El exdictador Alberto Fujimori pasa sus primeros dos días en libertad luego de que fuera excarcelado por decisión del Tribunal Constitucional (TC), con una controvertida resolución que solo fue aprobada por la mitad de los actuales miembros de esa instancia. Sin embargo, este fallo aún está por ser analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que podría revertir pronto la decisión del colegiado peruano.

Sobre esta decisión, Convoca.pe conversó con la expresidenta del TC, Marianella Ledesma, quien consideró que los tres magistrados que ordenaron liberar a Fujimori "han dado legalidad a un acto de origen ilícito". En la última edición de nuestro programa "Convoca en vivo" Ledesma recordó que el indulto a Fujimori, brindado por el expresidente Pedro Pablo Kucyznski hace casi seis años, fue producto de una negociación ilegal de votos de congresistas para evitar la vacancia de PPK.

Este hecho fue protagonizado por el excongresista Kenji Fujimori, quien consiguió los votos de otros parlamentarios para evitar la remoción del cargo de Kuczynski a cambio de la libertad de su padre. Por esa transacción política, el hijo del exdictador fue condenado en noviembre de 2022 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia a cuatro años y seis meses de prisión por tráfico de influencias agravado. La pena privativa de libertad está suspendida y será vista por la Corte Suprema, la misma que decidirá si la sentencia queda firme y consentida.

"Se estaría dando validez legal a un acto construido de manera ilícita. Eso es muy preocupante", afirmó la extitular del TC.

Ledesma también resaltó que el Tribunal Constitucional con su resolución está desafiando y confrontando a la Corte Suprema, instancia judicial que en el 2019 ratificó la resolución de primera instancia que declaró que el indulto otorgado a Fujimori no tiene efectos jurídicos. Además, consideró que no se cumplieron ninguna de las condiciones para que procediera un indulto humanitario a favor del excarcelado.

Mira la entrevista completa aquí.

Según lo establecido por la Corte IDH en abril de 2022, para otorgar un indulto humanitario en casos de crímenes de lesa humanidad, además del estado de salud crítico del condenado, se debe tomar en cuenta que se haya pagado la reparación civil, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y los efectos que su liberación tendría sobre las víctimas y sus familiares. Como se sabe, hasta ahora no se ha probado su salud esté en riesgo, mantiene una deuda de 57 millones de soles con el Estado peruano y el Tribunal Constitucional no ha considerado el estado de los afectados por sus crímenes antes de emitir su decisión.

El TC no solo reactivó el indulto por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, sino que no hizo ninguna observación sobre los casos que aún están en proceso judicial, como la matanza de Pativilca. “El indulto no puede ser un mecanismo para interferir en juzgamientos que están en proceso”, recordó Ledesma.

Asimismo, recordó que los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse, quienes liberaron a Fujimori, habían adelantado opinión en medios de comunicación sobre el sentido de su voto antes de emitir su fallo. De hecho, Morales Saravia había declarado el 30 de noviembre que la liberación "sí" procedía en una entrevista con RPP. Días después, el 4 de diciembre, se emitió el fallo que ordenó la salida del reo del centro penitenciario.

A esto se suma, que dos de los seis magistrados no tuvieron conocimiento de que sus colegas iban a deliberar para emitir un fallo sobre este caso. Los tribunos Manuel Monteagudo y César Ochoa declararon en medios de prensa que no fueron convocados a la audiencia en la que desconoció una resolución de la Corte IDH.

"Hay una ausencia de motivación, de deliberación y además un adelanto de opinión", señaló Ledesma.

Fujimori salió del penal de Barbadillo el último 6 de diciembre. Foto: Andina/Vidal Tarqui

La experta constitucional resalta que la responsabilidad internacional de la liberación de Fujimori y del incumplimiento del Estado peruano de la resolución del presidente de la Corte IDH, que pedía suspender la liberación hasta que la instancia internacional sesionara para ver el caso, es de la presidenta Dina Boluarte.

La extitular del TC resaltó que los jueces de la Corte de San José deberán analizar ahora, además, todas las irregularidades cometidas por la justicia constitucional peruana y el Estado peruano para decidir respecto a la situación del exdictador.