Alberto Fujimori deberá volver a prisión a completar su condena de 25 años por crímenes durante su gobierno, luego de que el Poder Judicial anulara hoy el indulto que lo puso en libertad hace más de 10 meses. En junio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había instado a los magistrados peruanos a determinar la procedencia o improcedencia de esta gracia presidencial, otorgada el último 24 de diciembre por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. 

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez supremo Hugo Nuñez Julca, ha dispuesto la ubicación y captura del sentenciado Fujimori, que hasta el cierre del presente informe se encontraba internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre.

El 22 de diciembre de 2017, el expresidente Pedro Pablo Kunczynski se libró de la vacancia

gracias a una facción de fujimoristas liderada por Kenji Fujimori.

A continuación, los principales fundamentos por los cuales el magistrado Nuñez ha declarado que “carece de efectos jurídicos” la liberación del sentenciado Fujimori, que en 2009 fue hallado culpable de delitos de lesa humanidad por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. 

El contexto

La crisis política que atravesó el Perú a finales de 2017 resulta clave para entender el procedimiento irregular del perdón presidencial, si bien no es considerada en la decisión final de la Corte Suprema. 

Como se recuerda, la “gracia humanitaria” fue otorgada dos días después de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski saliera librado de su primer procedimiento de vacancia frente al pleno del Congreso el 22 de diciembre de ese año. En los días previos, había sido acusado de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht a través de su empresa First Capital. 

La bancada fujimorista, decidida a destituir a Kuczynski, solo necesitaba unos pocos votos para lograrlo. Pero no los consiguió: un grupo de 10 congresistas “naranjas”, encabezados por Kenji Fujimori, hijo del condenado, votaron de manera contraria a la consigna partidaria.

El médico de cabecera 

Al día siguiente de haber sido ingresado el pedido de indulto, el Ministerio de Salud señaló quiénes serían los profesionales que integrarían la junta médica que evaluaría la condición física de Fujimori. Uno de ellos fue Juan Postigo Díaz, su médico tratante por lo menos desde 1997. 

En 2013, la Comisión de Gracias Presidenciales ya había ordenado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no aceptar la inclusión de Postigo ni otro médico tratante particular en la junta evaluadora, con el objetivo de garantizar la objetividad. De hecho, Postigo ya se había pronunciado en 2012 a favor de la liberación del reo. 

El juez Nuñez advierte que tanto el Informe como el Protocolo Médico fueron suscritos por este especialista. Sin embargo, la norma para seleccionar a la junta tiene un orden de prelación: primero, personal de salud del centro penitenciario del interno; después, los de otros penales. Por último, profesionales de establecimientos particulares.
 

“Resulta inverosímil que no se haya podido contar con colaboración de especialistas de la salud de estos [otros] centros de reclusión en caso de que el propio ‘Barbadillo’ no contara con un médico”, señala la resolución judicial. “Hay aquí una vulneración respecto a [...] la directiva aprobada por el INPE que a todas luces deviene en una manifiesta parcialidad a favor del beneficiado con la gracia e indulto humanitario”. Por otro lado, la médico Marilú Suárez Mayuri, que también atendió a Fujimori, es especialista en gastroenterología, mientras las afecciones evaluadas corresponden a la cardiología.

Documentos médicos incongruentes

La junta médica emitió un acta médica el 17 de diciembre de 2017. Dos días después, emitió un “acta ampliatoria”. “De estas actas emergen marcadas diferencias respecto a los antecedentes, examen clínico, diagnóstico, recomendación y pronóstico”, sostiene la resolución. 

Además, no existe ninguna disposición o documento que autorice la reevaluación del paciente Fujimori o para que esta nueva acta sea anexada al expediente. A esta irregularidad, se suma que la junta recomendó el indulto cuando no estaba facultada para ello, según consta en los documentos que emitió. Sus funciones se debieron limitar a evaluar y consignar opiniones clínicas, señala el magistrado. 

Ver: Sombras del indulto

Opinión administrativa con vicios

Un documento del INPE, emitido el 4 de diciembre de 2017, fue añadido como sustento de la resolución presidencial que concedió la gracia presidencial. Parte de este “informe social”, de carácter administrativo, hace alusión a la situación médica y psiquiátrica del reo Fujimori. El juzgado ha considerado, sin embargo, que estas apreciaciones suscritas por un asistente social no tienen ningún sustento científico que respalde mínimamente su conclusión. Incluso, no estaría facultado para emitir este género de opiniones clínicas. 

El hecho de que este informe haya sido emitido siete días antes de la solicitud de la gracia genera dudas en el magistrado. “En buena cuenta, el profesional [...] emitió una apreciación técnica en un proceso administrativo que aún no había empezado, por lo que consideramos que no se ha respetado el debido procedimiento de dicho trámite”, agrega. 

Magistrado supremo Hugo Nuñez. Imagen: Difusión

Enfermedades no corroboradas

Al día siguiente del procedimiento de vacancia presidencial que no prosperó contra Kuczynski, sesionó la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. De acuerdo con su acta, esta se instaló el 23 de diciembre a las 17:30 horas y finalizó a las 2 de la madrugada del 24 de diciembre. La sesión recayó sábado y domingo, días no laborables. 

En esta reunión, se discutió sobre la salud del reo, basada en las historias clínicas solicitadas al INEN y a la clínica Centenario. Sin embargo, esta información médica recién habría sido ingresada por la mesa de partes del Ministerio de Justicia el 26 de diciembre, dos días después de la concesión del indulto y la liberación de Fujimori. En opinión del juez, “esto hace inferir válidamente que la comisión decidió recomendar la gracia presidencial sin esperar la documentación clínica”. 

Alberto Fujimori y su hijo Kenji Fujimori salen de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa tras el indulto. 

Hace pocos días, el 21 de setiembre de este año, Fujimori solicitó un permiso, ante la sala encargada del caso Pativilca, para viajar a la reserva de Calipuy en Santiago de Chuco, a seis horas desde Trujillo y que alcanza hasta los 4300 metros de altitud, “lo que no se condice con las graves enfermedades alegadas en su solicitud de indulto”.

El indulto express

El magistrado supremo señala, además, que el procedimiento de indulto de Alberto Fujimori “tuvo un sorprendente plazo de seis días”, desde que la Comisión de Gracias Presidenciales recibió el expediente de su solicitud, tras comparar otros siete casos de reclusos presentados para el otorgamiento de ese beneficio durante 2017.

La medianoche del 24 de diciembre de 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori.

“Los procedimientos de indultos y derechos de gracia por razones humanitarias han demorado en su tramitación al menos 1 mes y 26 días. [...] Ninguno de estos tuvo un plazo tan corto como el de Fujimori, a quien fue el único a quien se le evalúo dos veces. La Comisión de Gracias Presidenciales incluso sesionó en día no laborable (23 de diciembre) terminando a las 2 de la madrugada del día siguiente”, se lee en la resolución.

En horas de la tarde, la defensa legal del exmandatario presentó un recurso de apelación ante el Poder Judicial.