Esta semana siete congresistas de Acción Popular suscribieron un proyecto de ley para dar una nueva oportunidad a 11 universidades que están a punto de cerrar por no tener condiciones mínimas de calidad. La iniciativa les daría un "plazo de emergencia" de dos años para ponerse en regla a las universidades "asociativas", también denominadas "sin fines de lucro", que no consiguieron el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
De acuerdo con la regulación vigente, hoy están en proceso de cese de actividades y su cierre es inminente.
El documento que busca cambiar su destino fue presentado el último lunes por el parlamentario Darwin Espinoza y lleva la firma de otros seis legisladores del grupo acciopopulista, incluida María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.
Convoca.pe hizo un análisis de las universidades que se verían privilegiadas y entre ellas destacan la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Lima, y dos de la ciudad de Chimbote, Áncash, de donde el parlamentario Espinoza es representante: la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y la Universidad San Pedro de Chimbote.
Entran y salen
Antes de la presentación de la iniciativa legislativa, el último 23 de agosto, Espinoza se reunió en su despacho con Juan Roger Rodríguez, rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Rodríguez lo visitó con "su equipo técnico" para conversar de la situación de su casa de estudios, con licencia denegada, que deberá cesar actividades en julio de 2023.
Al día siguiente, Espinoza se citó con Gilmer Díaz, rector de la Universidad San Pedro. Y dos días después, el 26 de agosto, Espinoza tuvo otro encuentro con representantes de grupos interesados en sacar adelante su propuesta: la Asociación de Graduados y Egresados de la Universidad Inca Garcilaso (Asogeg), la Federación de Estudiantes de la Universidad San Pedro de Chimbote (Fusap) y la Federación de Estudiantes y Egresados Técnicos y Universitarios a Nivel Nacional (Fedeuten).
"Estoy seguro de que sus aportes fortalecerán esta propuesta legislativa", señaló en sus redes sociales.
Lo cierto es que Espinoza ya tenía este tema en agenda desde antes de asumir funciones como congresista. Y con particular foco en las universidades chimbotanas.
Durante su campaña electoral, ya había afirmado que la función de la Sunedu debía ser "la de regular, no la de cerrar universidades". "No puede sancionar [a la Universidad San Pedro] con el cierre", manifestó entonces. También tuvo un acercamiento previo con Juan Roger Rodríguez, rector de la Universidad Los Ángeles, y se "puso a su disposición".
En su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, el congresista acciopopulista reportó tener estudios universitarios inconclusos en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima. No consignó la carrera cursada.
Sin calidad acreditada
Las universidades chimbotanas San Pedro y Los Ángeles han sido cerradas por la Sunedu al detectarse serias inconsistencias e incumplimientos a la Ley Universitaria. En el caso de Los Ángeles, la superintendencia detectó que esa universidad "no demostró el desarrollo ni la sostenibilidad de sus líneas de investigación, ni la ejecución de recursos presupuestales para sus investigaciones". Incluso, se evidenció que 9 de sus 13 locales no tenían acceso y disponibilidad continua al agua potable.
En tanto, en el caso de la Universidad San Pedro, el 74% de los programas académicos que evaluó la Sunedu no contaban con la información mínima requerida sobre sus contenidos, por lo que los alumnos no podían conocer sobre los cursos para culminar sus estudios. También carecía de recursos humanos para la investigación, pues 3 de 10 docentes declarados como "investigadores" no tenían disponibilidad para desarrollar esta actividad.
Además, en las sedes de esta universidad en Cajamarca y Huaraz se encontraron laboratorios sin el equipamiento necesario. Incluso, Sunedu detectó que el 30% de los programas de pregrado no cuenta con laboratorios y equipamiento, lo que afecta a más de un tercio de estudiantes de Ciencias de la Salud e Ingeniería.
Entre otras universidades que serán beneficiadas están la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que pese a constituirse como una casa de estudios sin fines de lucro, su rector Luis Cervantes Liñán recibía como sueldo 2 millones 174 mil soles mensualmente. La Garcilaso estaba obligada por ley a revertir todas sus utilidades en la mejora de sus capacidades.
La mencionada casa de estudios inició su cierre de actividades en octubre de 2019, cuando la Sunedu detectó que no había cumplido con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad educativa establecidas en la Ley Universitaria.
Incluso, en el caso de la Garcilaso, Sunedu identificó un "desorden en la gestión institucional" y encontró deficiencias en la información del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la universidad. Esto impactó "en la operatividad" y seguridad de los laboratorios y talleres.
Además, se encontró que la universidad carecía de la "sostenibilidad financiera" para garantizar la implementación y mantenimiento de las condiciones básicas de calidad educativa. Asimismo, se encontró "un escenario de resultados negativos continuos y de deterioro sostenido de sus activos".
Busca desconocer facultad de Sunedu
Este proyecto de ley suscrito por los congresistas de Acción Popular también busca crear una "Comisión Técnica" que esté integrada por expertos que asesoren a las universidades para alcanzar en menos de dos años las condiciones básicas de calidad y el licenciamiento institucional.
Además, los miembros de esa comisión serán elegidos por las propias autoridades de las casas de estudios que no lograron acreditar las condiciones mínimas para dar servicios educativos. El proyecto señala que esa Comisión Técnica estará constituida por cuatro expertos designados por el Consejo Universitario y solo un representante del Ministerio de Educación.
La iniciativa del congresista de Acción Popular ataría de manos a la Sunedu, pues plantea que "no podrá identificar nuevas deficiencias a las encontradas" y que motivaron la denegatoria de licenciamiento.
Consultada por Convoca.pe, Patricia Ames, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, comenta que la iniciativa legislativa busca desconocer las facultades que la ley y la Constitución han dado a la entidad supervisora.
De acuerdo con la especialista en temas educativos, la creación de esta Comisión Técnica significaría retroceder a una figura parecida a la de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores, una especie de autorregulación que ya demostró no tener la capacidad de supervisar la calidad de las universidades.
“Pareciera que se quiere volver a una figura de autorregulación y no de una regulación experta. Ya el Consejo Directivo de Sunedu es elegido por un concurso público y ahí está garantizada la voz de las universidades”, dice la investigadora.
En tanto, el exiministro de Educación, Ricardo Cuenca, considera que este proyecto es parte de un nuevo intento de querer interrumpir el proceso de reforma universitaria. En su opinión, la presentación de la alternativa para crear un órgano superior o crear comités específicos en algunas casas de estudios persiguen el mismo objetivo de mantener una situación que perjudica la mejora de la educación.
Cuenca advierte también que la iniciativa de Espinoza da por sentado que, luego de dos años, las universidades no licenciadas levantarán todas las observaciones. En ningún caso se abre la posibilidad de que la Sunedu niegue nuevamente la licencia, apunta.
Atenta contra la reforma universitaria
El secretario general de la Sunedu, Joseph Dager, en declaraciones a Convoca.pe, señaló que el proyecto del congresista Espinoza es "atentatorio contra la reforma universitaria" y que probablemente busca que las universidades asociativas no licenciadas puedan abrir exámenes de admisión y asegurarles que van a obtener el licenciamiento sin evaluación.
Dager indicó que las universidades con licencia denegada pueden funcionar por hasta cinco años con los alumnos que decidan continuar sus estudios, pero lo que no pueden hacer es convocar a nuevos exámenes de admisión para recibir nuevos estudiantes. "No vamos a permitir que sigan entrando alumnos a universidades que probadamente no tienen condiciones de calidad", aseveró el máximo funcionario de Sunedu.
Además, Dager alertó que el proyecto de Ley indica que la Sunedu no va a poder realizar otras observaciones a la calidad de la universidad que motivaron la denegatoria del licenciamiento, lo que atenta contra la facultad de supervisión de la superintendencia. Calificó esta propuesta de "irreal".
"Sunedu tiene abierta una supervisión permanente a las universidades [con licencias] denegadas para que cumplan con el traslado de los alumnos. La universidad debe comprometerse a mantener el estándar de calidad previo a su denegatoria de licenciamiento", precisó Dager.
No cumplieron con ninguna de las condiciones de calidad
Joseph Dager también recordó que ni la Universidad San Pedro ni la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote cumplieron con ninguna de las condiciones básicas de calidad. En las últimas semanas, el congresista Espinoza se reunió con los rectores de esas dos casas de estudios con licencia denegada.
Además, recordó que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega está en una "situación más grave" pues tiene abierto un proceso concursal por Indecopi por una deuda de más de medio millón de soles a un canal de televisión. "Habría que preguntarle al congresista [Espinoza] si también quiere beneficiar a este tipo de universidades con procesos concursales", añadió Dager.
Convoca.pe intentó comunicarse con el congresista Darwin Espinoza para consultar las consideraciones técnicas de su proyecto de Ley. El parlamentario no respondió nuestro pedido de entrevista.