Piura: Demoras e irregularidades en la construcción de la 'Vía Costanera'

 

La Contraloría halló indicios de supuestos actos indebidos en la construcción de la obra que realiza Consorcio Vial Piura IV, por encargo del Gobierno Regional de Piura, cuyo contrato asciende a más de S/ 173 millones. Además, el órgano de control evalúa iniciar indagaciones por discrepancias entre dos áreas del gobierno regional en el cálculo de gastos para la prevención de Covid-19, que terminó por aprobar más de S/ 22 millones a favor de la contratista.

 

Por Luis E. Pérez, Marcelo Olave y Gerardo Cabrejo | 29 de junio de 2021

 

En la ejecución de la obra Vía Costanera, a cargo del Consorcio Vial Piura IV, se detectaron irregularidades que causaron retrasos y otros presuntos perjuicios al Estado en este proyecto adjudicado en julio de 2018 por el Gobierno Regional de Piura, según un informe de la Contraloría al que accedió Convoca.pe.

La obra, denominada "Mejoramiento de la Carretera Departamental Ruta P1-101: Emp. P1 Negritos - Vichayal - Puente Simón Rodríguez", empezó con una inversión de 173.4 millones de soles, monto que corresponde al presupuesto destinado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) a la región Piura, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.
 

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La Autoridad de la Reconstrucción con Cambios prevé que la obra será entregada en diciembre de 2021. Foto: ARCC

 

Este informe de control se suma a los antecedentes de demoras de aquella obra adjudicada en 2018 al consorcio integrado por las empresas Ditranserva S.A.C., H.B. Estructura metálicas S.A.S. Sucursal en Perú, Termotécnica Coindustrial S.A. Sucursal Perú y Geoconsult S.A. Consultores Generales; cuya ejecución recién se inició en junio de 2020, en plena pandemia del Covid-19 en una de las regiones más golpeadas por la primera ola de contagios del coronavirus.

En el documento de la Contraloría, publicado el lunes 31 de mayo pasado, se indica que la Gerencia Regional de Control de Piura encontró una serie de situaciones adversas que afectan la continuidad de la construcción de la obra en la que hubo retrasos de hasta cuatro meses en el avance programado para el desarrollo del proyecto, así como el uso de material inadecuado durante la construcción.

 

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La Contraloría encontró incumplimientos de hitos comprometidos durante la ejecución de la obra.

 

El órgano de control señaló que el tramo 4 de la obra presentaba un avance acumulado de 78% en la partida de "Trazo, Niveles y Replanteo", la cual se inició el 26 de agosto de 2020 y debió terminar el 3 de marzo de 2021, es decir con dos meses de demora para su finalización.

Además, en los tramos 2 y 3, la colocación del material granular estabilizado con cemento tenía un avance del 97% de ejecución, desde el 8 de octubre de 2020 y debió terminarse el 3 de febrero último, pero su finalización está retrasada por alrededor de cuatro meses.

Asimismo, los trabajos de señalización se encuentran paralizados. Según el informe de la Contraloría, el avance del pintado de la línea continua en la carretera se encuentra en un avance del 0%. De acuerdo con el documento, el Consorcio Vial Piura IV se comprometió a iniciar el pintado el 16 de enero. La línea continua advierte al conductor que su vehículo no debería atravesar el área al circular por una carretera.

Otra de las observaciones en la ejecución de la obra está relacionada al uso de materiales, no acorde a los compromisos de la contratista. Uno de estos es la ejecución de solado, capa de cemento que separa el suelo de la alcantarilla, con un grosor de 4 centímetros menos al reglamentario.

 

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También se detectaron incumplimientos en el uso de materiales de construcción.

 

En el documento se agrega que para el espesor del solado se debió considerar las zonas indicadas en la alcantarilla, de 10 centímetros, pero solo se colocó 6 centímetros de concreto. Es decir, se incumplió lo establecido en el expediente técnico al utilizar menos material.

Además, los técnicos de la Gerencia Regional de Control de Piura constataron que el material de las piedras de relleno para el terraplén no era el establecido en el expediente técnico y eran incluso más grandes. Según el informe, las piedras debían medir 10 centímetros como máximo, pero terminaban midiendo hasta 15 centímetros.

La Contraloría señala que el relleno con material no establecido podría generar que el suelo no soporte la capacidad considerada en el diseño de pavimento de la carretera, lo que afectaría la calidad y la vida útil del proyecto.

Retrasos y nuevos costos

A pesar de que la obra fue iniciada en junio de 2020 y en plena pandemia, la contratista Consorcio Vial Piura IV no previó la situación y no incluyó los gastos de salud y seguridad en el trabajo acordes a la prevención del contagio por el Covid-19, en el presupuesto solicitado al Gobierno Regional de Piura. 

El 19 de junio de 2020, al día siguiente del empezar la ejecución de la obra, la contratista envió una carta al gobierno regional para pedirle de forma excepcional un plazo de 97 días, que fue aceptado por las autoridades.

Además, el 24 de julio, el Consorcio Vial Piura IV remitió otra carta, esta vez para solicitar una reconsideración de costos y que se le apruebe un monto adicional por implementación de medidas para la prevención del Covid-19 por ocho conceptos, que sumaron más de 22 millones de soles.

En este pedido de reconsideración entraron en escena dos áreas del ente regional, que evaluaron el pedido de la compañía y tuvieron importantes discrepancias sobre el cálculo que realizó la contratista para llegar al monto de 22 millones 256 mil 614 soles.

De acuerdo con los documentos a los que accedió Convoca.pe, la primera área que analizó la solicitud del Consorcio Vial Piura IV fue la Dirección de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura de Piura, que el 20 de octubre pasado emitió un informe en el que recomendó reconocer solo 15 millones 266 mil 561 soles.

En el reporte, firmado por el director de Obras César Barreto Querevalú, se anotó que solo se debe reconocer pagos por cinco conceptos y no por los ocho que solicitaba el consorcio. Incluso, en estos cinco conceptos el área de obras redujo costos en las valorizaciones presentadas por la empresa.

 

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La Dirección de Obras opinó que solo se debería reconocer un máximo de S/ 15 millones por conceptos de implementación de medidas para la prevención del Covid-19.

 

Los tres conceptos que Barreto señaló que no se acogían a las características de la obra son sobre la "Cuantificación de Gastos Generales por la Implementación de Medidas Covid-19" por 4 millones 27 mil 278 soles, así como la "Cuantificación por removilización de maquinarias y personal" por 519 mil 825 soles y por la "paralización de obra" por 371 mil 909 soles

Sobre los gastos generales, fueron rechazados por la Dirección de Obras al considerar que no se ajustaban a la directiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) sobre las disposiciones para la reactivación de obras públicas durante la pandemia. 

En tal sentido, el ingeniero César Barreto consideró que los gastos de removilización de máquinas y personal, así como de la paralización de obra a causa de la pandemia, no deberían ser considerados parte de los conceptos de la empresa, pues la obra empezó en junio de 2020.

Sin embargo, seis días después del informe de la Dirección de Obras del Gobierno Regional de Piura, otra área de esa entidad, esta vez el director de la Dirección General de Construcción, arquitecto Andrés Palomino Rosales, realizó un informe de dos páginas mediante el cual recomendó aceptar los montos exigidos por el Consorcio Vial Piura IV, los referidos 22 millones de soles.

El arquitecto Palomino justificó su postura indicando que la alta incertidumbre obliga a las entidades a estimar o aproximar el pedido de coberturas presupuestales en "el mayor alcance posible a las metas presupuestales o los pedidos de financiamiento que pudieran efectuarse ante las entidades que suministran y/o autorizan el financiamiento". 

 

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El director de Infraestructura del gobierno regional mantuvo el calculo de S/ 22 millones, tal como lo propuso el consorcio.

 

Además, la resolución de la Gerencia Regional de Infraestructura sostuvo que esas estimaciones no constituían autorización para el pago, sino que para ello será necesario verificar si los costos y gastos resultan acreditados. 

En la estimación aprobada por el Gobierno Regional de Piura se señala que está con cargo a la transferencia de recursos que oportunamente otorgue la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y que para su desembolso al consorcio los gastos generales y costos directos a reconocer "deben estar acreditados".

La opinión técnica del ingeniero Barreto difiere en casi 7 millones de soles menos, en relación al análisis del arquitecto Palomino, quien respaldó los montos calculados por el Consorcio Vial Piura IV. Es con esta última opinión técnica que el 4 de noviembre de 2020, el gerente regional de Infraestructura de Piura, Saúl Labán Zurita, emitió una resolución mediante la cual acepta autorizar el gasto de 22 millones de soles al contratista por conceptos referidos al Covid-19.

Convoca.pe intentó comunicarse con los ingenieros Barreto y Palomino, a través del área de Comunicaciones del Gobierno Regional de Piura, pero no hubo respuesta. 

De otro lado, fuentes en la Contraloría señalaron que el órgano de control evaluaba iniciar una indagación, como control concurrente, sobre esta diferencia de criterios que podría significar potenciales sobrecostos de más de 7 millones de soles en aquella obra clave para los habitantes de Piura.

 

(*) Este reportaje se publicó como parte del ‘Investiga Tour’, la sala de redacción itinerante para el periodismo de investigación de Convoca.pe, que se realizó durante el Congreso de Periodismo de Investigación desde las Regiones, desarrollado del 24 de febrero al 1 de marzo del 2021, y que contó con el apoyo del Proyecto Inversión Pública Transparente (TPI) de USAID.