El martes 24 de junio, cinco días antes de ser hallado sin vida en su vivienda de la calle Madrid en el distrito de Miraflores, el exgerente de la Municipalidad de Lima, exmano derecha de Susana Villarán y testigo clave del juicio contra la exalcaldesa, José Miguel Castro, fue por última vez a la oficina del Equipo Especial Lava Jato en el contexto del proceso de colaboración eficaz que había iniciado en 2019. Según una fuente fiscal consultada por Convoca.pe, ese día Castro Gutiérrez estuvo “un poco alterado” durante su reunión pero no expresó que sentía temor por su vida o que existía algún tipo de amenaza contra él.

El de José Miguel Castro constituye uno de los testimonios clave en poder la Fiscalía para presentar en el juicio oral contra Susana Villarán que inicia el próximo 23 de septiembre. Contra la exalcaldesa, el Ministerio Público ha solicitado 29 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho y lavado de activos. Contra José Miguel Castro se solicitó 25 años de cárcel por los mismos delitos. Además de ellos, en el proceso hay otros 19 coacusados, incluyendo a diez personas jurídicas.

Según la Fiscalía, Villarán era lideresa de una organización criminal que operó entre 2010 y 2015 (hasta el 2014 en el caso de la Municipalidad de Lima) y que recibió fondos ilícitos (sobornos) por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS por la concesión Rutas de Lima (antes Vías Nuevas de Lima) y el proyecto Línea Amarilla, respectivamente. Esto en el contexto de la campaña del “No” a la revocatoria de 2013 y la reelección municipal de 2014. En esta estructura, José Miguel Castro era el jefe de la organización criminal a cargo del área de captación de activos ilícitos, encargado de orientar y ejecutar las decisiones adoptadas por Villarán, de acuerdo al Ministerio Público.     

“El sí llegó a reconocer su responsabilidad en los hechos investigados y sí tenía voluntad para continuar con el proceso de colaboración eficaz pero la discrepancia principal que tenía era sobre las responsabilidades penales y los beneficios a los que accedería”, precisó la fuente fiscal con conocimiento directo del tema. Sus cambios de criterios respecto al acuerdo, incluso el cambio constante de abogados defensores (al final tuvo solo un abogado de oficio), habrían sido, según la fuente, razones por las que el acuerdo, tras más de cinco años, no se cerró. En el Perú los fiscales negocian el acuerdo de colaboración eficaz con el aspirante (persona que brinda información clave y fundamentada de la comisión de un delito a cambio de beneficios) pero es un juez el que aprueba o no dicho acuerdo. Algo que no ocurrió en el caso de José Miguel Castro.

El exgerente municipal nunca estuvo de acuerdo con que haya sido incluido como acusado en el juicio oral que inicia en septiembre, pero la diferencia entre él y otros colaboradores eficaces en el caso es que Castro inició tardíamente el proceso. Castro se acercó a la Fiscalía con la intención de convertirse en colaborador eficaz cuando ya se vio acorralado, cuando pesaba ya contra él una prisión preventiva. Como se recuerda, la investigación por el caso de los aportes ilícitos de OAS y Odebrecht contra Villarán y sus coacusados inició en 2017. 

Consultado por Convoca.pe, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, reconoció que la muerte repentina de Castro genera preocupación en la Fiscalía respecto al proceso penal porque su presencia y testimonio eran muy importantes. "Él se había sometido a un proceso de colaboración eficaz y había detallado datos relevantes sobre la estructura de lo que consideramos fue una organización criminal. El juicio se iniciará con las pruebas que la Fiscalía tiene, para nosotros era importante que él se presentara como testigo directo en el juicio reconociendo los cargos. Es algo que pudo haberse dado", manifestó el fiscal. Consultado sobre si las declaraciones brindadas por Castro aún pueden ser presentadas pese a su muerte y a la extinción de la acción penal contra él, Pérez dijo que se podrán incorporar sus declaraciones previas como pruebas conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal, las declaraciones en el contexto de la colaboración eficaz serán presentadas pero esto deberá ser evaluado en su momento por los jueces.

Las circunstancias sobre la muerte de Castro están actualmente en proceso de investigación por la Primera Fiscalía Penal de Miraflores - Surquillo y San Borja a cargo del fiscal Richard Rojas Gómez. Las autoridades no descartan la hipótesis de un homicidio. El lunes 30 de junio por la mañana, permanecía una patrulla de la Comisaría de Miraflores frente a la vivienda de José Miguel Castro y su cuerpo fue estaba en la Morgue Central de Lima para las investigaciones correspondientes.

El lunes 30 por la mañana, permanecía una patrulla de la Comisaría de Miraflores frente a la vivienda de José Miguel Castro en Miraflores. Foto: Francesca García.

En el proceso de colaboración eficaz, Castro ofreció detalles sobre los aportes de Odebrecht a la campaña para la reelección de Villarán en 2014, la contratación de empresas subcontratistas para dirigir los aportes de campaña, el financiamiento de la campaña por el No a la revocatoria 2013, contratación de medios publicitarios para la campaña a la reelección del 2014, etc. 

José Miguel Castro, el hombre clave

De acuerdo al auto de enjuiciamiento presentado por la Fiscalía, Susana Villarán conoció a José Miguel Castro en noviembre de 2010 cuando estaba conformando su equipo de Gobierno y las comisiones de transferencia con la gestión municipal saliente. Cuando Villarán asume como alcaldesa, designa a José Miguel Castro como Gerente de Finanzas de la Municipalidad de Lima en 2011 y en enero de 2012 fue nombrado Gerente Municipal Metropolitano.  

En mayo de 2017, Convoca.pe reveló los primeros indicios de pagos de Odebrecht a la gestión de Villarán por la concesión Rutas de Lima. De acuerdo a lo expuesto en el reportaje de investigación: "Aparece pago de Odebrecht relacionado a concesión Rutas de Lima", en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, desde el cual se realizaban pagos de presuntos sobornos en Brasil y en otros países, figuraba la denominación "concessao (concesión) Rutas de Lima" junto a otros proyectos de infraestructura bajo investigación por el megacaso Lava Jato en varios países de Latinoamérica. 

De acuerdo a la documentación de la Fiscalía General de Brasil, a la que accedió Convoca.pe, esa concesión aparecía vinculada a la suma de 291 mil 700 dólares y a alguien identificado con el codinome "Budian". En 2019, también a través de otro reportaje de Convoca.pe se confirmó que ese apelativo era el código que usaban los brasileños para referirse a José Miguel Castro. El mencionado proyecto, fue adjudicado directamente al consorcio de Odebrecht por la Municipalidad de Lima en setiembre de 2012, y comprende la operación y mantenimiento por 30 años de tramos de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la autopista Ramiro Prialé, financiados por los recursos de los peajes de estas vías. 

TRANSFERENCIAS OCULTAS. La concesión adjudicada por la Municipalidad de Lima figura registrada en la planilla paralela del "departamento de sobornos" de Odebrecht. Documento revelado por Convoca.pe en 2017.

La concesión Rutas de Lima tiene su origen en una iniciativa privada presentada en abril de 2010 por un consorcio integrado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A ante la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima. Era la segunda gestión consecutiva de Luis Castañeda como alcalde de Lima, quien al año siguiente postuló a la presidencia de la República sin éxito.

El 3 de mayo de 2012, cuando Susana Villarán ya era alcaldesa y se había iniciado el proceso de revocatoria en su contra, la mencionada propuesta de la empresa brasileña fue declarada de “interés” mediante el Acuerdo de Concejo 825. Unos meses después, el 18 de setiembre, el Concejo de Lima aprobó el proyecto privado y adjudicó de forma directa la concesión al consorcio de Odebrecht, que constituyó la empresa Rutas de Lima S.A.C. —según el Acuerdo 1623—, pues no se presentaron otras compañías interesadas. 

En este escenario, vuelve a quedar registro sobre el rol de José Miguel Castro. En noviembre de 2017, Convoca.pe reveló que Castro era el presunto intermediario de la Municipalidad de Lima con Odebrecht y tuvo un rol protagónico en la concesión Rutas de Lima y del financiamiento a la campaña a favor de la exalcaldesa en el proceso de la No revocatoria de 2013, es más existen registros de un viaje que hizo a Brasil unos meses antes de los supuestos pagos indebidos. 

En el reportaje de investigación: "Caso Odebrecht: Las pistas sobre el exgerente municipal de Villarán en Rutas de Lima", Convoca.pe reseñó que en la sesión del concejo municipal del jueves 3 de mayo de 2012, en la cual se declaró de "interés" la iniciativa privada presentada por Odebrecht a la Municipalidad de Lima en abril de 2010, José Miguel Castro tuvo un rol estelar. 

De acuerdo con el Acta N° 22, al que Convoca.pe accedió, el entonces gerente municipal Castro expuso: “Hoy traemos una iniciativa privada, que es Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima), cuyo proponente es la empresa Odebrecht, que tiene una gran experiencia en términos de inversión de infraestructura en el país. (…) Se busca invertir en construcción e infraestructura 500 millones de dólares en los próximos cuatro años”.

Acta Nº 22, que consigna el desarrollo de la sesión del Concejo de Lima en la que se dio inicio a la adjudicación de Rutas de Lima. Información revelada por Convoca.pe en 2017.

Agregó: “Lo que nosotros estamos otorgando en concesión contra esta inversión es el 30% de los peajes totales de la ciudad. Recordemos que la recaudación de peajes asciende aproximadamente a 240 o 250 millones de soles anuales. El 70% de esto ya fue concesionado en 2009 en Línea Amarilla (adjudicada a la firma brasileña OAS), ahora estamos concesionando el 30% restante”.

Al terminar su intervención, Castro señaló: “Lo que ahora estamos recomendando desde la gerencia municipal y desde todas las áreas es declarar interés público esta obra, lo que abre una ventana de oportunidad de 90 días para que otros actores privados puedan presentar sus propuestas sobre esta misma obra, mejorando algunas de las condiciones. […] Lo importante ahora, creemos nosotros, es dar la señal a los señores que quieran participar y […] evidentemente, dar la señal al proponente (Odebrecht) de que aquí, y a la ciudadanía hay un proceso de inversión en curso, de construcción […], y que esto es una necesidad que queremos nosotros para Lima”.

Luego de la firma del contrato de concesión de Rutas de Lima entre la comuna limeña y Odebrecht, el 9 de enero de 2013, José Miguel Castro empezó una serie de viajes a zonas fuera del país y en fechas que podrían estar relacionados con hechos y periodos que están bajo indagación en el Ministerio Público.

Según sus movimientos migratorios, obtenidos por Convoca.pe, Castro enrumbó a Europa del domingo 11 al sábado 17 de agosto de 2013, específicamente a Holanda, país conocido por ser escala para ingresar a otros países de la Unión Europea. Dos días antes de su llegada, el 9 de agosto, una offshore de la constructora brasileña gestionó la apertura de la cuenta del exfuncionario de la Municipalidad de Lima, Gabriel Prado en un banco de Andorra, ubicado también en Europa, a menos de dos horas de vuelo desde suelo holandés.

En noviembre del mismo año, del viernes 15 al sábado 23, el exgerente municipal volvió a viajar a Europa, esta vez a España, que limita con Andorra. Entre el domingo 8 y el miércoles 11 de diciembre, el exfuncionario edil realizó un periplo a Brasil, donde tienen sus sedes las constructoras investigadas por el caso Lava Jato.

Poco más de dos meses después de esta travesía a territorio brasileño, el miércoles 26 de febrero de 2014, se hizo un pago de 420 mil dólares por Rutas de Lima, según las planillas de Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

En mayo de 2019, Convoca.pe publicó declaraciones de los colaboradores eficaces 140-2019 y 145-2019, como parte de la argumentación para el pedido de prisión preventiva contra José Miguel Castro quienes advertían sobre la influencia que ejercía el exfuncionario en las decisiones de la Municipalidad de Lima para agilizar trámites sobre las concesiones otorgadas a favor de las compañías brasileñas.

El colaborador eficaz 140-2019 declaró que Castro amenazaba a la constructora OAS por los aportes: si no se pagaba, el exgerente edil sostenía tener los medios y recursos para hacerles pagar. "Infundía miedo al hacer sus requerimientos", sostuvo en su argumentación de prisión preventiva la fiscal Ángela Zuloaga.

Con respecto al colaborador 145-2019, la fiscal anotó dos temas: primero, que cuando Ogilvy, compañía de comunicaciones de Óscar Vidaurreta, presentó las cartas a la Fiscalía, en las que se informa que José Miguel Castro Gutiérrez contrató los servicios de la empresa para la campaña del "No", Castro se comunicó con Vidaurreta y le dijo que "no hable de él, que no lo mencione, que no lo involucre", señaló la fiscal Zuloaga en su alegato.  Vidaurreta es señalado como el intermediario de el exgerente municipal para recibir el dinero de la constructora OAS.

En segundo lugar, la fiscal señaló que cuando Óscar Vidaurreta fue llamado a declarar al Ministerio Público, Castro Gutiérrez le pidió que se reúnan, de acuerdo con capturas de Whatsapp que presentó Vidaurreta.

 Asimismo, en un audio revelado por Gabriel Prado Ramos, exgerente de seguridad ciudadana de Villarán, se escucha que José Miguel Castro sugiere a Prado que niega ser titular de la cuenta en la Banda Privada de Andorra, la cual fue —según la versión de Prado— creada por Odebrecht sin que él lo supiera.

¿Podrán usar el testimonio de Castro en el juicio?

Consultado por Convoca.pe respecto a la posibilidad de que tras la muerte de José Miguel Castro la Fiscalía presente su testimonio y aportes como prueba en el juicio oral contra Villarán, el penalista Vladimir Padilla dijo que sí, debido a que todos los documentos presentados por Castro en el contexto de su proceso de colaboración eficaz pueden ser validados por el Ministerio Público.

"Entiendo que la Fiscalía debe haber corroborado sus dichos con otros elementos de prueba, con otros testigos u otro colaborador. Yo considero que estratégicamente para un caso de tal envergadura, la Fiscalía no solo tiene la declaración del señor Castro sino de otras personas", manifestó el abogado. 

Según explicó Padilla, cuando una persona inicia un proceso para ser colaborador eficaz ante la Fiscalía debe levantarse un acta con presencia de su abogado y ese es ya un documento de prueba

"Hay que establecer que para que a ti te den el beneficio de colaborador eficaz, es como armar un lego, si tu completas la figura te doy tu premio, pero si no la completas no te puedo dar el premio pero todo lo que tú me has venido dando sí lo puedo utilizar", manifestó Padilla y añadió que actualmente no hay prohibición para utilizar esos datos.

Por su parte, el abogado penalista César Nakazaki es más escéptico. De acuerdo al jurista, en el proceso de colaboración eficaz aún hay varios vacíos que no están expresamente regulados. La ley, refiere el abogado, dice que cuando la fuente de información es una persona y esa información quiere ser presentada como prueba en un juicio, la persona tiene que declarar como testigo. Y que excepcionalmente, si es imposible que la persona declare como testigo en el juicio, entre otras razones porque ha muerto, la ley permite que se utilicen sus declaraciones previas pero dadas en la investigación preliminar o en la investigación preparatoria del proceso. 

"Si las declaraciones de José Miguel Castro no han sido incorporadas oportunamente a la investigación preparatoria, ni ofrecidas adecuadamente en la acusación y son declaraciones que están en el procedimiento especial, yo tengo serias dudas que se puedan utilizar", dijo. Nakazaki añadió, que la declaración de un aspirante a colaboración eficaz puede ser usada porque esté vigente la negociación y este expresa su consentimiento y el otro supuesto es que ya ha celebrado el acuerdo y se haga en ejecución de ese acuerdo.