Este miércoles 15 de mayo, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos. Asimismo, Chávez Tamariz sostuvo que existe riesgo de fuga y peligro procesal con respecto a Castro.

En la argumentación de la fiscal Ángela Zuloaga en la audiencia de pedido de prisión preventiva al exgerente edil de la gestión de Susana Villarán, se citaron las declaraciones de los colaboradores eficaces 140-2019 y 145-2019, como parte de la argumentación para el pedido de la medida contra Castro, quien es acusado de ser el intermediario de Villarán en las solicitudes de aportes por 10 millones de dólares a las constructoras Odebrecht y OAS para las campañas de la no revocatoria de Susana Villarán, en 2013, y la reelección en 2014.

El colaborador eficaz 140-2019 declaró que Castro amenazaba a la constructora OAS por los aportes: si no se pagaba, el exgerente edil sostenía tener los medios y recursos para hacerles pagar. "Infundía miedo al hacer sus requerimientos", sostuvo la fiscal Zuloaga.

Con respecto al colaborador 145-2019, la fiscal anotó dos temas: primero, que cuando Ogilvy, compañía de comunicaciones de Óscar Vidaurreta, presentó las cartas a la Fiscalía, en las que se informa que José Miguel Castro Gutiérrez contrató los servicios de la empresa para la campaña del "No", Castro se comunicó con Vidaurreta y le dijo que "no hable de él, que no lo mencione, que no lo involucre", señaló la fiscal Zuloaga en su alegato.  Vidaurreta es señalado como el intermediario de el exgerente municipal para recibir el dinero de la constructora OAS.

En segundo lugar, la fiscal señaló que cuando Óscar Vidaurreta fue llamado a declarar al Ministerio Público, Castro Gutiérrez le pidió que se reúnan, de acuerdo con capturas de Whatsapp que presentó Vidaurreta.

Zuloaga señaló que este comportamiento se podía tomar como obstrucción a la justicia, al tratar de influir en un testigo del caso para evitar que declare. Asimismo, en un audio revelado por Gabriel Prado Ramos, exgerente de seguridad ciudadana de Villarán, se escucha que José Miguel Castro sugiere a Prado que niega ser titular de la cuenta en la Banda Privada de Andorra, la cual fue —según la versión de Prado— creada por Odebrecht sin que él lo supiera.

La influencia de Castro

Diversos funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de Susana Villarán declararon a la Fiscalía sobre el rol de José Miguel Castro en el proceso de aprobación para la adjudicación de la concesión Vías Nuevas de Lima, a favor de Odebrecht, y la firma de la adenda 1 del proyecto Línea Amarilla, que permitió que se extendiera el período de concesión en manos de OAS, de 30 a 40 años.

El exgerente de Inversión Privada, Domingo Arzubialde Elorrieta, quien fue condenado a 4 años de prisión por los peajes de Línea Amarilla en febrero de este año, declaró que Castro le “insistía [que] cuándo iba a estar la concesión” Vías Nuevas de Lima. Asimismo, Carlos Ramón Noda Yamada, exgerente de asunto jurídicos de la Municipalidad de Lima, quien se encargaba de asesorar a órganos de esta institución sobre la interpretación y aplicación de las normas legales, declaró que Castro Gutiérrez solicitaba que el proyecto se "saque rápido".

Domingo Arzubialde fue gerente de Promoción de la Inversión Privada de Villarán y fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad por el presunto delito de negociación incompatible / Foto: GEC

También dio su versión José Oviedo Lira, quien fue Jefe de Coordinación de Evaluación Técnica entre 2006 y 2013 y, además, se desempeñó como experto en planificación urbana y vial, en la Gerencia de la Promoción de Inversión Privada. Oviedo se encargó de la evaluación técnica de la vía expresa Línea Amarilla (concedida en 2009 durante la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio) y Vías Nuevas de Lima, entre otros. Oviedo declaró que Castro Gutiérrez solicitaba "saltarse las vallas de los proyectos" y pedía celeridad en el proceso de selección. Asimismo, confirmó que Guilherme Borges de Queiroz, director del contrato del proyecto Nuevas Vías de Lima a cargo de Odebrecht, se reunió con Castro Gutiérrez en la Municipalidad de Lima.

Pero los movimientos de José Miguel Castro no eran ajenos a Villarán, según declaró Ivone Montoya, la secretaria general del concejo de la Municipalidad de Lima. Ella sostuvo que Castro informaba a la entonces alcaldesa Villarán de la gestiones del gerente edil y añadió que "era la que definía los temas y prioridades de la agenda del pleno del Concejo Metropolitano".

En distintos documentos sale a la luz la cercanía de Villarán con Castro Gutiérrez: un diploma de reconocimiento otorgado de Villarán a Castro en 2014 y una carta del mismo mes en que la alcaldesa agradece el apoyo del exgerente municipal. / Foto: El Comercio

Asimismo, alguien que estuvo aún más cerca de Villarán y Castro fue el exgerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, Gabriel Prado Ramos, quien pidió a la exalcaldesa ayuda para conseguir una oportunidad laboral con Odebrecht.

Prado señaló que, entre junio y julio de 2013, fue convocado al Hotel Novotel de San Isidro. Ahí se encontró primero con José Miguel Castro, en la cafetería del hotel; posteriormente se reunió con otra persona a quien le entregó copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte y curriculum vitae; acto seguido, firmó unos formatos en blanco y unos documentos, señalados como necesarios para el preacuerdo laboral. El último domingo, Prado Ramos señaló en el programa televisivo Cuarto Poder, que esa persona era Norberto Sanguinetti, "Betingo", de la Banca Privada de Andorra. Insistió en que en ese momento pensó que era para gestionar el trabajo con Odebrecht que pidió a Villarán.

Asimismo, en un audio que presentó en el mismo programa, se escucha que Prado reclamó a José Miguel Castro haberle hecho una "chanchada" al pedirle documentos para el supuesto trabajo que él pidió con Odebrecht, pero que finalmente se usó para abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra a su nombre.

La Fiscalía también pide 36 meses de prisión preventiva para Gabriel Prado Ramos. / Foto: El Comercio

El rol de Luis Gómez-Cornejo

Por su parte, Carlos Juscamaita, colaborador ligado a la campaña por el "No" a la revocatoria, declaró ante el Ministerio Público que la vocera de la campaña, Anel Townsend, le dijo que Luis Gómez-Cornejo Rotalde sería la persona que le entregaría el dinero para el financiamiento: fueron 5 mil soles por semana, que resultaron siendo un total de 90 mil soles en un período de 90 días, desde enero a marzo del 2013, según Gómez-Cornejo. Dijo que no conocía el origen de los aportes.

El fiscal Puma señala que Luis Gómez-Cornejo Rotalde fue el receptor del dinero ilícito, de la 'Caja 2', llamado "Controladoría", de OAS, mediante doleiros (traficantes de divisas y operadores financieros ilegales que ocultan el rastro del dinero). Él habría usado el dinero para el pago de gastos en la campaña del "No" a la revocatoria.

Según la declaración del colaborador eficaz N° 115-2019, Gómez-Cornejo recibió el dinero en efectivo de Leonardo Fracassi, exdirectivo de OAS, y Alexandre Alves Mendonça, exejecutivo de esta empresa, de la siguiente manera: la primera vez, a inicios de febrero de 2013, Alexander Alves le entregó una suma entre 200 mil y 300 mil dólares, en el Starbucks de Conquistadores; la segunda vez fue los primeros días de marzo de 2013 y recibió 120 mil dólares entregaros por 'doleiros' en el Hotel QP; la tercera entrega fue también en marzo, y el monto entre 120 y 150 mil dólares.

Declaración del colaborador eficaz N° 115-2019, en el documento de requerimiento del fiscal Carlos Puma

La opinión del MEF

El requerimiento del fiscal Carlos Puma también incluyó la opinión de Gabriel Daly Turckey, actual director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Gabriel Daly sostuvo en su declaración que “la Municipalidad Metropolitana de Lima no realizó solicitud de opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la última versión del contrato de concesión Vías Nuevas de Lima.

“De acuerdo al Decreto Legislativo 1012, correspondía pedir opinión previa a la versión final del contrato. (...)  El requisito era que necesariamente el Ministerio de Economía y Finanzas tenía que emitir opinión favorable previa, sin dicha opinión el contrato no debía firmarse”, declaró Daly. Lo mismo sucedió con el proyecto Línea Amarilla: correspondía pedir la opinión previa del MEF para la firma de la adenda N° 1 del proyecto.

El interés de 'Budian'

Convoca.pe publicó el 22 de noviembre del año 2017 un informe en el que se detalla cuál fue el rol de José Miguel Castro en una situación puntual: la declaratoria de interés público a la propuesta privada de Odebrecht, respecto a la obra Vías Nuevas de Lima, hoy Rutas de Lima, de la cual la empresa brasileña salió favorecida.

En sesión de concejo del 3 de mayo de 2012, presidida por la exalcaldesa Susana Villarán, José Miguel Castro, tuvo un papel predominante. En aquella reunión se aprobó el Acuerdo de Concejo 825 que declaraba de “interés la propuesta de Iniciativa Privada, presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima, conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. El acuerdo fue firmado por la entonces alcaldesa Susana Villarán.

Declaratoria de “interés” de la propuesta de Iniciativa Privada presentada por el Consorcio Líneas Viales de Lima, conformado por Norberto Odebrecht S.A y Odebrecht Participacoes, acuerdo de concejo 825, 3 de mayo de 2012

Según lo hallado en el Acta N°22 a la que Convoca.pe tuvo acceso, José Miguel Castro, nombrado gerente municipal metropolitano por la propia Susana Villarán y quien aparece en la 'Caja 2' de Odebrecht con el alias 'Budian', dijo en la sesión: “Hoy traemos una iniciativa privada, que es Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima), cuyo proponente es la empresa Odebrecht, que tiene una gran experiencia en términos de inversión de infraestructura en el país. (…) Se busca invertir en construcción e infraestructura 500 millones de dólares en los próximos cuatro años”:

Acta Nº 22, que consigna el desarrollo de la sesión del Concejo de Lima en la que se dio inicio a la adjudicación de Rutas de Lima (documento publicado por Convoca.pe en noviembre de 2017).

Aquella vez José Miguel Castro manifestó: “Lo que ahora estamos recomendando desde la gerencia municipal y desde todas las áreas es declarar interés público esta obra, lo que abre una ventana de oportunidad de 90 días para que otros actores privados puedan presentar sus propuestas sobre esta misma obra, mejorando algunas de las condiciones. (…) Lo importante ahora, creemos nosotros, es dar la señal a los señores que quieran participar y (…) evidentemente, dar la señal al proponente (Odebrecht) de que aquí, y a la ciudadanía hay un proceso de inversión en curso, de construcción (…), y que esto es una necesidad que queremos nosotros para Lima”.

Hoy Castro fue detenido por 18 meses de prisión preventiva por mandado del juez Jorge Chávez Tamariz.