El 17 de noviembre del 2020, el general Víctor Zanabria y otros mandos de la Policía Nacional dieron una conferencia de prensa para negar el uso de perdigones de metal y canicas durante la represión a las manifestaciones en contra del gobierno de Manuel Merino. Producto de estos enfrentamientos Inti Sotelo y Bryan Pintado perdieron la vida, tras ser heridos con perdigones de plomo. Otras 200 personas resultaron con lesiones y heridas.

Luego, el 20 de noviembre, las autoridades policiales tuvieron una reunión con una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), cita en la cual volvieron a negar el uso de municiones prohibidas. El alto mando de la PNP indicó a la comisión que las heridas de los  manifestantes pudieron haber sido causadas por otras personas que protestaban. Respecto a las escopetas calibre 12, que se emplearon en las protestas, la Policía indicó que solo se cargaron con perdigones de goma.

El informe de ACNUDH, emitido esta mañana, cuestiona esta versión oficial y señala que "la negación por parte del alto mando de la PNP contrasta con ––y podría debilitar–– las medidas anunciadas por el gobierno en cuanto a la promoción de los derechos a la verdad, justicia y reparación, incluyendo garantías de no repetición".

Tras conversar con médicos y recoger testimonios de las víctimas, la misión de las Naciones Unidas informó que existen motivos razonables para creer que efectivos de la PNP utilizaron perdigones con una alta composición de metal, así como canicas de vidrio.

Se señaló que la versión de los altos mandos de la policía contradice los relatos de las víctimas y las evidencias materiales.

"Además, solo los manifestantes fueron heridos por perdigones y canicas, mientras que policías heridos, a quienes ACNUDH también visitó en el hospital de Policía, sufrieron contusiones y fracturas por objetos contundentes, no por perdigones u otra munición", refiere el informe.

Abuso de la fuerza

El documento también da cuenta de los abusos cometidos por las fuerzas del orden, no solo durante las manifestaciones contra Manuel Merino, sino en episodios de conflictividad social y durante la pandemia a causa del COVID -19.

En las jornadas de protestas en noviembre pasado, la Policía no adecuó su actuar de acuerdo a estándares internacionales. De acuerdo con el informe, se recurrió al uso de la fuerza sin distinguir a manifestantes pacíficos y personas que cometieron algún acto violento. Sin embargo, según estándares internacionales una reunión se debe dispersar solo en casos excepcionales.

La misión de la ONU, además, critica la restricciones a la circulación de los manifestantes. Una práctica común de la Policía durante este tipo de protestas es colocar vallas en ciertas calles del centro de Lima e impedir que los protestantes se acerquen a edificios gubernamentales. Se indica que debería evitarse este tipo de prácticas.

La misión concluyó que los brigadistas de salud tuvieron que trasladar a pie, y en camillas improvisadas, a las personas heridas que requerían de atención urgente y ser derivadas a hospitales. Foto: Andina 

"El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la protesta de manera explícita. Asimismo, declaró inconstitucional determinados articulados de la normativa municipal que pretendían establecer la prohibición absoluta del ejercicio del derecho de reunión pacífica en vías públicas correspondientes al centro histórico de Lima17, advirtiendo que esta no era necesaria ni proporcional", se señala en el hallazgo número 26 del referido documento.

Otras violaciones de derechos humanos detectadas por ACNUDH tienen que ver con las detenciones a manifestantes.  El alto mando de la PNP reconoció a la misión que efectivos policiales vestidos de civil del llamado Grupo Terna detuvieron a manifestantes.

Dos mujeres detenidas fueron diagnosticadas con COVID- 19, pero las mantuvieron retenidas sin acceso a agua o instalaciones sanitarias. Otros cuatro hombres fueron encerrados en una celda con un paciente positivo a la enfermedad, se añadió.

El informe fue presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile.

Diez de las personas entrevistadas por la misión indicaron que fueron sometidas a maltratos físicos, psicológicos y sexuales. "ACNUDH recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y violencia de género contra mujeres (cinco) y hombres (tres) en el contexto de detención y en las propias protestas. Los casos comprenden amenazas de violencia sexual, manoseos, tratamiento degradante, incluyendo desnudamiento forzado y comentarios homofóbicos, transfóbicos y misóginos", se lee en el informe.

Asimismo, se advierte sobre las violaciones a la libertad de expresión y de prensa durante el contexto de las manifestaciones.