La reciente propuesta de cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por "Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables" ha despertado una ola de críticas entre expertos, instituciones y colectivos, que aseguran que busca invisibilizar la violencia de género. El contexto de machismo que afecta a 17 millones de peruanas ya es alarmante: en el último año se registraron 146 feminicidios en el país, 7% más que en el 2020.

Lo que no resulta raro es que esta iniciativa provenga del congresista conservador Américo Gonza Castillo, de Perú Libre, quien se declara partidario de muchas ideas de 'Con mis hijos no te metas' y un adversario de lo que llama la "ideología de género". Pero eso no es todo. Durante las últimas elecciones generales reclutó a una joven cajamarquina, para que apoye en actividades proselitistas, que lo ha acusado de dejarla a su suerte en Lima y de no haberla ayudado cuando necesitaba denunciar una violación sexual dentro de un local de campaña.

El proyecto de Gonza Castillo, que busca declarar de “interés nacional y necesidad pública” el cambio de denominación del MIMP,  fue aprobado el 5 de julio por unanimidad por la Comisión de Descentralización del Congreso de la República. Por el momento, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el propio MIMP y la Defensoría del Pueblo han criticado la medida y la han observado. Y si bien la aprobación del proyecto no obliga al cambio efectivo de nombre (solo lo propone), sí representa un indicador de que las fuerzas conservadoras ganan terreno en el Parlamento.

Cambio inviable

El proyecto del parlamentario de Perú Libre ha recorrido un camino sinuoso. Fue presentado inicialmente con el fin de modificar el nombre del ministerio. Sin embargo, ya que el Poder Ejecutivo es el único que puede crear, modificar, disolver o fusionar ministerios, tuvo que dar marcha atrás y reformular su propuesta. Pero insistió.

El congresista Américo Gonza propone eliminar la palabra "mujer" del Ministerio de la Mujer. Foto: Congreso.

La nueva iniciativa de Gonza Castillo pasó a pedir que se declarase el cambio de nombre como un tema de “interés nacional y necesidad pública”. Esta versión del proyecto fue la que se aprobó en la Comisión de Descentralización, presidida por Norma Yarrow, a pesar de que el MIMP emitió una opinión —solicitada por el propio grupo de trabajo— en la que señaló que no era viable.

Gonza Castillo confirmó a Convoca.pe que luego del informe del MIMP no se consultó otra opinión técnica. Además, cuestionó los resultados del ministerio presidido por Diana Miloslavich. “¿Cuánto ha ejecutado el Ministerio de la Mujer en lo que va del año? Menos del 20% del presupuesto asignado”, acotó. El dato es falso. Una revisión del avance de ejecución presupuestal demuestra que al 8 de julio de este mes ya se ha girado el 43,8% del presupuesto anual.

“Al ser el Ministerio de la Mujer, pareciera que se está dejando a los otros miembros [de la familia] y no se está considerando en la política pública al hombre”, agregó el parlamentario.

Sin embargo, la adjunta de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Carolina Garcés, dijo a este portal que el MIMP ya incluye a otras personas en situación de vulnerabilidad como niños, adultos mayores, personas con discapacidad y hombres víctimas de violencia. “Tenemos desde hace mucho tiempo una situación de discriminación estructural que hace que se vea a la mujer ligada a un rol familiar y atributos que la consideran como subordinada, por una relación de poder de hombres hacia mujeres”, afirmó Garces.

Cabe resaltar que en su informe remitido a la comisión, el MIMP detalla que “en base de los instrumentos internacionales y nacionales sobre eliminación de discriminación y violencia contra la mujer, se considera apropiado que el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables contenga el término ‘mujer’, debido a que la discriminación estructural y violencia que las mujeres en su diversidad sufren en nuestro país constituyen problemas públicos que han sido identificados en la normativa internacional e interna”.

En ese sentido, Carolina Garcés señaló que la discriminación hacia la mujer persiste hasta la actualidad y no es momento de cambiar la denominación del MIMP. “Eso es invisibilizar una situación de persistencia a la discriminación. Es importante recordar que los victimarios son parejas y exparejas. No es que sea un ‘cuento de la mujer’. No se puede relativizar la gravedad de una situación. Es un retroceso”, cuestionó la funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

El MIMP rechazó la aprobación del Proyecto de Ley Nº 1229.

Las estadísticas reflejan esta discriminación internalizada en la población. Según la última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES), un 56% de la población está de acuerdo en que la mujer debe cumplir su "rol" de madre y esposa. El 33% piensa que la mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por parte de su pareja y el 27% si le falta el respeto.

Además, la última información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que el 50,8% de las mujeres ha sido víctima de violencia física, psicológica o verbal, 5,9% ha sufrido violencia sexual y hasta la fecha se han reportado 63 feminicidios durante el 2022.

Los casos de violencia son atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM), dependencias que el proyecto de ley de Gonza Castillo sugiere modificar a Centros de Emergencia Familiar. Según el texto aprobado, estos permitirán que todo ciudadano que se encuentre en condición de vulnerabilidad, maltrato u otro, que vaya en contra de su integridad y bienestar físico, emocional y psicológico, pueda apersonarse, llamar, comunicarse y ser atendido en dichos centros. “Con ello se contribuirá a que los índices de violencia familiar desciendan gradualmente”, señala el proyecto, sin ningún aval técnico.

De hecho, la opinión del MIMP advirtió que “no se ofreció ninguna evidencia o proyección que respalde dicha afirmación”. A su vez, es importante resaltar que actualmente los Centro Emergencia Mujer sí atienden a todos los ciudadanos víctimas de violencia en el contexto familiar.

Al ser consultado por esta imprecisión en el documento que presentó, el congresista de Perú Libre se mantuvo en sus trece. Dijo que si los ciudadanos ya están siendo atendidos, es oportuno llamarlos Centros de Emergencia Familiar. Además, reveló las motivaciones reales de esta propuesta.

La Comisión de Descentralización del Congreso es presidida por Norma Yarrow. Foto: Congreso.

“Queremos que detrás de este proyecto de denominación se establezcan políticas. De repente no lo hemos puesto en la exposición de motivos, pero la idea es que detrás de este cambio de denominación se establezcan políticas preventivas”, acotó el legislador.

No obstante, el informe técnico del MIMP explica que “debe tenerse presente que la denominación 'mujer' visibiliza a las mujeres, considerando que en sus etapas de ciclo de vida muchas de ellas han sufrido violencia”. Así lo señalan las estadísticas de los casos atendidos por los Centros Emergencia Mujer. En el año 2021, el 86% de los casos fueron reportados por mujeres y solo el 14%, por varones. Ello demuestra que el canal es mayoritariamente utilizado por el género femenino.

“Cómo no se van a llamar así [con el vocablo ‘mujer’] si hablamos de cifras altísimas de violencia de acuerdo a la data del propio Estado”, concluyó Garcés.

En sintonía

En conversación con este medio, el parlamentario de Perú Libre, quien también votó a favor de la Ley 904 que atenta contra la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, declaró estar de acuerdo con muchas de las ideas del colectivo 'Con mis hijos no te metas' y en contra de la “ideología de género”. Asimismo, confirmó que el proyecto de ley de su autoría no tuvo más consultas técnicas luego de que el informe del MIMP lo considerara no viable.

Convoca.pe pudo corroborar que 12 de los 17 congresistas que votaron a favor del proyecto de ley de Gonza Castillo también estuvieron de acuerdo con la aprobación de la mencionada Ley 904, saludada por colectivos ultraconservadores. Esta permite que las Apafas y "asociaciones civiles de padres de familia", como ‘Con mis hijos no te metas’, revisen los contenidos de los textos escolares y puedan vetar el enfoque de género y la Educación Sexual Integral en dichos materiales de estudio.

“Veo en los padres de ‘Con mis hijos no te metas’ la preocupación por ayudar a sus niños. Concuerdo con muchas de las ideas”, expresó Gonza al ser consultado por su voto a favor de dicha ley.

Además, el legislador declaró que existe una corriente de “ideología de género” y afirmó estar en contra. Minutos después, dijo que no está en "contra de la ideología de género per se", “pero sí en contra de los que no hacen partícipes a los padres de la educación de los niños”. Como se sabe, “ideología de género” es la forma peyorativa con que grupos conservadores llaman al “enfoque de equidad de género”.

Votación del proyecto de ley para permitir que los padres tengan injerencia en los contenidos educativos de la niñez peruana.

Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo realizó un pronunciamiento sobre la autógrafa de dicha norma y advirtió que “plantea la instauración de un derecho de veto por parte de los progenitores sobre la definición del contenido, procedimiento de elaboración, aprobación y distribución de los materiales educativos”.

Desentendido

El parlamentario Américo Gonza no solo ha invisibilizado la violencia contra la mujer en su nuevo proyecto de ley, como indican los especialistas. Este supuesto desinterés por la problemática de género también saltó a la luz pública cuando una joven trabajadora de Cajamarca, reclutada por él para prestar apoyo en la última campaña de Perú Libre, denunció que fue violada en un local partidario y que no recibió ayuda de sus correligionarios, entre ellos el propio congresista.

"Le comenté la situación [a Américo Gonza] con toda la confianza del caso, ya que teníamos amistad. Ahí fue que me grita, como si ya hubiera sabido previamente [lo sucedido]", declaró la joven de iniciales R. V. O. a Convoca.pe. Según la víctima, el actual parlamentario se desentendió del tema en el momento en el que ella más necesitaba de su ayuda.

"Yo qué tengo que ver, ándate a la Policía. Eso te pasa por estar metiéndote en política, donde no debes”, le contestó el parlamentario, según la joven. El denunciado por violación sexual fue Germán Cruz Saraza, financista de la campaña de Perú Libre.

Aunque R. V. O. no ha vuelto a hablar con Américo Gonza, la extrabajadora de su campaña lamenta las habladurías que, según ella, este difunde por Cajamarca. “Vino a San Ignacio [su lugar de residencia] a decir que yo estoy mintiendo, que nunca me ha conocido, que nunca lo llamé ni le pedí apoyo”, aseguró.

Ha pasado más de un año desde que la joven puso la denuncia por el delito de violación sexual, pero hasta el momento el denunciado no ha sido citado para declarar ante la Fiscalía. “Estoy preocupada porque vivo en provincia y no puedo mover mi caso. Está detenido. [Ha pasado] un año y no se ha hecho nada. El señor anda libre como si nada. Pienso que no voy a tener justicia”, lamentó la extrabajadora del parlamentario.

Esta situación de retrasos e impunidad grafica la misma discriminación institucional que un grupo de congresistas pretende negar.