El Congreso de la República posee un marco normativo que le permite salir del paraguas de la Ley de Contrataciones del Estado las veces que lo considere conveniente. Usando su propias normas especiales, en agosto pasado, la mesa directiva del parlamento aprobó la contratación directa de la empresa Rímac Seguros y Reaseguros para brindar el servicio de póliza de Asistencia Medico Familiar para congresistas, parlamentarios andinos, ex presidentes y sus familiares, por un año. En lo que va del 2021, esta aseguradora ha facturado más de S/ 6 millones con la institución.

No es la única empresa que ha sido contratada bajo la modalidad especial del Congreso. En realidad, el uso de la norma especial es lo común en esta gestión y en las anteriores.

Convoca.pe revisó las adjudicaciones aprobadas por el Parlamento en agosto del 2021. El 70,6% (72 de 102) de las órdenes de servicio de ese mes fueron adjudicaciones sin proceso. Solo se llevaron a cabo dos concursos públicos y cinco contrataciones por catálogo electrónico en esos 30 días.

Entre las empresas y personas que fueron contratadas más veces sin proceso durante el primer mes de gestión de María del Carmen Alva se encuentran Telefónica, Claro, Latam y el empresario Zenen Carbajal Rojas, dedicado al rubro de venta de alimentos y bebidas.

En agosto, Carbajal ganó cuatro adjudicaciones por S/21 mil en conjunto. La empresa E & R Technical Service S.A.C ganó otras tres para realizar el servicio de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado por más de S/ 34 mil.

Los contratos firmados con estas cinco empresas que obtuvieron más adjudicaciones sin proceso no se encuentran publicados en la web del Congreso. De hecho, uno de los problemas que tiene este tipo de contratación es la dificultad de fiscalización y pluralidad, advierte Marco Montoya, especialista en contrataciones públicas y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Incluso, aunque la propia normativa del Congreso, desarrollada en el Acuerdo 193-2017-2018/MESA-CR, establece que las contrataciones del Legislativo deben realizarse a través de las normas que regulan la contratación estatal y que las adjudicaciones directas son excepcionales, lo común para el Congreso es recurrir a su propia legislatura especial.

Montoya explica que el Congreso tiene su propia ley que los exonera de realizar los procesos bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Se trata de reglamentos aprobados por acuerdos de mesa directiva que tienen rango de ley.   

"Entonces ellos pueden exonerarse de la Ley de Contrataciones del Estado. Si hay un proceso de S/ 700 mil, ellos por acuerdo de mesa pueden exonerarlo y utilizar su reglamento de contrataciones, que a veces lo cambian y no es muy público", señaló.

El especialista menciona que el reglamento del Congreso tiene normas muy flexibles, que no permiten pluralidad y transparencia. Los procesos no se publican en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), como ocurre con la mayoría de instituciones públicas que no tienen una ley propia de contrataciones. PetroPerú, por ejemplo, es otro organismo que tiene leyes especiales para sus adquisiciones.

Además, en general, para aquellas compras menores a  8 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 35,200), no se aplica la Ley de Contrataciones del Estado.

Montoya menciona que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dicho que el Perú no  puede tener normas esporádicas de contratación y aunque se pueda argumentar que las compras realizadas con este marco del Congreso puedan ser más rápidas, la propia Ley de Contrataciones también brinda mecanismos para acelerar los procesos.

En todo el 2021, el Congreso solo ha convocado 18 procedimientos de selección que pueden ser monitoreados a través del SEACE para conocer los postores y propuestas. El resto de las compras aún tienen cierta reserva.

El Congreso respondió de forma parcial a Convoca.pe sobre las contrataciones efectuadas en el mes de agosto, dando cuenta solo de las órdenes de compra, que en agosto llegaron a 30. No se brindó información sobre las órdenes de servicios que son un número mayor.