Por Óscar Libón | 5 de febrero de 2020
La constructora brasileña Odebrecht ha presentado recursos legales en Suiza para evitar que la compañía Safe Host, que almacena datos informáticos de corporaciones y entidades bancarias, remita a las autoridades peruanas la información original contenida en los servidores My Web Day y Drousys, plataformas en las cuales se ocultó el detalle de los pagos ilícitos y la identidad de quienes los recibían desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, según documentación oficial a la que accedió Convoca.pe.
Las acciones de los abogados de Odebrecht, la última de las cuales se interpuso ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, fueron reportados el 18 de noviembre último a la fiscal superior Celia Goicochea, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía del Perú, por parte del Basel Institute on Governance, fundación mediante la cual se gestiona la cooperación judicial suiza, de acuerdo con las fuentes.
Semanas antes, en octubre reciente, la fiscal federal suiza Elisabetta Tizzoni, a cargo del caso Odebrecht en el país europeo, informó al Basel Institute on Governance que la asistencia legal internacional con el Perú estaba paralizada debido a que la empresa brasileña había interpuesto procedimientos legales contra la referida coordinación entre autoridades suizas y peruanas.
Ante el Ministerio Público Federal de Suiza, la compañía que almacena los datos había expresado su consentimiento para enviar la información de los servidores encriptados al Perú a través de un trámite simplificado, indicaron las fuentes.
La legislación suiza permitió a los funcionarios judiciales de esta nación realizar un procedimiento de cooperación judicial de forma directa con Safe Host y no necesariamente con el propietario de los datos, es decir Odebrecht.
Mediante sus representantes legales, la firma brasileña ha solicitado ser incluida como parte en el proceso de asistencia legal internacional —en materia penal— sobre la entrega de documentación a Perú por parte de la compañía dedicada a almacenar datos. Aunque inicialmente esa pretensión fue desestimada por el Ministerio Público Federal de Suiza, Odebrecht ha insistido ante la siguiente instancia, en el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, capital del cantón del Tesino.
Cabe recordar que esta cooperación judicial con Suiza para obtener más información relevante sobre las actividades ilegales de Odebrecht fue iniciada en diciembre de 2016 por el fiscal Hamilton Castro, entonces responsable de las pesquisas de los casos de corrupción relacionados a las constructoras brasileñas en el Perú.
Este miércoles, se conoció que Odebrecht demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por 1,200 millones de dólares, por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano.
Convoca.pe intentó recoger sin éxito la versión de la fiscal Celia Goicochea y de Óscar Solórzano, jefe de la misión del Basel Institute on Governance en Perú sobre esta situación.
En tanto, fuentes del Equipo Especial del caso Lava Jato señalaron que los datos sobre los servidores de la 'Caja 2' para sus investigaciones provienen de Brasil y no de Suiza. Y añadieron que no consideran relevante la documentación procedente de las autoridades suizas al respecto. Debe anotarse, que las pesquisas en Brasil se basan en copias de My Web Day y Drousys.
Actualización: jueves 6 de febrero de 2020
En respuesta a Convoca.pe, voceros de la constructora brasileña refirieron que “Odebrecht no se opone a la cooperación jurídica internacional y al intercambio de datos, sino que, de hecho, defiende su legitimidad para ser parte de los pedidos de cooperación jurídica internacional”. De esta afirmación se desprende que, en efecto, la compañía a través de sus abogados interpuso recursos legales en el procedimiento que habían iniciado las autoridades suizas y peruanas para la entrega de información de parte de Safe Host, de manera directa.
En el mismo pronunciamiento, Odebrecht sostuvo que su intervención legal responde a asegurar “que la información que se envíe solamente corresponda a actividades de los respectivos países que solicitan las informaciones, y que el país solicitante tenga un acuerdo de colaboración firmado con la empresa”. Y se añadió que la firma brasileña “reafirma su postura y disposición en colaborar con las investigaciones, pero ejerce su derecho a tener conocimiento y manifestarse en el contexto de la cooperación internacional".