El COVID-19 fue el principal argumento de la Comisión de Constitución del Congreso para aprobar un paquete de normas que decretaba medidas especiales para las Elecciones Regionales y Municipales del 2022. El dictamen establecía cambios a la Ley de Organizaciones Políticas que implican una contramarcha sobre las reformas aprobadas en anteriores legislaturas para fortalecer partidos y movimientos políticos.

El jueves último, durante la sesión del Pleno, fue rechazado este dictamen, pero aún existe el peligro de que se planteen propuestas similares en los proximos días, ya que se aprobó ampliar los plazos para realizar modificaciones a las normas que regirán las elecciones del 2022.

Este plazo vencía a principios de octubre, pero ahora se han otorgado otros 30 días más posteriores a la emisión de esta ley.

Asimismo, se dio plazo hasta el 5 de febrero del 2022 para que los organismos electorales aprueben la reglamentación aplicable a las elecciones del 2 de octubre del 2022.

Percy Medina, representante de Idea Internacional en el Perú señaló a Convoca.pe que por sí misma esta medida no es mala. Sin embargo, explicó que podría convertirse en un peligro si es mal empleada por los parlamentarios para aprobar contrarreformas.

Bajando la valla

La Comisión de Constitución ya intentó modificar normas que cancelaban la realización de elecciones primarias y bajaban la valla para la cancelación de inscripción de los movimientos regionales. En la lista de congresistas a favor de los cambios a las normas electorales, dentro de este grupo de trabajo, se encuentran exfundadores o líderes de movimientos regionales.

Por ejemplo, el parlamentario Edgard Reymundo Mercado, de la bancada de Juntos por el Perú, es el fundador del Movimiento Regional Bloque Popular de Junín. Esta agrupación política apenas contaba con 435 afiliados en el 2019. En el 2014, esta agrupación apoyó la candidatura de Vladimir Cerrón al gobierno regional de Junín durante la segunda vuelta de las elecciones locales.

Aunque el congresista Reymundo renunció el 2019 para afiliarse a Juntos por el Perú en el 2020 y postular al Congreso, sus aliados políticos son ahora las cabezas del movimiento.

Si se hubiera aprobado el dictamen que, entre otras contrarreformas, pretendía eliminar la obligatoriedad para que los movimientos participen en un número mínimo de circunscripciones, Bloque Popular de Junín pudo ser favorecido con este cambio.

Convoca.pe se contactó con el parlamentario, pero este se excusó de declarar señalando que tenía que asistir a sesiones del Congreso.

Eduardo Salhuana Cavides, de Alianza para el Progreso (APP), también cuenta con un historial de participación política en movimientos regionales. En el 2010 ejerció el cargo de secretario general del Movimiento Independiente por el Futuro de Madre de Dios. En 1998 postuló a la alcaldía provincial de Tambopata por el movimiento Todos por Madre de Dios.

Por su parte, el congresista José Luis Elías Avalos postuló al cargo de gobernador regional de Ica en el proceso electoral del 2018. Antes de que decida postular por Avanza País, sostuvo reuniones con los exalcaldes distritales Jorge Pérez Hernández y Carlos Pérez Cahua del movimiento regional Juntos Somos Ica para formar un propio movimiento local o alianza.

¿Qué se pretendía aprobar?

Fernando Tuesta Soldevilla, quien presidió la Comisión de Reforma Política que sugirió cambios a la Ley de Partidos Políticos, señaló a Convoca.pe que el dictamen que se pretendía aprobar representaba un retroceso a las normas que se planearon para fortalecer los movimientos políticos. Además de advertir el conflicto de intereses en la comisión, indicó que no hubo mayor debate para aprobar las modificatorias. 

Percy Medina coincide. "Ha sido una aprobación bastante rápida en la Comisión de Constitución, sin mucho debate y análisis", indicó.

El dictamen descartado eliminaba la obligatoriedad de realizar elecciones primarias para seleccionar a los candidatos a gobernadores y alcaldes, bajo el pretexto de la pandemia. La selección se podría realizar a través de delegados. 

Tuesta Soldevilla indicó que esta medida permitiría que los movimientos políticos continúen siendo vientres de alquiler y favorecería el clientelismo. Señaló además que el argumento de la comisión para evitar las primarias era forzado, pues este año se llevó a cabo la primera y segunda vuelta de las elecciones generales con normalidad y hay una mayor proporción de población vacunada.

Otro de los retrocesos que se planteaba era la no aplicación de vallas diseñadas para limitar la participación de movimientos con escasa intervención en regiones. El dictamen pretendía modificar algunos literales de los artículos 11-A, 13 y 13-A de la Ley de organización políticas.

Estos literales actualmente disponen la suspensión de los movimientos que tengan un número de comités funcionando por debajo del mínimo establecido y de los que no mantengan el número mínimo de afiliados. También cancelaba la inscripción de los movimientos que no tuviesen suficiente presencia a nivel nacional.

La propuesta además permitía la participación de candidatos que fueron sancionados por no presentar el reporte de aportes de campaña de un anterior proceso electoral.