Tras seis meses de espera desde que el Poder Judicial emitió el auto de enjuiciamiento, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional fijó el 23 de septiembre de 2025 como fecha para el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, 20 coimputados y nueve empresas jurídicas por el presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS en la campaña del “No” a la revocatoria de 2013 y la reelección municipal de 2014. Villarán es sindicada de haber liderado una organización criminal enquistada en la Municipalidad Metropolitana de Lima que lavó más de US$10 millones durante su gestión. La Fiscalía ha solicitado contra ella, 29 años de prisión.   

La exalcaldesa no solo es denunciada por los delitos asociación ilícita, colusión agravada, cohecho y lavado de activos sino también tendrá que hacer frente a una lista de testigos peruanos y extranjeros presentados por el Ministerio Público. Entre ellos, 69 aportantes que niegan contribuciones por cerca de un millón de soles a las campañas políticas de Villarán. 

El Ministerio Público presentó en su acusación fiscal una lista de 69 testigos sindicados como falsos aportantes. 

“Jamás he dado ni un solo aporte (...) no solo es que no haya dado dicho dinero, sino que tampoco tenía la posibilidad de hacerlo. Debo precisar además que así los hubiera tenido tampoco los hubiera dado”. Esto fue lo que dijo Juan Acosta Villamonteo, quien declaró ante la Fiscalía el 22 de febrero de 2018 que nunca aportó S/228,000 a Diálogo Vecinal, agrupación política con la que Susana Villarán postuló a la reelección como alcaldesa de Lima en el 2014. 

De acuerdo al auto de enjuiciamiento, al que accedió Convoca, Acosta negó haber pertenecido a Diálogo Vecinal e incluso señaló haber presentado una constancia de verificación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el 19 de mayo de 2015, negando dicho aporte. 

“Cuando concluyó la campaña había un local en la Av. Estados Unidos en Jesús María, donde había una secretaria, de nombre Violeta, no sé el apellido. Ella me llamó un día y me preguntó, cuánto había gastado en la campaña de Chorrillos, yo le dije esa suma; pero dicho monto yo lo gasté en mi campaña, no se los di a ellos”, dijo Rocío Bocangel de Evans, otras de las testigos que desfilarán en el juzgado en los próximos meses. 

La testigo y abogada rechazó haber aportado S/80,000 para la reelección de Villarán en el 2014. No obstante, reconoció que gastó dicho monto en su campaña cuando postuló a la alcaldía de Chorrillos con Diálogo Vecinal. 

Los aportantes Juan Acosta Villamonteo y Rocío Salazar Bocangel de Evans declararon ante Fiscalía en el 2018 que nunca realizaron ningún aporte a favor de Susana Villarán.

Pola Carbajal Valer es otra testigo que será clave en el juicio. En su declaración, relató haberse encontrado con Luis Gómez Cornejo Rotalde, quien le pidió realizar un depósito por la suma de S/10,000 o S/20,000 a la cuenta de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana.

Luis Gómez Cornejo Rotalde, sindicado por el Ministerio Público como encargado del área de administración de activos ilícitos de la presunta organización criminal de Villarán, es acusado de haber recibido US$1’000,000 en efectivos por representantes de la constructora brasileña OAS por orden de José Miguel Castro Gutiérrez, brazo derecho de Susana Villarán y exgerente municipal de su gestión. 

Asimismo, hay testigos que negaron aportes económicos por mínimos que sean, a favor de Villarán. Uno de ellos es Máximo Córdoba Jaimes, a quien Diálogo Vecinal presentó como aportante por el monto de S/200. “(Gano) un promedio de S/3,000 soles mensuales; gastando un promedio de S/2,500; preciso que soy una persona que tiene artrosis, por lo que recibo tratamiento, no teniendo dinero para aportar ningún monto a ninguna campaña”, declaró Córdoba el 10 de octubre de 2018 ante la Fiscalía.

 El testigo Máximo Córdoba Jaimes niega haber donado S/200 a la campaña de la exalcaldesa. 

Para el penalista Andy Carrión, los testimonios de los 69 aportantes serán cruciales en el juicio. En diálogo con Convoca, el abogado refirió que en el caso del expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama, Nadine Heredia ese fue uno de los “estándares” para emitir una sentencia condenatoria. Y es que, en la lectura de sentencia contra Humala y su esposa, la jueza Naiko Coronado, quien será una de las magistradas en el caso Susana Villarán, argumentó que había una pluralidad de testigos que desconocieron haber aportado a las campañas presidenciales de 2006 y 2011. 

La magistrada incluso citó algunos testimonios de testigos que señalaron “no tener ni para comer” ni mucho menos para realizar donaciones políticas.  

“Estamos hablando de uno de los casos, diría yo, más comprometedores por el tema de corrupción, más aún cuando tenemos hasta 19 imputados (...) y 380 testigos, o sea, este es un mega juicio. Yo diría que es casi equiparable al de Keiko Fujimori”, sostuvo Carrión.

"El hecho de que hayan testigos que indiquen que no han sido aportantes puede ser un elemento importante, interesante que puede ser utilizado por el Poder Judicial para considerar de que ha habido algún tipo de responsabilidad penal", dijo el penalista Jorge Pérez López a este medio, quien refirió que el Poder Judicial también evaluar otras pruebas como documentales y pericias. 

La reparación civil solicitada por el Ministerio Público asciende a más de US$286 millones y S/23.9 millones. Según el auto de enjuiciamiento, Susana Villarán lideraba una organización criminal integrada por exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima —como José Miguel Castro Gutiérrez y Domingo Arzubialde Elorrieta— que operó entre el 2010 y 2015. 

La hipótesis fiscal apunta a que el objetivo de esta red era obtener dinero ilícito, que era posteriormente lavado por empresas como Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, Ciudadanos de Lima Metropolitana, Rentable.pe S.A.C., Diálogo Vecinal, Mindshare Perú S.A.C. y Momentum, Ogilvy & Mather S.A mediante la elaboración de contratos ficticios para simular servicios publicitarios. 

Testigos extranjeros 

Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez e Isabel del Águila, a cargo de la acusación, buscarán que los 379 testigos declaren en el juicio, o al menos por videoconferencia en el caso de los 60 extranjeros. Entre ellos figuras claves en el caso Lava Jato en Perú cuyas declaraciones han sido fundamentales para lograr sentencias contra el expresidente Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Nadine Heredia. 

La lista de testigos foráneos incluye a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, así como de Fernando Migliaccio Da Silva y Maria Lucia Guimaraes, operadores de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht conocida como la ‘Caja 2’ o ‘Caja de Sobornos’. 

La acusación fiscal también comprende a Luiz Eduardo Da Rocha Soares, tesorero de la ‘Caja 2’ quien narró el pago de coimas a funcionarios peruanos y reveló que las empresas de Gonzalo Monteverde (presunto testaferro de Odebrecht) se usaron para pagar sobornos a través de cuentas creadas en la Banca Privada de Andorra. 

Otro testigo clave es Leonardo Fracassi Costa, exejecutivo de OAS, quien declaró que ‘La Contraloría’ (similar a la ‘Caja 2’ de Odebrecht) era un “sector fantasma que servía para pagar coimas a funcionarios del gobierno peruano, de la Municipalidad de Lima, lobistas y personas con las cuales hicieron transacciones ilícitas. 

Sin embargo, para el penalista Andy Carrión las posibilidades de que estos testigos brasileños declaren en el juicio contra Susana Villarán es prácticamente nula por la suspensión temporal de la cooperación judicial entre Brasil y Perú en el marco del caso Lava Jato. En ese sentido, Carrión advirtió que si ningún brasileño declaró en el juicio contra Ollanta Humala, el Ministerio Público no lo logrará en este caso “hagan lo que haga”.

“Hay un mandato expreso por parte de Brasil de que ya no se coopere internacionalmente, con lo cual ya no se va a poder ejercer ninguna presencia de ningún brasileño en nuestro país, así sea virtual. Eso no significa que no se tomen en cuenta sus declaraciones. El tribunal (en el juicio contra Ollanta) tomó en cuenta declaraciones previas”, sostuvo el letrado. 

La decisión de suspender el acuerdo entre ambos países provino de la Secretaria Nacional de Justicia de Brasil a pedido de Odebrecht y con antecedente en la decisión del juez José Antonio Dias Toffoli. No obstante, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, explicó a Convoca que la medida es temporal y que el Ministerio Público tiene un lapso de 90 días, contados a partir del último 16 de mayo, para precisar información a las autoridades del país vecino. 

Según Carrión, aunque se llegara a revertir la suspensión del acuerdo entre Brasil y Perú, existe una prohibición del juez Toffoli que impide a los ejecutivos de Odebrecht a declarar. 

Por su parte, el penalista Jorge Pérez López dijo a este medio que la suspensión del acuerdo puede afectar "muchísimo" al caso de Lava Jato. "Si Brasil ha suspendido la cooperación significa que el Poder Judicial de Brasil, las autoridades de Brasil no van a colaborar absolutamente en nada con relación a los testigos". 

Pérez añadió, sin embargo, que cabe la posibilidad de que los testigos extranjeros declaren si se deja sin efecto la suspensión del acuerdo y la Fiscalía tiene el apoyo de la justicia de Brasil. De lo contrario, las declaraciones de los exejecutivos de Odebrecht y OAS no serían oralizadas en el juicio contra la exalcaldesa. 

Este megajuicio podría tomar, según Carrión, entre 2 a 5 años para culminar. No obstante, dijo es "el caso más logrado del Equipo Especial" ya que el presunto financiamiento por parte de Odebrecht y OAS se dio cuando Susana Villarán era funcionara pública y estas empresas tenían millonarios contratos con la Municipalidad de Lima como Rutas de Lima y el proyecto Línea Amarilla.

Es importante mencionar que este caso se viene desarrollando con importantes retrasos luego de que el Congreso promulgara la Ley 32130 en octubre del año pasado, que les dio un arma legal a los procesados para presentar recursos para retrasar el inicio de juicios orales.