En la madrugada de este viernes, la Policía detuvo al cantante Richard 'Swing' Cisneros; a la ex secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales Cordova; y a la ex asistente administrativa del despacho presidencial, Karem Roca Luque, investigados por presuntos delitos de corrupción.
También fueron detenidos los exfuncionarios del Ministerio de Cultura: Patricia Aída Dávila Tasaico y Diana Angelica Tamashiro Oshiro, ex secretarias generales; Lincoln Martin Matos Parodi, director general de la Oficina General de Administración; Aura Elisa Quiñones Li, ex directora general de Recursos Humanos; y Mauricio Manuel Salas Torreblanca, coordinador y programador del Gran Teatro Municipal.
No fueron hallados en su domicilio Óscar Manuel Vásquez Zegarra, ex coordinador de prensa y comunicaciones de Palacio de Gobierno, y Liliana Margot Chaname Castillo, ex directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. Horas después, Vásquez fue detenido por la Policía, en una vivienda de Barranco. Todos los detenidos fueron llevados a la Prefectura de Lima.
Fiscal argumentó peligro de fuga
El Poder Judicial dispuso la detención preliminar, por siete días, de los diez investigados a pedido de la fiscal Janny Sánchez Porturas, del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Además, ordenó el allanamiento de sus domicilios.
Según la Fiscalía, hay peligro de obstaculización y fuga de los investigados, que estarían vinculados y tendrían contactos de alto nivel que podrían inferir y entorpecer la investigación preliminar en su contra, sobre todo, si están involucrados funcionarios de gobierno y poder político.
De acuerdo con el documento fiscal, se estaría contactando a los investigados y testigos para dificultar la investigación, incluso borrando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente.
Los tres exfuncionarios de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, Karem Roca y Óscar Vásquez, son investigados por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible, así como los ex funcionarios del Ministerio de Cultura y del Gran Teatro Municipal.
A Morales y Vásquez también se les investiga por los delitos conexos de obstrucción a la justicia y a Morales y Roca, por el delito de ocultamiento real. Además, Roca es investigada por el delito de falsedad genérica.
Las conversaciones de estos tres ex funcionarios de Palacio de Gobierno sobre la investigación de la contratación de 'Swing', como proveedor del Ministerio de Cultura, aparecen en varios audios difundidos recientemente.
Vizcarra en desacuerdo con detenciones
Al ser consultado por las detenciones de los exfuncionarios de su entorno, el presidente Martín Vizcarra manifestó su discrepancia, aunque aclaró que respeta la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Según Vizcarra una persona solo puede ser privada de su libertad cuando tenga una sentencia condenatoria. “Solo en casos excepcionales debería utilizarse estas opciones que da la norma, cuando sea alguien que inminentemente se va a fugar o sea un delito grave que se encuentre a una persona y que pueda continuar el mismo”, dijo tras inspeccionar el avance de obras de la Línea 2 del Metro de Lima, en Santa Anita.
El jefe de Estado recordó que las personas investigadas por este caso, que han tenido relación con el Ejecutivo, se han puesto a disposición del Ministerio Público, para dar toda la información. “Han ido las veces que han sido requeridos, han ido a sus domicilios y los han allanado”, añadió.
Al referirse a los audios en los que también aparecen sus conversaciones con los ex funcionarios de Palacio de Gobierno sobre el caso 'Swing', el mandatario destacó que, luego, se ha demostrado que hubo declaraciones “inexactas, falsas”.
Por ello, manifestó su confianza en que, cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial concluyan la investigación, determinarán que no hay motivo alguno de sanción al respecto hacia los detenidos. Sin embargo, deploró que “las honras quedarán manchadas”.
Finalmente, pese a que reiteró su desacuerdo con las detenciones, Vizcarra resaltó que esta medida tomada hoy “prueba que no hay ningún vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público”.
Levantan secreto de las comunicaciones de investigados
Además de las detenciones preliminares, el Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones de los investigados, para visualizar y extraer información de los dispositivos que se incauten en los inmuebles allanados.
Según el Ministerio Público, la investigación se basa en documentos, correos electrónicos, informes periciales, la declaración de un testigo en reserva y de un aspirante a colaborador eficaz, entre otros elementos, que indican que el proveedor Richard Cisneros habría sido favorecido con contrataciones directas innecesarias entre los años 2018 y 2020, como resultado de sus contactos y tratativas previas desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura.
Para la Fiscalía, las nueve órdenes de servicio emitidas a favor de Cisneros y valorizadas en 175,400 soles habrían sido procesadas, otorgadas y ejecutadas con una serie de irregularidades, como servicios que no estarían justificados, serían innecesarios, con un perfil direccionando, sin experiencia en contrataciones con el Estado; y con montos contractuales que habrían sido sobrevalorados
En el operativo participan diez fiscales anticorrupción, diez peritos del Ministerio Público y 60 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad.
Abogado dice que detención es injustificada
Carlos Roda Vera, abogado de Miriam Morales, dijo que la detención su defendida era innecesaria porque ella había colaborado con las investigaciones y recordó que, cuando se difundieron los audios, renunció a la secretaría general de Palacio de Gobierno, para evitar suspicacias.
A la salida de la vivienda de Morales, en Surco, el abogado informó que la exfuncionaria fue detenida en su domicilio, donde vive con su hija de 5 años. Destacó que, durante el allanamiento de su domicilio, la Policía solo incautó una declaración jurada de los bienes de su defendida, que ya figura en Internet.