La implementación de la Ley Nacional del Cáncer ha incurrido en retraso tras retraso y los pacientes oncológicos son los que pagan las consecuencias. Aunque se promulgó el 9 de agosto de 2021, la ley no termina de entrar en pleno funcionamiento por incumplimientos en los plazos. Su reglamento debió estar listo en septiembre pasado pero se publicó, finalmente, en marzo de este año. Y las "disposiciones complementarias finales" de este reglamento, que fijan plazos para adecuar el sistema de salud a los nuevos cambios, tampoco se cumplen a tiempo. Tres de estos ya caducaron.

La atención de los pacientes de cáncer ya se había complicado con la llegada de la pandemia del COVID-19. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), sus hospitales experimentaron en el 2021 un aumento anual de 40% en el número de pacientes ingresados: 17.500 más que en 2020. Este incremento de casos, sumado a los retrasos de la norma y el contexto de desabastecimiento de medicamentos, ponen en el peligro la situación de quienes sufren esta enfermedad.

La representante de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Mila Villegas Pérez, explica a Convoca.pe que hace dos semanas se envió un documento al Poder Ejecutivo solicitando la asignación de recursos para garantizar la atención del cáncer en todo el país, a raíz de un informe que realizó el organismo autónomo. Hasta la fecha, el escrito no ha sido respondido.

En dicho informe, la Defensoría señala que luego de supervisar 107 hospitales generales públicos, durante abril y mayo de este año, se verificó que solo el 39% brinda tratamiento a pacientes con diagnóstico o sospecha de cáncer y apenas el 21% les ofrece atención de rehabilitación. Asimismo, las estadísticas recogidas por la entidad revelan las causas por las que no pueden ser atendidos. El 33,6% de los hospitales supervisados señaló como principal motivo la falta de personal especializado, el 8,4% la carencia de equipos y el 5% la escasez de medicamentos.

Incumplimiento prolongado

Hasta el momento son tres las disposiciones complementarias finales del reglamento que no han sido cumplidas en el plazo fijado. Es decir, ninguna se ha ejecutado. Estas son las disposiciones segunda, séptima y octava, referidas a aspectos necesarios para la gestión de la red asistencial, a evaluaciones de tecnología y participación de personal especializado y a los costos de los tratamientos médicos y farmacéuticos.

En opinión de Susana Wong, directora de Lazo Rosado —una organización dedicada a la lucha contra el cáncer de mama—, los retrasos en la implementación de la ley perjudican de manera considerable a los pacientes oncológicos.

“Estamos en luz roja. Es propicio que las autoridades competentes se pronuncien sobre el avance de las normativas y cuánto falta [para que terminen de implementarse]. No existe un sistema para ver si los plazos se cumplen y hacer un seguimiento. Uno debe ir a preguntar a cada institución”, comenta Wong a Convoca.pe.

Sobre el avance del Minsa en la implementación de la ley, la adjunta de la Defensoría, Mila Villegas, anota que su institución tuvo una reunión con representantes de la dirección de Prevención y Control del Cáncer del Minsa hace dos semanas. La respuesta fue que los documentos normativos se encontraban en desarrollo. “Hay plazos que ya se vencieron. Estamos a la espera de que el sector pueda cumplir con la aprobación para que se puedan aplicar”, afirmó.

“Con esta ley se solucionaría que no falte la medicina y que el sistema funcione. Ahora el sistema está desarticulado. La Ley de Nacional del Cáncer integrará todos los sistemas para que esto funcione y no suceda lo que está pasando con el desabastecimiento de medicina”, agrega Susana Wong.

Cabe resaltar que la octava disposición complementaria, que no se cumplió en su plazo máximo de 30 días hábiles, determina que el Minsa elabore y apruebe los documentos normativos que establecen el "umbral de alto costo" para el tratamiento de enfermedades oncológicas, sobre el cual se determina la cobertura de la atención.

Organizaciones advirtieron del vencimiento de las disposiciones complementarias de reglamento de la Ley Nacional de Cáncer.

El desabastecimiento de medicamentos oncológicos es una constante en Perú desde este 2022. A más de dos años del inicio de la pandemia, las autoridades siguen responsabilizando al virus y factores externos. “Las empresas manifestaron la existencia de problemas de oferta en el mercado farmacéutico debido a la escasez de materia prima a nivel internacional para la fabricación de estos medicamentos, por causa de la pandemia”, manifestó el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares) del Ministerio de Salud, en respuesta a una consulta de Convoca.pe.

No obstante, esa no sería la única causa. Mila Villegas, de la Defensoría, advierte que “hubo una disminución de presupuesto en el sector [Salud] que afecta a la adquisición de medicamentos”. De hecho, el presupuesto asignado para combatir el cáncer en el 2022 es de 281 millones de soles, una cifra 53% menor que lo presupuestado para el 2021, según la Asociación Esperantra.

El 26 de mayo la Defensoría informó que institutos públicos especializados de cáncer en Lima y 12 regiones manifestaron que han presentado problemas con la disponibilidad de medicamentos oncológicos. Asimismo, la Contraloría de la República dio a conocer un reciente informe en el que se detalla que tres redes prestacionales del Seguro Social de Salud (EsSalud) no tienen medicamentos suficientes para tratar a los pacientes con cáncer y aliviar sus síntomas.

Al respecto, el Cenares respondió a Convoca.pe que en lo que va de enero a junio del 2022 ha distribuido un total de 2,7 millones de unidades de medicamentos oncológicos, con lo cual garantiza la continuidad de abastecimiento a nivel nacional.

Sin embargo, el informe hecho por la Defensoría resalta que los establecimientos especializados desabastecidos en 8 regiones respondieron que su situación se debe a “los problemas en la adquisición, distribución y demora en la entrega por parte de Cenares, pese a los requerimientos reiterativos que realizan a esta institución”.

Además, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro manifestó a la Defensoría que el Cenares solo ha atendido 20 medicamentos de 50 que fueron requeridos en la compra corporativa para el primer trimestre de 2022. Y para el segundo semestre, solo se ha cumplido con el 15 % de los medicamentos requeridos.

Esta información contradice a lo dicho por el Cenares a este portal, que asegura que los medicamentos oncológicos “fueron distribuidos a los institutos especializados y unidades ejecutoras de acuerdo a su programación y lo planteado por la estrategia de prevención y control del cáncer”.

Villegas mencionó que a la Defensoría también le preocupa que hasta el momento no se haya aprobado el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) en el que debieron incluirse medicamentos que se utilizan para pacientes con cáncer. “Se debió actualizar en el 2020 y todavía no se hace. El Minsa dijo que todavía están evaluando la incorporación de algunos documentos y dijeron que iban en el 70% del avance para que salga el PNUME”, señaló la especialista.

Las otras disposiciones complementarias de la Ley Nacional de Cáncer que todavía no se cumplen son la segunda y séptima. De acuerdo con la segunda, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), centro hospitalario administrado por el Minsa, debía proponer los documentos normativos para la gestión de la Red Nacional Oncológica en un plazo máximo de 70 días calendario.

El Cenares es el encargado de abastecer de medicamentos a los establecimientos de Salud.

Mientras tanto, la séptima medida señala que el Instituto Nacional de Salud (INS), en coordinación con la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Renetsa), tenía un plazo de 30 días para elaborar y aprobar las normativas necesarias para realizar las Evaluaciones de Tecnología Sanitaria (ETS) multicriterio, para que todos sus miembros estandaricen sus procesos.

“Esto ayuda a poder hacer la evaluación de la tecnología sanitaria. Son temas importantes que van a ayudar a que todo se integre”, apunta Susana Wong, de Lazo Rosado.

Convoca.pe se comunicó con el Minsa para conocer por qué no se cumplieron las tres disposiciones complementarias finales de la Ley Nacional del Cáncer en los plazos establecidos y en qué periodo de tiempo se cumplirían. "Se continúa trabajando y se publicará cuando se culmine el proceso de formulación y aprobación respectivo", afirmó Víctor Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección de Intervenciones Estratégicas del ministerio.

Sobre la implementación de la ley, Palacios aseguró que "su implementación se va a ver reflejada en la priorización en la política pública, asignación en los recursos financieros asignados a través de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2023 y la implementación a nivel regional y local, favorecida por la descentralización".

Precariedad y falta de presupuesto

La Defensoría del Pueblo pidió, el pasado 8 de julio, al Poder Ejecutivo aprobar las normas que sean necesarias para destinar recursos adicionales al Minsa para la mejora del equipamiento y la contratación de un mayor número de especialistas. También para la compra de medicamentos e insumos necesarios para la atención oncológica en los hospitales generales e institutos especializados en todo el Perú.

“Hay demora con los exámenes, hay problemas con máquinas malogradas. No solo se debe ver el tema del desabastecimiento de medicamentos sino también de la atención”, afirma Susana Wong. La directora de Lazo Rosa indica que hay una alta demanda de pacientes oncológicos que los establecimientos de salud no pueden atender. Asimismo, explica que hay saturación en los servicios de radioterapia y personas esperando cirugías hace seis meses.

El Minsa debe elaborar y aprobar los documentos normativos que establecen el "umbral de alto costo" para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Foto: Andina.

Cabe resaltar que, según el Observatorio Global de Cáncer, cada año en el Perú se diagnostican 70.000 nuevos casos y se producen alrededor de 34.000 muertes por esta enfermedad. Además, según informó el Minsa, durante la pandemia del coronavirus las coberturas de tamizaje disminuyeron en cerca del 20 % respecto de lo programado en el 2020. En el 2021, esto habría afectado al 50% de la atención.

Villegas dice que la pandemia causó el incremento de una demanda proveniente de los pacientes con cáncer en los hospitales peruanos debido a que el Estado priorizó la atención de la personas afectadas por la COVID-19. “Eso hizo que enfermedades como el cáncer queden desatendidas, sumadas a la reducida oferta de atención”, señaló la representante de la Defensoría.

En la última supervisión efectuada por la Defensoría a institutos de enfermedades neoplásicas (IREN) nacionales y regionales se encontró que algunas de estas instituciones también presentan problemas de falta de equipos, medicamentos e insumos. Por ejemplo, se registra falta de resonador magnético (en el IREN Sur y el IREN Norte), carencia de tomógrafo (en el IREN Norte) y problemas en la continuidad del abastecimiento de medicamentos oncológicos.

El documento que solicita al Ejecutivo aprobar asignación de recursos para garantizar la atención de cáncer aún no ha sido contestado. “No tenemos respuesta alguna. Enviamos el documento la semana pasada, pero estamos a la espera del Ejecutivo. Esperamos una respuesta positiva porque el Minsa explicó que ya tiene planificado cómo se utilizarían estos recursos”, concluyó Villegas.