Un análisis de los datos actualizados sobre los préstamos otorgados por las entidades financieras en el programa Reactiva Perú, realizado por Convoca.pe, evidenció que 23 de las 24 empresas peruanas investigadas por sus vínculos ´con casos de corrupción continúan siendo beneficiadas con garantías públicas para sus créditos que, según el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, estaban destinados al rescate financiero de compañías afectadas económicamente por las medidas para mitigar la pandemia del COVID-19.

Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmaron que, en la lista de los préstamos del programa otorgados hasta el 30 de octubre, hecha pública por esa entidad durante la gestión de la entonces ministra María Antonieta Alva, se había descartado a empresas que incumplieron los requisitos para acceder a este beneficio. Sin embargo, de esa lista actualizada, este medio de comunicación encontró que a 23 empresas investigadas por corrupción el Estado no les ha retirado la garantía del crédito.

Martín Vizcarra y María Antonieta Alva señalaron que el gobierno iba a revisar los préstamos entregados a empresas cuestionadas. Foto: Andina.

Cinco de las seis empresas vinculadas al caso Lava Jato mantienen las garantías del Estado a los millonarios préstamos de Reactiva Perú. Se trata de las empresas CESEL S.A., HOB Consultores S.A., Lourdes Flores Nano Abogados E.I.R.L., Estudio Monroy Abogados S.C.R.L. y Rebaza & Alcazar Abogados S.C.R.L. La única empresa a la que se le retiró la garantía fue a Horacio Cánepa Abogados E.I.R.L. que recibió 32,496 soles del Banco de Crédito del Perú, con una garantía pública de 30,871 soles.

El abogado Horacio Cánepa es investigado por haber recibido presuntos pagos ilícitos de Odebrecht, para que falle a su favor en los procesos arbitrales que tenía contra el Estado peruano en la Cámara de Comercio de Lima. Según el operador financiero de la oficina de sobornos de la constructora, Luiz Da Rocha Soares, ante los fiscales peruanos del caso Lava Jato, la firma brasileña entregó más de US$3 millones a Cánepa a cambio de ser favorecida en las controversias.

En el caso de las cuestionadas empresas supervisoras de obras CESEL S.A. y HOB Consultores S.A., que mantienen los préstamos con garantía pública, la primera recibió 10 millones de soles del Banco de Crédito del Perú y la segunda obtuvo 3 millones 200 mil soles del Banco Pichincha.

Dichas empresas obtuvieron contratos del Estado para supervisar obras de constructoras brasileñas que están bajo investigación fiscal por irregularidades o actos de corrupción, cuando se pagaba sobornos a altos funcionarios e, incluso, presidentes, como en los casos de los tramos 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur. 

CESEL S.A. y HOB Consultores S.A. fueron supervisoras de las obras adjudicadas a Odebrecht. Foto: Andina.

A estas empresas se sumaron cuatro estudios de abogados investigados por el caso Lava Jato, que también fueron identificados como receptores de los préstamos. En el caso de Lourdes Flores Nano Abogados E.I.R.L., la propietaria de ese estudio jurídico es investigada en el caso 'Aportes de Campaña del PPC'. Según la tesis fiscal, Odebrecht habría realizado aportes desde la Caja 2 a las campañas electorales de ese partido del 2006 y 2010. El estudio jurídico de Flores Nano recibió un total de 65 mil 266 soles del Banco de Crédito.

En el caso del Estudio Monroy Abogados S.C.R.L., el fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez investiga al abogado Juan Monroy por haber emitido un informe legal que permitió la suscripción de los contratos de concesión de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur, en beneficio de Odebrecht y otras compañías que formaron parte de los consorcios para construir dichas obras. Ese bufete recibió un total de 326,520 soles del Banco Interamericano de Finanzas.

Lourdes Flores es investigada por aportes de Odebrecht a sus campañas electorales. Foto: Andina.

Mientras, el abogado José Zaragoza Amiél, socio del estudio Rebaza, Alcázar & Abogados, es investigado por su presunta actuación como intermediario para el pago de US$ 3 millones que Odebrecht realizó al exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, para que la constructora brasileña pueda obtener la concesión del proyecto Vía Evitamiento del Cusco. El estudio recibió 3 millones 514 mil 488 del Banco de Crédito del Perú.

Además, el Estado mantiene las garantías públicas a otras 18 empresas beneficiarias que fueron detectadas por la Procuraduría Anticorrupción, en julio último. Se trata de 16 compañías procesadas como terceros civilmente responsables y dos compañías investigadas por delitos de corrupción, como peculado, colusión y asociación ilícita, que también accedieron a los préstamos de Reactiva Perú. Esos datos fueron hechos públicos por el entonces procurador anticorrupción Amado Enco.

Entre esas empresas figuran dos que recibieron el monto más alto que los bancos podían entregar como parte del programa Reactiva Perú. Se trata de las compañías Interamericana Norte S.A.C. y PC Link S.A.C., que recibieron 10 millones de soles del Banco de Crédito y del Banco Pichincha, respectivamente.

Interamericana Norte es investigada por el Ministerio Público de Lambayeque como tercero civil responsable por el presunto delito de colusión agravada, mientras PC Link es investigada por la misma sospecha por la Fiscalía, en la región Pasco.

Convoca.pe llegó a esta conclusión luego de cruzar los datos de los préstamos otorgados por los bancos en la primera etapa de Reactiva Perú, hasta el 29 de mayo, y los créditos que se otorgaron en la segunda etapa, hasta el 30 de octubre, información que fue publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas  durante la gestión de la entonces ministra María Antonieta Alva.

En junio último, luego de que se hiciera pública la lista de empresas vinculadas a casos de corrupción beneficiadas por el programa Reactiva Perú, el entonces presidente Martín Vizcarra afirmó que iban a revisar la legalidad de los préstamos otorgados y que "el gobierno no está para garantizar a empresas corruptas".

“Hay algunas empresas que son de dudosa reputación que, incluso, están inmersas en investigaciones de corrupción y también han recibido [el préstamo]. Tenemos que mejorar los filtros”, aseguró Vizcarra en una de sus habituales conferencias que daba en los primeros meses de la pandemia del COVID-19.

El 11 de mayo, casi un mes después de que se aprobara el reglamento del programa Reactiva Perú, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1508, que agregó un nuevo dispositivo a la norma de creación del programa e incluyó en los impedimentos o prohibiciones a las empresas procesadas o investigadas por casos de corrupción.

Luego de que Convoca.pe publicara los hallazgos de las dos supervisoras HOB y CESEL, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), que administra el programa Reactiva Perú, explicó que se procederá a una “revisión exhaustiva de los expedientes crediticios” de las empresas involucradas en casos de corrupción que hayan sido identificadas. Añadió que el tratamiento de cada caso sería coordinado con los bancos.

Para esta publicación, este portal periodístico consultó a COFIDE el motivo por el cual 23 empresas vinculadas a casos de corrupción, que fueron identificadas en junio último, continúan siendo beneficiadas por el Estado con las garantías públicas, pese a que están vinculadas a casos de corrupción. Sin embargo, al cierre de esta nota, no hemos tenido respuesta.

Actualización, 28 de diciembre de 2020

Convoca.pe también identificó a una nueva empresa que se encuentra investigada por presuntos delitos de corrupción y que fue beneficiada por los préstamos de Reactiva Perú. Se trata de la empresa Speed Grass Sport S.A.C. que es investigada por el Ministerio Público por presunta negociación incompatible.

Esta empresa que, según la web de la Sunat, es gerenciada por Herbert Coronado Ipanaqué, recibió de parte del Banco de Crédito la suma de 36 mil 360 soles con una garantía estatal de 35 mil 633 soles, correspondiente al 98% del total del crédito. Este préstamo fue otorgado por el BCP en la segunda fase del programa Reactiva Perú, cuando ya regía la prohibición de entregar préstamos a compañías investigadas o procesadas por corrupción.

Según información de la Procuraduría Anticorrupción a la que accedió este portal periodístico, Speed Grass Sport es investigada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima desde marzo de 2017 y actualmente las pesquisas están en etapa intermedia.

Fuente: Procuraduría Anticorrupción / Ministerio de Justicia

Evalúan hacer pública la información

Hace algunos meses, este portal periodístico solicitó al MEF y a COFIDE la información sobre las fechas en que los bancos entregaron los préstamos a las empresas beneficiadas por los créditos, pero ambas entidades señalaron que la información es calificada como "secreto bancario" y no puede ser pública.

El último miércoles, durante la primera conferencia de prensa presencial del gobierno del presidente Francisco Sagasti, ante una pregunta de Convoca.pe, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, respondió que analizarán hacer pública la información que el Ejecutivo declaró como secreta, referida a las fechas en que las entidades bancarias otorgaron los préstamos del programa Reactiva Perú, destinado a las empresas afectadas por el COVID-19.

"Sobre este pedido de transparencia, debería conocer los detalles precisos. Voy a ver el pedido concreto y, si está en el marco de la ley, ofreceremos toda la información que sea necesaria", señaló Mendoza.

Las fechas de aprobación de esos préstamos adquieren importancia, ya que así se determinará si en los préstamos con garantías públicas confirmadas a las más de 23 empresas identificadas, las entidades bancarias cumplieron la normativa, vigente desde el 12 de mayo, que les impedía otorgar préstamos a investigados o procesados por corrupción.