Al menos cuatro empresas investigadas por integrar el denominado ‘Club de la Construcción’, cártel de constructoras peruanas y brasileñas que se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país, obtuvieron contratos del Estado por 55 millones 385 mi 824 soles (15.6 millones de dólares) durante el estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, según información oficial analizada por Convoca.pe.

Se trata de Construcción y Administración S.A. (CASA), Constructora Upacá S.A., J. Alva Centurión Contratistas S.A.C. (Jaccsa) y Montes Hnos. S.R.L., que en febrero pasado fueron incluidas junto a otras 31 compañías en el proceso sancionador abierto por Indecopi debido a que existen evidencias de que realizaron acuerdos ocultos para beneficiarse ilegalmente con 112 licitaciones de Provías Nacional (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), entre 2002 y 2016. Estas sociedades comerciales se encuentran bajo investigación en el Ministerio Público por la misma razón.

Entre junio y setiembre últimos, las referidas empresas obtuvieron nueve contratos en total, principalmente como parte de consorcios, es decir en asociación con otras firmas. Las entidades que les adjudicaron las buenas pro son Provías Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como municipalidades de las regiones Áncash y La Libertad, de acuerdo con los datos entregados por los propios entes públicos al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Grupo ecuatoriano

El 26 de agosto, Construcción y Administración S.A. (CASA), como miembro del Consorcio Vial Sicuani, ganó la adjudicación del “Servicio de reciclado y recapeo de la carretera Urcos - Sicuani, tramo Combapata”, contratación cuyo monto asciende a 31 millones 235 mil 953 soles. La buena pro fue otorgada por Provías Nacional, bajo la modalidad de “régimen especial”.

Dos meses antes, el 26 de junio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió a nombre de CASA una orden de servicio por 30 mil 231 soles por un contrato de mantenimiento de infraestructura vial en el terminal de Bayóvar, Sechura, en la región Piura. Por la suma, fue una adjudicación directa, o sea exceptuada de un proceso de selección previo.

Contrato adjudicado a consorcio de la investigada Constructora Upacá, en pleno estado de emergencia por la crisis sanitaria.

En noviembre de 2018, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción incorporó a CASA como tercero civilmente responsable en el caso 'Club de la Construcción’, junto a otras 11 compañías, para que paguen una reparación civil cuando finalice el proceso judicial. Su gerente general y representante legal es el ecuatoriano Jaime Sánchez Bernal, quien es aspirante a colaborador eficaz en las pesquisas a cargo del Equipo Especial del caso Lava Jato.

Fundada en 1975, CASA pertenece al grupo Hidalgo e Hidalgo, de Ecuador, el cual también tiene operaciones en Bolivia, Colombia, El Salvador y Honduras. Como se sabe, esta corporación es investigada en Ecuador en el denominado Caso Arroz Verde, por presuntamente haber financiado la campaña presidencial de Rafael Correa, el 2014, con 2 millones de dólares.

Relaciones peligrosas

En tanto, a Constructora Upacá, integrante del Consorcio 3 Palos, se le adjudicó un contrato 17 millones 724 mil 34 soles para la rehabilitación de un “camino vecinal” en el distrito Santiago de Cao, provincia de Ascope, en La Libertad. La contratación fue realizada por la municipalidad distrital de esta jurisdicción del norte del país, vía la modalidad de “Procedimiento Especial de Contratación”, el 23 de julio de este año.

Además de su vinculación con el ‘Club de la Construcción’, Convoca.pe reveló en abril de 2019 que Constructora Upacá figuraba en anotaciones sobre “capilés” (abonos irregulares o coimas) relacionadas al tramo 4 de la Interoceánica Sur, según correos electrónicos y documentos de la constructora brasileña Camargo Correa, a su vez miembro del mismo cártel. Constructora Upacá también estuvo relacionada con la brasileña OAS, con la cual conformó el Consorcio Vial Santa Rosa, en 2012.

Era conocida la cercanía del extinto Alan García, expresidente que fue investigado por la Fiscalía, con la familia Piccini, propietarios de la compañía constituida en 1966.

Por su parte, la empresa J. Alva Centurión Contratistas (Jaccsa) consiguió el 1 de setiembre reciente la buena pro del “servicio de mantenimiento periódico” de una carretera en Santa María de Nieva, Condorcanqui, región Amazonas. La entidad Provías Nacional otorgó la contratación por 4 millones 750 mil a nombre del Consorcio Ejecutores, integrado por Jaccsa, a través de la modalidad de “régimen especial”. La constructora, creada en 1978 por Julio Alva Centurión, tiene como gerente general a Julio Alva Eyzaguirre.

Y en el caso de la compañía Montes Hnos. S.R.L., se le adjudicó cinco contratos entre el 3 y el 21 de agosto, por 1 millón 645 mil 604 soles en total, mediante tres asociaciones empresariales: Consorcio Chacas, Consorcio Vial Asunción Chancas y Consorcio Vial Llamellín. Las contrataciones fueron realizadas por las municipalidades provinciales de Asunción (4) y Antonio Raymondi (1), región Áncash, para que la empresa diera el servicio de mantenimiento a diferentes tramos de las vías de las mencionadas comunas.

Esta sociedad comercial registra actividades desde 1980, y es administrada por Óscar Montes Vivas, junto a sus hermanas y hermano.

Cabe anotar que a fines de mayo pasado, el entonces premier Vicente Zeballos, durante su presentación ante el Congreso, anunció que el gobierno del presidente Martín Vizcarra trabaja en un proyecto de ley de "reforma integral de las contrataciones públicas, para asegurar mayor transparencia y, sobre todo, medidas idóneas para evitar la corrupción".