para sorpresa de los propios pescadores peruanos, el Consejero Delegado aseguró que para el segundo semestre del 2022 la zona ya cumplía con “los más estrictos estándares de calidad ambiental internacionales”. Volviendo a recalcar, hasta en cinco oportunidades que Repsol hizo todo esto, a pesar de que no son responsables legales del derrame de los más de 12 mil barriles de petróleo en el mar peruano.

La respuesta de Repsol ha sido negar nuevamente todo y acusar a ambientalistas de ser "antiéticos". Foto: Convoca

Respecto a la compensación de los pescadores y las comunidades afectadas, Jon Imaz aseguró que han pagado S/ 100 mil soles a 10 mil personas, que son las que figuran en el padrón único de afectados elaborado por el gobierno peruano. “Que es una cantidad superior al ingreso habitual por su actividad”, añadió el funcionario de la empresa. Y sobre las críticas a compensaciones injustas, dijo que “todo el proceso se ha seguido con los preceptos de Naciones Unidas y la legislación peruana. En materia de derechos humanos estamos reconocidos por seguir los procedimientos de las Naciones Unidas y tenemos los mejores estándares en el sector y en el conjunto de muchas industrias”, acotó.

Y respecto a las críticas a la insistencia de la empresa por seguir explotando petróleo y gas, Jon Imaz, acusó a las organizaciones ambientalistas, y en especial a Greenpeace y a Finanzas Éticas, de ser antiéticos. Explicó que los países europeos son cada vez más dependientes de las industrias energéticas y que muchas familias de este país tienen problemas para pagar sus facturas por los altos costos. “La demanda de petróleo y gas en el mundo está creciendo, y va a seguir creciendo hasta el año 2030. Si dejamos de producir, tampoco hace falta ser doctor en economía en Harvard para saber que el precio va aumentar. Y esto no va impactar negativamente a Repsol y a las familias europeas. No es éticos cerrar los ojos ante la realidad social de familias y empresas que no pueden pagar las facturas energéticas”, dijo el Consejero Delegado de Repsol.

Y acusó a los ambientalistas y en especial a Greenpeace de ser los responsables del incremento de las emisiones de CO2, porque su presión para evitar el financiamiento de industrias extractivistas de hidrocarburos, porque eso provoca, dijo Jon Imaz, que los países sigan dependiendo del carbón para producir electricidad. Ya que este es el responsable del 32% de las emisiones de CO2. Señaló además que impiden el desarrollo de países del lado sur del globo, que ven en el petróleo y el gas la salida del subdesarrollo; pero los activistas ambientalistas lo están impidiendo, condenandolos a usar fuentes energéticas contaminantes. “Desde su ideología cerrada, dogma, y desde su defensa de intereses, como es el Lobby eléctrico que muchas veces van compaginados, son los responsables mayores del incremento de CO2 en el mundo”, aseveró.

“No han respondido”

Tras la sesión de la Junta de Accionistas de Repsol, Convoca logró conversar con Maria Bardolet, quién apuntó que la empresa, en el fondo, no respondió las preguntas que les hicieron, tanto durante su intervención como en el documento que les enviaron. “Les hemos pedido más transparencia y que hagan pública su evaluación de impacto en derechos humanos y que dos años después no han publicado. Les pedimos que hagan lo posible para llevar a cabo la remediación ambiental y no han dicho cómo ni cuándo. Y en cuanto a la compensación, ha hablado de montos, pero no dicen a qué corresponde y cuantos años van a estar sin poder pescar”, explicó Bardolet. También dijo a Convoca, que dialogaron con los pescadores y estos sienten que fueron tratados injustamente, tampoco en la compensación.

A pesar de lo que afirma Repsol, la contaminación persiste en las costas peruanas de Ventanilla. Foto: AFP.

Bardolet señaló que la empresa no ha respondido sobre el abordaje a la afectación a las mujeres. Y menos en la política de derechos humanos que están siguiendo para hacer una remediación completa hacia todos, tanto hombres como mujeres.

Y sobre la respuesta de Repsol, sobre la limpieza del ecosistema, Bardolet acusó que esa afirmación no es real. “A nosotros nos consta que las playas no hayan sido consideradas limpias por el gobierno peruano. Los pescadores no salen a pescar y no logran juntar sus costes de vida. Además el daño en el ecosistema sigue siendo grave. La compensación económica de la que hablan tampoco puede contrastarse ni comprobarse, pues tienen cláusulas de confidencialidad que hacen que no sean públicos. Lo que sabemos es que las compensaciones consideraron sólo dos años, pero hay proyecciones que señalan que la reparación del ecosistema podría tomar no menos de 10 años. ¿Qué van a hacer cuando el dinero se termine? La empresa no ha respondido como van a hacer sobre ello. Tampoco Repsol ha señalado cómo es que han llegado a ese monto”, finalizó.