El presidente Martín Vizcarra lanzó un ultimátum a las clínicas para que en un plazo máximo de dos días lleguen a un acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) sobre una reducción a las altas tarifas que cobran a los pacientes más graves con COVID-19, quienes no lograron ingresar o recibir atención en los hospitales.

En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el mandatario agregó que, en caso contrario, apelará al artículo 70 de la Constitución, que señala: "El derecho a la propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. A nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública".

"Si ahora, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de ‘necesidad pública’, ¿cuándo estaríamos? En consecuencia, yo espero que en las próximas 48 horas haya un acuerdo satisfactoria en ambas partes y podamos tener de reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población. Vamos creciendo la oferta pública. Ese es nuestro esfuerzo, pero si nos rebasa, tenemos que usar la oferta privada a precio razonable”, manifestó.

Norma mencionada por el presidente Martín Vizcarra en conferencia de prensa.

"He pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo satisfactorio”, refirió el jefe de Estado durante su exposición sobre el balance de los 100 días desde el inicio del estado de emergencia nacional por la pandemia.

Vizcarra sostuvo que el gobierno ha ofrecido el pago de un costo razonable por el uso de las camas de las unidades de cuidado intensivo (UCI) de las clínicas que hasta el momento no ha sido aceptado por el gremio de los centros de salud privados. Consideró que el Ejecutivo lleva "demasiado tiempo" negociando con el sector privado al respecto.

A su turno, el ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo que al gobierno le indigna "el afán de lucro en medio de la pandemia" y, en referencia a las clínica privadas, indicó que "no es el momento de hacer cuentas de los márgenes de ganancia", sino que es el "momento de salvar vidas" por lo que invitó a las clínicas privadas a volver al diálogo.

Constitucionalistas Omar Cairo y Juan Carlos Ruiz opinaron sobre la declaración presidencial.

¿Medida constitucional, pero inviable?

Al respecto, Convoca.pe conversó con expertos en derecho constitucional para conocer sus puntos de vista respecto a la posibilidad legal de realizar una expropiación de las clínicas —tal como lo anunció el mandatario Vizcarra— en caso de que no reduzcan sus tarifas en relación al monto que debe pagar la sanidad pública a los establecimientos privados por el uso de camas de unidades de cuidado intensivo (UCI).

El abogado Omar Cairo consideró que de tratarse de una medida de expropiación, esta tendría que ser necesariamente aprobada por el Congreso bajo una ley que establezca la justificación de la necesidad pública de la apropiación forzada de la propiedad privada, y en la cual también se debe detallar qué establecimientos serían afectados por la norma.

En referencia al carácter temporal de la expropiación de las clínicas, planteado por el jefe de Estado, el constitucionalista indicó que esto no sería posible debido a que la figura de esa medida es “permanente y definitiva”, razón por la cual las clínicas pasarían a la administración del Estado de forma permanente.

Una ley para expropiar las clínicas tendría que ser aprobado por el Parlamento y se prolongaría por varios meses. Foto: Difusión

Cairo agregó que la aprobación de una ley de expropiación en el Parlamento tardaría mucho tiempo y que, en el contexto de la actual emergencia sanitaria, resulta más viable aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud, que faculta al Minsa a utilizar “todos los recursos médico asistenciales de los sectores público y privado”, en el marco de la crisis por la pandemia.

"Ya existe una ley que autoriza la administración pública de las clínicas (por parte del Estado). Con esa norma, el gobierno podría decidir la atención y los costos en las áreas que conciernen a los casos por la pandemia", refirió.

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, opinó que la aplicación de una medida expropiatoria para el caso de las clínicas sería constitucional. Anotó que para realizar una expropiación tiene que justificarse una "verdadera necesidad pública" que la habilite, y —opinó— que en el país esta situación existe por la emergencia nacional.

Ruiz resaltó que el artículo 70 de la Constitución no es la única norma de este rango que el presidente Vizcarra podría invocar para tomar una decisión de esa magnitud, sino también el artículo 59, en el que se determina que “el ejercicio de la libertad de empresa no debe ser lesivo a la salud y seguridad públicas”. Esto, ante la negativa de las clínicas privadas de aceptar la tarifa que el Estado les ofrece para utilizar sus establecimientos destinados a pacientes graves con coronavirus.

Reactiva Perú y medidas cautelares

Sobre los filtros incluidos en el programa Reactiva Perú para evitar que estos préstamos con garantía estatal beneficien a empresas cuestionadas, la ministra Alva respondió a Convoca.pe que el Decreto Legislativo 1508 excluye de los créditos a las empresas que estén siendo procesadas judicialmente o investigadas en la Fiscalía por casos de corrupción.

Alva indicó que la norma precisa que Cofide debe hacer la verificación posterior de la lista de beneficiadas y que de encontrarse empresas que pese a no cumplir los requisitos hayan accedido a los préstamos se retirará la garantía para ese crédito.

En una reciente investigación de Convoca.pe reveló que, en los últimos 11 años, 268 empresas que habían sido inhabilitadas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) continuaron firmando contratos con el Estado gracias a medidas cautelares emitidas por el Poder Judicial.

Este medio consultó al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien indicó que en las próximas semanas el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Contrataciones e incluir disposiciones sobre estas disposiciones judiciales que permiten a empresas cuestionadas seguir ganando licitaciones públicas.

Además, Zeballos añadió que en la iniciativa legislativa se incluirá disposiciones para evitar que empresas relacionadas a casos de corrupción participen en licitaciones o concursos públicos.

(*) Con reportes de Luis Enrique Pérez.