Rodrigo Janot fue la máxima autoridad fiscal de Brasil hasta setiembre de este año. Foto: Internet.

El ex máximo fiscal brasileño que denunció por corrupción a cinco presidentes en su país advierte que el acoso político a los Ministerios Públicos de Latinoamérica no es una coincidencia

El ex fiscal general de Brasil Rodrigo Janot llegó a Lima en medio del bullicio del caso Lava Jato local. Luego de un día histórico, que empezó con la detención de cuatro ejecutivos de las constructoras Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, asociadas con Odebrecht, el jurista conversó con Convoca sobre la situación que atraviesa el Ministerio Público peruano.

Como se sabe, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez es investigado por el Congreso por una supuesta inacción de la fiscalía en las pesquisas de este megacaso de corrupción. Las voces más radicales del fujimorismo piden que sea destituido a pesar de que su institución parece haber empezado a cosechar resultados. El brasileño Janot, que denunció a cinco presidentes en su país, se solidarizó con Sánchez y consideró que el argumento del "control político" parlamentario es un discurso gastado.

Ayer han capturado a cuatro conocidos empresarios. ¿Esto tumba el mito de que hay intocables?

La justicia es pública. La ley es igual para todos. Es eso.

Hace unos años quizás era difícil pensarlo. ¿El clima de Brasil se estará contagiando?

Estamos en momentos de cambios, sí. Espero que sí.

¿Existe una situación de acoso político a los Ministerios Públicos en Latinoamérica?

Es una reacción orquestada o es una coincidencia. Yo no creo en coincidiencias. Soy muy viejo para creer en eso.

¿Ha venido a dar su apoyo a Pablo Sánchez [frente a la investigación parlamentaria?

Claro. Lo hice con la fiscal general de Venezuela [Luisa Ortega, destituida en una sesión de cinco minutos en el parlamento de ese país] y con la procuradora general de Panamá. No conseguí hacerlo con la procuradora de Argentina porque no estuve con ella. Pero he venido hoy al Ministerio Público peruano a prestar apoyo y solidaridad.

El argumento del Congreso peruano es que está haciendo un “control político” sobre el trabajo de la fiscalía.

Este es un discurso viejo que usan todos los políticos. Todos. Los políticos se deben levantar por la mañana, leer un periódico y decir ¡ah, esa es la frase que nos interesa! Y entonces la repiten como papagayos. ¿Qué control? ¿Los políticos van a controlar las investigaciones? Las investigaciones tienen vida propia, son hechas por el Ministerio Público con los investigadores y con un Poder Judicial. A mí, en Brasil, cuando empecé las investigaciones contra el PT (Partido de los Trabajadores), me decían que era de “derecha”. Después, cuando empecé las investigaciones contra el PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), era “petista”. Luego, contra el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), era "otro". Esas eran las declaraciones de los políticos, que hablan mucho. Eso en Brasil se llama “cortina de humo”, para que la ciudadanía no vea la realidad de los hechos.

El Ministerio Público ahora está enfocado en los pagos de los sobornos para conseguir adjudicaciones de obras, pero no está poniendo tanto el ojo en las renegociaciones, en las adendas. ¿Hay que revisar eso también?

Sí, es importante también. Esto recién ha empezado y debe seguir un orden lógico. No se puede poner todo al mismo tiempo, así no se llega a ningún lugar. El desarrollo [de las investigaciones] es el que indica hacia dónde se debe ir.

Hay quienes creen que el tamaño de la corrupción desborda las capacidades del Ministerio Público. ¿Habría que enfocarse solo en los casos emblemáticos o en todo?

Las investigaciones lo van a decir. Yo me remito a los números de las investigaciones de Lava Jato en Brasil. Hace cinco años se decía que era mucho para el Ministerio Público brasileño… Y lo hicimos. Los resultados están allá, son visibles.

¿En qué etapa está el caso en Brasil?

No puedo decir cuándo termina, pero puedo decir que podemos ver el fin. Llegamos a ver por entero a toda la organización criminal. Conseguimos hacer el mapa de todos los integrantes de la organización y de la división de tareas. Ahora [hay que] seguir las investigaciones, probar los hechos, encontrar las pruebas y condenarlos.

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Ahora, de las delaciones premiadas (colaboración eficaz)...

Son 120 delaciones premiadas [en Brasil].

Acá le estamos llamando “caso Odebrecht” pero son más las compañías brasileñas que operaron. En cuanto a Camargo Correa, el abogado de Marcos de Moura Wanderley, exCEO en Perú, la semana pasada advirtió que no se acogerá a la colaboración sobre los supuestos sobornos al expresidente Toledo.

Es un derecho.

Existe documentación [referida a los pagos en Perú] incautada en la operación Castillo de Arena y está pidiendo al Poder Judicial que no sea tomada en cuenta.

Castillo de Arena es un problema porque el Tribunal Supremo de Justicia anuló todas las investigaciones por vicio [nota: se basó en una denuncia anónima]. En Brasil, el principio [seguido] es la teoría del “árbol prohibido”: los frutos del árbol están contaminados. Es un problema muy grande.

¿Y cómo cree que debería actuar acá el Poder Judicial?

En Brasil la investigación está cerrada porque fue anulada.

Es una prueba prohibida allá. 

Yo no conozco el derecho peruano para decir si se puede usar acá o no se puede.

Aquí ha habido algunos conflictos entre la procuraduría, que busca asegurar la reparación civil, y el Ministerio Público, que trata de encontrar ánimo de colaborar en los investigados. ¿Cómo asegurar ambas cosas a la vez?

No puedo hablar del derecho peruano, pero en Brasil tenemos el “acuerdo de lenidad”. Son acuerdos hechos con las empresas. Nos ponemos de acuerdo con la Procuraduría del Estado y hacemos un acuerdo común. Así se hace.

Ver también: 

'Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica'

'La vía legal del tren de Odebrecht'