Las investigaciones sobre el caso Lava Jato se reactivan. Por un lado, como informamos ayer, Brasil programó próximos interrogatorios para que la Fiscalía peruana se entreviste con exejecutivos de Odebrecht y OAS. Por otro lado, el experto forense Stefan Lenz ya ha comenzado a analizar los servidores encriptados de Odebrecht y su informe final estará listo en poco más de un mes.

En este contexto, José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, conversó con Convoca y señaló que pronto, gracias a estas diligencias, se podrían abrir nuevas líneas de investigación no solo para el Perú, sino también para otros países de Latinoamérica.

Expectativa regional

El último 31 de agosto, José Domingo Pérez viajó a Suiza y se reunió con el experto forense Stefan Lenz. En las oficinas de Lenz, en Berna, el fiscal peruano le entregó dos memorias USB conteniendo 155 mil archivos con información encriptada de los servidores My Web Day y Drousys, en los que Odebrecht llevaba el registro secreto de sus sobornos. Lenz, un experimentado exfiscal suizo, analizará ahora los 12,5 gigabytes de información y presentará un informe final en octubre.

¿Qué se puede esperar de este documento? Según el fiscal, se abre un nuevo "abanico" de fuentes de información para el equipo peruano.

"Esto va a permitir no solamente una labor de cotejo respecto a la información que el Equipo Especial ha venido recabando (...), sino que también abre la posibilidad de nuevas líneas de investigación", advirtió el fiscal Pérez a Convoca.pe. "Esta nueva estrategia se basa en tener la mayor información posible sobre pagos ilícitos", añadió.

Las confesiones de los exejecutivos de Odebrecht frente al Equipo Especial se cotejarán con los documentos que presente la propia constructora, los datos recogidos por la Procuraduría brasileña y ahora también con el análisis de la información de los servidores proveniente de Suiza.

Los archivos de los servidores de Odebrecht fueron incautados por la justicia Suiza años atrás. Sin embargo, recién en setiembre de 2020 se concretó la entrega de información al equipo peruano. Y aunque Odebrecht ya cedió voluntariamente bastante información sobre Perú de sus servidores en el marco de su proceso de colaboración, la Fiscalía peruana eventualmente podrá comparar si la información otorgada coincide con la base de datos original que revisará Lenz.

Pero los datos no solo se refieren a Perú. También incluyen a todos los países donde Odebrecht repartió coimas. Y en este escenario, el informe del veterano exfiscal podría ayudar a dinamizar las pesquisas de otros equipos de investigación de América Latina.

"Aún cuando Stefan Lenz está en camino de analizar esta información, el Equipo Especial peruano ha ido entregando [otra] información a las fiscalías de otros países latinoamericanos que lo han solicitado", confirmó Pérez.

"No dude de que en caso se cuente con información [sobre otras naciones], no solamente del resultado de las acciones que realiza la Fiscalia peruana en el país sino también producto de la actuación de Stefan Lenz, va a ser nuestra obligación informar a las autoridades competentes", añadió el fiscal.

Consultado sobre la posibilidad de que aparezcan más novedades de "peces gordos" en estos archivos, Pérez aclaró que en el Perú las investigaciones a los expresidentes peruanos y altos funcionarios ya están bastante avanzadas. Sin embargo, el Equipo Especial ahora le sigue el rastro a funcionarios de menor jerarquía como los gobernadores regionales y los congresistas financiados por la constructora.

Como se recuerda, la investigación que el Ministerio Público abrió contra excongresistas que habrían recibidos pagos de la compañía partió de las revelaciones de una publicación de Convoca.pe de mayo de 2018. En nuestro especial Odebrecht en el Congreso, revelamos todos los proyectos de ley, presentados por 32 parlamentarios entre 2001 y 2016, que buscaron beneficiar de manera directa a la gigante brasileña.

Si bien Barata ya declaró que se financió campañas políticas de congresistas para "tener acceso" al Legislativo, aún falta que el exdirectivo revele quiénes fueron, cuánto recibieron, qué propuestas negociaron y bajo qué codinome se oculta cada parlamentario en la planilla secreta de Odebrecht.

Se retoman las conversaciones

Con la llegada de la pandemia, la cooperación judicial internacional fue suspendida. Y aunque ya se han restablecido los mecanismos de colaboración, estos hasta ahora no vuelven a funcionar de la misma manera. Como informamos ayer, finalmente las autoridades brasileñas han programado una serie de interrogatorios con exejecutivos de Odebrecht que la Fiscalía peruana había estado pidiendo durante este período.

Las diligencias se han programado para este mes de setiembre en modalidad online, pero el equipo de fiscales ha acordado con los abogados de la constructora que algunas de estas se desarrollen de manera presencial. Lo que queda pendiente es que las autoridades de Brasil aprueben la solicitud y las reprogramen para octubre, el mismo mes en que llegará el informe de Lenz.

"Lo cierto es que se necesita la inmediación que realiza el fiscal respecto a los declarantes", señala Pérez.

De acuerdo con Pérez, su fiscalía tendrá a cargo el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora. Sin embargo, es probable que él mismo no pueda dirigirlo personalmente, pues justo el caso de lavado de activos que lleva contra Keiko Fujimori deberá superar en las próximas semanas la etapa de "control de acusación" antes de entrar a la fase de juicio oral. A Fujimori se le acusa de haber recibido 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral de 2011.

En sus próximos interrogatorios, Marcelo Odebrecht declarará sobre otras investigaciones, pues las pesquisas contra Fujimori ya están concluidas. Lo mismo respecto a Barata.

El caso Metro de Lima, que involucra a varios funcionarios del régimen aprista, también tiene la fase indagatoria terminada. Sin embargo, el acuerdo de colaboración obliga a los ejecutivos a ratificar su versión en etapa de juicio para cada caso.

"Una vez que se puedan llevar a cabo los juzgamientos de los distintos casos, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros funcionarios de la empresa declararán publicamente. Los ciudadanos y ciudadanas podrán escuchar el testimonio que ellos brinden sobre quiénes recibieron dinero ilícito en nuestro país", añadió Pérez.

Este medio pudo conocer que Jorge Barata, hombre de mayor confianza de Odebrecht en Perú, declarará próximamente en cuatro diligencias sobre los casos Chavimochic, Gasoducto Sur Peruano, Saneamiento Chimbote y el ya mencionado Financiamiento a congresistas. Las diligencias online se pactaron para los días 15, 17, 23 y 27 de septiembre, pero se solicitará también que sean presenciales en octubre.

Haciendo la ley

Por otro lado, en los últimos meses se han presentado propuestas en el interior del Congreso para limitar la capacidad de los fiscales y alterar los mecanismos del sistema de justicia. Por ejemplo, en el Parlamento anterior se aprobó un proyecto de ley para modificar el proceso de colaboración eficaz, herramienta clave para desbaratar la criminalidad organizada, muy útil para el caso Lava Jato. El proyecto propone que dicho mecanismo de colaboración tenga un plazo de apenas cuatro meses de duración. 

"Ahí hay una muestra de cómo se busca afectar la lucha contra la corrupción a través de la dación de legislación para generar la impunidad de los investigados", apuntó Pérez.

"El éxito del proceso de colaboración eficaz no solo va a depender del cumplimiento [de los compromisos] en el marco de la ley, sino de que la ley no la cambien", opinó.

Pero el nuevo Parlamento también tiene sus propias ideas. Hace apenas tres semanas, la bancada oficialista de Perú Libre presentó una moción para crear una comisión investigadora del 'lawfare', es decir, del supuesto uso arbitrario del sistema de justicia con fines políticos.

"Son aspectos de los que debemos estar alertas y no caer en la ingenuidad de creer que la lucha contra la corrupción solo depende de la buena voluntad de jueces y fiscales. También depende de quienes dan las leyes, del Legislativo", advirtió el fiscal. "El anuncio de [la creación] de estas comisiones lo único que generan es que estemos en alerta y sobre todo esperando una reacción de la Fiscal de la Nación, que es quien representa a la institución", agregó. 

En tanto, el financiamiento de campañas políticas también es un incentivo para la corrupción y los conflictos de interés. En opinión de Pérez, la Fiscalía de la Nación "debería evaluar la ampliación de las competencias del Equipo Especial para investigar el financiamiento ilícito de los partidos políticos", sostuvo Pérez.

"Estas organizaciones, con el ropaje que se presentan, interfieren, obstaculizan, y lo que buscan es la impunidad. Si la Fiscalía de la Nación no toma decisiones para fortalecer aquellos equipos que ya tienen una estrategia de investigación ante esta criminalidad [financiamiento ilegal], la respuesta va a ser tardía", comentó. "Si vamos a estar esperando que los fiscales aprendan estrategias, pues lo que estas organizaciones habrán hecho es consolidarse o crear un marco regulatorio en donde los fiscales desarrollen actividades mínimas", alertó.