Martín Vizcarra: Jueza rechaza prisión preventiva para el exmandatario en el caso ‘Club de la Construcción’

Luego de dos días de audiencias, la jueza María de los Ángeles Camacho rechazó el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra quien es investigado por presuntamente haber recibido millonarios sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua en 2013, en relación a las obras 'Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo' y la construcción del Hospital de Moquegua.

La magistrada señaló que la medida de comparecencia con restrucciones es la más adecuada respecto a las evidencias y los argumentos presentados por el fiscal Germán Juárez Atoche. Durante la lectura de la resolución, Álvarez señaló que esta medida se suma a la de impedimento de salida del país que rige sobre Vizcarra.

En la decisión judicial también se incluye que Vizcarra Cornejo tiene prohibido el emitir declaraciones u opiniones sobre la investigación fiscal en medios de comunicación masiva o redes sociales.

Al finalizar la resolución, el fiscal Germán Juárez señaló que no se encuentra conforme con la decisión de la jueza Álvarez Camacho y que presentará un recurso de apelación.

Según la jueza, el único criterio para la prisión preventiva que logró demostrar la Fiscalía, fue el que existen graves y fundados elementos de convicción de los delitos propuestos por el Ministerio Público que son colusión agravada y cohecho. Sin embargo, la jueza indicó que Juárez no ha demostrado el presunto delito de organización ilícita pues no ha sustentado a qué cártel podría pertenecer. 

Uno de los argumentos fiscales que fue rechazado por la jueza fue el que indicaba que Vizcarra podría aprovechar supuestos contactos con políticos bolivianos para solicitar asilo político en el país vecino y lo calificó como un "acto especulativo''.

"La posibilidad de un pedido de asilo lo consideramos un acto especulativo, pues no se han acreditado comunicaciones recientes con el presidente de Bolivia o con funcionarios diplomáticos. La fiscalía no ha acreditado una relación cierta en el extranjero", dijo la jueza.

Nota original: miércoles 17 de marzo de 2021

El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, sustentará hoy su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por el caso 'Club de la Construcción', pues el exmandatario —según la indagación fiscal— habría recibido millonarios sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua en 2013, en relación a las obras 'Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo' y la construcción del Hospital de Moquegua.

El requerimiento fiscal será analizado por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Nacional Preparatoria Permanente. Antes, esta magistrada dictó impedimento de salida del país, hasta mayo de 2022, para Vizcarra.

Uno de los elementos de convicción que presentará el fiscal Juárez está vinculada al proyecto Lomas de Ilo, construido por el Consorcio Obrainsa Astaldi por encargo del Gobierno Regional de Moquegua. El testimonio del exgerente de la constructora Obrainsa, Elard Paul Tejeda Moscoso, indica que en noviembre de 2013, el entonces gobernador regional Vizcarra se reunió con él en las instalaciones de la empresa, en el distrito limeño de San Isidro, para pedir que se le pague el 2% del costo directo de la obra "por el apoyo brindado".

Este supuesto "apoyo" brindado por Vizcarra fue proporcionar información valiosa al Consorcio Obrainsa Astaldi sobre los montos referenciales de la obra, con la que estas compañías asociadas pudieron ganar la buena pro y firmar el contrato por 80 millones de soles.

Según el documento del fiscal Juárez, la presunta coima solicitada por Vizcarra fue aceptada por Tejeda, quien coordinó con Astaldi, la otra empresa miembro del consorcio, para concretar el supuesto pago de soborno. Presuntamente, en total fueron dos pagos en efectivo: el primero por 400 mil soles y el segundo por 600 mil soles, que habrían sido entregados en enero y abril de 2014 al entonces gobernador regional.

Respecto a la construcción del Hospital de Moquegua, proyecto adjudicado en diciembre de 2013 al consorcio conformado por las constructoras ICCGSA e INCOT, el fiscal Juárez presenta los testimonios de los colaboradores eficaces Fernando Castillo Dibós, expresidente de ICCGSA, y Rafael Granados Cueto, exgerente comercial de la constructora, quienes declararon que Vizcarra pidió 1 millón 300 mil soles de coima por el proyecto.

Según un colaborador eficaz, Vizcarra habría recibido un millón de soles en efectivo por el Hospital de Moquegua. Foto: Andina

Los aspirantes a colaboradores eficaces afirmaron ante la Fiscalía que estos presuntos pagos fueron alcanzados a Martín Vizcarra entre 2014 y 2016, pero a través de su amigo José Hernández Calderón, exministro de Agricultura. Uno de esos pagos también habría sido recibido por el propio Vizcarra, quien acudió de manera personal a las oficinas de ICCGSA para ese fin, de acuerdo con los testimonios.

En el pedido de prisión preventiva, el fiscal Juárez indica que durante esos 18 meses en los que Vizcarra estaría en prisión preventiva, su despacho realizará una serie de diligencias que incluye recabar las declaraciones de los ejecutivos de la constructora italiana Astaldi, Giacomo Francesco Orsatti y Fabrizio Scarfo, así como de Manuel Zariquey Núñez, exgerente general de ICCGSA y de la MZARQ EIRL, compañía que se habría usado como fachada para justificar el dinero de las presuntas coimas por el Hospital de Moquegua.

36 años de prisión

En su pedido, el fiscal Germán Juárez señala, además, que Vizcarra esta imputado por tres delitos penales que son colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita que juntos sumarían un total de 36 años de pena privativa de la libertad, por lo que supera ampliamente los 4 años exigidos por el Código Penal como presupuesto de prisión mínima para solicitar la medida preventiva.

Asimismo, Juárez agrega que existe peligro de fuga, pues Vizcarra tendría facilidades para abandonar el país y rehuir de la justicia. Incluso, afirma que el expresidente podría solicitar asilo político en Bolivia, por la relación que tendría con el mandatario boliviano Luis Arce Catacora y otros altos funcionarios de ese país.

"Es de apreciarse que Vizcarra Cornejo trajo al Perú a funcionarios bolivianos —viaje que contrario a sus declaraciones no fue una visita oficial, conforme es de verse de los movimientos migratorios de estos—, uno de los cuales resulta ser Luis Arce Catacora, actual presidente de Bolivia, apreciándose que con aquel le uniría un vínculo más que político", sostiene el fiscal del Equipo Especial Lava Jato.

Según el fiscal Juárez, Martín Vizcarra tiene antecedentes de ocultamiento de información y obstrucción a la justicia, en referencia al caso Richard 'Swing'. Foto: Andina

En el mismo sentido, se añade que Vizcarra tiene antecedentes de ocultamiento de información que podrían brindar testigos de los hechos delictivos y, por lo tanto, se validaría el supuesto de peligro de obstaculización. Pone como evidencia las declaraciones de Karem Roca, exsecretaria del despacho presidencial, quien dijo haberse sentido amedrentada por el exmandatario para ocultar las visitas del cantante Richard Cisneros Carballido (Richard 'Swing’) a Palacio de Gobierno.

Juárez también se basa en los testimonios de dos testigos protegidos para afirmar que Martín Vizcarra podría obstruir la justicia de continuar en libertad. Uno de estos testigos dijo saber de pagos de coimas a Richard Cisneros "por guardar silencio sobre una investigación", por disposición de Vizcarra; y otro testigo refirió que el expresidente hostigó a Karem Roca para brindar una declaración falsa a la Fiscalía por el caso Richard 'Swing'.

Congelan sus propiedades

De otro lado, ayer se congelaron 21 propiedades que figuran a nombre de Martín Vizcarra en Registros Públicos: 18 de propiedad conyugal, 2 en copropiedad con su hermano César Vizcarra y 1 como único propietario. De esa manera, esos inmuebles no podrán ser trasladados a otras personas mientras dure el proceso judicial.

Esta medida fue dictada por la jueza María Álvarez, quien acogió la solicitud de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato realizada mediante el fiscal Juárez.

Según el Poder Judicial, el objetivo de esta orden es asegurar el eventual pago de reparación civil por parte del expresidente, en caso de que se determine su responsabilidad en los delitos por los cuales se le investiga.

Actualización: jueves 18 de marzo de 2021, 2:30 p.m.:

Después de dos días de audiencia, la jueza María Álvarez dio por finalizada —después de las 2 p.m. de este jueves— la etapa en la que el fiscal Germán Juárez y el abogado Fernando Ugaz, defensor legal de Martín Vizcarra, expusieron sus argumentos.

Antes de que finalizar, la magistrada dio la oportunidad a Vizcarra de intervenir, quien señaló que no encuentra ninguna razón o prueba para que sea encarcelado por 18 meses de forma preventiva. Consideró que el pedido fiscal tiene una motivación política para perjudicar su postulación. 

Añadió que, en octubre de 2020, el fiscal Juárez filtró testimonios de un testigo protegido, los que —según indicó— fueron utilizados por el Congreso para vacarlo del cargo de presidente, en noviembre pasado.

La jueza Álvarez anunció que hoy a las 5:30 p.m. la audiencia volverá a reanudarse, momento en el cual informará sobre su decisión respecto a la pretensión del Equipo Especial Lava Jato de que Vizcarra sea recluido por 18 meses, de manera preventiva.