La bancada parlamentaria de Fuerza Popular presentó el último lunes un proyecto de ley para que el Congreso, desde su punto de vista político, pueda decidir qué ex altos funcionarios, acusados de delitos cometidos durante su cargo, podrían gozar de impunidad total. La iniciativa legislativa, con número 820/2021, es autoría de la congresista María Cordero Jon Tay y es respaldada por sus colegas del partido fujimorista.

La propuesta plantea cambios al artículo 450 del Nuevo Código Procesal Penal. Como se sabe, algunos funcionarios como los expresidentes, exministros o exmagistrados supremos gozan de la prerrogativa constitucional del "antejuicio político". Esto significa que, luego de que dejan el cargo, por cinco años no pueden ser investigados ni procesados por delitos que hayan cometido durante su función pública, salvo que el Congreso apruebe una acusación constitucional en su contra.

Con la propuesta de modificación de texto procesal penal, el fujimorismo ahora pretende que el rechazo del Congreso a una denuncia constitucional contra un alto funcionario impida al Ministerio Público abrirle investigación, aún después de que hayan concluido sus cinco años de derecho al antejuicio político. Es decir, la imposibilidad para investigarlo sería permanente.

El exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra, consultado por Convoca.pe, señaló que en realidad lo que este proyecto legislativo busca es establecer un escenario para que ex altos funcionarios, con graves acusaciones por las que aún deben responder, no respondan y alcancen la impunidad absoluta.

"El fujimorismo busca que el Congreso se constituya en un centro de impunidad. Lo que están diciendo es que los parlamentarios pueden decidir qué se investiga y qué no se investiga contra altos funcionarios", sostuvo Gamarra.

María Cordero Jon Tay presentó un proyecto que busca la inmunidad total de ex altos funcionarios. Foto: Congreso.

Privilegios y blindaje

Actualmente, la prerrogativa del antejuicio puede ser levantada si la Comisión Permanente del Congreso aprueba una denuncia constitucional, previo informe favorable de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El antejuicio político beneficia al presidente de la República, a los congresistas, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros del Tribunal Constitucional, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (ex CNM), los jueces de la Corte Suprema, los Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.

En la legislación vigente, en el caso de que el Parlamento no acepte acusar a un ex alto funcionario o político, la Fiscalía podrá procesarlo solo al vencer el plazo del antejuicio. Sin embargo, la nueva propuesta del fujimorismo busca, en la práctica, que esta prerrogativa para algunos sea, si así lo decidiera el Congreso, "vitalicia".

Proyecto 820/2021 by ConvocaRedes on Scribd

En el escenario que plantea Fuerza Popular, si el Congreso optara por rechazar una denuncia constitucional, ya sea a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o de la Comisión Permanente, la Fiscalía no podría abrir investigación preparatoria contra ex altos funcionarios por los mismos hechos por los que los parlamentarios rechazaron acusarlo, incluso al finalizar el plazo de antejuicio político.

El proyecto de ley también añade que los fiscales sólo podrían investigar, luego de los cinco años, si es que otras denuncias contra los exaltos funcionarios aportan nuevos elementos de convicción.

Puntería

El exprocurador Ronald Gamarra consideró que la propuesta de norma también está expresamente dirigida contra el juez supremo Hugo Núñez Julca, con la intención de removerlo del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", donde está a cargo de la investigación preparatoria. Como se sabe, la tesis de la Fiscalía involucra en este megacaso de corrupción y tráfico de favores no solo a influyentes miembros del Poder Judicial, sino también al propio partido Fuerza Popular y a otros actores políticos.

Una simple y sutil modificación al texto del Código Procesal Penal haría posible el retiro de Núñez Julca.

El proyecto pretende ajustar el texto legal para que el juez supremo que actúe como juez de investigación preparatoria en estos casos emblemáticos, derivados de acusaciones constitucionales, sea únicamente uno que tenga la condición de "titular", y no "provisional", como es el caso de Núñez, quien no es ningún desconocido para el partido liderado por Keiko Fujimori.

Como se recuerda, este magistrado fue quien en septiembre de 2021 sentenció a cuatro años de prisión suspendida al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento real, al acreditarse que entorpeció intencionalmente las investigaciones que los fiscales del caso Lava Jato llevaban contra miembros del partido Fuerza Popular por presunto lavado de activos.

El proyecto busca retirar al juez supremo Hugo Núñez Julca del juzgado de investigación preparatoria. Foto: Poder Judicial

Núñez Julca también fue el juez que anuló el indulto al condenado Alberto Fujimori en octubre de 2018. Como se recuerda, en diciembre de 2017, el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, a punto de ser vacado de su cargo por el Congreso, concedió el ilegal indulto humanitario al exdictador luego de que fuera salvado por los votos de 10 congresistas que renunciaron a la bancada fujimorista. Esto generó una dura crisis al interior de la organización naranja.

Otros casos

Uno de los casos más recientes de blindaje parlamentario ocurrió el 16 de julio último, cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó la denuncia contra el excongresista aprista Javier Velásquez Quesquén, a quien se le imputan los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en el marco del caso "Los Temerarios del Crimen". 

Si el proyecto fujimorista fuera aprobado, Velásquez Quesquén, por ejemplo, no podría ser procesado por este caso, a pesar de que el 26 de julio último perdió la prerrogativa de antejuicio político, pues la congresista Cordero Jon Tay ha incluido que si su iniciativa se convierte en Ley “será de aplicación inmediata a todos los procesos penales en curso”.

Por otro lado, también está pendiente el caso de la denuncia constitucional presentada por Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, contra el excongresista Manuel Merino y los exministros Ántero Flores-Araoz y Gastón Rodríguez, por las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre pasado.

El exprocurador Ronald Gamarra advirtió que este caso podría quedar en la completa impunidad si las acusaciones fueran rechazadas por el Congreso, bajo los cambios normativos que plantea el proyecto de Cordero Jon Tay.

De rechazarse la acusación constitucional contra Manuel Merino y de aprobarse la propuesta de Cordero Jon Tay, el asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado quedaría en la impunidad. Foto: Difusión

"Lo que dice este proyecto de Ley es que si el Congreso rechaza la denuncia constitucional, la Fiscalía no podrá investigar ni procesar a Merino y compañía incluso luego de los cinco años de que dura el antejuicio político", señaló el ex procurador anticorrupción.

En tanto, el abogado penalista Miguel Ángel Pastor señaló que la intención del proyecto sería quitarle a la Fiscalía la capacidad de perseguir el delito, pues se contradice con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. "La iniciativa busca poner en una situación de ventaja a congresistas y excongresistas, pues sería discresionalidad de los parlamentarios la apertura de investigaciones a altos funcionarios y obstruiría las investigaciones y eventuales condenas", puntualizó Pastor.